2000 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
I. ORIGEN, ESTRUCTURA
Y COMPETENCIAS DE LA CORTE
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante la Corte, la Corte Interamericana o el Tribunal)
fue establecida como consecuencia de haber entrado en vigor, el 18
de julio de 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
Pacto de San José, Costa Rica (en adelante la Convención o la
Convención Americana), al ser depositado el undécimo instrumento
de ratificación por un Estado Miembro de la Organización de los Estados
Americanos (en adelante la OEA o la Organización).
La Convención fue adoptada en la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada del 7 al 22 de noviembre
de 1969 en San José, Costa Rica.
Los dos órganos
de protección de los derechos humanos previstos por el artículo 33
de la Convención Americana son la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante la Comisión o la Comisión Interamericana)
y la Corte. Ambos órganos tienen la función de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Convención.
El Estatuto de la Corte (en adelante el Estatuto) dispone que ésta es
una institución judicial autónoma que tiene su sede en San José, Costa
Rica, cuyo propósito es el de aplicar e interpretar la Convención.
La Corte está
integrada por siete Jueces, nacionales de los Estados Miembros de
la OEA. Actúan a título personal
y son elegidos entre juristas de la más alta autoridad moral, de
reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan
las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones
judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del
Estado que los proponga como candidatos (artículo 52 de la Convención).
Conforme al artículo 8 del Estatuto, el Secretario General
de la OEA solicita a los Estados Partes en la Convención (en adelante
Estados Partes) que presenten una lista con los nombres de sus candidatos
para Jueces de la Corte. De
acuerdo con el artículo 53.2 de la Convención, cada Estado Parte puede
proponer hasta tres candidatos.
Los Jueces
son elegidos por los Estados Partes para cumplir un mandato de seis
años. La elección se realiza en secreto y por mayoría
absoluta de votos durante la sesión de la Asamblea General de la OEA
inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los Jueces
salientes. Las vacantes en la Corte causadas por muerte,
incapacidad permanente, renuncia o remoción serán llenadas, en lo
posible, en el siguiente período de sesiones de la Asamblea General
de la OEA (artículo 6.1 y 6.2 del Estatuto).
Los Jueces
que terminan su mandato siguen conociendo de los casos a que ya se
hubieren abocado y que se encuentren en estado de Sentencia (artículo
54.3 de la Convención).
Si fuere necesario
para preservar el quórum de la Corte, los Estados Partes en la Convención
podrán nombrar uno o más Jueces interinos (artículo 6.3 del Estatuto).
El juez que sea nacional de alguno de los Estados que sean partes
en un caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del
caso. Si uno de los Jueces llamados a conocer de un caso fuera de
la nacionalidad de uno de los Estados que sean partes en el caso,
otro Estado Parte en el mismo caso podrá designar a una persona para
que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. Si entre los Jueces llamados a
conocer del caso ninguno fuera de la nacionalidad de los Estados Partes
en el mismo, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc (artículo 10.1, 10.2 y 10. 3 del Estatuto).
Los Estados
son representados en los procesos ante la Corte por agentes designados
por ellos (artículo 21 del Reglamento).
Los Jueces
están a disposición de la Corte, la cual celebra cada año los períodos
ordinarios de sesiones que sean necesarios para el cabal ejercicio
de sus funciones. También pueden celebrar sesiones extraordinarias,
convocadas por el Presidente de la Corte (en adelante el Presidente)
o por solicitud de la mayoría de los Jueces. Aunque no existe el requisito
de residencia para los Jueces en la sede de la Corte, el Presidente
debe prestar permanentemente sus servicios (artículo 16 del Estatuto).
El Presidente
y el Vicepresidente son elegidos por los Jueces para un período de
dos años y pueden ser reelegidos (artículo 12 del Estatuto).
Existe una
Comisión Permanente de la Corte (en adelante la Comisión Permanente)
integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los otros Jueces
que el Presidente considere conveniente de acuerdo con las necesidades
del Tribunal. La Corte puede nombrar otras comisiones para tratar
temas específicos (artículo 6 del Reglamento).
La Secretaría
funciona bajo la dirección de un Secretario, elegido por la Corte
(artículo 14 del Estatuto).
Durante el año
2000, la composición de la Corte fue la siguiente en orden de precedencia:
Antônio A. Cançado Trindade (Brasil),
Presidente
Máximo Pacheco Gómez (Chile), Vicepresidente
Hernán Salgado Pesantes (Ecuador)
Oliver Jackman (Barbados)
Alirio Abreu Burelli (Venezuela)
Sergio García Ramírez (México) y
Carlos Vicente de Roux Rengifo (Colombia).
El Secretario
de la Corte es Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica) y el Secretario
Adjunto Renzo Pomi (Uruguay).
Asimismo,
los Estados demandados han ejercitado el derecho de nombrar un Juez
ad hoc en seis casos que penden actualmente
ante la Corte (Artículo 55 de la Convención). La nómina de Jueces ad hoc, así como los casos para los cuales han sido nombrados, es
la siguiente:
|
Edgar E. Larraondo Salguero (Guatemala) |
Caso Paniagua Morales y otros |
|
Fernando Vidal Ramírez
(Perú) |
Casos Cantoral Benavides
y Durand y Ugarte |
|
Alejandro Montiel Argüello
(Nicaragua) |
Caso Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni |
|
Julio Barberis (Argentina) |
Caso Las Palmeras |
|
Charles N. Brower (Estados
Unidos) |
Caso Trujillo
Oroza |
De acuerdo
con la Convención, la Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva.
La primera se refiere a la resolución de casos en que se ha alegado
que uno de los Estados Partes ha violado la Convención y la segunda
a la facultad que tienen los Estados Miembros de la Organización de
consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención
o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados Americanos. También podrán consultarla, en
lo que les compete, los órganos de la OEA señalados en su Carta.
1. La competencia
contenciosa de la Corte
El artículo 62 de la Convención, que
establece la competencia contenciosa de la Corte, dice lo siguiente:
1. Todo
Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento
posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho
y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos
los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General
de la Organización, quien trasmitirá copias de la misma a los otros
Estados Miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.
3. La
Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención
que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial,
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.
Como los Estados
Partes pueden aceptar la competencia contenciosa de la Corte en cualquier
momento, es posible invitar a un Estado a hacerlo para un caso concreto.
De acuerdo
con el artículo 61.1 de la Convención [s]ólo los Estados Partes y
la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
El artículo
63.1 de la Convención incluye la siguiente disposición concerniente
a los fallos de la Corte:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización
a la parte lesionada.
El inciso
2 del artículo 68 de la Convención dispone que [l]a parte del fallo
que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo
país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de Sentencias
contra el Estado.
El artículo 63.2 de la Convención señala
que:
En
casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar
daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté
conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos
a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.
El fallo emitido por la Corte es definitivo
e inapelable. Sin embargo,
en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte
lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que
dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de
la fecha de la notificación del fallo (artículo 67 de la Convención). Los Estados Partes se comprometen a cumplir
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes (artículo
68 de la Convención).
La Corte somete
a la Asamblea General en cada período ordinario de sesiones un informe
sobre su labor, en el cual [d]e manera especial y con las recomendaciones
pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento
a sus fallos (artículo 65 de la Convención).
2. La competencia
consultiva de la Corte
El artículo
64 de la Convención dice textualmente:
1. Los
Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca
de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes
a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les
compete, los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires.
2. La
Corte, a solicitud de un estado miembro de la Organización, podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus
leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
El derecho
de solicitar una opinión consultiva no se limita a los Estados Partes
en la Convención; todo Estado Miembro de la OEA tiene capacidad de
solicitarla.
Igualmente, la competencia consultiva
de la Corte fortalece la capacidad de la Organización para resolver
los asuntos que surjan por la aplicación de la Convención, ya que
permite a los órganos de la OEA consultar a la Corte, en lo que les
compete.
3. Reconocimiento
de la competencia contenciosa de la Corte
Veintiún Estados
Partes han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Ellos son: Costa Rica, Perú[1],
Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala,
Suriname, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador,
Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados.
El estado
de ratificaciones y adhesiones de la Convención se encuentra al final
de este informe (Anexo LXI).
El artículo
72 de la Convención dispone que la Corte elaborará su propio proyecto
de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General,
por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle
modificaciones. De acuerdo con el artículo 26 de su Estatuto, la
Corte administra su propio presupuesto.
F. RELACIONES
CON OTROS ORGANISMOS REGIONALES DE LA MISMA ÍNDOLE
La Corte está
ligada por estrechos lazos institucionales con la Comisión. Estos
lazos se han fortalecido por reuniones que, por recomendación de la
Asamblea General, deben llevar a cabo sus miembros (infra
III). La Corte mantiene también estrechas relaciones con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, creado mediante convenio entre
el Gobierno de Costa Rica y la Corte, que entró en vigor el 17 de
noviembre de 1980. El Instituto es una entidad internacional autónoma,
de naturaleza académica, dedicada a la educación, investigación y
promoción de los derechos humanos con un enfoque interdisciplinario
y global. Además, la Corte mantiene relaciones institucionales con
la Corte Europea de Derechos Humanos, establecida por el Consejo de
Europa con funciones similares a las de la Corte Interamericana.
II. ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y CONSULTIVAS
DE LA CORTE
A. XLVII PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE
Del 24 de enero al 4 de febrero de 2000, la Corte celebró su XLVII Período
Ordinario de Sesiones en su sede en San José, Costa Rica. La composición de la Corte fue la siguiente:
Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Presidente; Máximo Pacheco Gómez
(Chile), Vicepresidente; Hernán Salgado Pesantes, (Ecuador); Oliver
Jackman, (Barbados); Alirio Abreu Burelli, (Venezuela); Sergio García
Ramírez, (México) y Carlos Vicente de Roux Rengifo, (Colombia).
En lo pertinente, participaron también los Jueces ad hoc, señores Charles N. Brower, nombrado por Bolivia para el caso
Trujillo Oroza; Julio Barberis, nombrado por Colombia para el caso
Las Palmeras y Alejandro Montiel Argüello nombrado por Nicaragua para
el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Estuvieron también presentes el Secretario de
la Corte, Manuel E. Ventura Robles y el Secretario Adjunto, Renzo
Pomi. Durante este período de sesiones se conocieron
los siguientes asuntos:
1. Caso Cesti Hurtado
(Perú):
Resolución del Presidente de 17 de enero de 2000. El 17 de enero de 2000, el Presidente de
la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo I) mediante la cual decidió [m]antener la audiencia pública a celebrarse
el 25 de enero de 2000, a partir de las 10:00 horas, en la sede de
la Corte Interamericana, para conocer los puntos de vista del Estado
y de la Comisión Interamericana sobre la demanda de interpretación
de la Sentencia de fondo interpuesta por el Estado en el caso Cesti
Hurtado, luego de que el Perú solicitara a la Corte la suspensión
de la misma.
