Prólogo
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Medidias Provisionales, Tomo III
1. Me es
particularmente grato prologar este tomo III de la Serie E sobre las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (2000-2001). Dichas medidas, tal como el presente
tomo lo revela, han asumido últimamente una importancia real en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, destacando la dimensión
preventiva de la protección internacional de los derechos humanos.
Además, representan hoy una verdadera garantía jurisdiccional de carácter
preventivo, y constituyen uno de los aspectos más gratificantes de
la labor de salvaguardia internacional de los derechos fundamentales
de la persona humana. Como todo instituto jurídico, dichas medidas
son susceptibles de perfeccionamiento, sobre todo bajo una concepción
esencialmente evolutiva del Derecho.
2. En efecto,
en mi Prólogo al anterior tomo II de la presente Serie E, me permití formular algunas precisiones conceptuales acerca
de la transposición histórica de las medidas provisionales, de los
sistemas jurídicos nacionales al ordenamiento jurídico internacional,
así como sobre su transposición de este último - en el marco del Derecho
Internacional Público - al Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
dotado de especificidad propia[1].
En el plano del ordenamiento jurídico interno, el proceso cautelar
se desarrolló para salvaguardar la eficacia de la propia función jurisdiccional.
La acción cautelar pasó a tener por objeto garantizar, no directamente
el derecho subjetivo per se,
sino más bien la propia actividad jurisdiccional.
3. Fue sobre
todo la doctrina procesalista italiana de la primera mitad del siglo
XX[2]
que dio una contribución decisiva para afirmar la autonomía de la
acción cautelar[3].
Sin embargo, toda esta construcción doctrinal no consiguió liberarse
de un cierto formalismo jurídico, dejando a veces la impresión de
tomar el proceso como un fin en sí mismo, y no como un medio para
la realización de la justicia.
4. Las medidas
cautelares alcanzaron el nivel internacional (en la práctica arbitral
y judicial internacional)[4],
a pesar de la estructura diferente de éste, cuando comparado con el
plano del derecho interno. La transposición de las medidas provisionales
del orden jurídico interno al internacional - siempre ante la probabilidad
o inminencia de un "daño irreparable", y la preocupación
o necesidad de asegurar la "realización futura de una determinada
situación jurídica" - tuvo el efecto de ampliar el dominio de
la jurisdicción internacional, con la consecuente reducción del llamado
"dominio reservado" del Estado[5].
5. Esta
transposición innovadora enfrentó dificultades[6],
pero, a lo largo de los años, la erosión del concepto de "dominio
reservado" del Estado (o "competencia nacional exclusiva")
se tornó evidente, para lo cual contribuyó la propia práctica judicial
internacional[7].
El artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) - y de su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional
(CPJI) - consagró efectivamente el poder de la Corte de La Haya de
"indicar" medidas provisionales. El verbo utilizado generó
un amplio debate doctrinal acerca de su carácter vinculante, que no
impidió el desarrollo de una vasta jurisprudencia (de la CPJI y la
CIJ) sobre la materia[8].
6. Sin embargo,
por haber dejado la CIJ, por más de cinco décadas, de precisar los
efectos jurídicos de la indicación de sus propias medidas provisionales,
tal indefinición generó incertidumbres en la teoría y la práctica
sobre la materia, conllevando al incumplimiento, por los Estados demandados,
de medidas provisionales por ella indicadas en los últimos años[9].
Fue necesario esperar más de medio siglo para que, en reciente sentencia
del 27.06.2001, la CIJ finalmente llegase a la conclusión de que las
medidas provisionales por ella indicadas son vinculantes[10]!
7. Sin embargo,
a pesar de las incertidumbres que circundaron la materia, la jurisprudencia
internacional buscó clarificar, a lo largo de los años, la naturaleza jurídica de las medidas provisionales,
de carácter esencialmente preventivo, indicadas u otorgadas sin perjuicio
de la decisión final en cuanto al fondo de los casos respectivos.
Dichas medidas pasaron a ser indicadas u ordenadas por los tribunales
internacionales contemporáneos[11],
además de los nacionales[12].
Su uso generalizado en los planos tanto nacional como internacional
ha llevado a una corriente de la doctrina contemporánea a considerar
tales medidas como equivalentes a un verdadero principio
general del Derecho, común a virtualmente todos los sistemas jurídicos
nacionales, y convalidado por la práctica de los tribunales nacionales,
arbitrales, e internacionales[13].
8. Es ampliamente
conocido el objeto de las
medidas provisionales en el contencioso internacional (en el marco
del Derecho Internacional Público): preservar los derechos reivindicados
por las partes, y, por ende, la integridad de la decisión de fondo
del caso, impidiendo que ésta carezca de sentido y eficacia, y que
el resultado de todo el proceso sea frustrado. En otras palabras,
las medidas provisionales buscan asegurar que la sentencia de fondo
no sea perjudicada por acciones indebidas de las partes pendente lite. Las partes deben, pues,
abstenerse de cualquier acción que pueda ampliar o agravar la controversia
y tener un efecto perjudicial en la ejecución de la futura sentencia
de fondo[14].
Este rationale de las medidas
provisionales en el derecho procesal internacional tiene sus raíces
en el de las medidas cautelares en el derecho procesal interno.
