En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

 

 Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;

 Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

 Hernán Salgado Pesantes, Juez;

 Oliver Jackman, Juez;

 Sergio García Ramírez, Juez, y Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez;

 presentes, además, Manuel E. Ventura Robles, Secretario, y

 Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Adjunto;

 

de acuerdo con los artículos 29, 55 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) [1] , dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

 

I.                    Introducción de la Causa párrs. 1-11

II.                 Competencia de la Corte párrs. 12-20

III.               Procedimiento ante la Comisión párrs. 21-25

IV.              Medidas Provisionales párrs. 26-33

V.                 Procedimiento ante la Corte párrs. 34-59

VI.              Hechos expuestos párr. 60

VII.            Prueba párrs. 61-83

a)      Prueba documental párrs. 70-76

b)      Prueba pericial párr. 77

c)      Valoración de la Prueba párrs. 78-83

VIII.         Hechos probados párr. 84

IX.              Violación del artículo 4.1 y 4.2 en relación con los

artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana

(Pena de Muerte Obligatoria)    párrs. 85-118

X.                 Violación de los artículos 7.5, 8 y 25 en relación con los

artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana (Derecho al

Plazo Razonable, Garantías Judiciales y Protección Judicial)   párrs. 119-152

XI.              Violación del artículo 5.1 y 5.2 en relación con el artículo 1.1

de la Convención Americana (Condiciones de Detención)  párrs. 153-172

XII.            Violación de los artículos 4.6 y 8 en relación con el

artículo 1.1 de la Convención Americana

(Amnistía, Indulto o Conmutación de la Pena)  párrs. 173-189

XIII.         Violación del artículo 4 de la Convención Americana

(Incumplimiento de las Medidas Provisionales ordenadas por

la Corte respecto de Joey Ramiah, Caso No. 12.129)     párrs. 190-200

XIV. Reparaciones (Aplicación del artículo 63.1 de la

Convención Americana)   párrs. 201-222

XV. Puntos Resolutivos  párr. 223

 

 

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

 

1. El presente Caso es producto de la acumulación de los Casos Hilaire, Constantine y otros y Benjamin y otros [2] , que fueron sometidos separadamente a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) en contra del Estado de Trinidad y Tobago (en adelante “el Estado” o “Trinidad y Tobago”) el 25 de mayo de 1999, 22 de febrero de 2000 y 5 de octubre de 2000, respectivamente.

 

2. Las demandas de la Comisión tienen su origen en las denuncias número 11.816 (Haniff Hilaire), 11.787 (George Constantine), 11.814 (Wenceslaus James), 11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 11.853 (Keiron Thomas), 11.855 (Anthony Garcia), 12.005 (Wilson Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.043 (Samuel Winchester), 12.052 (Martin Reid), 12.072 (Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.076 (Wayne Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah), 12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard), 12.141 (Steve Mungroo), 12.148 (Peter Benjamin), 12.149 (Krishendath Seepersad), 12.151 (Allan Phillip), 12.152 (Narine Sooklal), 12.153 (Amir Mowlah), 12.156 (Mervyn Parris) y 12.157 (Francis Mansingh), recibidas en su Secretaría entre julio de 1997 y mayo de 1999.

 

3. La Corte expone a continuación de manera esquemática los planteamientos formulados por la Comisión en sus demandas en relación con los derechos de la Convención Americana supuestamente violados a cada una de las presuntas víctimas:

 

 

4. En sus alegatos finales la Comisión Interamericana agrupó los argumentos de sus demandas en seis temas principales, que se relacionan con los procesos penales de todas o de algunas de las supuestas víctimas, como resultado de su condena por el delito de homicidio intencional en Trinidad y Tobago [3] . Dichos temas son: la “naturaleza obligatoria de la pena de muerte”; el proceso para otorgar la amnistía, el perdón o la conmutación de la pena en Trinidad y Tobago; las demoras en los procesos penales de algunas de las supuestas víctimas; las deficiencias en el tratamiento y condiciones de detención de ciertas presuntas víctimas; las violaciones al debido proceso previo al juicio, durante éste y en la etapa de apelación y, finalmente, la falta de disponibilidad de asistencia letrada para que algunas supuestas víctimas tuvieran acceso a recursos internos tendientes a alegar la violación de sus derechos.

 

5.  La Comisión solicitó asimismo, en sus alegatos finales, que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado de Trinidad y Tobago en virtud de lo siguiente:

 

a)      la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 8.1, en relación con la violación del artículo 1.1, todos de la Convención Americana, por condenar a las supuestas víctimas [4] a una “pena de muerte obligatoria”;

 

b)      la violación de los derechos de Joey Ramiah (Caso No. 12.129) protegidos por los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con la violación del artículo 1.1 de la misma, al ejecutar a Joey Ramiah en aplicación de la “pena de muerte obligatoria” y estando su petición de obtener la protección de sus derechos, pendiente ante el sistema interamericano de derechos humanos;

 

c)      la violación del artículo 4.6, en relación con el artículo 1.1, ambos de la Convención, por no respetar de manera efectiva el derecho de las 32 presuntas víctimas [5] a solicitar la amnistía, el perdón o la conmutación de la pena;