Esta audiencia
pública se celebró el 25 de enero de 2000 a las 10:00 a.m., en la
sede de la Corte Interamericana, sobre la solicitud de interpretación
de la Sentencia de fondo de 29 de septiembre de 1999, interpuesta
por el Estado peruano el día 13 de octubre de 1999, en relación con
el sentido y alcances de dicha Sentencia. Estuvieron presentes los
representantes de la Comisión Interamericana y del Perú.
Interpretación de la Sentencia de Fondo. El 29 de enero
de 2000, la Corte dictó la Sentencia de interpretación de la Sentencia
de fondo (artículo 67 de la Convención) (Anexo
II), en la que decidió, por unanimidad: 1. Que la demanda de interpretación
de la Sentencia de 29 de septiembre de 1999 en el caso Cesti Hurtado
interpuesta por Perú, es admisible únicamente en lo que se refiere
a los puntos primero, segundo, tercero y cuarto de la misma. 2. Que los puntos resolutivos 1 y 8 de la Sentencia de 29 de septiembre
de 1999, mediante los cuales la Corte Interamericana ordenó al Estado
dar cumplimiento a la Resolución dictada por la Sala Especializada
de Derecho Público de Lima de 12 de febrero de 1997 y anular tal proceso,
así como todos los efectos que de él se derivan, tiene carácter obligatorio
y, por lo tanto, deben ser cumplidos de inmediato, sin que ello impida
que las autoridades competentes adopten decisiones acerca de la responsabilidad
penal del señor Cesti Hurtado con respecto a los hechos ilícitos que
se le atribuyen. 3. Que el
punto resolutivo 8 de la Sentencia de 29 de septiembre de 1999, mediante
el cual la Corte ordenó la anulación del proceso seguido contra el
señor Cesti Hurtado, implica la invalidación de todas las consecuencias
jurídicas de éste, incluyendo, entre otras, la invalidación de los
embargos decretados sobre sus bienes. 4. Que no resulta procedente para la Corte
Interamericana pronunciarse respecto a la aplicabilidad de sus fallos
en hipotéticas situaciones futuras, y que, para los efectos de este
caso, quedó clara y debidamente establecido por la Corte en su Sentencia
de 29 de septiembre de 1999, la idoneidad del recurso de hábeas corpus
como vía procesal para definir si la detención del señor Cesti Hurtado
tenía el carácter de arbitraria.
2. Caso Trujillo Oroza
(Bolivia): Fase de Excepciones Preliminares. Durante este período de sesiones, la Corte
deliberó acerca del escrito del Estado de 21 de enero de 2000, mediante
el cual retiró las excepciones preliminares interpuestas y solicitó
a la Corte que abriera la etapa de reparaciones.
Como resultado de dichas deliberaciones, el 25 de enero de
2000, la Corte dictó una Resolución (Anexo
III) en la cual decidió tener por retiradas las excepciones preliminares
interpuestas por el Estado de Bolivia y continuar con la tramitación
del fondo del caso.
Fase de Fondo.
El 25 de enero de 2000 la Corte celebró una audiencia pública con el
propósito de considerar el escrito del Estado de 21 de enero de 2000. En dicha audiencia, Bolivia reconoció los hechos y la responsabilidad internacional en
el presente caso y aceptó las consecuencias jurídicas que se derivan
de dichos hechos, y la Comisión Interamericana manifestó su satisfacción
por la actitud asumida por el Estado. En razón de lo anterior, el
26 de enero de 2000, mediante Sentencia (Anexo
IV), la Corte decidió admitir la aceptación
de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad efectuados por
el Estado; declarar, conforme a los términos del reconocimiento de
responsabilidad por parte del Estado y de lo solicitado por la Comisión
en su escrito de demanda, que éste violó, en perjuicio del señor José
Carlos Trujillo Oroza y de sus familiares, los derechos protegidos
por los artículos 1.1, 3, 4, 5.1, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana;
abrir el procedimiento sobre reparaciones y comisionar al Presidente
para que adopte las medidas correspondientes.
Fase de Reparaciones.
El 27 de enero de 2000 el Presidente de la Corte emitió una Resolución
(Anexo V) mediante la cual
otorgó a las partes un plazo de 60 días para la presentación de los
argumentos y pruebas de que dispusieran para la determinación de las
reparaciones en el presente caso.
3. Caso Villagrán Morales
y otros (Caso de los Niños de la Calle) (Guatemala): Fase de Reparaciones. El 20 de enero de 2000, el Presidente
emitió una Resolución sobre
la etapa de reparaciones en este caso (Anexo VI), mediante la cual otorgó plazo a los familiares de las víctimas o, en
su caso, a sus representantes legales, a la Comisión Interamericana
y a Guatemala, para la presentación de las argumentaciones y las pruebas
de que dispusieran para la determinación de las reparaciones y costas.
4. Caso Baena Ricardo
y otros (Panamá): Fase de Fondo. Los días 26, 27 y 28 de enero de 2000 la Corte
celebró una audiencia pública sobre el fondo en este caso y escuchó
a los testigos y peritos propuestos por las partes, los cuales declararon
sobre el conocimiento que tenían de los hechos de la demanda. Asimismo, la Corte escuchó los alegatos orales finales de la Comisión
Interamericana y del Estado de Panamá.
5. Caso Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni
(Nicaragua): Fase de Excepciones
Preliminares. El 1 de
febrero de 2000, la Corte Interamericana dictó la Sentencia de excepciones
preliminares en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
(Anexo VII), en la que decidió, por unanimidad: 1. Desestimar la excepción
preliminar de no agotamiento de los recursos internos interpuesta
por el Estado de Nicaragua y, 2.
Continuar con el conocimiento del presente caso. El Juez Montiel Argüello hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente,
el cual acompaña a la Sentencia.
6. Caso Colotenango (Guatemala):
Medidas Provisionales. Mediante Resolución de 2 de febrero de
2000 (Anexo VIII) la Corte
decidió ampliar las medidas adoptadas en el caso Colotenango para
proteger a la señora Viviana Rucux Quilá.
En la misma Resolución se solicitó al Estado que informara,
con carácter urgente, las medidas específicas que adoptará para dar
cumplimiento a las medidas provisionales y que incluyera datos sobre
la investigación y sanción de los responsables de los hechos del caso,
así como de las supuestas amenazas de que fueron objeto las señoras
Francisca Sales Martín, Natividad Pérez, María García Domingo y los
señores Alberto Godínez, Marcos, Juan y Ramiro Godínez Pérez, Alfonso
Morales Jiménez y Arturo Federico Méndez Ortiz. Asimismo, requirió
a Guatemala incluir en su próximo informe mención detallada de las
medidas de protección brindadas a las señoras Patricia Ispanel Medinilla
y Fermina López Castro y a los señores Gonzalo Godínez López, Arturo
Federico Méndez Ortiz y Juan Mendoza.
7. Caso Las Palmeras (Colombia):
Fase de Excepciones Preliminares. Mediante
Sentencia de 4 de febrero de 2000 (Anexo
IX), la Corte desestimó la primera, cuarta y quinta excepciones
preliminares interpuestas por el Estado colombiano en este caso; admitió
la segunda y la tercera excepciones presentadas por dicho Estado y
decidió continuar con el conocimiento del caso.
Los Jueces Cançado Trindade y García Ramírez hicieron conocer
a la Corte sus respectivos Votos Razonados y el Juez Jackman su Voto
Parcialmente Disidente, los cuales acompañan a la Sentencia.
En relación
con este caso, el 14 de septiembre de 2000 el Presidente emitió una
Resolución (Anexo X), mediante la cual ordenó citar oportunamente a tres testigos ofrecidos
por la Comisión. El mismo
día el Presidente emitió otra Resolución (Anexo
XI), mediante la cual ordenó la práctica de las exhumaciones de
los cuerpos de las personas identificadas como N/N Moisés y Hernán
Lizcano Jacanamejoy, para lo cual designó a los peritos Darío Olmo
y Silvana Turner, con la presencia de un funcionario de la Corte,
del agente del Estado y de los delegados de la Comisión o de las personas
que estos últimos designen.
Por su parte,
el 11 de noviembre de 2000 el Presidente emitió una Resolución (Anexo XII), mediante la cual amplió el plazo para la realización de las
exhumaciones hasta tanto se conozca el lugar exacto donde se encuentran
enterrados los cadáveres de las personas antes mencionadas y requirió
a la Comisión y al Estado que brinden a la Corte información acerca
del mismo.
La Corte consideró
diversos temas administrativos así como los trámites en los asuntos
que penden ante ella. Asimismo,
consideró los informes presentados por los Estados sobre los cuales
ha adoptado medidas provisionales y las observaciones que a éstos
presentó la Comisión Interamericana,
y dictó aquellas resoluciones que consideró pertinentes al
respecto. También la Corte revisó y aprobó su Informe Anual de 1999, el cual
fue sometido a la consideración de la Asamblea General de la OEA durante
su XXX Período Ordinario de
Sesiones (infra III.H).
B. XLVIII PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE
Del 7 al 18
de agosto de 2000, la Corte Interamericana celebró su XLVIII Período
Ordinario de Sesiones en su sede en San José, Costa Rica. La composición de la Corte fue la siguiente: Antônio A. Cançado
Trindade (Brasil), Presidente; Máximo Pacheco Gómez (Chile), Vicepresidente;
Hernán Salgado Pesantes (Ecuador); Oliver Jackman (Barbados); Alirio
Abreu Burelli (Venezuela), Sergio García Ramírez (México) y Carlos
Vicente de Roux Rengifo (Colombia).
En lo pertinente participaron también los Jueces ad
hoc, señores Edgar Larraondo
Salguero, nombrado por Guatemala para el caso Paniagua
Morales y otros, y Fernando Vidal Ramírez, nombrado por Perú para
los casos Cantoral Benavides y Durand y Ugarte.
Estuvieron también presentes, el Secretario de la Corte señor
Manuel E. Ventura Robles y el Secretario Adjunto, señor Renzo Pomi. Durante este período de sesiones se consideraron
los siguientes asuntos:
1. Caso de haitianos y dominicanos de origen
haitiano en la República Dominicana: Medidas Provisionales. El 7 de agosto de 2000 la Corte
dictó una Resolución (Anexo
XIII) en relación con el ofrecimiento de dos peritos propuestos
por la Comisión Interamericana y objetados por la República Dominicana,
quienes declararían en la audiencia pública de 8 de agosto de 2000
sobre la situación de las personas haitianas y dominicanas de origen
haitiano en la República Dominicana, respecto de la solicitud de la
Comisión de medidas provisionales sometida a la Corte el 30 de mayo
de 2000 a favor de dichas personas.