9. En efecto,
en el derecho procesal tanto interno como internacional, las medidas
cautelares o provisionales, respectivamente, tienen además el propósito
común de buscar mantener el equilibrio entre las partes, en la medida
de lo posible. La ya mencionada transposición de dichas medidas del
orden interno al internacional - específicamente, al contencioso inter-estatal, - no parece haber generado, en este particular, un
cambio fundamental en el objeto
de tales medidas. Este cambio sólo vino a ocurrir con la más reciente
transposición de las medidas provisionales del ordenamiento jurídico
internacional - el contencioso tradicional entre Estados - al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, dotado de especificidad propia.
10. Es en
el ámbito de este último que las medidas provisionales se liberan
del formalismo jurídico de la ciencia jurídica del pasado. En el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, las medidas provisionales van
más allá en materia de protección, revelando un alcance sin precedentes[15],
y determinando - en razón de su carácter obligatorio - la eficacia
del propio derecho de petición individual a nivel internacional[16]:
en realidad, en el presente dominio, tales medidas, además de su carácter
esencialmente preventivo, protegen
efectivamente derechos fundamentales, en la medida en que buscan
evitar daños irreparables a la persona humana como sujeto del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. En el ámbito de este último,
que es esencialmente un derecho de protección del ser humano, las
medidas provisionales alcanzan efectivamente su plenitud, revistiéndose
de un carácter, más que cautelar, verdaderamente tutelar.
11. Es lo
que se desprende del artículo 63(2) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que dispone: - "En casos de extrema gravedad
y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a
las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare
de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar
a solicitud de la Comisión". El artículo 25(1) del nuevo Reglamento
(de 2000) de la Corte[17]
recoge los elementos consagrados en el artículo 63(2) de la Convención,
es decir, la extrema gravedad y urgencia, y la prevención de daños
irreparables a las personas, facultando a la Corte en tales circunstancias
a ordenar medidas provisionales, de oficio o a instancia de parte,
en cualquier estado del procedimiento.
12. Si se
tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá
actuar a solicitud de la Comisión (artículo 25(2)), en relación con
casos pendientes ante esta última. Y el artículo 25(4) del Reglamento
faculta al Presidente de la Corte, si esta no estuviere reunida, a
dictar medidas urgentes a fin de asegurar la eficacia de las medidas
provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período
de sesiones[18].
De su parte, la Comisión, en virtud del artículo 25(1) de su nuevo
Reglamento (también de 2000)[19],
se reserva la facultad de tomar medidas cautelares. Y el artículo
74 de su Reglamento vigente rige las solicitudes de la Comisión a
la Corte para que ésta adopte las medidas provisionales que considere
pertinentes.
13. Las medidas
provisionales de la Corte Interamericana son, pues, dotadas de base
convencional, - el artículo 63(2) de la
Convención Americana, ubicado bajo la sección 2 del capítulo VIII
del Pacto de San José, sobre "Competencia y Funciones" de
la Corte, - no pudiendo haber dudas en cuanto a su carácter
vinculante[20].
En perspectiva histórica, hay que reconocer que ha sido sabia la decisión
de los redactores del Pacto de San José de establecer una base jurídica
para el otorgamiento de dichas medidas en la propia Convención Americana,
y que han sido acertadas la interpretación y aplicación de las mismas
por la Corte Interamericana, particularmente en los últimos años,
cuando han irrumpido con mayor frecuencia y vigor las referidas medidas
provisionales, de modo a atender las crecientes demandas de protección
del ser humano en nuestra región del mundo.
14. Efectivamente,
las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana han
sido dictadas en función de las necesidades de protección, siempre
y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y
urgencia, y la prevención de daños irreparables a las personas (supra). Dichos requisitos las transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo.
Esta caracterización corresponde a su verdadero rationale en la protección internacional
de los derechos humanos. De todos modos, la Corte es, en cualesquiera
circunstancias, maestra de su
jurisdicción; como todo órgano poseedor de competencias jurisdiccionales,
retiene ella el poder inherente
para determinar el alcance de su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz / compétence de la compétence), - sea en materia
consultiva, sea en materia contenciosa, sea en relación con medidas
provisionales de protección. Las medidas provisionales de protección
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen,
en razón de su base convencional, un carácter indudablemente obligatorio[21].
15. En el
contencioso interestatal, el poder de un tribunal como la CIJ de indicar
medidas provisionales de protección en un caso pendiente de decisión
tiene por objeto preservar los
derechos respectivos de las partes, evitando un daño irreparable
a los derechos en litigio en un proceso judicial[22].
Subyacente a este razonamiento encuéntrase la búsqueda de equilibrio
entre los intereses de las partes litigantes (Estados demandante y
demandado), reflejo de la importancia tradicionalmente atribuida al
rol de la reciprocidad en el derecho internacional en general. En
todo caso, en el proceso internacional las partes litigantes tienen
el deber de acatar las medidas provisionales ordenadas o indicadas
por el tribunal internacional[23]
en cuestión, las cuales emanan de un poder o facultad inherente a
dicho tribunal.
16. Distintamente,
en el contencioso internacional de los derechos humanos, el poder
de un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
ordenar medidas provisionales de protección, como ya señalado, tiene
por objeto central salvaguardar los derechos humanos consagrados
en la Convención Americana, en casos de extrema gravedad y urgencia
y para evitar daños irreparables a las personas. Subyacente a la aplicación
de medidas provisionales de protección por la Corte Interamericana
encuéntranse consideraciones superiores de ordre
public internacional, concretadas en la protección del ser humano.
