Vistos:
1. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) de 3 de octubre
de 2000, mediante el cual sometió a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte” o
“la Corte Interamericana”), de acuerdo con los artículos 63.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento de la Corte, una
solicitud de medidas provisionales en favor de los habitantes de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, Departamento de Antioquia, República de
Colombia, con el fin de que se proteja su vida e integridad personal,
en relación con el caso No. 12.325, actualmente en trámite ante la Comisión.
2. Que, en dicho escrito, la Comisión
expresó que los residentes de dicha comunidad “han sido objeto de graves
actos de violencia y hostigamiento por parte de grupos paramilitares de
la zona”, de los que serían también responsables miembros del Ejército
de Colombia. En particular, la Comisión comunicó a la Corte que ha sido
informada del “asesinato de 47 de [los] miembros [de la comunidad] en
un período de nueve meses”. Por su gravedad, a continuación se reseñan
algunos de los hechos que la Comisión detalló en su solicitud de medidas
provisionales:
2.1. El 29 de diciembre de 1997, hacia las 15 horas,
miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional retuvieron a Antonio
Tuberquia, Blanca Libia Guzmán y Heriberto Usuga, cuando, en compañía
de otras personas, iban a recoger cacao. Los separaron de sus compañeros,
los golpearon saltando sobre ellos, les colocaron trapos mojados en la
cara y los acusaron de ser guerrilleros.
2.2. El 6 de febrero de 1998, hacia las 10:20 horas,
cuando se desplazaban entre San José de Apartadó y la vereda La Unión,
Joaquin Graciano, de 55 años, Jesús Emilio Tuberquia, de 35 años, Arnulfo
Tuberquia, de 14 años y Ovidio Tuberquia, de 16 años, fueron retenidos por miembros de la XVII Brigada del Ejército
Nacional y miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(en adelante “las
ACCU”), quienes
los desnudaron e hicieron tender en el piso. Luego les “colocaron revólveres
y machetes en el cuello y les [dijeron] que los iban a matar”.
2.3. El 12 de febrero de 1998, hacia las 17 horas,
miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional retuvieron y amenazaron
con cuchillos en la vereda Arenas Altas a Manuel Zapata, de 50 años.
2.4. El 15 de febrero de 1998, entre las 17.30 y las
19 horas, en la vereda Arenas Altas, miembros de las XVII Brigada del
Ejército Nacional acompañados por paramilitares de las ACCU retuvieron
a José Eusebio Caro, de 38 años de edad, y a su padre, Ramón Emilio Velez,
de 78 años, a quienes tuvieron amarrados durante toda la noche y golpearon,
acusándolos de ser guerrilleros; los golpearon; les dieron puntapiés;
les daban golpes con los fusiles y los acusaban de “ser guerrilleros”.
Ese mismo día, otro grupo de soldados de la XVII Brigada del Ejército
Nacional retuvo a Hubert Galvis y a Consuelo, su esposa, quienes recibieron
el mismo trato de los mencionados anteriormente y además les incendiaron
su casa y mataron sus animales. También el 15 de febrero, a las 17 horas,
otros soldados de la XVII Brigada del Ejército retuvieron a Luis Hernando
Goez, de 34 años de edad, a quien amarraron de pies y manos y simularon
ejecutar.
2.5. El 7 de marzo de 1998, a las 8 horas, miembros
de la Brigada XVII del Ejército Nacional, conjuntamente con miembros de
las ACCU, torturaron y asesinaron en la vereda Caño Seco a Reynaldo Lara
Ramos, de 60 años de edad, a Miguel Lara, de 17 años de edad, y a Juanita
Osorio De Lara, de 58 años de edad.
2.6. El 13 de marzo de 1998, hacia las 15 horas fue
asesinado, por miembros de las ACCU, Gerardo Hidalgo, integrante de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de 58 años de edad, cuando salía
de dicha comunidad en un vehículo público de transporte.
2.7. El 19 de marzo de 1998, aproximadamente a las
14 horas, en la vereda La Unión, miembros de la XVII Brigada del Ejército
Nacional “retuvieron, golpearon y ultrajaron” a Gildardo Tuberquia.
2.8. El 26 de marzo de 1998, hacia las 12 horas, miembros
de la XVII Brigada del Ejército Nacional dispararon contra la casa de
una familia de la vereda Alto Bonito, hiriendo gravemente a Argemiro Jiménez,
de 52 años, a su esposa Rosmira Tabares, de 38 años, y a sus hijos Navier
Antonio, de 7 años, Jorge, de 13 años, y Dorey, de 4 años.
2.9. El 9 de abril de 1998, un contingente de la XVII
Brigada del Ejército Nacional llegó a la vereda Arenas Altas, hacia las
8 horas, disparó contra Darío Goez, de 42 años, quien se encontraba en
su casa en compañía de otras personas, hiriéndolo. Luego fue sacado del
lugar por los militares. Su cadáver, hallado posteriormente, fue reportado
como perteneciente a un guerrillero muerto en combate.
2.10. El 4 de abril de 1999, a las 23:15 horas, un grupo
de hombres vestidos de civil y armados con pistolas y granadas ingresó al territorio de la comunidad y asesinó
a Aníbal Jiménez, Daniel Pino y Gabriel Graciano, este último de 16 años.
Otras dos personas fueron heridas de gravedad.
2.11. El 9 de agosto de 1999, a las 10:00 horas, un
grupo de 30 hombres armados, entre ellos un teniente y varios paramilitares,
ingresaron a la casa de Eduard Morales, a quien golpearon y amenazaron
de muerte acusándolo de ser desertor de la guerrilla. Un vecino que se
encontraba en el lugar, Luis Hidalgo, también fue golpeado.
2.12. El 19 de febrero de 2000 fueron asesinados, en
el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, Albeiro Montoya,
Luis Ciro y Alfonso Jiménez, Mario Urrego y Uvaldo Quintero, por un grupo
de 20 hombres uniformados con prendas militares
y que portaban armas AK, Galil y R–15.
2.13. El 10 de marzo de 2000 un campesino de la vereda
El Gas, corregimiento de San José de Apartadó, encontró la casa de un
vecino quemada, al propietario muerto, y al resto de la familia, la esposa
y cinco hijos, desaparecidos. De acuerdo con algunas autoridades locales
el crimen fue cometido por los paramilitares.
2.14. El 13 de mayo de 2000, hacia las 16:00 horas aproximadamente,
Josmen Benitez, de 23 años, fue obligado a bajarse de un vehículo del
servicio público de transporte en el que se dirigía a San José de Apartadó
y posteriormente asesinado en el barrio Policarpa de Apartadó, por cinco
paramilitares vestidos de civil.
2.15. El 8 de junio de 2000, hombres con sus rostros
cubiertos por pasamontañas, presuntamente militares o paramilitares, vestidos
con prendas militares y utilizando fusiles AK, fusilaron a seis integrantes
de la Comunidad de San José de Apartadó.
2.16. El 8 de julio de 2000 un grupo de aproximadamente
20 encapuchados asesinó a Rigoberto Guzmán, Elodino Rivera, Diofanor Correa,
Humberto Sepúlveda, Pedro Zapata y Jaime Guzmán, y retuvo a otros campesinos.
Antes de salir de la vereda, los agresores incendiaron la casa comunitaria
donde estaba el teléfono. Al día siguiente, integrantes de la Brigada
XVII junto con paramilitares ingresaron a la casa de Manuel Herrera, saquearon
la vivienda, hurtaron bienes familiares y amenazaron tanto a él como a
toda la comunidad.
2.17. El 16 de julio de 2000, Fredy Mazo, joven de aproximadamente
18 años, fue sacado en horas de la noche del corregimiento de San José
de Apartadó, y su cuerpo apareció en los alrededores con signos visibles
de haber sido macheteado.