La Corte decidió citar al Padre Pedro Ruquoy y a la señora
Solange Pierre para que rindieran declaración testimonial en la referida
audiencia pública. El 8 de
agosto de 2000, a partir de las 10:00 horas, la Corte celebró la mencionada
audiencia pública para recibir las declaraciones testimoniales y para
escuchar los puntos de vista de la Comisión Interamericana y de la
República Dominicana sobre dichos hechos y circunstancias.
El 18 de agosto de 2000 la Corte dictó una Resolución (Anexo XIV), mediante la cual decidió
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que adopte, sin dilación,
cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad
personal de Benito Tide Méndez, Antonio Sension, Andrea Alezy, Janty
Fils-Aime y William Medina Ferreras.
Asimismo, requirió a la Comisión Interamericana que informe
detalladamente a la Corte, a más tardar el 31 de agosto de 2000, acerca
de la situación actual de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim,
en relación con las afirmaciones divergentes de las partes sobre estas
dos personas.
También resolvió [r]equerir al Estado de la República Dominicana que
se abstenga de deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide
Méndez y Antonio Sension; que permita el retorno inmediato a su territorio
de Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras y, a la mayor brevedad,
la reunificación familiar de Antonio Sension y Andrea Alezy con sus
hijos menores en la República Dominicana; que colabore con Antonio
Sension para obtener información sobre el paradero de sus familiares
en Haití o en la República Dominicana. Asimismo, que en el marco de los convenios
de cooperación pertinentes entre la República Dominicana y Haití,
investigue la situación de Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras
bajo la supervisión de la Comisión Interamericana para agilizar los
resultados de dichas investigaciones; y que continúe dando seguimiento
a las investigaciones iniciadas por sus autoridades en relación a
Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez Charles, Antonio Sension, Andrea
Alezy y Berson Gelim. Además dispuso que dicho Estado debía adoptar,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida
e integridad personal del Padre Pedro Ruquoy y de la señora Solange
Pierre, testigos en la audiencia pública de 8 de agosto de 2000.
Por otra parte, requirió al Estado de la República Dominicana y a la Comisión
Interamericana que suministren a la Corte información detallada sobre
la situación de los miembros de las comunidades o bateyes fronterizos
que puedan estar sujetos a repatriaciones forzadas, deportaciones
o expulsiones. Y, finalmente,
que la República Dominicana informe a la Corte, cada dos meses a partir
de la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas provisionales
que haya adoptado en cumplimiento de la misma.
De la misma manera, que la Comisión Interamericana presente
sus observaciones a los informes del Estado dentro de un plazo de
seis semanas a partir de su recepción.
El Juez Cançado Trindade presentó su Voto Concurrente, el que
acompañó a la Resolución de la Corte.
2. Caso Cesti Hurtado
(Perú): Fase de Reparaciones. El 10 de agosto de 2000, a partir de las 10:00
horas, la Corte celebró en su sede una audiencia pública sobre las
reparaciones en este caso. La
Corte escuchó los argumentos del representante de la víctima, de la
Comisión Interamericana y del Estado del Perú sobre las indemnizaciones
y gastos, como consecuencia de que, el 29 de septiembre de 1999, la
Corte dictó Sentencia sobre el fondo de este caso y resolvió, por
unanimidad, que el Estado peruano está obligado a pagar una justa
indemnización al señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado y a resarcirle
los gastos en que hubiera incurrido en las gestiones relacionadas
en el presente proceso.
3. Caso Hilaire (Trinidad
y Tobago): Fase de Excepciones Preliminares. El 10 de
agosto de 2000, a partir de las 16:00 horas, la Corte celebró en su
sede una audiencia pública sobre la excepción preliminar interpuesta
por el Estado de Trinidad y Tobago.
Dicha excepción, refutada por la Comisión Interamericana, se
fundamenta en la falta de competencia del Tribunal para conocer del
presente caso debido a una reserva hecha por Trinidad y Tobago en
el momento de reconocer la competencia contenciosa de la Corte, según
la cual dicho reconocimiento se hacía sólo en la medida en que el
mismo fuera compatible con la Constitución del Estado.
4. Caso Álvarez y otros
(Colombia): Medidas Provisionales. El 10 de agosto de 2000, la Corte dictó una
Resolución (Anexo XV) mediante la cual decidió mantener las medidas
provisionales adoptadas en este caso en favor de miembros de la Asociación
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia, y ratificar
la Resolución de su Presidente de 17 de julio de 2000 (Anexo XVI), en la cual amplió dichas medidas para proteger el derecho
a la vida e integridad personal de los miembros de dicha Asociación
de la seccional de Barrancabermeja, señoras Luz Elsia Almanza, Hilda
Rosario Jiménez, Ramón Rangel, Robinson Amador, Yamel López, Emely
Pérez, Yolanda Salamanca, Rosa Tulia Bolaños, Rocío Campos y Alexánder
Rodríguez.
5. Caso Paniagua Morales y otros (Guatemala): Fase de Reparaciones. Los días 11 y 12 de agosto de 2000, a partir de las 10:00 horas, la Corte celebró en su sede una audiencia pública sobre las reparaciones en este caso. En la misma, la Corte escuchó los puntos de vista de los familiares de las víctimas, de la Comisión Interamericana y del Estado de Guatemala, sobre las indemnizaciones y gastos, así como las declaraciones de los testigos y peritos, todo ello como consecuencia de que, el 8 de marzo de 1998, la Corte dictó Sentencia sobre el fondo en la que resolvió, por unanimidad, que el Estado de Guatemala está obligado a reparar las consecuencias de las violaciones declaradas y a pagar una justa indemnización a las víctimas, y en su caso, a sus familiares.
6. Caso Clemente Teherán y otros (Colombia): Medidas Provisionales. La Corte estudió los informes presentados por el Estado de Colombia y la Comisión Interamericana sobre las medidas provisionales adoptadas por la Corte en este caso y el 12 de agosto de 2000 emitió una Resolución (Anexo XVII), en la que resolvió requerir al Estado de Colombia que mantenga todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los señores Rosember Clemente Teherán y las demás personas protegidas, en estricto cumplimiento de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos que tiene contraída de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Asimismo, requirió al Estado que continúe investigando los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de obtener resultados eficaces que lleven a descubrir a los responsables y sancionarlos.
Además, la Corte requirió a la Comisión Interamericana que le presentara información detallada respecto del estado de las medidas provisionales y de la situación de todas las personas protegidas, una vez que estableciera contacto con ellas.
Finalmente, resolvió requerir al Estado de Colombia que continuara presentando cada dos meses sus informes sobre las medidas provisionales tomadas, y a la Comisión Interamericana que presentara sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
7. Caso Cesti Hurtado (Perú): Medidas Provisionales. El 14 de agosto de 2000 la Corte dictó una Resolución (Anexo XVIII), por la cual levantó y dio por concluidas las medidas provisionales ordenadas por la Corte en sus Resoluciones de 11 de septiembre de 1997 y 3 de junio de 1999 a favor del señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado y de las señoras Carmen Judith Cardó Guarderas y Margarita del Carmen Cesti Cardó y del señor Gustavo Cesti Cardó. En dicha Resolución, la Corte consideró que, conforme a las manifestaciones del Estado peruano y de la Comisión Interamericana, las circunstancias de extrema gravedad y urgencia que habían motivado la adopción de medidas provisionales ya no existían, hecho que se demostró con la puesta en libertad del señor Cesti Hurtado y por el hecho de que tanto su seguridad como la de sus familiares ya no parecían estar en riesgo.
8.
Caso del Tribunal Constitucional
(Perú): Medidas
Provisionales. El Presidente de la Corte, con fundamento en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
25.4 de su Reglamento, después de haber consultado a todos los Jueces
de la Corte, había resuelto, por Resolución de 7 de abril de 2000,
[r]equerir al Estado que adopt[ara] sin dilación cuantas medidas
[fueran] necesarias para asegurar eficazmente la integridad física,
psíquica y moral de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur, peticionaria
en el caso del Tribunal Constitucional en conocimiento de esta Corte,
con el objeto de que puedan tener los efectos pertinentes las medidas
provisionales que en su caso resuelva ordenar la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Anexo
XIX).
El 14 de agosto
de 2000 la Corte dictó una Resolución (Anexo XX) mediante la cual decidió ratificar la Resolución de su
Presidente de 7 de abril de 2000 y, por consiguiente, requerir al
Estado [de Perú] que adopte las medidas necesarias para proteger la
integridad física, psíquica y moral de la señora Delia Revoredo Marsano
de Mur, a fin de evitarle daños irreparables.
9. Caso James y otros (Trinidad y Tobago): Medidas Provisionales. El 16 de agosto de 2000 la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo XXI) por la cual decidió ordenar a Trinidad y Tobago mantener las medidas provisionales ordenadas por la Corte el 14 de junio de 1998, el 29 de agosto de 1998, el 25 de mayo de 1999, el 27 de mayo de 1999 y el 25 de septiembre de 1999, a favor de Wenceslaus James y otros, para no interrumpir el trámite de sus casos ante el sistema interamericano. Además, requirió a Trinidad y Tobago que sometiera información al Tribunal, a más tardar el 31 de agosto de 2000, sobre las circunstancias que llevaron a la ejecución de Joey Ramiah, para que la Corte pudiera considerar dicha información e incluirla en su próximo informe a la Asamblea General de la OEA.
Asimismo,
requirió a la Comisión Interamericana que presentara, a más tardar
el 31 de agosto de 2000, información detallada sobre el estado de
los casos de Anderson Noel, Christopher Bethel, Kevin Dial, Andrew
Dottin y Anthony Johnson.
También exhortó
al Estado que presentara cada dos meses informes sobre el estado de
las apelaciones y ejecuciones programadas de las personas protegidas
y requirió a la Comisión Interamericana que envíe sus observaciones
sobre dichos informes a la Corte dentro de un plazo de seis semanas
contados a partir de su recibo.
Por último, exhortó a Trinidad y Tobago y a la Comisión Interamericana que informaran inmediatamente a la Corte sobre cualquier desarrollo pertinente relativo a las situaciones de Wenceslaus James y las demás personas protegidas por estas medidas provisionales.
10. Caso Durand y Ugarte
(Perú): Fase de Fondo. Durante este período de sesiones, la Corte deliberó y, el 16 de agosto de 2000, dictó Sentencia
sobre el fondo (Anexo XXII)
mediante la que decidió, por unanimidad, declara[r] que el Estado
violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte
Rivera, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Asimismo, por seis
votos contra uno decidió, declara[r] que no se ha[bía] comprobado
que el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera, el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Por unanimidad, la Corte declaró que
el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera, los artículos 7.1, 7.5, 7.6 y 25.1 de la Convención
Americana.