 

d)      la violación de los derechos a ser procesados en un período de tiempo razonable y a un juicio justo, establecidos en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, debido a las demoras en los procesos penales en el caso de veinticuatro de las supuestas víctimas; [6]

 

e)      la violación de los derechos de veintitrés de las supuestas víctimas ^[7] , establecidos en los artículos 25, 2 y 1.1 de la Convención, por no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que hubieren sido necesarias para dar efecto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, protegido en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención;

 

f)       la violación de los derechos protegidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en razón del tratamiento y las condiciones de detención a los que fueron sometidas veintiuna de las presuntas víctimas [8] durante sus procesos penales;

 

g)      la violación del derecho de Francis Mansingh (Caso No. 12.157) a estar separado, en su condición de procesado, de los condenados, de acuerdo con los artículos 5.4 y 1.1 de la Convención, así como del derecho de Krishendath Seepersad (Caso No. 12.149) y Haniff Hilaire (Caso No. 11.816) a que la pena a que fueron sometidos tuviera como finalidad su reforma y readaptación social, de acuerdo con los artículos 5.6 y 1.1, ambos de la Convención;

 

h)      la violación de los derechos de Martin Reid (Caso No. 12.052) protegidos por los artículos 8.1, 8.2(c) y 1.1, así como los de Peter Benjamin (Caso No. 12.148) establecidos en los artículos 8.1 y 1.1, todos de la Convención, debido a los defectos relativos a la falta de imparcialidad en la tramitación de los juicios que llevaron a sus condenas;

 

i)        la violación de los derechos de Keiron Thomas (Caso No. 11.853) y Narine Sooklal (Caso No. 12.152) establecidos en el artículo 8.1 y 8.2, en relación con la violación del artículo 1.1, todos de la Convención, basada en errores cometidos en la etapa previa al juicio y en los procesos de apelación, y

 

j)        la violación de los derechos de once de las supuestas víctimas [9] establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por no proporcionarles asistencia letrada efectiva para presentar acciones constitucionales de protección de sus derechos.

 

6.  En su escrito de alegatos finales sobre el fondo y las eventuales reparaciones, la Comisión reiteró la solicitud de que se declarara la responsabilidad internacional del Estado por las presuntas violaciones de que trata el párrafo anterior y solicitó que se ordenaran como “otras formas de reparación” las siguientes:

 

                    i.            que Trinidad y Tobago conmute la pena de muerte de veintiocho de las supuestas víctimas [10] y verifique que la pena de muerte dictada contra Wayne Matthews (Caso No. 12.076) haya sido efectivamente conmutada, de conformidad con el compromiso adquirido por el propio Estado;

 

                  ii.            que Trinidad y Tobago otorgue a Martin Reid (Caso No. 12.052) y a Peter Benjamin (Caso No. 12.148), medios efectivos para remitir sus casos ante la Corte de Apelaciones, con el fin de que sean considerados por esta última con plena aplicación de las garantías del debido proceso;

 

                iii.            que Trinidad y Tobago proporcione una compensación adecuada a los familiares de Joey Ramiah (Caso No. 12.129) por razón de haber sido éste ejecutado el 4 de junio de 1999;

 

                iv.            que el Estado adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar el respeto de las garantías de la Convención en la imposición de la pena de muerte; el derecho a solicitar efectivamente la amnistía, el perdón o la conmutación de la pena; el respeto de los estándares mínimos de tratamiento humano de los prisioneros; el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; el derecho a las garantías propias de un juicio justo y el derecho a la protección judicial, y

 

                  v.            que Trinidad y Tobago pague una compensación razonable a los representantes de las supuestas víctimas (en adelante “los representantes de las presuntas víctimas” o “los representantes”) por los gastos generados con ocasión de la presentación y tramitación del caso ante la Corte Interamericana.

 

7. Finalmente, tanto en su demanda como en su escrito sobre alegatos finales, la Comisión solicitó que se condenara al Estado a pagar las costas del proceso. 

 

Representantes de las supuestas víctimas

 

8. En su escrito de alegatos finales los representantes de las supuestas víctimas alegaron que el Estado no ha respetado los derechos y libertades de aquellas personas incluidas en el presente Caso y que están reconocidos por la Convención Americana. En términos generales, los aludidos representantes adujeron violaciones relacionadas con las siguientes materias: a) “pena de muerte obligatoria”; b) clasificación en grados de culpabilidad penal; c) individualización de las penas; d) proceso de conmutación de la pena o clemencia; e) demora en la tramitación de los procesos; f) condiciones de detención y g) garantías del debido proceso.

 

9. Los representantes informaron, además, que estaban de acuerdo con los alegatos presentados por la Comisión en sus demandas y solicitaron que en el caso de Joey Ramiah (supra párr. 5.b), la Corte declare que ha habido una grave violación a sus derechos y ordene una compensación justa y apropiada a sus familiares.

 

10. En cuanto a eventuales reparaciones, la solicitud principal de los representantes de las supuestas víctimas es la conmutación de las penas de muerte por la naturaleza “obligatoria” de su imposición y/o por la naturaleza “obligatoria” de su imposición junto con otras violaciones a la Convención Americana, tales como la demora del Estado en llevar a aquellas presuntas víctimas a juicio y las “pésimas” condiciones de detención, previas y posteriores a sus condenas, a que las ha sometido.

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