2.18. El viernes 25 de agosto de 2000, aproximadamente
a las 15:20 horas, personas armadas que se habrían identificado como pertenecientes
a las autodefensas campesinas, hicieron detener el vehículo de servicio
público que se dirigía hacia San José de Apartadó y obligaron a Ignacio
Arenas a descender de él. A eso de las 16:20 horas, un grupo de campesinos
que se dirigía hacia San José de Apartadó observó en la orilla de la carretera
el cadáver de Arenas con un tiro en la cabeza.
2.19. El martes 19 de septiembre de 2000, a las 13:45
horas, un grupo de cinco paramilitares vestidos de civil y armados, junto
con una mujer, interceptaron un vehículo de servicio público obligando
a Luis Enrique Usuga a bajarse de él. Su cadáver, que presentaba un impacto
de bala en la cabeza y otro en la espalda, apareció en el barrio La Chinita
de Apartadó.
2.20. El viernes
22 de septiembre de 2000, a las 17.00 horas, los paramilitares obligaron
a Miguel Domico Bailarín a bajarse del vehículo de servicio público en
el que viajaba. Su cadáver apareció en la Finca El Bajo del Oso con un
tiro en el cuerpo. Al lado de éste se encontró el cuerpo sin vida de una
mujer que también había sido retenida en el mismo retén paramilitar. De
acuerdo con la Comisión,
la mujer [era] una guerrillera herida [de quien] ‘los
delegados [del Comité Internacional de la Cruz Roja] estaban realizando
la evacuación cuando su vehículo fue interceptado por tres miembros de
las AUC. A pesar de la oposición del CICR que durante una hora negoció
intentando salvaguardar la vida de la persona evacuada, los tres hombres
la sacaron del vehículo y obligaron a los delegados a abandonar el lugar’.
2.21. El 23 de septiembre de 2000, aproximadamente a
las 17:30 horas, seis hombres armados ingresaron a una casa del casco
urbano de San José de Apartado y secuestraron a Luz Analia Arenas Román,
de 20 años, Hernando Arenas, de 18, y Duver Antonio Román, de 15, los
que posteriormente fueron asesinados.
3. Que, con base en los hechos reseñados, la Comisión
solicitó a la Corte “que se pronuncie en favor del dictado de medidas
provisionales con el fin de proteger la vida y la integridad personal
de los miembros de la Comunidad de San José de Apartadó” y realizó ciertas
solicitudes particulares, las que se detallan a continuación:
1. Que las medidas de protección sean acordadas de común acuerdo entre
el Estado y los miembros de la Comunidad y los peticionarios.
En este sentido, y con el fin de asegurar su efectividad y pertinencia,
debe tenerse en consideración la compatibilidad de las medidas de seguridad
ofrecidas con el carácter de la experiencia de la Comunidad de Paz, dado
que la protección personal y armada de estas personas puede poner en peligro
los principios de neutralidad colectiva y zona humanitaria que informan
su propia existencia y generar respuestas violentas por parte de los actores
armados de la región.
2. Que se refuerce y se de verdadera efectividad al mecanismo político
instrumentado mediante la Vicepresidencia de la República, con el fin
de restablecer la confianza entre la Comunidad de Paz y las autoridades
del lugar.
3. Que se fortalezcan las medidas de prevención y protección de la Comunidad
en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Red de Solidaridad Social que incluyen
la provisión de radios de corta frecuencia para San José de Apartadó y
las otras veredas donde se ha producido el retorno de personas desplazadas;
la instalación de reflectores para la iluminación de los alrededores del
casco urbano; la iluminación exterior nocturna del casco urbano y la vereda
de la Unión; la instalación de un sistema de alarmas; el arreglo de la
carretera entre Apartadó y San José; y el arreglo de sistema telefónico
entre el corregimiento y las veredas.
4. Que, como parte esencial del proceso de control y eliminación de la
violencia en contra de la Comunidad de San José de Apartadó, se adopten
medidas eficaces para investigar los graves actos de violencia e intimidación
cometidos contra sus miembros a fin de juzgar y sancionar a los responsables.
4. Que la Comisión Interamericana
dictó, el 17 de diciembre de 1997, medidas cautelares en favor de la población
de San José de Apartadó conforme al artículo 29 de su Reglamento las que,
sin embargo, no habrían logrado detener la violencia desatada “contra
los miembros de la comunidad y los actos de hostigamiento [que] amenazan
de manera grave y continua el derecho a la vida y la integridad personal
de las personas protegidas”.
5. La Resolución del
Presidente de 9 de octubre de 2000 en la que consideró
[....]
4. Que
los antecedentes aportados por la Comisión en su solicitud demuestran
prima facie una situación de extrema gravedad
y urgencia en cuanto a los derechos a la vida e integridad personal de
los señores Ricardo Quintero, Filinardo Quintero, Senover Quintero, Albeiro
Antonio Guzmán, Luz Fany Sepúlveda, Cristian Camilo Guzmán, Jesus Montoya,
Ernestina Tuberquia, Carlos Hernando Tuberquia, Milorei Tuberquia, Herman
Tuberquia, Edier Tuberquia, Ramon Zapata, Rosa Ema Alvarez, Andrea Alvarez,
Rosalba Zapata, Leidi Zapata, Joaquin Escobar, Yazmin Guzmán, Yeison Guzmán,
Nayivi Guzmán, Yadira Guzmán, Reynaldo Areiza, Rosmeri Guzmán, Alba Quintero,
Derlis Quintero, Jader David, Amparo David, Morelia Guzmán, Elicer Guzmán,
Rosa Ema Zapata, Pedro Luis Areiza, Fredy Areiza, Clara Areiza, Denis
Guzmán, Derli Guzmán, Arelis Guzmán, Yuber Guzmán, Rosa Tuberquia, Jesus
Emilio Tuberquia, Flora Danys Tuberquia, Arlenis Tuberquia, Alvaro Zapata,
Rosalba Aguirre, Deyanira Aguirre, Blanca Zapata, Wilmer Zapata, Willian
Guzmán, Blanca Lilia Areiza, Lubian Sepúlveda, Winer Guzmán, Yesica Guzmán,
Arlevis Guzmán, Braian Guzmán, Nely Guzmán, Yandy Guzmán, Adolfo Guzmán,
Marielli Guzmán, Marely Guzmán, Mario Durango, Marina Sánchez, Ferney
Sánchez, Patricia Durango, Wilder Durango, Rosa Quintero, Carlos Sánchez,
Bladimir Sánchez, Didier Sánchez, Mirlenis Guzmán, Paola Guzmán, Yaidis
Guzmán, Hector Areiza, Liris Moreno, Jose Luis Borja, María Holguín, Consuelo
Guzmán, Alexander Guzmán, Carlos Guzmán, Araseli Guzmán, Leidi Guzmán,
Javier Sánchez, Blanca Nury Guzmán, Yei Carolina Sánchez, Leonel David,
Amparo Sánchez, Edwin David, Luz Denys David, Alexis David, María Sánchez,
Esteban David, Marlovi David, Juliana David, Yirlean David, Mauricio David,
Antonio Guzmán, María Urrego, Erica Guzmán, Ana Jesusa Tuberquia, María
Tuberquia, Amparo Tuberquia, Arnulfo Tuberquia, Jobernai Sánchez, Anibal Tuberquia, Aleida Tuberquia,
Natalia Tuberquia, Fabian Tuberquia, Antonio
Tuberquia, Libia Guzmán, Norberto Tuberquia, Edier Tuberquia, Dario
Guzmán, Bienvenida Mazo, Dania Guzmán, Jeiner Guzmán, María Sepúlveda,
Juan Gregorio Guzmán, Jaime Guzmán, Genito Guzmán, Dairo Guzmán, Sandra
Guzmán, Amparo Guzmán, Liliana Guzmán, Monica Guzmán, Ledis Guzmán, Jhon
Deives Guzmán, Antonio Areiza, Liliana Areiza, Queli Areiza, Olanier Areiza,
Danilea Areiza, Ricardo Pineda, María Dolores Ususga, Fredy Pineda, Edwin
Guzmán, Alba Lucia Giraldo, Alfenis Cardona, Luz María Gomez, Marveli
Giraldo, Marcela Guzmán, Libardo Guzmán, Senubia Higuita, Diomedes Guzmán,
Zoila Tuberquia, Ovidio Usuga, Jarido Usuga, Luis Eduardo Usuga, Ivan
Guzmán, Ricaurte Sepúlveda, Valentina Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, Luz
Dary Tuberquia, Laidin Sepúlveda, Consuelo Usuga, Aldemar Quintero, Albeiro
Usuga, Didier Usuga, Fidelina Sepúlveda, Edilia Quintero, Ramiro Rueda,
María Quintero, Yorladis Rueda, Yorman Rueda, Jarlin Rueda, Uber Areiza,
Alicia Guzmán, Otoniel Guzmán, Alba Guzmán, Jair Guzmán, Yudi Guzmán,
Francisco Higuita, Nohemi Tuberquia, Marlobe Higuita, Edilson Tuberquia,
Heider Higuita, Deison Higuita, Francisco Higuita, Miro David, Uber Areiza,
Teresa Guzmán, Jhon Guzmán, Beyanira Areiza, Davidson Areiza, Ramon Tuberquia,
Angela Guzmán, Luis Tuberquia, Miladis Tuberquia, Luis Albeiro Tuberquia,
Yulie Guzmán y Norber Sepúlveda.