También por unanimidad, declaró que el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, así como de sus familiares, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, y que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos de la Sentencia. Asimismo, decidió que el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables, y que el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones y abrir la etapa de reparaciones, a cuyo efecto comisionó a su Presidente para que oportunamente adopte las medidas que fuesen necesarias.
El Juez de
Roux Rengifo hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente
y el Juez Vidal Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado,
los cuales acompañan a la Sentencia.
Posteriormente al período de sesiones, el 13 de septiembre
de 2000, el Presidente emitió una Resolución sobre la etapa de reparaciones
en este caso (Anexo XXIII), mediante la cual otorgó plazo
a los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus familiares,
a la Comisión y al Perú, para la presentación de las argumentaciones
y las pruebas de que dispongan para la determinación de las reparaciones
y costas.
11. Caso Cantoral Benavides
(Perú): Fase de Fondo.
Durante este período de sesiones la Corte dictó, el 18 de agosto de
2000, Sentencia sobre el
fondo en este caso. Mediante
dicha Sentencia (Anexo XXIV) declaró, por unanimidad,
que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides,
los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.c),
8.2.d), 8.2.f), 8.2.g) y 8.3 de la Convención Americana.
También declaró, por siete votos contra uno,
que el Estado violó el artículo 8.5 y el artículo 9 de la Convención
Americana.
Asimismo declaró, por unanimidad, que el Estado
violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos
7.6 y 25.1 de la Convención, y que ha incumplido las obligaciones
generales de los artículos 1.1 y 2 de dicha Convención en conexión
con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos
resolutivos de la presente Sentencia.
De la misma manera, la Corte declaró que el
Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los
artículos 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura. Por último, por unanimidad, decidió que el Estado
debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables
de las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho referencia
en la Sentencia y sancionarlos; que el Estado debe reparar los daños
causados por las violaciones, y la Corte ordenó abrir la etapa de
reparaciones, a cuyo efecto comisionó a su Presidente para que oportunamente
adopte las medidas que fuesen necesarias. El Juez Vidal Ramírez hizo conocer a la Corte
su Voto Razonado y Parcialmente Disidente, el cual acompaña a la Sentencia.
Por su parte, el 13 de septiembre de 2000,
el Presidente emitió una Resolución sobre la etapa de reparaciones
en este caso (Anexo XXV), mediante la cual otorgó plazo a la víctima o, en su caso, a
sus representantes o familiares, a la Comisión y al Estado, para la
presentación de las argumentaciones y las pruebas de que dispongan
para la determinación de las reparaciones y costas.
12. Caso Blake (Guatemala):
Medidas Provisionales. La Corte estudió los informes
presentados por el Estado de Guatemala y la Comisión Interamericana
sobre las medidas provisionales adoptadas por la Corte en este caso
y, el 18 de agosto de 2000, emitió una Resolución (Anexo
XXVI) en la que resolvió requerir al Estado de Guatemala que
mantenga todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad
personal de Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina
López Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López
y Sylvia Patricia Martínez López [
, y] que informe a la Corte sobre
las medidas que haya tomado para investigar las amenazas que hayan
sufrido dichas personas, de conformidad con la nota de Secretaría
al respecto, con la finalidad de obtener resultados eficaces que lleven
a descubrir a los responsables y sancionarlos. Finalmente, requirió al Estado de Guatemala
que continúe presentando cada seis meses sus informes sobre las medidas
provisionales adoptadas, y a la Comisión Interamericana que presente
sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas
a partir de su recepción.
13. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua): Fase de Fondo. El 18 de agosto de 2000 la Corte emitió una Resolución (Anexo XXVII) en la que requirió al Estado de Nicaragua que, a más tardar el 15 de septiembre de 2000, sometiera a la Corte los fundamentos que motivaron la propuesta extemporánea de testigos y peritos en su escrito de 7 de abril de 2000, y que precisara cuáles de dichas personas fueron ofrecidas para rendir declaraciones en calidad de testigos y cuáles en calidad de peritos.
14. Otros asuntos
La Corte Interamericana
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron,
el 7 de agosto de 2000, una actividad conjunta en la cual se presentó,
para todo Centroamérica, el Informe
sobre Desarrollo Humano del año 2000 (infra III.P). Por su parte, el 18 de agosto de 2000 se firmó, en la sede de la
Corte, un Convenio de Cooperación entre la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (infra III.R). Además, la Corte consideró diversos temas administrativos
así como de trámite en asuntos que penden ante ella.
C. XXIV PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE
Del 12 al 15 de
noviembre de 2000, la Corte Interamericana celebró, en su sede, su
XXIV Período Extraordinario de Sesiones. La composición de la Corte
fue la siguiente: Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Presidente;
Máximo Pacheco Gómez (Chile), Vicepresidente; Hernán Salgado Pesantes
(Ecuador); Oliver Jackman (Barbados); Alirio Abreu Burelli (Venezuela),
Sergio García Ramírez (México) y Carlos Vicente de Roux Rengifo (Colombia).
Durante este período de sesiones, la Corte conoció los siguientes
asuntos:
1. Caso Bámaca Velásquez
(Guatemala): Fase
de Fondo. Durante este período extraordinario de sesiones,
la Corte deliberó sobre el fondo del caso Bámaca Velásquez y el 25
de noviembre de 2000, durante su XLIX Período Ordinario de Sesiones,
el Tribunal dictó Sentencia sobre el fondo en dicho caso (infra. D.10) y (Anexo XLIV). Los Jueces Cançado Trindade, Salgado Pesantes,
García Ramírez y de Roux Rengifo hicieron conocer a la Corte sus Votos
Razonados, los cuales acompañan a esta sentencia.
2. Caso Álvarez y otros
(Colombia): Medidas Provisionales.
El 12 de
noviembre de 2000 la Corte dictó una Resolución (Anexo XXVIII) mediante la cual decidió mantener las medidas provisionales
adoptadas en este caso en favor de miembros de la Asociación de Familiares
de Detenidos-Desaparecidos de Colombia, y ratificar la Resolución
de su Presidente de 11 de octubre de 2000 (Anexo
XXIX), en la cual amplió
dichas medidas para proteger el derecho a la vida e integridad personal
de los miembros de dicha Asociación, señores Ángel Quintero, Claudia
Patricia Monsalve, Marta Soto, Silvia Quintero, Gloria Herney Galíndez,
Gladys Ávila y Rocío Bautista. Asimismo, mediante dicha Resolución
solicitó al Estado que investigara los hechos demandados por la Comisión
que dieron origen a la adopción de las presentes medidas, y que determinara,
en particular, el paradero de los señores Ángel Quintero y Claudia
Patricia Monsalve y que identificara y sancionara a los responsables
de dichos actos.
3. Caso de haitianos y
dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana:
Medidas Provisionales. El 12 de
noviembre de 2000 la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo XXX) mediante la cual decidió ratificar
la Resolución del Presidente de la Corte de 14 de septiembre de 2000
(Anexo XXXI) y, por consiguiente, requerir
al Estado de la República Dominicana que adoptara, sin dilación, cuantas
medidas fueran necesarias para proteger la vida e integridad personal
de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim; que se abstuviera de deportar
o expulsar de su territorio a Rafaelito Pérez Charles; que permitiera
el retorno inmediato a su territorio de Berson Gelim, inclusive para
hacer posible, de este modo, que se reuniera con su hijo; que continuara
dando seguimiento a las investigaciones ya iniciadas por sus autoridades
competentes en relación con Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim;
y que, en sus informes sobre las medidas provisionales ordenadas por
la Corte en su Resolución de 18 de agosto de 2000 (Anexo
XIV), informara también sobre las medidas provisionales que hubiera
adoptado en cumplimiento de la presente Resolución.
Asimismo, requirió a la Comisión Interamericana que presentara
sus observaciones a los informes del Estado dentro de un plazo de
seis semanas a partir de su recepción.
El Juez Cançado Trindade presentó su Voto Concurrente, el que
acompañó a la Resolución de la Corte.
El día 12 de noviembre de 2000, ante
una nota remitida al Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado
Trindade, por la Secretaria de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, señora Rosario
Green Macías (Anexo XXXII), relativa a la inminente
ejecución en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, del ciudadano
mexicano Miguel Ángel Flores Rangel, el Presidente del Tribunal envió
una nota de respuesta por la cual manifestó su preocupación con respecto
al tema, el que está estrechamente vinculado a la Opinión Consultiva
No.16 emitida por la Corte relativa a El Derecho a la Información
sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal (Anexo XXXIII).
El mismo día, en nota dirigida al Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, señor César
Gaviria Trujillo, la Corte en pleno se manifestó sobre aspectos relativos
a casos tramitados ante este Tribunal referentes al Estado de Perú
(Anexo XXXIV). En particular, la Corte hizo notar al Secretario
General que el Perú había procedido a devolver, el 24 de agosto de
2000, la demanda presentada por la Comisión en el caso Barrios Altos,
actitud inadmisible para el Tribunal. La Corte también se refirió
a comunicaciones de dicho Estado relativas al cumplimiento de los
casos Neira Alegría y otros y Cesti Hurtado, así como al hecho de
que el Perú seguía sin dar cumplimiento a las Sentencias emitidas
en los casos Castillo Páez, Loayza Tamayo y Castillo Petruzzi y otros.
Por la honda preocupación que esta situación genera en el Tribunal,
se solicitó al Secretario General que someta a la mayor brevedad la
mencionada comunicación al Consejo Permanente y a la Asamblea General
de la Organización.
D. XLIX PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE
Del 16 al
25 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana celebró, en su sede,
su XLIX Período Ordinario de Sesiones. La composición de la Corte
fue la siguiente: Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Presidente;
Máximo Pacheco Gómez (Chile), Vicepresidente; Hernán Salgado Pesantes
(Ecuador); Oliver Jackman (Barbados); Alirio Abreu Burelli (Venezuela),
Sergio García Ramírez (México) y Carlos Vicente de Roux Rengifo (Colombia).
En lo pertinente participó también el Juez ad
hoc, Alejandro Montiel Argüello nombrado por Nicaragua para el
caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.
Durante el período de sesiones la Corte conoció los siguientes
asuntos:
1. Caso Comunidad
de Paz de San José de Apartadó (Colombia): Medidas Provisionales. El 16 de noviembre
de 2000, a partir de las 8:30 horas, se celebró una audiencia pública
con el propósito de escuchar los puntos de vista de la Comisión Interamericana
y del Estado de Colombia sobre los hechos y circunstancias que motivaron
la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión el
3 de octubre de 2000 a favor de los habitantes de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó.