Además de su dimensión esencialmente preventiva, tales medidas también
revelan, primero, la especificidad del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, y segundo, a su vez, el impacto de este último sobre
la caracterización de aquellas medidas en el ámbito del Derecho Internacional
Público.
17. La gran
mayoría de las solicitudes de medidas provisionales han sido acatadas
por la Corte Interamericana, y las medidas respectivas han sido por
ésta ordenadas, en relación tanto con casos pendientes ante ella,
así como con casos todavía no sometidos a ella, a petición de la Comisión[24].
En muy raras ocasiones decidió la Corte no ordenar las medidas solicitadas[25].
Antes de ordenar medidas provisionales de protección, la Corte siempre
verifica si los Estados en cuestión han reconocido (bajo el artículo
62(2) de la Convención) como obligatoria su competencia en materia
contenciosa.
18. Las medidas
provisionales de protección han sido ordenadas en la práctica - en
la mayoría de los casos pero ya no más en todos (cf. infra) - sobre todo en casos implicando una amenaza inminente a la
vida o integridad personal. En varias solicitudes de dichas medidas
por parte de la Comisión en casos todavía no pendientes ante la Corte,
esta última ha estimado aplicable la presunción de que tales medidas
de protección son necesarias. La Corte, en la práctica, no ha exigido
de la Comisión una demostración sustancial (substantial
evidence) de que los hechos son verdaderos, sino más bien ha procedido
con base en la presunción razonable (prima
facie evidence) de que los hechos son verdaderos[26].
19. En la
casi totalidad de los casos, las medidas de protección fueron ordenadas
por la Corte a solicitud de la Comisión. Pero en una ocasión (resolución
de 15.01.1988, casos Velásquez
Rodríguez, Fairén Garbi
y Solís Corrales, y Godínez Cruz, relativos a Honduras) la
Corte las ordenó motu proprio.
En dos otras ocasiones (resolución del 07.04.2000, caso del Tribunal Constitucional, y resolución del 13.12.2000, caso Loayza Tamayo, ambos relativos al Perú),
su Presidente dictó medidas urgentes igualmente ex officio (por cuanto la Corte no se encontraba en sesión), por tratarse
de casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables
a las personas; en ambos casos (el primero, entonces pendiente ante
la Corte, y el segundo, ya decidido por ésta en cuanto al fondo y
a las reparaciones[27]),
las solicitudes de medidas fueron sometidas directamente por las peticionarias
al Tribunal.
20. Las referidas
medidas urgentes, por primera vez en la historia de la Corte adoptadas
ex officio por su Presidente,
fueron ratificadas por el Tribunal en pleno, tan pronto este entró
en sesión[28].
Estos episodios recientes en ambos casos (Tribunal
Constitucional y Loayza
Tamayo), que no pueden pasar desapercibidos, demuestran no sólo
la viabilidad, sino también la importancia, del acceso
directo del individuo, sin intermediarios, a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, aún más en una situación de extrema gravedad
y urgencia[29].
21. En la
gran mayoría de los casos, las medidas provisionales ordenadas por
la Corte Interamericana, o las medidas urgentes dictadas por su Presidente,
han protegido efectivamente derechos fundamentales, esencialmente
el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal (física,
psíquica y moral). Pero, tal y como me permití señalar en el Prólogo
al tomo II de esta Serie E sobre Medidas Provisionales, siendo
todos los derechos humanos interrelacionados e indivisibles, no parece
haber, jurídica y epistemológicamente, impedimento alguno a que vinieran
a amparar otros derechos humanos[30],
siempre y cuando se reunieran las precondiciones de la extrema gravedad
y urgencia, y de la prevención de daños irreparables a las personas,
consagradas en el artículo 63(2) de la Convención Americana.
22. Fue precisamente
lo que ha ocurrido durante estos doce últimos meses. En efecto, en
el período cubierto por el presente tomo III de la Serie E sobre Medidas Provisionales (julio de 2000/junio de 2001),
la Corte ha adoptado nuevas resoluciones sobre dichas medidas relativas
a trece casos[31].
Entre estas resoluciones, las adoptadas en los casos de los Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano
en la República Dominicana, de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, y del Periódico
La Nación desencadenan un nuevo desarrollo de la materia, de los
más significativos en toda la historia de la Corte.
23. En el
primero de estos tres casos, el de los Haitianos
y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana, la
Corte adoptó medidas provisionales de protección (mediante su resolución
del 18.08.2000), que tuvieron por objeto, inter
alia, proteger la vida e integridad personal de cinco individuos,
evitar la deportación o expulsión de dos de ellos, permitir el retorno
inmediato a la República Dominicana de otros dos, y la reunificación
familiar de dos de ellos con sus hijos menores, además de la investigación
de los hechos. Por medio de esta medida provisional, que representa
el embrión de un habeas corpus internacional, la Corte por primera vez extendió así
protección a nuevos derechos (en adición a los derechos fundamentales
a la vida y a la integridad personal) bajo la Convención Americana.