5. Que
la Comisión Interamericana ha solicitado al Estado la adopción de medidas
cautelares, las que no han producido los efectos de protección buscados
y que, por el contrario, los hechos ocurridos recientemente hacen presumir
que la integridad y la vida de los miembros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó están en grave riesgo. En consecuencia, se presentan
circunstancias que hacen necesario requerir al Estado la adopción de medidas
urgentes para evitar a dichas personas daños irreparables.
6. Que el artículo 1.1 de la Convención señala el
deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades
en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, incluidos, en el presente caso,
los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
7. Que
esta Corte ha considerado en otras oportunidades indispensable individualizar
las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables a efectos
de otorgarles medidas de protección; es,
además, de esperarse que las medidas de protección adoptadas por el Estado
en cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte o su Presidente
beneficien a otras personas de la misma comunidad que puedan encontrarse
en igual situación de vulnerabilidad y riesgo.
8. Que,
como ya ha afirmado esta Corte, “es responsabilidad del Estado adoptar
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas
a su jurisdicción; este deber se torna aún más evidente en relación con
quienes estén vinculados en procesos ante los órganos de supervisión de
la Convención Americana.”
9. Que
el propósito de las medidas provisionales, en los sistemas jurídicos nacionales
(derecho procesal interno) en general, es preservar los derechos de las
partes en controversia, asegurando que la futura sentencia de fondo no
sea perjudicada por las acciones de ellas pendente
lite.
10. Que el propósito de las medidas provisionales,
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, va más allá, por
cuanto, además de su carácter esencialmente preventivo, protegen efectivamente
derechos fundamentales, en la medida en que buscan evitar daños irreparables
a las personas.
11. Que el caso al que se refiere la solicitud de la Comisión no se encuentra
en conocimiento de la Corte en cuanto al fondo y, por lo tanto, la adopción
de medidas urgentes no implica una decisión sobre el fondo de la controversia
existente entre los peticionarios y el Estado. Al adoptar medidas urgentes, esta Presidencia
está garantizando únicamente que la Corte pueda ejercer fielmente su mandato
convencional.
[...]
Y
en la que resolvió:
1.
Requerir al Estado de la Colombia que adopt[ara], sin dilación,
cuantas medidas [fueran] necesarias para proteger la vida e integridad
personal de los señores Ricardo Quintero, Filinardo Quintero, Senover
Quintero, Albeiro Antonio Guzmán, Luz Fany Sepúlveda, Cristian Camilo
Guzmán, Jesus Montoya, Ernestina Tuberquia, Carlos Hernando Tuberquia,
Milorei Tuberquia, Herman Tuberquia, Edier Tuberquia, Ramon Zapata, Rosa
Ema Alvarez, Andrea Alvarez, Rosalba Zapata, Leidi Zapata, Joaquin Escobar,
Yazmin Guzmán, Yeison Guzmán, Nayivi Guzmán, Yadira Guzmán, Reynaldo Areiza,
Rosmeri Guzmán, Alba Quintero, Derlis Quintero, Jader David, Amparo David,
Morelia Guzmán, Elicer Guzmán, Rosa Ema Zapata, Pedro Luis Areiza, Fredy
Areiza, Clara Areiza, Denis Guzmán, Derli Guzmán, Arelis Guzmán, Yuber
Guzmán, Rosa Tuberquia, Jesus Emilio Tuberquia, Flora Danys Tuberquia,
Arlenis Tuberquia, Alvaro Zapata, Rosalba Aguirre, Deyanira Aguirre, Blanca
Zapata, Wilmer Zapata, Willian Guzmán, Blanca Lilia Areiza, Lubian Sepúlveda,
Winer Guzmán, Yesica Guzmán, Arlevis Guzmán, Braian Guzmán, Nely Guzmán,
Yandy Guzmán, Adolfo Guzmán, Marielli Guzmán, Marely Guzmán, Mario Durango,
Marina Sánchez, Ferney Sánchez, Patricia Durango, Wilder Durango, Rosa
Quintero, Carlos Sánchez, Bladimir Sánchez, Didier Sánchez, Mirlenis Guzmán,
Paola Guzmán, Yaidis Guzmán, Hector Areiza, Liris Moreno, Jose Luis Borja,
María Holguín, Consuelo Guzmán, Alexander Guzmán, Carlos Guzmán, Araseli
Guzmán, Leidi Guzmán, Javier Sánchez, Blanca Nury Guzmán, Yei Carolina
Sánchez, Leonel David, Amparo Sánchez, Edwin David, Luz Denys David, Alexis
David, María Sánchez, Esteban David, Marlovi David, Juliana David, Yirlean
David, Mauricio David, Antonio Guzmán, María Urrego, Erica Guzmán, Ana
Jesusa Tuberquia, María Tuberquia, Amparo Tuberquia, Arnulfo Tuberquia,
Jobernai Sánchez, Anibal Tuberquia, Aleida Tuberquia,
Natalia Tuberquia, Fabian Tuberquia, Antonio Tuberquia, Libia Guzmán,
Norberto Tuberquia, Edier Tuberquia, Dario Guzmán, Bienvenida Mazo, Dania
Guzmán, Jeiner Guzmán, María Sepúlveda, Juan Gregorio Guzmán, Jaime Guzmán,
Genito Guzmán, Dairo Guzmán, Sandra Guzmán, Amparo Guzmán, Liliana Guzmán,
Monica Guzmán, Ledis Guzmán, Jhon Deives Guzmán, Antonio Areiza, Liliana
Areiza, Queli Areiza, Olanier Areiza, Danilea Areiza, Ricardo Pineda,
María Dolores Ususga, Fredy Pineda, Edwin Guzmán, Alba Lucia Giraldo,
Alfenis Cardona, Luz María Gomez, Marveli Giraldo, Marcela Guzmán, Libardo
Guzmán, Senubia Higuita, Diomedes Guzmán, Zoila Tuberquia, Ovidio Usuga,
Jarido Usuga, Luis Eduardo Usuga, Ivan Guzmán, Ricaurte Sepúlveda, Valentina
Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, Luz Dary Tuberquia, Laidin Sepúlveda, Consuelo
Usuga, Aldemar Quintero, Albeiro Usuga, Didier Usuga, Fidelina Sepúlveda,
Edilia Quintero, Ramiro Rueda, María Quintero, Yorladis Rueda, Yorman
Rueda, Jarlin Rueda, Uber Areiza, Alicia Guzmán, Otoniel Guzmán, Alba
Guzmán, Jair Guzmán, Yudi Guzmán, Francisco Higuita, Nohemi Tuberquia,
Marlobe Higuita, Edilson Tuberquia, Heider Higuita, Deison Higuita, Francisco
Higuita, Miro David, Uber Areiza, Teresa Guzmán, Jhon Guzmán, Beyanira
Areiza, Davidson Areiza, Ramon Tuberquia, Angela Guzmán, Luis Tuberquia,
Miladis Tuberquia, Luis Albeiro Tuberquia, Yulie Guzmán y Norber Sepúlveda.