El 24 de noviembre de 2000
la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo XXXVI) mediante la cual decidió ratificar la Resolución del
Presidente de la Corte de 9 de octubre de 2000 (infra F.3) y (Anexo XLVI)
por la cual se requería al Estado de Colombia que adoptara las medidas
que fueran necesarias para proteger la vida e integridad personal
de 189 miembros de la mencionada Comunidad. Además decidió
requerir al Estado de Colombia que adopte, sin dilación, las
medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal
de todos los demás miembros de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, que investigue los hechos que motivaron la adopción de estas
medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables
e imponerles las sanciones correspondientes, y que informe sobre la
situación de las personas indicadas anteriormente. Asimismo, ordenó al Estado que adopte, sin
dilación, cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las personas
beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su
residencia habitual, y que asegure las condiciones necesarias para
que las personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que
se hayan visto forzadas a desplazarse a otras zonas del país, regresen
a sus hogares.
También requirió al Estado de Colombia que dé participación a los peticionarios
en la planificación e implementación de las medidas y que, en general,
los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por
la Corte, así como que informe al Tribunal cada dos meses a partir
de la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas provisionales
que haya adoptado en cumplimiento de la misma.
Finalmente requirió a la Comisión Interamericana que
presente sus observaciones a los informes del Estado de Colombia dentro
de un plazo de seis semanas a partir de su recepción. Los Jueces Abreu
Burelli y García Ramírez hicieron conocer a la Corte su Voto Razonado
Concurrente, el cual acompaña a la Resolución.
2. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
(Nicaragua): Fase de Fondo. Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2000 la
Corte celebró, en su sede, una audiencia pública sobre el fondo en
este caso, con el propósito de escuchar a los testigos y peritos propuestos
por las partes, los cuales declararon sobre el conocimiento que tenían
de los hechos de la demanda y otros temas relacionados.
3. Caso Ivcher
Bronstein (Perú): Fase de Fondo. Los días 20 y 21 de noviembre
de 2000, la Corte celebró, en su sede, una audiencia pública sobre
el fondo en este caso, con el propósito de escuchar a los testigos
y peritos propuestos por la Comisión, los cuales declararon sobre
el conocimiento que tenían de los hechos de la demanda y otros temas
relacionados. Además, el 21 de noviembre de 2000 la Corte
dictó una Resolución (Anexo
XXXVII) por la cual adoptó medidas provisionales en el presente
caso. En dicha Resolución decidió requerir al Estado del Perú que
adoptara, sin dilación, cuantas medidas fueran necesarias para proteger
la integridad física, psíquica y moral y el derecho a las garantías
judiciales del señor Baruch Ivcher Bronstein, su esposa, Noemí Even
de Ivcher, y sus hijas, Dafna Ivcher Even, Michal Ivcher Even, Tal
Ivcher Even y Hadaz Ivcher Even. De la misma manera, decidió requerir
al Estado que adoptara, sin dilación, cuantas medidas fueran necesarias
para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho
a las garantías judiciales de Rosario Lam Torres, Julio Sotelo Casanova,
José Arrieta Matos, Emilio Rodríguez Larraín y Fernando Viaña Villa. Asimismo, requirió al Perú que informe a la
Corte, a más tardar el 5 de diciembre de 2000, sobre las medidas provisionales
que hubiera adoptado en cumplimiento de la presente Resolución, y
que, a partir de entonces, continuara presentando sus informes cada
dos meses.
De igual manera, decidió requerir a la Comisión Interamericana que presentara
sus observaciones a los informes del Estado del Perú dentro de un
plazo de seis semanas a partir de su recepción.
Por su parte,
el 23 de noviembre de 2000 la Corte dictó una segunda Resolución (Anexo XXXVIII), mediante la cual decidió
requerir al Estado del Perú que adoptara, sin dilación, cuantas medidas
fueran necesarias para proteger la integridad física, psíquica y moral
y el derecho a las garantías judiciales de los señores Menachem Ivcher
Bronstein y Róger González. Además,
requirió al Estado que, en su primer informe sobre las medidas provisionales
ordenadas por la Corte el 21 de noviembre de 2000, informara también
sobre las providencias urgentes que hubiera adoptado en cumplimiento
de la presente Resolución, y que, a partir de entonces, continuara
presentando sus informes cada dos meses.
Por último, decidió requerir a la Comisión Interamericana que presentara
sus observaciones a los informes del Estado del Perú dentro de un
plazo de seis semanas a partir de su recepción.
4. Caso del
Tribunal Constitucional (Perú): Fase de
Fondo. El 22 de noviembre
de 2000, a partir de las 9:00 horas, la Corte celebró en su sede una
audiencia pública sobre el fondo en este caso.
En la misma, la Corte escuchó a la testigo y los peritos propuestos
por la Comisión, los cuales declararon sobre el conocimiento que tenían
de los hechos de la demanda. Asimismo,
la Corte escuchó los alegatos orales finales de la Comisión Interamericana.
5. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los
Niños de la Calle (Guatemala): Reparaciones.
El 15 de noviembre de 2000
la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo XXXIX) en la cual decidió:
requerir al Estado que remita a la Corte toda la información
que disponga sobre el lugar actual de residencia o de trabajo o de
cualquier otro lugar donde puedan ser encontrados los familiares de
Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josúe Juárez Cifuentes.
Adicionalmente, decidió requerir al Estado que ponga en conocimiento
de las personas referidas que se encuentren bajo su jurisdicción,
a través de medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión),
que la Corte ha dictado Sentencia de fondo en el caso Villagrán Morales
y otros (caso de los Niños de la Calle) y que es necesario que se
comuniquen con el Tribunal en el plazo más breve.
También decidió instruir a la Secretaría de la Corte con el fin de que,
tan pronto como reciba las direcciones y datos de localización de
las víctimas y sus familiares en este caso, les notifique la Sentencia
de fondo y cualquier otra información necesaria para cumplir con los
artículos 23 y 57 del Reglamento de la Corte.
6. Caso El Amparo (Venezuela): Supervisión de cumplimiento de sentencia. El 20 de noviembre de 2000 la Corte dictó una
Resolución (Anexo XL) mediante
la cual instó al Estado de Venezuela y a la Comisión Interamericana
para que lleguen a un acuerdo sobre los siguientes aspectos de cumplimiento
de la Sentencia de reparaciones respecto de los cuales existe controversia:
tipo de cambio utilizado para el cálculo de los pagos realizados;
validez de los finiquitos suscritos por algunos de los beneficiarios;
pago de intereses por la supuesta mora; y reparaciones no pecuniarias,
en particular las implicaciones, en materia de cumplimiento, del fallo
emitido en la jurisdicción interna por la Corte Marcial ad
hoc. Asimismo, dispuso que, a más tardar el 1 de
junio de 2001, el Estado de Venezuela y la Comisión Interamericana
deben presentar al Tribunal un informe final sobre los aspectos de
cumplimiento en controversia.
7. Caso Garrido y Baigorria (Argentina): Supervisión de cumplimiento de sentencia. El 20 de noviembre de 2000 la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo XLI) en la cual requirió a la Argentina que, a más tardar el 29 de enero de 2001, presente al Tribunal un informe final sobre las gestiones que ha llevado a cabo para cumplir con los aspectos de la Sentencia sobre reparaciones emitida el 27 de agosto de 1998 que aún se encuentran pendientes de cumplimiento.
8. Caso del Caracazo (Venezuela): Reparaciones. El 21 de noviembre de 2000
la Corte Interamericana dictó una Resolución (Anexo XLII) en la cual requirió al Estado de Venezuela que remita
a la Corte toda la información que disponga sobre el lugar actual
de residencia o de trabajo o de cualquier otro lugar donde puedan
ser encontrados los familiares de Héctor Ortega Zapata, Boris Eduardo
Bolívar Marcano, Jesús Alberto Cartaya, Héctor Lugo Cabriles, Elsa
Ramírez Caminero, Sabas Reyes Gómez, Alís Flores Torres, Abelardo
Antonio Pérez y Jesús Rafael Villalobos. Adicionalmente, requirió al Estado que ponga
en conocimiento de las personas referidas que se encuentren bajo su
jurisdicción, a través de medios de comunicación masiva (prensa, radio
y televisión), que la Corte ha dictado Sentencia de fondo en el caso
del Caracazo y que es necesario que se comuniquen con la Corte en
el plazo más breve.
Por otra parte, instruyó a la Secretaría de la Corte con el fin de que,
tan pronto como reciba las direcciones y datos de localización de
las víctimas y sus familiares en este caso, les notifique la Sentencia
de fondo y cualquier otra información necesaria para cumplir con los
artículos 23 y 57 del Reglamento de la Corte.
9. Caso James y otros (Trinidad y
Tobago): Medidas Provisionales. Mediante Resolución de 24 de noviembre
de 2000 (Anexo XLIII) la
Corte decidió mantener las medidas provisionales ordenadas en las
Resoluciones de 14 de junio de 1998, de 29 de agosto de 1998, de 25
de mayo de 1999, de 27 de mayo de 1999, de 25 de septiembre de 1999
y de 16 de agosto de 2000 (Anexo XXI) y requerir al Estado de Trinidad
y Tobago que presentara, a más tardar el 15 de febrero de 2001, información
detallada sobre la tramitación de los casos de Anderson Noel, Christopher
Bethel, Kevin Dial, Andrew Dottin y Anthony Johnson en la jurisdicción
interna. También requirió
al Estado presentar, a más tardar el 15 de febrero de 2001, información
relacionada con los casos de todos los beneficiarios de las medidas
para que la Corte considerara si el Estado ha cumplido con sus resoluciones
y pueda incluir dicha información en su próximo informe a la Asamblea
General de la OEA.
La Corte también requirió al Estado que continuara informando cada dos
meses acerca de las apelaciones y ejecuciones programadas con respecto
a las personas protegidas; solicitó a la Comisión Interamericana que
presentara sus observaciones a dichos informes en un plazo de seis
semanas a partir de su recepción y, por último, requirió a ambas partes
informar a la Corte sobre cualquier evento significativo en los casos
de las personas protegidas por las medidas provisionales.
10. Caso Bámaca
Velásquez (Guatemala): Fase
de Fondo. El 25 de noviembre
de 2000 la Corte dictó Sentencia sobre el fondo en este caso (Anexo XLIV) y decidió, por unanimidad, que el Estado violó, en perjuicio
de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la libertad personal consagrado
en el artículo 7 de la Convención Americana, y el derecho a la vida
consagrado en el artículo 4 de la misma. Asimismo, decidió que el
Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, así como de
Jennifer Harbury, José de León Bámaca Hernández, Egidia Gebia Bámaca
Velásquez y Josefina Bámaca Velásquez, el derecho a la integridad
personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana
y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial
consagrado en los artículos 8 y 25 de la misma Convención.
También declaró que el Estado no violó, en perjuicio de Efraín Bámaca
Velásquez, el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica
consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana.