24. Posteriormente,
en el caso de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, la Corte en pleno ratificó las medidas
urgentes dictadas (en resolución del 09.10.2000) por su Presidente
en favor de los miembros de una "Comunidad de Paz" en Colombia;
la Corte extendió protección (mediante la resolución del 24.11.2000)
a todos los miembros de la Comunidad (innominados pero identificables)[32],
y requirió al Estado, inter
alia, que asegurase las condiciones necesarias para que las personas
de la mencionada Comunidad "que se hayan visto forzadas a desplazarse
a otras zonas del país, regresen a sus hogares"[33].
Y en el más reciente caso del Periódico
La Nación, concerniente a Costa Rica y relativo a la libertad
de expresión, la Corte en pleno, del mismo modo, ratificó las medidas
urgentes ordenadas por su Presidente (resolución del 06.04.2001),
suspendiendo la ejecución de sentencia de un tribunal nacional (resolución
sobre medidas provisionales del 21.05.2001).
25. Anteriormente,
en el caso James y Otros,
concerniente a Trinidad y Tobago y relativo a las garantías del debido
proceso legal, la Corte mantuvo su suspensión de la ejecución de sentencias
de tribunales nacionales (resoluciones de 16.08.2000 y 24.11.2000).
Al respecto, también la Corte Europea de Derechos Humanos tuvo ocasión
de dictar una medida provisional de protección de esta naturaleza
(el 30.11.1999), en el caso Ocalan versus Turquía, aún en la ausencia
de una norma convencional[34]
sobre la materia (contando más bien con la disposición reglamentaria
del artículo 36); la medida provisional dictada por la Corte Europea
ha sido acatada, hasta la fecha, por el Estado demandado. No deja
de ser sorprendente que los redactores del Protocolo n. 11 a la Convención
Europea de Derechos Humanos (en vigor a partir del 01.11.1998) hayan
perdido la oportunidad única de erigir la disposición del artículo
36 del Reglamento de la Corte[35]
en una disposición de la propia Convención Europea (enmendada por
dicho Protocolo)[36].
26. Las medidas
provisionales de protección ordenadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en los casos supracitados de los Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana
y de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó revístense de particular importancia: en
ambos casos las medidas adoptadas amplían en mucho el círculo de las
personas protegidas. En efecto, en el Prólogo al tomo II de la presente
Serie E (párr. 22), y en
un Informe a la OEA, me permití señalar, hace poco más de un año,
que más de 200 personas (peticionarios o testigos) habían sido protegidas,
hasta entonces, por las medidas ordenadas por la Corte Interamericana,
o su Presidente, representando un gran avance en el derecho procesal
de los derechos humanos[37].
27. Transcurrido
cerca de un año, el total de personas protegidas por tales medidas
provisionales ha aumentado considerablemente, alcanzando cerca de
1500 personas, lo que revela su extraordinario potencial como medidas
de salvaguardia de carácter preventivo. En dos otros Informes a la
OEA, que presenté en marzo y abril, respectivamente, de 2001, expuse
las modificaciones introducidas por el nuevo Reglamento de la Corte
(adoptado el 24 de noviembre de 2000, y en vigor a partir del 01 de
junio de 2001) en el procedimiento ante el Tribunal[38],
y en los debates que se siguieron en la OEA, en ambas ocasiones, volví
a enfatizar la creciente importancia de las medidas provisionales
de protección ordenadas por la Corte Interamericana.
28. En sus
resoluciones sobre medidas provisionales de protección, la Corte,
además de la adopción de dichas medidas, también ha requerido al Estado
que informe periódicamente sobre ellas, y a la Comisión que presente
a la Corte sus observaciones sobre los informes estatales[39].
Esto ha posibilitado a la propia Corte ejercer, además de la protección
de carácter preventivo (supra),
un monitoreo continuo del cumplimiento, por
parte de los Estados en cuestión, de las referidas medidas provisionales
de protección por ella dictadas.
29. En mi
Prólogo al tomo II de la Serie
E sobre las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana,
me permití reseñar la experiencia de la Corte en la materia, en el
anterior período de más de trece años, entre 1987 y mediados de 2000.
Observé que, mientras en la primera década de actuación en este dominio
(1987-1996), la Corte tomó resoluciones sobre medidas provisionales
en 18 casos[40],
solamente durante el año de 1997, la Corte resolvió medidas provisionales
en 11 casos más[41];
tan sólo en el curso del año de 1998, la Corte dictó resoluciones
sobre medidas provisionales en nueve casos[42],
y durante el año de 1999, la Corte volvió a resolver medidas provisionales
en ocho casos[43].
30. Se puede,
pues, constatar que las medidas provisionales han seguido siendo cada
vez más frecuentemente ordenadas por la Corte Interamericana, en un
claro síntoma de las crecientes necesidades de protección del ser
humano y de la difusión y concientización cada vez mayores de este
mecanismo de protección, de dimensión esencialmente preventiva. Algunos
de estos casos han requerido diversas actuaciones de la Corte (medidas
provisionales reiteradas o ampliadas) o de su Presidente (medidas
urgentes)[44].
Así como hubo casos (muy pocos) en que la Corte resolvió no dictar
las medidas solicitadas[45]
y casos en que la Corte las dio por concluidas o las levantó[46],
también ha habido casos en que las medidas han sido mantenidas o prolongadas
por largo tiempo[47].