2.
Requerir al Estado de Colombia que present[ara] a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos un primer informe sobre las medidas adoptadas en un
plazo de 15 días después de que le sea notificada la [...] resolución
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que present[ara] sus
observaciones sobre dicho informe dentro del plazo de 15 días a partir
de la recepción de ese documento.
3.
Convocar a la Comisión Interamericana y al Estado de Colombia a
una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 16 de noviembre de 2000, a las 10:00 horas, con el propósito
de escuchar sus puntos de vista sobre los hechos y circunstancias que
motivaron la adopción de las presentes medidas urgentes.
6. La nota del Estado
presentada el 30 de octubre de 2000 en la cual se refirió a la solicitud
de la medidas del presente caso y solicitó una prórroga para la presentación
del informe ordenado en la Resolución de 9 de octubre de 2000, la cual
le fue otorgada hasta el 6 de noviembre de 2000.
7. El primer informe
de Colombia del 6 de noviembre de 2000 mediante el cual señaló que:
a) el Ministerio de Defensa Nacional había tomado
medidas, a través de la Unidad Operativa Menor, entre otras: reuniones
con los líderes de la Comunidad; operaciones en la zona y captura de varios
integrantes de las Autodefensas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC); controles en la vía Apartadó-San José de Apartadó;
órdenes del Comando de la XVII Brigada del Ejército a las unidades para
que respeten los derechos humanos, con énfasis en la Comunidad; capacitación
a las tropas sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos
Humanos (ACNUR), de la Defensoría del Pueblo, del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) y otros; solicitud a la Comunidad para que informe
sobre cualquier situación irregular e investigaciones, aún en caso de
quejas menores;
b) el 1 de noviembre
se realizó una reunión con delegados de varios órganos estatales con el
objeto de analizar la situación de la Comunidad de Paz, en la cual se
acordó desplazar los días 7 a 9 de noviembre de 2000 una Comisión Interinstitucional
compuesta por funcionarios de la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría
General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación;
c) en cuanto a los compromisos de la Red de Solidaridad
Social con la ayuda de la Comunidad, la representación local de aquélla
realizó gestiones con la Alcaldía de Apartadó para impulsar el proyecto
y contratación del arreglo de la carretera de acceso al corregimiento
de San José, el cual fue financiado por el municipio.
Actualmente la vía se encuentra transitable luego de las obras
realizadas y continúan los trabajos. También se adelantaron gestiones
para el arreglo del teléfono del casco urbano del corregimiento de la
Comunidad, que actualmente se encuentra en servicio;
d) sobre el homicidio de José Antonio Graciano Usaga
y Jairo Valencia Vanegas por los hechos ocurridos el 13 de abril de 1997,
se inició la investigación para la individualización e identificación
de los responsables y la Fiscalía de Apartadó ha intentado la ubicación
de testigos por todos los medios posibles.
En la actualidad la investigación se encuentra en “Previas”;
e) sobre la presunta desaparición de Ovidio Torres
Areiza, se ordenó la remisión de la investigación a la Fiscalía Especializada
de Apartadó en noviembre de 1998. Igualmente se procedió con respecto los homicidios de Elías Zapata,
Heliodoro Zapata, Alberto Valle y Félix Antonio Valle (investigación No.4994);
los homicidios de Gilberto y Miguel Ramírez Giraldo (investigación No.4909);
y el presunto secuestro de Miguel y Bertha Guisao (investigación No.4985).
Esta última investigación se encuentra en etapa de acopio de pruebas;
f) en lo que se refiere a los hechos ocurridos el
4 de abril de 1999 por los delitos de homicidio y lesiones personales,
se han realizado varias actuaciones judiciales para investigarlos.
En la actualidad la investigación se encuentra en “Previas”;
g) en relación con el homicido de Pedro José Zapata
Velásquez, Eliodino Rivera Zapata, Jaime Antonio Guzmán Urrego, Rigoberto
Guzmán Urrego, Diofanor de Jesús Sánchez Borja y Humberto Antonio Sepúlveda,
como consecuencia de los hechos del 8 de julio de 2000, se han llevado
a cabo investigaciones (No.377.912), algunas actuaciones judiciales y
en la actualidad se encuentra en la práctica de pruebas; y
h) las autoridades
de Colombia han desarrollado ingentes esfuerzos y actividades para mejorar
la seguridad de la Comunidad, así como el impulso de las investigaciones
correspondientes. El Estado continuará el desarrollo de las investigaciones
así como de las medidas de protección.
8. La audiencia pública
sobre la presente solicitud de medidas provisionales celebrada en la sede
de la Corte Interamericana el 16 de noviembre de 2000 a la que comparecieron:
por el Estado de Colombia:
Fernando
Alzate Donoso, agente, Director General de Asuntos Especiales del Ministerio
de Relaciones Exteriores;
Carlos Julio Vargas, miembro de
la Unidad de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República;
Claudia Patricia Cáceres, asesora; y
Mónica Jiménez, asesora.
Por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos:
Robert K.
Goldman, delegado;
Verónica Gómez,
asesora;
Hermana Clara
Lagos, asistente;
Danilo Rueda,
asistente; y
Viviana Krsticevic, asistente.
9. Los alegatos de la Comisión, presentados en la
referida audiencia pública, se resumen a continuación:
a) las medidas provisionales solicitadas a la Corte
tienen el fin de proteger la vida y la integridad personal de los miembros
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asentada en la región
del Urabá antioqueño, “uno de los epicentros del conflicto armado interno
que se desarrolla en la República de Colombia”.