Además, declaró que el Estado incumplió las obligaciones generales del
artículo 1.1 de la Convención Americana en conexión con las violaciones
de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos de
la Sentencia, e incumplió, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez,
la obligación de prevenir y sancionar la tortura en los términos de
los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura.
Finalmente, decidió que el Estado debe
ordenar una investigación para determinar las personas responsables
de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia
en la Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de
dicha investigación y sancionar a los responsables, y reparar los
daños causados por las violaciones señaladas en los puntos resolutivos
1 a 7, a cuyo efecto comisionó al Presidente para que oportunamente
disponga la apertura de la etapa de reparaciones.
Los Jueces Cançado Trindade, Salgado
Pesantes, García Ramírez y de Roux Rengifo hicieron conocer a la Corte
sus Votos Razonados, los cuales acompañan a la sentencia.
11. Reforma del Reglamento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Durante este período de sesiones, al considerar
que la emisión de las Sentencias y Opiniones Consultivas requiere
una evaluación constante de los procedimientos establecidos en su
Reglamento, la Corte dictó el 24 de noviembre de 2000 una Resolución
por medio de la cual aprobó un nuevo Reglamento, con el propósito
de adecuar las normas que rigen los procedimientos a una real y efectiva
garantía de los derechos humanos. Este Reglamento entrará en vigor el 1 de junio
de 2001 (Anexo XLV).
El día 22 de noviembre de 2000, organizada por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Corte,
en la sede de esta última se celebró una mesa redonda sobre derechos
humanos, refugiados y movilidad humana.
Entre los invitados a dicho evento se contaron los miembros
del Cuerpo Diplomático y de las comunidades universitarias.
El día 24 de noviembre de 2000 (Anexo
XXXV) la Corte en pleno remitió una nota al Secretario General
de la OEA, señor César Gaviria Trujillo, por medio de la cual le informó
que el Estado peruano, además de no haber contestado las demandas
en los casos Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional, tampoco
había comparecido a las audiencias públicas celebradas sobre el fondo
de dichos casos durante los días 20 a 22 de noviembre de 2000 (supra
C.4) y (Anexo XXXIV). Además,
solicitó al Secretario General que trasmitiera dicha nota al Consejo
Permanente y a la Asamblea General de la Organización.
E. SOMETIMIENTO
DE NUEVOS CASOS CONTENCIOSOS
Durante el año 2000 fueron sometidos a consideración de la Corte los siguientes
casos:
1. Caso
Constantine y otros contra Trinidad y Tobago
La demanda
en este caso, interpuesta por la Comisión Interamericana el 22 de
febrero de 2000, se refiere a la supuesta violación, por parte de
la República de Trinidad y Tobago, de los artículos 4 (Derecho a la
Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantías Judiciales) y
25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con
los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma,
como resultado de los arrestos, detenciones, juicios, acusaciones
y condenas a muerte de 24 personas en 23 casos diligenciados en Trinidad
y Tobago, conforme a una ley que hace obligatoria la imposición de
la pena de muerte para todas las personas declaradas culpables de
homicidio intencional. La Comisión también solicitó a la Corte, basada
en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la reparación de las
consecuencias de las violaciones a los derechos objeto de su demanda.
2.
Caso Barrios Altos
contra el Perú
La demanda en
este caso, interpuesta por la Comisión Interamericana el 8 de junio
de 2000, se refiere a la supuesta violación, por parte de la República
del Perú, de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías
Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 13 (Libertad de Pensamiento
y Expresión) de la Convención Americana, en relación con los artículos
1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones
de Derecho Interno) de la misma, como resultado de los sucesos acaecidos
durante la noche del 3 de noviembre de 1991, cuando supuestamente
un comando militar ejecutó a quince personas e hirió a otras cuatro,
así como resultado de la adopción de dos leyes de amnistía en favor
de los inculpados por los hechos.
3.
Caso Benjamin y otros
contra Trinidad y Tobago
La demanda en el caso fue interpuesta por la Comisión
Interamericana el 5 de octubre de 2000 y se refiere al arresto, detención,
juicio, acusación y condena a muerte de los señores Peter Benjamin,
Krishendath Seepersad, Francis Mansingh, Allan Phillip, Narine Sooklal,
Amir Mohlaw y Mervyn Parris, conforme a una ley que hace obligatoria
la imposición de la pena de muerte para todas las personas condenadas
por homicidio intencional en Trinidad y Tobago.
En su demanda, la Comisión considera que la República de Trinidad
y Tobago violó, en perjuicio de las alegadas víctimas los derechos
consagrados en la Convención Americana, en particular las disposiciones
contenidas en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías
Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en relación con los artículos
1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar las
Disposiciones de Derecho Interno) de la misma Convención.
F. SOMETIMIENTO
DE NUEVAS SOLICITUDES DE MEDIDAS PROVISIONALES
1. Medidas provisionales
en el caso del Tribunal Constitucional - Perú
El 3 de abril
de 2000 la señora Delia Revoredo Marsano de Mur presentó a la Corte
una solicitud de medidas provisionales en el caso del Tribunal Constitucional,
en trámite ante la misma. Estas medidas se solicitaron en su favor
y en el de su esposo, Jaime Mur Campoverde.
Los hechos
que fundamentan la solicitud tuvieron inicio en la época en que la
señora Revoredo Marsano formaba parte del Tribunal Constitucional
del Perú que conoció la acción de inconstitucionalidad planteada contra
la ley No. 26.657 o Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112
de la Constitución, la que declararon inaplicable. Durante ese período,
los magistrados de dicho Tribunal, incluida la señora Revoredo, sufrieron
presiones tales como ofertas, amenazas y hostigamientos. Además,
en ese mismo período, tanto ella como su marido padecieron ataques
contra sus bienes e interceptación telefónica.
Luego de la
destitución de la señora Revoredo Marsano a causa de la mencionada
declaración de inaplicabilidad, el matrimonio Mur Revoredo salió al
exilio. A su regreso al Perú se registraron otros actos dirigidos
en su contra, tales como la reapertura de procesos judicales que pretendían,
por una parte, privarle de su libertad y de sus bienes y, por otra,
impedir a la señora Revoredo Marsano su restitución al Tribunal Constitucional.
Estos hechos motivaron que, el 7 de abril de 2000, el Presidente de la
Corte emitiera una Resolución por la cual ordenaba al Estado peruano
que adoptara sin dilación cuantas medidas sean necesarias para asegurar
eficazmente la integridad física, psíquica y moral de la señora Delia
Revoredo Marsano de Mur. El
14 de agosto de 2000 la Corte ratificó la Resolución de su Presidente (supra II.B.8) y (Anexos XIX y XX).
La Comisión presentó a la Corte una solicitud de medidas provisionales
a favor de personas integrantes de una categoría: la de haitianos y dominicanos de origen haitiano sujetos a la jurisdicción
de la República Dominicana. Según
la Comisión, los hechos que fundamentan su solicitud son los siguientes:
que las víctimas son objeto
de deportaciones y expulsiones colectivas de la República Dominicana,
sin un procedimiento legal que permita identificar adecuadamente su
nacionalidad, su estatus migratorio o sus vínculos familiares.
Son separadas sin noticia alguna de sus familias, no se les
permite llevar sus pertenencias ni salarios ganados y, en muchos casos,
sus hijos quedan en estado de abandono.
Alrededor de 20.000 individuos fueron expulsados o deportados
durante noviembre de 1999. Luego
de esto, el número de expulsiones ha disminuido, pero aún persiste.
Cuatro serían los grupos afectados por las deportaciones: haitianos indocumentados, haitianos documentados,
dominicanos de origen haitiano indocumentados y dominicanos de origen
haitiano documentados. El
22 de noviembre de 1999 la Comisión Interamericana ordenó medidas
cautelares y el 8 de mayo de 2000 procedió a abrir el caso 12.271. Estos hechos llevaron a la Corte a ordenar al Estado de la República
Dominicana, mediante sus resoluciones de 18 de agosto y 12 de noviembre
de 2000, que adoptara medidas provisionales a favor de algunas de
las personas descritas (supra
C.3) y (Anexos XIV y XXX).
3. Medidas provisionales
en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Colombia
El 3 de octubre de 2000 la Comisión
Interamericana presentó una solicitud de medidas provisionales en
favor de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
Departamento de Antioquia, República de Colombia, con el fin de que
se protegiera su vida e integridad personal, en relación con el caso
No. 12.325 en trámite ante la Comisión.
El 9 de octubre
de 2000 el Presidente emitió una Resolución de medidas urgentes (Anexo XLVI), en la cual resolvió requerir a Colombia que adoptara, sin dilación,
cuantas medidas fueran necesarias para proteger la vida e integridad
personal de 189 personas. El
24 de noviembre de 2000, por su parte, la Corte dictó una Resolución
mediante la cual ratificó las medidas adoptadas por el Presidente
y amplió las mismas para proteger a todos los miembros de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó (supra
D.1) y (Anexo XXXVI). Los
Jueces Abreu Burelli y García Ramírez hicieron conocer a la Corte
su Voto Razonado Concurrente, el cual acompaña a la Resolución.
4.
Medidas provisionales
en el caso Ivcher Bronstein - Perú
Las declaraciones
presentadas por los testigos y el perito durante la audiencia pública
celebrada los días 20 y 21 de noviembre de 2000 y los alegatos finales
de la Comisión Interamericana, permitieron a la Corte establecer prima facie la existencia de una situación
de extrema gravedad y urgencia con respecto a los derechos a la integridad
personal y a las garantías judiciales del señor Ivcher Bronstein,
de algunos miembros de su familia, de funcionarios de sus empresas
y de otras personas relacionadas con los hechos que dieron origen
al presente caso. Por esta razón, la Corte, mediante Resolución
de 21 de noviembre de 2000 (supra
D.3) y (Anexo XXXVII),
ordenó motu proprio al Estado peruano tomar las
medidas necesarias para proteger la integridad física, psíquica y
moral, así como el derecho a las garantías judiciales, de las personas
antes referidas. Posteriormente,
con base en una solicitud de la Comisión, la Corte amplió dichas medidas
mediante Resolución de 23 de noviembre de 2000 para incluir a los
señores Menachem Ivcher Bronstein y Roger González (supra D.3) y (Anexo XXXVIII).