31. Las medidas
provisionales ordenadas por la Corte (y las urgentes dictadas por
su Presidente) son, por definición, de carácter temporal[48];
sin embargo, si persisten en el tiempo sus prerrequisitos - los elementos
de "extrema gravedad y urgencia" y la necesidad de "evitar
daños irreparables a las personas", consagrados en el artículo
63(2) de la Convención Americana - a la Corte no le ha quedado alternativa
sino mantenerlas[49]
(y, en algunos casos, inclusive ampliarlas), por cuanto tienen primacía
los imperativos de protección del ser humano. En nada sorprende que,
en nuestra región, donde las condiciones de vulnerabilidad de los
derechos fundamentales de la persona humana se prolongan patológicamente
en el tiempo (a pesar, en algunos casos, de los esfuerzos del poder
público), las medidas provisionales de protección tengan del mismo
modo que mantenerse en el tiempo, para hacer frente a las amenazas
crónicas a aquellos derechos fundamentales.
32. Para concluir,
me permito agregar una breve consideración de orden metodológico.
El primer tomo de la Serie E
sobre las Medidas Provisionales de la Corte, siguió un orden estrictamente
cronológico, cubriendo el período que se extiende de noviembre de
1987 hasta julio de 1996. Con el sensible aumento de solicitudes de
medidas provisionales en los cuatro últimos años, el segundo tomo
de la Serie E sobre las
Medidas Provisionales de la Corte, que cubrió el período de julio
de 1996 hasta junio de 2000, siguió el orden cronológico pero ordenado
por casos, en secuencia alfabética. Este mismo criterio es seguido
en el presente tercer tomo de la Serie
E sobre las Medidas Provisionales de la Corte, que cubre el período
de julio de 2000 hasta junio de 2001. Este criterio, seguido en los
tomos II y III de la presente Serie
E, es motivado por el considerable desarrollo de la jurisprudencia
reciente de la Corte al respecto (en los cinco últimos años), y tiene
la ventaja de presentar de forma más didáctica las decisiones de la
Corte, o de su Presidente, sobre la materia, y facilitar la consulta
a las mismas.
33. El uso
más frecuente de las medidas provisionales de la Corte, y medidas
urgentes de su Presidente, es alentador, en el sentido de subrayar
la dimensión preventiva de la protección internacional de los derechos
humanos, y propiciar el fortalecimiento de este instituto procesal
de crucial importancia para la protección de los derechos fundamentales
de la persona humana. En el desarrollo continuo de tales medidas,
un papel de la mayor relevancia está naturalmente reservado a la jurisprudencia
sobre la materia; de ahí la gran utilidad de la publicación de su
sistematización, a ejemplo del presente tomo. Como lo he señalado
anteriormente, las medidas provisionales de protección constituyen
indudablemente uno de los aspectos más gratificantes de la labor en
pro de la salvaguardia internacional de los derechos fundamentales
del ser humano.
San José de Costa Rica,
28 de agosto de 2001.
Antônio
Augusto Cançado Trindade
Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
[1]. En efecto,
las medidas cautelares, del derecho procesal interno, inspiraron
las medidas provisionales que se desarrollaron posteriormente en
el ámbito del derecho procesal internacional.
[2]. Especialmente
las obras conocidas de Giuseppe Chiovenda (Istituzioni
di Diritto Processuale Civile, Napoli, 1936), Piero Calamandrei
(Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti
Cautelare, Padova, 1936), y Francesco Carnelutti (Diritto e Processo, Napoli, 1958).
[4]. Paul Gugggenheim,
"Les mesures conservatoires dans la procédure arbitrale et
judiciaire", 40 Recueil
des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1932)
pp. 649-761.
[5]. Paul Guggenheim,
Les mesures provisoires de
procédure internationale et leur influence sur le développement
du droit des gens, Paris, Libr. Rec. Sirey, 1931, pp. 174, 186,
188 y 14-15, y cf. pp. 6-7 y 61-62. Y cf. P. Guggenheim, "Les
mesures conservatoires...", op. cit. supra n. (4), pp. 758-759.
[6]. Tal como
ilustrado, v.g., por la reacción iraní a medidas provisionales indicadas
por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Anglo-Iranian Oil Company (Reino Unido versus Irán), el 05 de julio de 1951; cf. relato in: M.S. Rajan, United Nations and Domestic Jurisdiction, Bombay/Calcutta/Madras,
Orient Longmans, 1958, pp. 399 y 442 n. 2.
[7]. A.A. Cançado Trindade,
"The Domestic Jurisdiction of States in the Practice of the
United Nations and Regional Organisations", 25 International
and Comparative Law Quarterly - Londres (1976) pp. 715-765,
esp. pp. 744-751.
[8]. Cf. Jerzy Sztucki, Interim Measures in the Hague Court - An Attempt
at a Scrutiny, Deventer, Kluwer, 1983, pp. 35-60 y 270-280;
Jerome B. Elkind, Interim
Protection - A Functional Approach, The Hague, Nijhoff, 1981,
pp. 88-152; y, para aspectos jurisdiccionales, cf. Bernard H. Oxman,
"Jurisdiction and the Power to Indicate Provisional Measures",
The International Court of
Justice at a Crossroads (ed. L.F. Damrosch), Dobbs Ferry/N.Y.,
ASIL/Transnational Publs., 1987, pp. 323-354.