Dicha comunidad está integrada por aproximadamente 1200 civiles
y, desde su creación en 1997, se ha visto constantemente azotada por la
violencia paramilitar y la estigmatización, a pesar de sus intentos de
aislarse del conflicto armado;
b) conforme al artículo 29 de su Reglamento, la Comisión
solicitó en 1997 al Estado el otorgamiento de medidas cautelares a favor
de dicha Comunidad para que adoptara las medidas necesarias para proteger
a sus miembros, ya que habían ocurrido más de 40 ejecuciones sumarias
y desapariciones forzadas. Tras
casi tres años de haberse otorgado, la Comunidad aún vive un estado de
zozobra debido a las continuas amenazas de los actores armados y su estado
de total indefensión. Solamente
durante los últimos 18 meses, la Comunidad ha padecido tres masacres con
un saldo de 15 víctimas fatales. A pesar del activo acompañamiento de
organizaciones como las Brigadas de Paz, del interés de las representaciones
diplomáticas extranjeras en Colombia y de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas e incluso de las acciones de la Vicepresidencia
de la República, los miembros de la Comunidad de Paz continúan “presos
de la violencia”, principalmente proveniente de los grupos paramilitares,
y permanecen sin protección efectiva de los agentes del Estado;
c) la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se
rige por varios principios, a saber: neutralidad ante todos los actores
armados; no participación directa o indirecta en la guerra; no portar
armas, y no ofrecimiento o manipulación de
información en favor de cualquiera de los actores armados. La Comunidad de Paz se rige por un consejo interno
que integran ocho campesinos. Ellos son elegidos democráticamente por
un período de tres años. Uno de
ellos tiene la representación legal y hay un consejo ampliado con los
coordinadores de los grupos de trabajo;
d) a los tres meses de haberse creado la Comunidad,
se ubicó un retén paramilitar entre San José y el Municipio de Apartadó,
a cuatro minutos de donde el Ejército tenía una base. En ese retén se restringe el paso de alimentos
y se hacen listas de personas, que luego aparecen en las manos de los
paramilitares, quienes asesinan a las personas que figuran en ellas. En un principio, las muertes que ocurrieron
en el retén fueron selectivas. Los
pobladores de la Comunidad son señalados como guerrilleros, como personas
que auxilian a la guerrilla, que pasan comida para la guerrilla;
e) han ocurrido varias masacres, entre ellas las
del 4 de abril de 1999 y el 19 de febrero de 2000. A partir de ésta se comenzó a hacer gestiones
y a pedir la interlocución de la Vicepresidencia. El 20 de marzo tuvieron una reunión, en la cual
la Comunidad propuso una serie de medidas que no se cumplieron. Sin embargo, se preparó un retorno de habitantes
de la Comunidad y el 8 de julio se produjo otra masacre. A las tres de la tarde de ese día, unos encapuchados
entraron a la Comunidad y mataron a seis campesinos, los que, según los
informes de los médicos, tenían cuarenta impactos cada uno;
f) a pesar de la colaboración de la Comunidad con
las autoridades judiciales internas en los procesos relativos a los hechos
y muertes ocurridas en aquella Comunidad, prevalece un estado de total
impunidad;
g) parte de las investigaciones por los hechos de
violencia sufridos por la Comunidad están siendo adelantadas por la Justicia
Penal Militar, concretamente por el Juez de Instrucción Penal Militar
de la Décima Séptima Brigada del Ejército;
h) recientemente, el 11 y 14 de noviembre de 2000,
un autobús que iba de Apartadó a San José, en un barrio llamado El Consejo,
fue abordado por unos civiles armados que desviaron el vehículo e hicieron
bajar a los pasajeros con sus cédulas en mano, verificaron si estaban
en una lista y quitaron a los pasajeros todos los alimentos que llevaban. Esto sucedió un mes después de haberse solicitado
al Estado medidas de protección;
i) el esfuerzo de la Comisión por identificar a un
número de miembros de la Comunidad a efectos de presentar la solicitud
de medidas provisionales la llevó a presentar una lista de 189 personas,
pero la misma no es exhaustiva, ya que “la vasta mayoría de los miembros
de la Comunidad temen a la estigmatización y a la violencia que se deriva
de esa estigmatización, y ese es el único motivo por el cual no [la] autorizaron
a dar a conocer sus nombres”;
j) existe una serie de elementos que permite identificar
a los miembros de la Comunidad de manera colectiva. Uno de esos elementos es el geográfico; se trata de una Comunidad asentada en un lugar
determinado, en el Municipio de Apartadó, integrado por 32 veredas circundantes, como la vereda de la
Unión de donde provienen las 189 personas identificadas en la Resolución
del Presidente de 9 de octubre de 2000. Además, la pertenencia a la Comunidad
tiene una serie de normas, un estatuto, un sistema de representación;
incluso los miembros están identificados por un carnet; existe en la Comunidad
gente, que si bien no está formalmente identificada con ese carnet, vive
allí y se guía por esos principios y quieren convertirse en miembros de
la Comunidad. Por lo tanto, deben ser considerados también como miembros
de ésta. En el presente caso es conveniente definir a
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó colectivamente, porque se
trata de una afectación de derechos individuales fundamentales, como la
vida y la integridad personal;
k) después de tres años de vigencia de las medidas
cautelares, el Estado no cuestionó ni alegó haber tenido problemas para
identificar a las personas a las cuales debía proteger. La Comisión tiene la convicción de que el Estado
entiende la dimensión colectiva del problema, sabe a qué personas tiene
que proteger, comprende los límites geográficos y el elemento de la pertenencia
a la Comunidad, así como sus mecanismos de funcionamiento;
l) se ha producido el desplazamiento de habitantes
de la Comunidad a otras zonas del país debido a la violencia, y por ello
ha sido necesario iniciar un proceso de retorno de dichas familias a la
Comunidad. Así se hizo un retorno
a la Vereda la Unión, que comenzó con 25 familias, y en este momento está
constituída por 65 familias. Cada
año se ha realizado un retorno y casi todos han sido hechos por la misma
Comunidad, sin apoyo del Estado, y han resultado exitosos. En el caso que nos ocupa, un grupo de habitantes del Municipio de
Apartadó optó por ejercer su derecho a no desplazarse de su lugar de origen,
derecho reconocido en el Derecho Internacional y plasmado en los principios
rectores del desplazamiento interno recogidos por el representante del
Secretario General de la Naciones Unidas para los desplazados internos;
m) la Comisión solicitó a la Corte que requiera al
Estado que:
i) tome las
medidas necesarias para repeler y neutralizar a los grupos paramilitares
que actúan en la región, ya que uno de los factores de violencia que ha
afectado a la Comunidad es la presencia libre, pública y abierta de grupos
paramilitares, que han sido los principales hostigadores de la Comunidad
por su nexo íntimo de actuación con agentes del Estado colombiano;
ii) disponga
la vigilancia del área circundante de la Comunidad de Paz a fin de garantizar
que no actúen grupos al margen de la ley y, en particular, que realice
operativos efectivos a fin de reprimir la acción de grupos paramilitares
en la región y que ordene a los agentes del Estado que no colaboren con
las fuerzas paramilitares; asimismo,
que los agentes del Estado protejan a la Comunidad de Paz y no realicen
declaraciones u otros actos de estigmatización que pongan en peligro a
dicha Comunidad;
iii) disponga
todos los medios a su alcance para realizar investigaciones efectivas
de los hechos denunciados; y en particular,
para facilitar el desarrollo de las investigaciones, separe o suspenda
de sus cargos a los agentes del Estado respecto a los cuales existan indicios
graves de complicidad con los grupos paramilitares. También, que investigue y oportunamente castigue a los miembros de
la Brigada XVII del Ejército y a la policía de Urabá involucrados en los
hechos. Por otro lado, que las
investigaciones se desarrollen por la justicia ordinaria y se suspendan
las investigaciones en la justicia militar y que, para el desarrollo efectivo
de estas investigaciones, se acumulen, de modo que estos hechos no se
traten de manera fragmentada como si fueran 83 hechos diferentes de violencia;
iv) adopte
las medidas físicas de protección de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó que han sido reconocidas como necesarias en el compromiso asumido
por la Vicepresidencia de la República a fin de permitir a la comunidad
pedir auxilio, resolver situaciones de emergencia y evitar que los hechos
de violencia ocurran “al amparo de la oscuridad”.
Estas medidas físicas de protección están en proceso de implementación,
y entre ellas se cuentan la entrega de radios de corta frecuencia, la
reparación del sistema telefónico de la localidad, la reparación de la
carretera y la instalación de reflectores de iluminación del casco urbano.