5. Medidas urgentes en
el caso Loayza Tamayo - Perú
En virtud
de una comunicación recibida en la Secretaría de la Corte el 5 de
diciembre de 2000, por la cual se informaba sobre la situación por
la que atravesaba la señora María Elena Loayza Tamayo, el Presidente
de la Corte resolvió adoptar, el 13 de diciembre de 2000, previa consulta
con los demás Jueces, medidas urgentes a su favor (Anexo
XLVII). En esta Resolución requirió al Estado que adopte
sin dilación cuantas medidas sean necesarias para asegurar eficazmente
a la señora María Elena Loayza Tamayo el regreso a su país, así como
su integridad física, psíquica y moral, con el objeto de que puedan
tener los efectos pertinentes las medidas provisionales que en su
caso resuelva ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
G. ESTADO DE
LOS ASUNTOS EN TRÁMITE ANTE LA CORTE
|
|
Nombre del caso |
Estado Demandado |
Etapa actual |
|
1. |
Caso Neira Alegría y otros |
Perú |
Supervisión de Cumplimiento |
|
2. |
Caso Caballero Delgado y Santana |
Colombia |
Supervisión de Cumplimiento |
|
3. |
Caso El Amparo |
Venezuela |
Supervisión de Cumplimiento |
|
4. |
Caso Garrido y Baigorria |
Argentina |
Supervisión de Cumplimiento |
|
5. |
Caso Castillo Páez |
Perú |
Supervisión de Cumplimiento |
|
6. |
Caso Loayza Tamayo |
Perú |
Supervisión de Cumplimiento |
|
7. |
Caso Paniagua Morales y otros |
Guatemala |
Reparaciones |
|
8. |
Caso Blake |
Guatemala |
Supervisión de Cumplimiento |
|
9. |
Caso Suárez Rosero |
Ecuador |
Supervisión de Cumplimiento |
|
10. |
Caso Benavides Cevallos |
Ecuador |
Supervisión de Cumplimiento |
|
11. |
Caso Cantoral Benavides |
Perú |
Reparaciones |
|
12. |
Caso Durand y Ugarte |
Perú |
Reparaciones Continúa
|
|
13. |
Caso Bámaca Velásquez |
Guatemala |
Reparaciones |
|
14. |
Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los Niños de la Calle) |
Guatemala |
Reparaciones |
|
15. |
Caso Castillo Petruzzi y otros |
Perú |
Supervisión de Cumplimiento |
|
16. |
Caso Cesti Hurtado |
Perú |
Reparaciones |
|
17. |
Caso Baena Ricardo y otros |
Panamá |
Fondo |
|
18. |
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni |
Nicaragua |
Fondo |
|
19. |
Caso Las Palmeras |
Colombia |
Fondo |
|
20. |
Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) |
Chile |
Fondo |
|
21. |
Caso Cantos |
Argentina |
Excepciones preliminares |
|
22. |
Caso Ivcher Bronstein |
Perú |
Fondo |
|
23. |
Caso del Tribunal Constitucional |
Perú |
Fondo |
|
24. |
Caso Haniff Hilaire |
Trinidad y Tobago |
Excepciones preliminares |
|
25. |
Caso del Caracazo |
Venezuela |
Reparaciones |
|
26. |
Caso Constantine y otros |
Trinidad y Tobago |
Excepciones preliminares |
|
27. |
Caso Barrios Altos |
Perú |
Fondo |
|
28. |
Caso Benjamin y otros |
Trinidad y Tobago |
Excepciones preliminares |
|
|
Nombre |
Estado respecto del cual se han adoptado |
Estado actual |
|
1. |
Álvarez y otros |
Colombia |
Activas |
|
2. |
Bámaca Velásquez |
Guatemala |
Activas |
|
3. |
Blake |
Guatemala |
Activas |
|
4. |
Caballero Delgado y Santana |
Colombia |
Activas |
|
5. |
Carpio Nicolle |
Guatemala |
Activas |
|
6. |
Colotenango |
Guatemala |
Activas |
|
7. |
Giraldo Cardona |
Colombia |
Activas |
|
8. |
Clemente Teherán y otros |
Colombia |
Activas |
|
9. |
James y otros |
Trinidad y Tobago |
Activas |
|
10. |
Digna Ochoa y Plácido y otros |
México |
Activas |
|
11. |
Haitianos y dominicanos de origen
haitiano en la República Dominicana |
República Dominicana |
Activas |
|
12. |
Tribunal Constitucional |
Perú |
Activas |
|
13. |
Comunidad de Paz de San José
de Apartadó |
Colombia |
Activas |
|
14. |
Ivcher Bronstein |
Perú |
Activas |
|
|
Nombre |
Estado respecto del cual se han adoptado |
Estado actual |
|
1. |
Loayza
Tamayo |
Perú |
Activas |
H. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE
LA CORTE
1. Caso Benavides Cevallos
contra Ecuador
El 9 de mayo de 2000 el
Estado presentó su informe sobre cumplimiento.
El 12 de mayo de 2000 la Corte trasmitió a la Comisión el informe
del Estado y le otorgó plazo para presentar sus observaciones hasta
el 12 de junio del mismo año. El
9 de junio de 2000 la Comisión solicitó a la Corte una prórroga para
presentar sus observaciones, la cual fue concedida hasta el 10 de
julio de 2000. El 14 de julio de 2000 la Secretaría de la Corte solicitó a la Comisión
la presentación de sus observaciones.
La Comisión solicitó el 21 de julio una prórroga adicional
de dos semanas para la presentación de sus observaciones.
El 21 de julio de 2000
el Estado solicitó a la Corte copia de todo el proceso del caso hasta
la Sentencia por requerimiento de la Secretaría del Juzgado Undécimo
de lo Civil de Pichincha, Ecuador.
El 22 de agosto de 2000
se solicitó al Estado cierta información detallada para que la Corte
la considerara a efectos de determinar si el Estado ha cumplido con
la Sentencia de fondo. Ante
una solicitud de prórroga, se concedió al Estado plazo hasta el 22
de octubre de 2000. El Estado no presentó su informe dentro del
plazo estipulado.
Por último, el 23 de noviembre
de 2000, la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, solicitó
al Estado información detallada sobre ciertos aspectos de cumplimiento,
para lo cual le otorgó plazo hasta el 29 de enero de 2001.
2. Caso Blake contra Guatemala
El plazo para cumplir con
la Sentencia de reparaciones de 22 de enero de 1999 venció el 25 de
julio del mismo año. Los días
20 y 26 de julio de 1999 Guatemala presentó comunicaciones por las
cuales informó a la Corte respecto de los aspectos patrimoniales de
dicha Sentencia, en la primera, y de los no patrimoniales, en la segunda.
En la comunicación recibida el 20 de julio de 1999 Guatemala
manifestó que tenía problemas presupuestarios para cumplir con los
pagos ordenados por la Corte y propuso hacerlos efectivos en tractos
sucesivos a partir del año 2000.
El 27 de agosto y 3 de septiembre de 1999, la Comisión y las
víctimas presentaron, respectivamente, sus escritos de observaciones.
En los mismos manifestaron su disconformidad con la propuesta
del Estado y señalaron que la Corte le podría conceder, con carácter
excepcional, plazo hasta el 31 de enero de 2000 para el cumplimiento
de la indicada Sentencia.
El 30 de marzo de 2000
el Estado indicó, en su informe semestral, que ya había dado cumplimiento
a la Sentencia de reparaciones mediante el pago de los montos señalados
en la misma. Además, informó
que en el proceso interno el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Huehuetenango, había
dictado el 31 de enero de 2000 sentencia mediante la cual condenó
a 28 años de prisión a Vicente Cifuentes López, como autor del delito
de asesinato en forma continuada en contra de Nicholas Chapman Blake
y Griffith Williams Davis.
El 10 de julio de 2000
la Comisión informó que los familiares de la víctima recibieron el
pago de las indemnizaciones ordenadas en los puntos 2, 3 y 4 de la
Sentencia sobre reparaciones, en la forma y montos que se mencionan
en el informe semestral de Guatemala
presentado el 30 de marzo de los corrientes.
En cuanto al dispositivo 1 de la Sentencia indicada, la Comisión
señaló que el mismo sólo se ha cumplido en forma parcial ya que, si
bien se condenó a Vicente Cifuentes López como autor responsable del
delito de asesinato en forma continua de los señores Blake y Davis,
no se ha condenado a otras personas que participaron en los hechos
y que tampoco han sido investigadas por parte del Estado. El 15 de agosto de 2000 se solicitó al Estado
información relativa al cumplimiento de la Sentencia de reparaciones
en relación con lo ordenado en el punto resolutivo 1 de dicha Sentencia.
La
Corte espera contar con un informe global sobre el cumplimiento de
la Sentencia para su oportuna deliberación y decisión.
3. Caso Caballero Delgado
y Santana contra Colombia
El 25 de noviembre de 1999
la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones de su Presidente,
envió una carta al Estado solicitándole información relativa al cumplimiento
de las Sentencias de fondo y reparaciones. Mediante escrito de 15
de mayo de 2000 Colombia presentó un informe sobre el cumplimiento
de dichas Sentencias. En su informe, Colombia señaló, en cuanto al
pago debido a los menores Andrés Caballero Parra e Ingrid Carolina
Caballero Martínez, que el Ministerio de Defensa Nacional constituyó
un certificado de depósito a término a favor de los menores, en el
cual figura como titular el Ministerio de Defensa Nacional y cuyos
intereses son abonados mensualmente a una cuenta del Tesoro Principal
de dicho Ministerio. En cuanto al pago debido a los familiares de la señora María del
Carmen Santana, Colombia manifestó que el Ministerio de Defensa ordenó
la constitución de un certificado de depósito a término en Bancafe
International cuyo beneficiario será quien, de acuerdo con la legislación
interna de Colombia, acredite ser el familiar más próximo de María
del Carmen Santana. El titular será el Ministerio de Defensa.
Además el Estado señaló que la Fiscalía de la Nación estaba
realizando una serie de gestiones para localizar a los familiares
de la señora Santana. Finalmente,
Colombia informó sobre las diligencias de exhumación realizadas para
localizar los restos de las víctimas y entregarlas a sus familiares
y sobre la situación en que se encuentran los procesos judiciales
tendientes a investigar y sancionar a los responsables. Mediante escrito de 16 de junio de 2000, recibido
ese mismo día en la Secretaría de la Corte, la Comisión Interamericana
presentó sus observaciones a dicho informe.
La Comisión señaló que el Estado debe indicar los motivos que
lo llevaron a hacer las inversiones a nombre propio y a adoptar medidas
destinadas a constituir títulos valores que garanticen el pago de
la indemnización. También indicó que la prueba aportada para
demostrar la existencia de la señora María del Carmen Santana y su
familia, constituye prueba idónea.
En cuanto a la localización de los restos de las víctimas y
la entrega a los familiares, así como a los procedimientos judiciales
de investigación y sanción de los responsables, la Comisión manifestó
que el Estado no ha aportado información nueva.