[9]. Por ejemplo,
las medidas provisionales indicadas (el 08.04.1993) en el caso de
la Aplicación de la Convención contra el Genocidio
(Bosnia-Herzegovina versus
Yugoslavia [Servia y Montenegro]) dejaron de ser cumplidas por el
Estado demandado y no mejoraron la situación en la región. K. Oellers-Frahm, "Anmerkungen
zur einstweiligen Anordnung des Internationalen Gerichtshofs im
Fall Bosnien-Herzegowina
gegen Jugoslawien (Serbien und Montenegro) vom
8 April 1993", 53 Zeitschrift
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1993)
pp. 638-656. - Es para mí sorprendente que se haya intentado explicar
o justificar tal incumplimiento de las medidas provisionales por
parte de Yugoslavia, la cual, si las cumpliera, estaría siendo "inconsistent
with its claim of lack of responsibility for the acts complained
of"; S. Oda, "Provisional Measures - The Practice of the
International Court of Justice", Fifty Years of the International Court of Justice
- Essays in Honour of R. Jennings (eds. V. Lowe y M. Fitzmaurice),
Cambridge, University Press/Grotius Publs., 1996, pp. 555-556. A mi juicio,
es ésta una visión inadecuadamente estatocéntrica de la materia,
lamentablemente autorizada por el interna
corporis de la CIJ. - Otros ejemplos recientes residen en las
medidas provisionales indicadas por la CIJ en los casos Breard (Paraguay versus
Estados Unidos, el 09.04.1998) y LaGrand
(Alemania versus Estados
Unidos, el 03.03.1999), que tampoco fueron cumplidas por el Estado
demandado, afectando tanto la reputación de éste último como la
autoridad de la CIJ. Ch. Tomuschat, "International
Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century",
281 Recueil des Cours de l'Académie
de Droit International de La Haye (1999) pp. 415-416.
[10]. Cf. International
Court of Justice, LaGrand
case, Press Release 2001/16-bis,
del 27.06.2001, pp. 1, 4-6 y 9-10. - Obsérvese, in
passim, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue
el primer tribunal internacional a afirmar la existencia de un derecho
individual a la información sobre la asistencia consular en el marco
de las garantías del debido proceso legal; cf. Corte Interamericana
de Derechos Humanos, El Derecho a la Información sobre la Asistencia
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal,
Opinión Consultiva n. 16 (OC-16/99), del 01.10.1999, Serie A, n.
16, pp. 3-123, paras. 1-141. Esta histórica Opinión Consultiva revela
el impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en
la evolución del propio Derecho Internacional Público, específicamente
al haber sido la Corte Interamericana el primer tribunal internacional
a advertir que el incumplimiento del artículo 36(1)(b) de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 se daba en perjuicio
no sólo de un Estado Parte sino también de los seres humanos en
cuestión (tal como también lo acaba de admitir, con posterioridad,
la CIJ, en el supracitado caso LaGrand).
[11]. Cf. Rudolf Bernhardt (ed.),
Interim Measures Indicated
by International Courts, Berlin/Heidelberg, Springer-Verlag,
1994, pp. 1-152.
[12]. Cf. E.
García de Enterría, La Batalla
por las Medidas Cautelares, 2a. ed. ampliada, Madrid, Civitas,
1995, pp. 25-385.
[13]. En el sentido
del artículo 38(1)(c) del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia; cf. Lawrence Collins, "Provisional and Protective
Measures in International Litigation", 234 Recueil
des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1992)
pp. 23, 214 y 234.
[15]. Tales medidas
no se ajustan, pues, a la abstracción - propia de la doctrina clásica
- de un "mundo jurídico" pretendidamente autosuficiente,
desvinculado de los problemas del cotidiano de los seres humanos,
de la realidad social. Todo lo contrario, revelan que el derecho
no opera en el vacuo.
[16]. R.St.J. MacDonald, "Interim
Measures in International Law, with Special Reference to the European
System for the Protection of Human Rights", 52 Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht (1993) pp. 703-740.
[18]. Para el
histórico legislativo de esta disposición, desde el primer hasta
el cuarto (y último) Reglamentos de la Corte, cf. A.A. Cançado Trindade,
"Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer Su Mecanismo de
Protección", in El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en
el Umbral del Siglo XXI, vol. II, San José de Costa Rica, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2001, pp. 21, 120 y 354.
[20]. Su cumplimiento
se impone por el propio procedimiento jurisdiccional del cual resultan;
Asdrúbal Aguiar, "Apuntes sobre las Medidas Cautelares en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos", La Corte y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, San José
de Costa Rica, Corte I.A.D.H., 1994, pp. 36-37; H. Faúndez Ledesma,
El Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales
(2a. ed. rev.), San José de Costa Rica, IIDH, 1999, pp. 416 y 377.
[21]. Tales medidas,
ordenadas por la Corte Interamericana, de carácter claramente vinculante,
no se prestan a polémicas, como las que han circundado las medidas
provisionales indicadas u otorgadas por otros tribunales internacionales;
sobre estas polémicas o incertidumbres, cf. Jo M. Pasqualucci, "Medidas
Provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una
Comparación con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea
de Derechos Humanos", 19 Revista
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1994) pp.
95-97; M.H. Mendelson, "Interim Measures of Protection in Cases
of Contested Jurisdiction", 46 British
Year Book of International Law (1972-1973) pp. 259-322.