Se requiere concluir de inmediato la implementación de estas medidas,
a fin de asegurar de manera efectiva la integridad física de los miembros
de la Comunidad. Además, solicita que dichas medidas se adopten
de común acuerdo entre el Estado, los miembros de la Comunidad y los peticionarios,
a fin de asegurar la efectividad y la compatibilidad de las mismas con
el compromiso de neutralidad de la Comunidad de Paz, dado que la protección
personal y armada al interior de la Comunidad puede poner en peligro dicho
compromiso;
v) tome aquellas
medidas que eviten que la gente deba desplazarse y solicite a Colombia
que adopte cuantas providencias sean necesarias para asegurar que las
personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó puedan continuar
viviendo en su residencia habitual o retornen a sus hogares, brindándoles
la seguridad de que no serán perseguidas o amenazadas por agentes del
Estado o por personas que actúen con su aquiescencia o por particulares;
vi) expida
una directiva presidencial en la que se haga un claro y expreso reconocimiento
de la legalidad, legitimidad y respaldo del Estado a la experiencia misma
de la Comunidad de Paz, así como el respeto al acompañamiento que hacen
de dicha Comunidad las organizaciones nacionales e internacionales. Dicha directiva, a su vez, debería determinar las responsabilidades
y los límites de las acciones de las autoridades frente a la Comunidad
de Paz; y
n) finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que
ratifique las medidas ordenadas por el Presidente el día 9 de octubre
del año en curso y amplíe dichas medidas a todos los miembros de esta
Comunidad de Paz “que puedan encontrarse en igual situación de vulnerabilidad
y riesgo”.
10. Los alegatos del Estado presentados en la misma
audiencia pública, los que se resumen a continuación:
a) en Colombia no existe una guerra civil sino enfrentamientos
y situaciones que se presentan por actores armados no estatales, que son
objeto de la persecución y lucha del Estado para reducirlos, de acuerdo con la Constitución y la Ley. No es una guerra civil porque no hay apoyo popular
a los actores. No puede calificar
el conflicto que vive su país por no ser el vocero político autorizado,
pero afirma que el Estado tiene clara la observancia de los Convenios
de Ginebra para permitir y facilitar toda la asistencia humanitaria que
se requiera. La democracia colombiana
tiene un fuerte sustento histórico y de legitimidad, que le ha permitido
adoptar una serie de políticas en materia de derechos humanos, que han
sido puestas en conocimiento de la opinión pública y de los órganos interamericanos.
La Vicepresidencia de la República ha sido la encargada de gestionar
las acciones que sean necesarias y conducentes para cumplir las recomendaciones
que se presentan por conducto de los órganos internacionales con competencia
en la materia;
b) se identifica
con los mismos propósitos de paz de la Comunidad y no comparte las afirmaciones
de la vinculación, la aquiesciencia y la omisión de agentes del Estado
con los paramilitares o con los grupos actores armados ilegales, contra
los cuales se han desarrollado acciones.
Por otra parte, la formación y capacitación de las fuerzas militares
está orientada para que actúen de acuerdo con las normas, tanto nacionales
como internacionales, en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario;
c) se ha adoptado una serie de medidas en cuanto
a programas de protección y cooperación para proteger a diversos miembros
de la población, por las cuales se busca garantizar su derecho a la integridad,
a la vida, a ejercer su profesión y su actividad ciudadana dentro de los
parámetros que ordena la Constitución y la Ley;
d) dentro de la legislación nacional se creó el nuevo
Código Penal Militar, la Ley No. 522; la Ley No. 554 sobre la desvinculación
de los menores del servicio de las fuerzas militares de Colombia y así
dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley No.589
sobre desaparición forzada, genocidio y desplazamiento; el nuevo Código
Penal y la aprobación de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales;
e) por conducto de la Vicepresidencia de la República
se han impulsado múltiples acciones específicas para la Comunidad de San
José de Apartadó, tales como: instalación de reflectores en el alumbrado
de la Comunidad de San José y en La Unión; envío de radios de comunicación
y mejoramiento de la carretera, que se ha venido impulsando con la Municipalidad,
la Alcaldía y la Red de Solidaridad Social.
Este tipo de acciones reafirman el compromiso estatal con la Comunidad
de San José de Apartadó. Colombia
está en plena capacidad de contribuir y concretar la realización de dichas
medidas directamente y de avanzar en ese diálogo con la Comunidad;
f) el Ministerio del Interior ha dado seguimiento
a la Comunidad de Paz desde su creación. Ha coordinado acciones con las
autoridades locales, en especial con la alcaldía. Se ha brindado asistencia humanitaria a los desplazados, en coordinación
con el municipio y con la gobernación, y también asistencia técnica a
la población. Se ha respetado la
posición de la Comunidad de Paz y se ha trabajado con la fuerza pública
para que la seguridad que se brinde a esta Comunidad sea de carácter perimetral,
sin perjuicio de que aquélla ingrese a la comunidad en caso de que sea
necesario. Tanto el Ministerio del Interior como la Oficina de Derechos
Humanos consideran que la seguridad dada a la Comunidad de San José de
Apartadó debe ser concertada. En
ese sentido, las peticiones se han respondido a través de la Red de Solidaridad
Social. Asimismo, el Ministerio ha dispuesto una suma de treinta y cinco
millones de pesos con el fin de presentar a la Comunidad un proyecto,
a fin de que sea evaluado y estudiado, para hacer talleres de distensión
entre las autoridades y la Comunidad para el restablecimiento de la confianza
entre la Comunidad y las autoridades.
A esto se suma la política de acabar con cualquier compromiso o
vínculo que pueda existir entre miembros de la fuerza pública y de las
autodefensas; la intención de hacer talleres de capacitación en solución
alternativa de conflictos, y la revisión del trabajo en materia de justicia
en la Comunidad, respetando sus mecanismos de autocontrol. También se
pretende diseñar un sistema de alertas tempranas que tiene que ser concertado
entre la Comunidad y la fuerza pública, para que sea efectivo;
g) una comitiva, integrada por representantes de
Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación
y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, visitó a las autoridades
locales de San José de Apartadó con miras a impulsar investigaciones por
los hechos ocurridos en abril del año pasado y febrero y julio de este
año. Esto permitió, frente a los
hechos de abril del año 1999, disponer la apertura formal de las investigaciones
con orden de detención para una persona. Estas acciones del Estado deben dirigirse a
eliminar cualquier rasgo de impunidad y dar frutos importantes a mediano
plazo; y
h) valora positivamente las observaciones formuladas
por la Comisión y considera que los esfuerzos del Estado no son sólo globales,
sino se dirigen específicamente a atender situaciones individuales.
Estas medidas adoptadas con su carácter colectivo, están sustentadas
en importantes antecedentes del derecho internacional.
La audiencia celebrada en el presente caso ha permitido conocer
más directamente todas estas apreciaciones, y en cuanto a las instituciones
que participan, se manifiesta un propósito adicional: el de ser voceros
y catalizadores hacia el interior del gobierno para que las acciones se
ejecuten pronta y cumplidamente en todo el país.
11. El escrito del Estado de 16 de noviembre de 2000
mediante el cual adjuntó la siguiente documentación: oficio No. 242736
de 2000 de la Dirección de Comunicaciones a la XVII Brigada del Ejército
Nacional; documento denominado “Hoy Urabá puede probar que la Paz genera Desarrollo”; Ley 589 de 2000 por medio de la
cual se tipifican los crímenes de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento
forzado y tortura y se dictan otras disposiciones; programa sobre curso
de formación para miembros de la Fuerza Pública sobre la Prevención y
la Protección en situaciones de Desplazamiento Forzado --Región de Ura-bá--,
de 18 y 19 de julio de 2000; documento titulado “La Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia - ACNUR”; Programación
Seminario -Taller sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario
y Desplazamiento Forzado, de 14 de agosto de 2000; documento del Comité
Internacional de la Cruz Roja, Delegación en Colombia, Difusión del Derecho
Internacional Humanitario para la Fuerza Pública en Colombia, Taller de
capacitación de instructores de la brigada 17 del Ejército Nacional, Carepa
12, 13,14 de octubre de 2000 y oficios de “Peace Brigades International”
de 18 de agosto de 1999 y 4 de octubre de 2000.
12. El escrito de la
Comisión Interamericana de 22 de noviembre de 2000 por el cual presentó
sus observaciones al primer informe del Estado, en el cual reiteró los
alegatos relacionados tanto en el escrito de solicitud de las medidas
provisionales de 3 de octubre de 2000 como en la audiencia pública. Adjunto a dicho escrito presentó, además, la siguiente documentación:
Declaración relativa a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; documento
titulado “Nuestros Principios en la Comunidad de Paz en San José de Apartadó”,
Reglamento Interno y mapa del Municipio de Apartadó (Corregimientos y
Veredas).
Considerando:
1. Que Colombia es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia de la
Corte, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de junio de 1985.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana
dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en
los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud
de la Comisión, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
3. Que en los
términos del artículo 25.1 del Reglamento de la Corte:
[e]n cualquier estado del procedimiento,
siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando
sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte,
de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales
que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que la Comisión ha descrito una situación de extrema
gravedad y urgencia que se ajusta a los supuestos del artículo 63.2 de
la Convención Americana en relación con los señores Ricardo Quintero,
Filinardo Quintero, Senover Quintero, Albeiro Antonio Guzmán, Luz Fany
Sepúlveda, Cristian Camilo Guzmán, Jesus Montoya, Ernestina Tuberquia,
Carlos Hernando Tuberquia, Milorei Tuberquia, Herman Tuberquia, Edier
Tuberquia, Ramon Zapata, Rosa Ema Alvarez, Andrea Alvarez, Rosalba Zapata,
Leidi Zapata, Joaquin Escobar, Yazmin Guzmán, Yeison Guzmán, Nayivi Guzmán,
Yadira Guzmán, Reynaldo Areiza, Rosmeri Guzmán, Alba Quintero, Derlis
Quintero, Jader David, Amparo David, Morelia Guzmán, Elicer Guzmán, Rosa
Ema Zapata, Pedro Luis Areiza, Fredy Areiza, Clara Areiza, Denis Guzmán,
Derli Guzmán, Arelis Guzmán, Yuber Guzmán, Rosa Tuberquia, Jesus Emilio
Tuberquia, Flora Danys Tuberquia, Arlenis Tuberquia, Alvaro Zapata, Rosalba
Aguirre, Deyanira Aguirre, Blanca Zapata, Wilmer Zapata, Willian Guzmán,
Blanca Lilia Areiza, Lubian Sepúlveda, Winer Guzmán, Yesica Guzmán, Arlevis
Guzmán, Braian Guzmán, Nely Guzmán, Yandy Guzmán, Adolfo Guzmán, Marielli
Guzmán, Marely Guzmán, Mario Durango, Marina Sánchez, Ferney Sánchez,
Patricia Durango, Wilder Durango, Rosa Quintero, Carlos Sánchez, Bladimir
Sánchez, Didier Sánchez, Mirlenis Guzmán, Paola Guzmán, Yaidis Guzmán,
Hector Areiza, Liris Moreno, Jose Luis Borja, María Holguín, Consuelo
Guzmán, Alexander Guzmán, Carlos Guzmán, Araseli Guzmán, Leidi Guzmán,
Javier Sánchez, Blanca Nury Guzmán, Yei Carolina Sánchez, Leonel David,
Amparo Sánchez, Edwin David, Luz Denys David, Alexis David, María Sánchez,
Esteban David, Marlovi David, Juliana David, Yirlean David, Mauricio David,
Antonio Guzmán, María Urrego, Erica Guzmán, Ana Jesusa Tuberquia, María
Tuberquia, Amparo Tuberquia, Arnulfo Tuberquia, Jobernai Sánchez, Anibal Tuberquia, Aleida Tuberquia,
Natalia Tuberquia, Fabian Tuberquia, Antonio
Tuberquia, Libia Guzmán, Norberto Tuberquia, Edier Tuberquia, Dario
Guzmán, Bienvenida Mazo, Dania Guzmán, Jeiner Guzmán, María Sepúlveda,
Juan Gregorio Guzmán, Jaime Guzmán, Genito Guzmán, Dairo Guzmán, Sandra
Guzmán, Amparo Guzmán, Liliana Guzmán, Monica Guzmán, Ledis Guzmán, Jhon
Deives Guzmán, Antonio Areiza, Liliana Areiza, Queli Areiza, Olanier Areiza,
Danilea Areiza, Ricardo Pineda, María Dolores Ususga, Fredy Pineda, Edwin
Guzmán, Alba Lucia Giraldo, Alfenis Cardona, Luz María Gomez, Marveli
Giraldo, Marcela Guzmán, Libardo Guzmán, Senubia Higuita, Diomedes Guzmán,
Zoila Tuberquia, Ovidio Usuga, Jarido Usuga, Luis Eduardo Usuga, Ivan
Guzmán, Ricaurte Sepúlveda, Valentina Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, Luz
Dary Tuberquia, Laidin Sepúlveda, Consuelo Usuga, Aldemar Quintero, Albeiro
Usuga, Didier Usuga, Fidelina Sepúlveda, Edilia Quintero, Ramiro Rueda,
María Quintero, Yorladis Rueda, Yorman Rueda, Jarlin Rueda, Uber Areiza,
Alicia Guzmán, Otoniel Guzmán, Alba Guzmán, Jair Guzmán, Yudi Guzmán,
Francisco Higuita, Nohemi Tuberquia, Marlobe Higuita, Edilson Tuberquia,
Heider Higuita, Deison Higuita, Francisco Higuita, Miro David, Uber Areiza,
Teresa Guzmán, Jhon Guzmán, Beyanira Areiza, Davidson Areiza, Ramon Tuberquia,
Angela Guzmán, Luis Tuberquia, Miladis Tuberquia, Luis Albeiro Tuberquia,
Yulie Guzmán y Norber Sepúlveda, lo que hace necesaria la adopción de
medidas provisionales para evitarles daños irreparables.
5. Que esta Corte ha considerado el primer informe
presentado el 6 de noviembre de 2000 por el Estado, así como sus alegatos
en la audiencia pública celebrada el 16 de los mismos mes y año en el
presente caso, en los cuales no objetó la denuncia de los hechos descritos
por la Comisión que originaron la adopción por parte del Presidente de
medidas urgentes en el presente caso, y manifestó de manera positiva,
su disposición para la implementación de las medidas.
6. Que, igualmente, ha tomado en consideración los
alegatos de la Comisión Interamericana rendidos en dicha audiencia, en
los que se señaló que numerosos miembros de la Comunidad Paz de San José
de Apartadó no quisieron ser
identificados por temor a represalias, así como sus observaciones escritas
presentadas el 22 de noviembre de 2000.
7. Que si bien esta Corte ha considerado en otras
oportunidades indispensable individualizar las personas que corren peligro
de sufrir daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de protección, el presente caso reúne características especiales
que lo diferencian de los precedentes tenidos en cuenta por el Tribunal.
En efecto, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, integrada
según la Comisión por aproximadamente 1200
personas, constituye una comunidad organizada, ubicada en un lugar
geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados
y que, por el hecho de formar parte de dicha comunidad, todos sus integrantes
se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión
en su integridad personal y su vida. Por
ello, esta Corte considera conveniente dictar medidas provisionales de
protección en favor de las
personas ya protegidas por las medidas urgentes ordenadas por la Resolución
del Presidente de 9 de octubre de 2000, como también, por las razones
expuestas en la audiencia pública celebrada el 16 de noviembre de 2000,
ampliarlas de tal manera que cubran a todos los miembros de la referida
Comunidad.