[22]. Así lo
ha señalado la CIJ, por ejemplo, en el caso de la Jurisdicción en Materia de Pesquerías (Reino Unido versus Islandia, ICJ Reports [1972] p. 16, par. 21, y p. 34, par. 22.1972), en el caso
de los Rehenes (Personal Diplomático
y Consular de Estados Unidos) en Teherán (Estados Unidos versus Irán, ICJ Reports [1979] p. 19, par. 36), y, más recientemente, en el caso
de Nicaragua versus Estados
Unidos (ICJ Reports
(1984) pp. 179 y 182, parrs. 24 y 32), y en el supracitado caso
de la Aplicación de la Convención contra el Genocidio (Bosnia-Herzegovina
versus Yugoslavia [Servia
y Montenegro], ICJ Reports
[1993] p. 19, par. 34, y p. 342, par. 35). A éstos se agregan varios
otros casos en que la CIJ se ha pronunciado sobre la materia, "indicando"
o no las medidas provisionales solicitadas; cf., v.g., los casos
del Diferendo Fronterizo (Burkina Faso versus República de Mali, 1986); de la
Plataforma Continental del Mar Egeo (Grecia
versus Turquía, 1976);
de los Ensayos Nucleares
(Nueva Zelandia y Australia versus
Francia, 1973); del Juicio de Prisioneros de Guerra Paquistaníes
(Paquistán versus India,
1973); entre otros. Para un relato, cf. J.B. Elkind, op.
cit. supra n. (8), pp. 98-141; L. Collins, op. cit. supra n. (13), pp. 215-233; J. Sztucki, op. cit. supra n. (8), pp. 35-60 y 270-280.
[23]. De modo a no incurrir
en "contempt of court"; cf. E. Hambro, "The Binding
Character of the Provisional Measures of Protection Indicated by
the International Court of Justice", in
Rechtsfragen der Internationalen Organisation - Festschrift für
Hans Wehberg (eds. W. Schätzel y H.-J. Schlochauer), Frankfurt
a/M, 1956, pp. 152-171.
[24]. Cf., inter alia, en cuanto a estos últimos,
las medidas ordenadas por la Corte en los casos, v.g., de Bustíos-Rojas (Perú, 1990), Chunimá
(Guatemala, 1991), Reggiardo
Tolosa (Argentina, 1993), Colotenango
(Guatemala, 1994-2000), Digna
Ochoa y Plácido y Otros (México, 1999), Haitianos
y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana
(República Dominicana, 2000), Comunidad
de Paz de San José de Apartadó (Colombia, 2000), Periódico
`La Nación' (Costa Rica, 2001).
[25]. Cf., v.g.,
los casos de los Penales Peruanos
(1992), y de Chipoco (1992,
también referente al Perú).
[26]. Trátase
de un criterio que encuentra respaldo en el principio de la sumariedad
de la cognición (summaria
cognitio), en razón de la urgencia de los casos en cuestión,
- principio éste que ha sido aplicado en relación con las medidas
tanto cautelares en el derecho procesal interno como provisionales
en el derecho procesal internacional.
[27]. Y estando,
pues, el caso en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia
(en cuanto a las reparaciones).
[28]. Cf. Resoluciones
de la Corte Interamericana sobre Medidas Provisionales de Protección,
del 14 de agosto de 2000 (caso del Tribunal Constitucional), y del 03 de febrero de 2001 (caso Loayza Tamayo).
[29]. A.A. Cançado
Trindade, "El Nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (2000): La Emancipación del Ser Humano como Sujeto
del Derecho Internacional", 30/31 Revista
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2001) pp.
45-71, esp. pp. 60-61.
[30]. Cabe, al
respecto, señalar que, en el sistema europeo de protección de los
derechos humanos, por ejemplo, las medidas provisionales de protección
se han dado, en su gran mayoría, en casos de probabilidad o riesgo
de extradición o expulsión (permitiendo al peticionario quedarse
en el país en que se encuentre hasta que la Corte Europea decida
el fondo de los casos), en circunstancias que pudieran, si consumada
la extradición o expulsión, someter el individuo, en el país receptor,
a tortura o a penas o tratamientos inhumanos o degradantes (en los
términos del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos).
Cf. C.A. Norgaard y H. Krüger,
"Interim and Conservatory Measures under the European System
of Protection of Human Rights", Progress
in the Spirit of Human Rights - Festschrift für Felix Ermacora
(eds. M. Nowak, D. Steurer y H. Tretter), Kehl am Rhein, N.P. Engel,
1988, pp. 109-117; P. van Dijk y G.J.H. van Hoof et
alii, Theory and Practice
of the European Convention on Human Rights, 3a. ed., The Hague,
SIM/Kluwer, 1998, pp. 103-107 y 215; G. Cohen-Jonathan, La
Convention européenne des droits de l'homme, Paris/Aix-en-Provence,
Economica/Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1989, pp. 36-37
y 307.
[31]. A saber,
casos Álvarez, Blake, Cesti Hurtado, Clemente Teherán, Colotenango, Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, Haitianos
y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana,
Ivcher Bronstein, James y Otros, Loayza Tamayo,
Paniagua Morales, Periódico La Nación, y Tribunal Constitucional.
[32]. Según un
criterio inaugurado por la Corte en el caso Digna
Ochoa Plácido y Otros, Resolución sobre Medidas Provisionales
del 17 de noviembre de 1999 (punto resolutivo n. 2).