8. Que dado que la situación que se vive en la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó ha obligado a sus pobladores a desplazarse
a otras regiones del país, es necesario que el Estado asegure que las
personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo
en su residencia habitual y brinde las condiciones necesarias para que las personas
de dicha Comunidad que se hayan visto forzadas a desplazarse regresen
a sus hogares.
9. Que el artículo 1.1 de la Convención señala el
deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades
en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción. El Estado tiene el deber de adoptar las medidas de seguridad necesarias
para la protección de los derechos y libertades de todos los habitantes
que se encuentren bajo su jurisdicción; en consecuencia, en el presente
caso debe hacerlo para todos los miembros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó.
10. Que, como ya ha afirmado esta Corte, este deber
del Estado de adoptar las medidas de seguridad para proteger a todas las
personas que estén sujetas a su jurisdicción se torna aún más evidente
en relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos
de supervisión de la Convención Americana.
11. Que el propósito de las medidas provisionales,
en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en general,
es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que
la futura sentencia de fondo no sea perjudicada por las acciones de ellas
pendente lite.
12. Que el propósito de las medidas provisionales, en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, va más allá, por cuanto, además de su carácter
esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales,
en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.
13. Que el caso al que se refiere la solicitud de
la Comisión no se encuentra en conocimiento de la Corte en cuanto al fondo
y, por lo tanto, la adopción de medidas provisionales no implica una decisión
sobre el fondo de la controversia existente entre los peticionarios y
el Estado.
14. Que Colombia tiene la obligación de investigar
los hechos que motivan esta solicitud de medidas provisionales con el
fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.
15. Que la Corte ha examinado los hechos y circunstancias
que fundamentaron la Resolución del Presidente de 9 de octubre de 2000
la cual ratifican por encontrarla ajustada a derecho y al mérito de los
autos.
Por
tanto:
la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en uso de
las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de su Reglamento,
Resuelve:
1. Ratificar la Resolución del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 9 de octubre de 2000 en todos sus
términos.
2. Requerir al Estado de la Colombia que mantenga
las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal
de los señores Ricardo Quintero, Filinardo Quintero, Senover Quintero,
Albeiro Antonio Guzmán, Luz Fany Sepúlveda, Cristian Camilo Guzmán, Jesus
Montoya, Ernestina Tuberquia, Carlos Hernando Tuberquia, Milorei Tuberquia,
Herman Tuberquia, Edier Tuberquia, Ramon Zapata, Rosa Ema Alvarez, Andrea
Alvarez, Rosalba Zapata, Leidi Zapata, Joaquin Escobar, Yazmin Guzmán,
Yeison Guzmán, Nayivi Guzmán, Yadira Guzmán, Reynaldo Areiza, Rosmeri
Guzmán, Alba Quintero, Derlis Quintero, Jader David, Amparo David, Morelia
Guzmán, Elicer Guzmán, Rosa Ema Zapata, Pedro Luis Areiza, Fredy Areiza,
Clara Areiza, Denis Guzmán, Derli Guzmán, Arelis Guzmán, Yuber Guzmán,
Rosa Tuberquia, Jesus Emilio Tuberquia, Flora Danys Tuberquia, Arlenis
Tuberquia, Alvaro Zapata, Rosalba Aguirre, Deyanira Aguirre, Blanca Zapata,
Wilmer Zapata, Willian Guzmán, Blanca Lilia Areiza, Lubian Sepúlveda,
Winer Guzmán, Yesica Guzmán, Arlevis Guzmán, Braian Guzmán, Nely Guzmán,
Yandy Guzmán, Adolfo Guzmán, Marielli Guzmán, Marely Guzmán, Mario Durango,
Marina Sánchez, Ferney Sánchez, Patricia Durango, Wilder Durango, Rosa
Quintero, Carlos Sánchez, Bladimir Sánchez, Didier Sánchez, Mirlenis Guzmán,
Paola Guzmán, Yaidis Guzmán, Hector Areiza, Liris Moreno, Jose Luis Borja,
María Holguín, Consuelo Guzmán, Alexander Guzmán, Carlos Guzmán, Araseli
Guzmán, Leidi Guzmán, Javier Sánchez, Blanca Nury Guzmán, Yei Carolina
Sánchez, Leonel David, Amparo Sánchez, Edwin David, Luz Denys David, Alexis
David, María Sánchez, Esteban David, Marlovi David, Juliana David, Yirlean
David, Mauricio David, Antonio Guzmán, María Urrego, Erica Guzmán, Ana
Jesusa Tuberquia, María Tuberquia, Amparo Tuberquia, Arnulfo Tuberquia,
Jobernai Sánchez, Anibal Tuberquia,
Aleida Tuberquia, Natalia Tuberquia, Fabian Tuberquia, Antonio Tuberquia,
Libia Guzmán, Norberto Tuberquia, Edier Tuberquia, Dario Guzmán, Bienvenida
Mazo, Dania Guzmán, Jeiner Guzmán, María Sepúlveda, Juan Gregorio Guzmán,
Jaime Guzmán, Genito Guzmán, Dairo Guzmán, Sandra Guzmán, Amparo Guzmán,
Liliana Guzmán, Monica Guzmán, Ledis Guzmán, Jhon Deives Guzmán, Antonio
Areiza, Liliana Areiza, Queli Areiza, Olanier Areiza, Danilea Areiza,
Ricardo Pineda, María Dolores Ususga, Fredy Pineda, Edwin Guzmán, Alba
Lucia Giraldo, Alfenis Cardona, Luz María Gomez, Marveli Giraldo, Marcela
Guzmán, Libardo Guzmán, Senubia Higuita, Diomedes Guzmán, Zoila Tuberquia,
Ovidio Usuga, Jarido Usuga, Luis Eduardo Usuga, Ivan Guzmán, Ricaurte
Sepúlveda, Valentina Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, Luz Dary Tuberquia,
Laidin Sepúlveda, Consuelo Usuga, Aldemar Quintero, Albeiro Usuga, Didier
Usuga, Fidelina Sepúlveda, Edilia Quintero, Ramiro Rueda, María Quintero,
Yorladis Rueda, Yorman Rueda, Jarlin Rueda, Uber Areiza, Alicia Guzmán,
Otoniel Guzmán, Alba Guzmán, Jair Guzmán, Yudi Guzmán, Francisco Higuita,
Nohemi Tuberquia, Marlobe Higuita, Edilson Tuberquia, Heider Higuita,
Deison Higuita, Francisco Higuita, Miro David, Uber Areiza, Teresa Guzmán,
Jhon Guzmán, Beyanira Areiza, Davidson Areiza, Ramon Tuberquia, Angela
Guzmán, Luis Tuberquia, Miladis Tuberquia, Luis Albeiro Tuberquia, Yulie
Guzmán y Norber Sepúlveda.
3. Requerir al Estado de Colombia que amplíe, sin
dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad
personal de todos los demás miembros de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó.
4. Requerir al Estado de Colombia que investigue
los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales con
el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes,
e informe sobre la situación de las personas indicadas en los puntos resolutivos
anteriores.
5. Requerir al Estado de Colombia que adopte, sin
dilación, cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las personas
beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su residencia
habitual.
6. Requerir al Estado de Colombia que asegure las
condiciones necesarias para que las personas de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó que se hayan visto forzadas a desplazarse a otras
zonas del país, regresen a sus hogares.
7. Requerir al Estado de Colombia que dé participación
a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas
y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas
dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
8. Requerir al Estado de Colombia
que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses
a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas
provisionales que haya adoptado en cumplimiento de la misma.
9. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que presente sus observaciones a los informes del Estado de Colombia
dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
Los Jueces
Abreu Burelli y García Ramírez hicieron conocer a la Corte su Voto Razonado
Concurrente, el cual acompaña a esta Resolución.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