[35]. El artículo
36 del Reglamento A de la Corte Europea correspondía al artículo
38 de su Reglamento B (anteriores al Protocolo n. 11 a la Convención
Europea).
[36]. Lo que
podría haber puesto fin, en definitiva, a las incertidumbres sobre
la materia, suscitadas a partir de la decisión de la Corte Europea
en el caso Cruz Varas y Otros versus Suecia (del 20.03.1991);
A. Spielmann y D. Spielmann, "La Cour unique et permanente
et les mesures provisoires (La nécessité d'une réforme)", in Protection des droits de l'homme: la perspective
européenne - Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal (eds. P. Mahoney, F. Matscher,
H. Petzold y L. Wildhaber), Köln/Berlin, C. Heymanns Verlag, 2000,
pp. 1347-1358. Y cf. también, al respecto, A. Drzemczewski, "A Major Overhaul of
the European Human Rights Convention Control Mechanism: Protocol
n. 11", 6 Collected Courses
of the Academy of European Law (1995) pp. 190, y cf. p. 170.
- Obsérvese que las facultades de supervisión (presumiblemente también
de las medidas provisionales de protección ordenadas) del Comité
de Ministros fueron, sin embargo, mantenidas bajo el nuevo sistema
del Protocolo n. 11; cf., e.g., M. Scalabrino, Il Controllo sull'Applicazione della CEDU alla
Vigilia dell'Entrata in Vigore dell'XI Protocollo, Urbino/Italia,
Università degli di Urbino, 1998, pp. 68-70.
[37]. Cf. OEA,
Informe del Presidente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Antônio A. Cançado
Trindade, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos en el Marco
del Diálogo sobre el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, documento OEA/Ser.G-CP/CAJP-1627/00, de 16.03.2000,
pp. 13-14.
[38]. Cf. OEA,
Informe del Presidente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Antônio A. Cançado
Trindade, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (09
de marzo de 2001), OEA documento OEA/Ser.G/CP/CAJP-1770/01, de 16.03.2001,
pp. 06-08; OEA, Informe y Propuestas del Presidente y Relator de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Juez Antônio A. Cançado Trindade, a la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización
de los Estados Americanos en el Marco del Diálogo sobre el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Bases para
un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección (05 de abril
de 2001), OEA documento OEA/Ser.G/CP/CAJP-1781/01, de 10.04.2001,
pp. 13-19.
[39]. Cf., sobre
este punto específico, D.J. Padilla, "Provisional Measures
under the American Convention on Human Rights", Liber
Amicorum Héctor Fix-Zamudio, vol. II, San José de Costa Rica,
Corte I.A.D.H./U.E., 1998, p. 1193.
[40]. A saber,
Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Fairén Garbi y Solís Corrales, Bustíos
Rojas, Chunimá, Chipoco, Penales Peruanos, Reggiardo
Tolosa, Colotenango
[reiteradamente], Caballero
Delgado y Santana, Carpio
Nicolle [repetidamente], Blake,
Alemán Lacayo, Vogt, Suárez Rosero, Serech y Saquic, Loayza Tamayo, y Giraldo Cardona.
[41]. A saber
(algunos repetidamente), Caballero
Delgado y Santana, Giraldo
Cardona, Alemán Lacayo,
Colotenango, Blake, Álvarez y Otros, Cesti Hurtado, Carpio Nicolle,
Serech y Saquic, Vogt, y Loayza Tamayo.
[42]. A saber,
Cesti Hurtado, Álvarez y Otros, Paniagua Morales
y Otros y Vásquez y Otros, Clemente
Teherán y Otros, James
y Otros, Giraldo Cardona, Carpio Nicolle, Bámaca Velásquez,
y Colotenango.
[43]. A saber,
Clemente Teherán y Otros,
James y Otros, Caballero Delgado y Santana, Colotenango,
Cesti Hurtado, Carpio Nicolle, Giraldo Cardona,
Digna Ochoa y Plácido y Otros;
además, en el primer período ordinario de sesiones del año 2000,
la Corte volvió a adoptar otra resolución sobre medidas provisionales
de protección (caso Colotenango).
[44]. Como, por
ejemplo, - para citar las más numerosas, - los casos James y Otros (trece actuaciones), Álvarez y Otros (dieciseis), Colotenango
(once), Carpio Nicolle
(nueve), Giraldo Cardona (siete), entre otros.
[46]. V.g., Alemán Lacayo, Vogt, Serech y Saquic, Paniagua Morales y Otros y Vásquez y Otros,
Suárez Rosero, Loayza Tamayo, Cesti Hurtado,
Ivcher Bronstein, Tribunal
Constitucional.
[47]. V.g., Colotenango, 1994-2001; Carpio Nicolle, 1995-2000; Caballero Delgado y Santana, 1994-1999;
Álvarez y Otros, 1997-2001; Blake, 1995-2000; Giraldo Cardona, desde 1996; entre otros.
[48]. Tanto es
así que varias de ellas han sido, posteriormente, levantadas por
la Corte; cf., inter alia,
las medidas en los casos de Alemán
Lacayo (Nicaragua, 1996, levantadas en 1997), Vogt
(Guatemala, 1996, levantadas en 1997), Serech
y Saquic (Guatemala, 1996, levantadas en 1997), Cesti Hurtado (Perú, 1997, levantadas en 2000).
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