El 29 de junio de 2000 el Estado presentó un escrito mediante
el cual solicitó que se autorizara la sustitución del deber de constituir
la fiduciaria correspondiente a la familia de María del Carmen Santana,
por cuanto el monto de la inversión no era rentable para esa clase
de entidades, y se le permitiera cumplir con dicha obligación mediante
la constitución de un Certificado de Depósito a Término -CDT- por
valor de US$10,000.00, en favor del pariente más próximo de la señora
Santana. El 1 de agosto de 2000 la Comisión transmitió
las observaciones de los representantes de los familiares de las víctimas
a la solicitud del Estado.
El 21 de agosto de 2000
la Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, solicitó
al Estado que informara las razones por las cuales no ha procedido
al pago de la indemnización establecida en la Sentencia sobre reparaciones
dictada por la Corte al familiar más próximo de la señora María del
Carmen Santana. El 2 de octubre de 2000 el Estado presentó
dicho informe. El 6 de noviembre
de 2000 la Comisión presentó sus observaciones.
La Corte valorará los informes
presentados por las partes en su próximo período de sesiones.
4. Caso Castillo Páez
contra el Perú
El plazo fijado para dar
cumplimiento a la Sentencia de reparaciones de 27 de noviembre de
1998 venció el 3 de junio de 1999. Ante el incumplimiento del deber
de informar sobre el cumplimiento de la mencionada Sentencia por parte
del Estado, el 11 de junio de 1999 la Secretaría de la Corte remitió
a éste una nota recordándole dicha obligación. Una nota similar fue
remitida el 14 de junio del mismo año. Al presente, ninguna información
ha sido presentada al respecto por parte del Perú.
Constatada la negativa
del Perú a dar cumplimiento a la Sentencia de reparaciones de 27 de
noviembre de 1998 y de conformidad con el artículo 65 de la Convención
Americana, la Corte decidió informar a la Asamblea General de la OEA
que la República del Perú, Estado Parte en la Convención, no ha dado
cumplimiento a dicha Sentencia, solicitándole que inste a dicho Estado
a cumplir con la misma. Además, el 12 de noviembre de 2000 la
Corte remitió una nota al Secretario General de la OEA (supra C.4) y (Anexo XXXIII)
en la cual se hacía referencia, inter
alia, a la falta de cumplimiento de la Sentencia referida.
5. Caso Castillo Petruzzi
y otros contra el Perú
Constatada la negativa
del Perú a dar cumplimiento a la Sentencia de fondo de 30 de mayo
de 1999 y de conformidad con el artículo 65 de la Convención Americana,
la Corte decidió informar a la Asamblea General de la OEA que la República
del Perú, Estado Parte en dicha Convención, no ha dado cumplimiento
a la mencionada Sentencia, solicitándole que instara a dicho Estado
a cumplir con la misma. Además, el 12 de noviembre de 2000 la Corte
remitió una nota al Secretario General de la OEA (supra
C.4) y (Anexo XXXIV) en la cual se hacía referencia, inter alia, a la falta de cumplimiento de la Sentencia referida.
6. Caso El Amparo contra
Venezuela
El 18 de enero de 1999,
Venezuela presentó un informe sobre el cumplimiento de la Sentencia
de reparaciones en este caso. El 30 de marzo de 1999 la Comisión y
los representantes de las víctimas presentaron sus escritos de observaciones
a dicho informe estatal. La
Secretaría presentó un informe global sobre el cumplimiento de la
Sentencia en el XLVI período de sesiones. En éste la Corte resolvió
trasmitir dicha información al Estado, dándole plazo hasta el 1 de
junio de 2000 para que presentara sus observaciones al respecto.
Mediante escrito de 31
de mayo de 2000 el Estado solicitó una prórroga para la presentación
de su informe sobre el cumplimiento de la Sentencia de reparaciones.
El 1 de junio de ese año la Secretaría le informó que el Presidente
le había concedido la prórroga hasta el 17 de julio de 2000. El Estado,
mediante escrito de 7 de julio de 2000, solicitó una nueva prórroga,
la cual le fue concedida por el Presidente hasta el 7 de agosto de
2000. El 16 de agosto de 2000
el Estado presentó su informe. El 6 de noviembre del mismo año la Comisión
presentó sus observaciones. El 20 de noviembre de 2000 la Corte emitió
una Resolución mediante la cual instó al Estado de Venezuela y a la
Comisión Interamericana para que lleguen a un acuerdo sobre los aspectos
de cumplimiento de la Sentencia de reparaciones respecto de los cuales
existe controversia (supra
D.6) y (Anexo XL).
7. Caso Garrido y Baigorria
contra la Argentina
El 25 de noviembre de 1999
la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, solicitó información
al Estado sobre los componentes de la Sentencia que se encontraban
pendientes de cumplimiento, la que sería oportunamente valorada por
la Corte. El 18 de enero de 2000 la Secretaría de la Corte, siguiendo
instrucciones del Presidente, envió una nota al Estado reiterándole
la presentación de la información sobre el cumplimiento de la Sentencia
sobre reparaciones.
El 21 de agosto de 2000 el Secretario,
siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, solicitó al Estado
la presentación de un informe sobre las medidas tomadas para cumplir
con los componentes de la Sentencia pendientes de cumplimiento. El plazo venció el 29 de septiembre de 2000
sin que el Estado hubiera cumplido con este requerimiento. El 20 de noviembre de 2000 la Corte dictó una
Resolución (Anexo XLI)
en la cual requirió a la Argentina que, a más tardar el 29 de enero
de 2001, presente al Tribunal un informe final sobre las gestiones
que ha llevado a cabo para cumplir con los aspectos de la Sentencia
sobre reparaciones emitida el 27 de agosto de 1998 que aún se encuentran
pendientes de cumplimiento.
El 6 de diciembre de 2000 el Estado
presentó un informe sobre el cumplimiento de la Sentencia sobre reparaciones
emitida por la Corte en este caso, que será oportunamente valorado
por la Corte en su próximo período ordinario de sesiones.
8. Caso Loayza Tamayo
contra el Perú
Constatada la negativa
del Perú a dar cumplimiento a la Sentencia de reparaciones de 27 de
noviembre de 1998 y de conformidad con el artículo 65 de la Convención
Americana, la Corte decidió informar a la Asamblea General de la OEA
que la República del Perú, Estado Parte en la Convención Americana,
no ha dado cumplimiento a dicha Sentencia, solicitándole que instara
a dicho Estado a cumplir con la misma. Además, el 12 de noviembre
de 2000 la Corte remitió una nota al Secretario General de la OEA
(supra C.4) y (Anexo XXXIV) en la cual se hacía referencia,
inter alia, a la falta de
cumplimiento de la Sentencia referida.
9. Caso Neira Alegría
y otros contra el Perú
El 31 de enero de 2000
el Estado presentó un escrito refiriéndose al cumplimiento de la Sentencia
de reparaciones. En el mismo, el Perú solicitó que se dé por concluido
el caso en virtud del tiempo transcurrido y de los esfuerzos por él
realizados. El 2 de febrero de 2000 el Presidente de la Corte, comisionado
por el pleno de la misma, envió una nota al Estado solicitándole que
informe cuáles han sido las gestiones por él realizadas en aras de
cumplir con los aspectos de la Sentencia de reparaciones que se encontraban
pendientes de cumplimiento.
El 21 de agosto de 2000
el Secretario, comisionado al efecto por el pleno de la Corte, solicitó
al Estado que informara sobre las gestiones realizadas para ubicar
los restos de los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar
y William Zenteno Escobar. El
29 de septiembre de 2000 el Estado informó que se encuentra en trámite
una solicitud por la que se busca conseguir un informe definitivo
de la dependencia de la Marina de Guerra del Perú que sirva como corolario
de la investigación y sustento para el archivamiento definitivo de
la causa.
El 6 de noviembre de 2000
el Estado presentó una nota indicando que no se pudo identificar
plenamente a los occisos [por lo que] se dispuso que fueran inscritos
en los Registros de Defunción respectivos.
10. Caso Suárez Rosero
contra Ecuador
El 11 de noviembre de 1999
el Estado presentó un informe sobre el cumplimiento de la Sentencia
de reparaciones. El 14 de enero de 2000 la Comisión presentó sus observaciones
a dicho informe. En las mismas afirma que el Estado cumplió parcialmente
con la indemnización debida al señor Suárez Rosero, quedando por cumplirse
el resto de las obligaciones a cargo del Ecuador. El 7 de abril de
2000 la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones de su Presidente,
envió una nota al Estado solicitándole información relativa al cumplimiento
de la Sentencia de reparaciones, para lo cual le otorgó plazo hasta
el 15 de mayo de 2000. El 10 de mayo de 2000 Ecuador presentó el informe
sobre el cumplimiento de Sentencia. El 11 de mayo la Secretaría de
la Corte envió una nota al Estado solicitándole que remitiera nuevamente
el anexo correspondiente a su informe en razón de que fue recibido
ilegible. El 13 de junio de 2000 la Secretaría de la Corte, siguiendo
instrucciones del Presidente, envió una nota al Estado reiterando
la solicitud de remisión del anexo arriba mencionado, para poder trasladar
dicho informe a las partes y posteriormente considerar el cumplimiento
por parte del Estado.
El 11 de julio de 2000
se recibió en la Secretaría de la Corte el escrito de uno de los representantes
de la víctima y sus familiares, señor Alejandro Ponce Villacís, mediante
el cual presentó una copia de un documento del Subsecretario de Presupuesto
del Ministerio de Economía y Finanzas y de la comunicación que él
dirigió al Procurador General del Estado, en relación con el cumplimiento
de la Sentencia.
El 13 de julio
de 2000 la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Presidente,
envió una nota al Estado otorgándole plazo hasta el 26 de julio de
2000 para que remita el anexo adjunto al informe presentado por el
Estado el 10 de mayo de ese año.
El 21 de agosto el Secretario, siguiendo instrucciones del
pleno de la Corte, reiteró al Estado la solicitud de presentación
del anexo arriba mencionado. El 10 de noviembre de 2000 la Secretaría reiteró
nuevamente al Estado la solicitud de presentación del anexo. Hasta la fecha dicho documento no ha sido presentado.
El 21 de noviembre
de 2000 el Secretario, siguiendo instrucciones del pleno de la Corte,
remitió una nota al Excelentísimo señor Heinz Moeller Freile, Ministro
de Relaciones Exteriores del Ecuador, informándole sobre el estado
actual del cumplimiento de las Sentencias de fondo y reparaciones
emitidas por el Tribunal el 12 de noviembre de 1997 y el 20 de enero
de 1999, respectivamente, en el caso Suárez Rosero.
Asimismo, se le solicitó que instruyera a las oficinas correspondientes
para que presenten el anexo faltante, así como un informe pormenorizado
sobre los aspectos de las Sentencias que aún están pendientes de cumplimiento.
III. OTRAS ACTIVIDADES
DE LA CORTE
1. Reuniones de expertos
para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos
Para dar continuidad
a las actividades de alto nivel diseñadas para el fortalecimiento
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
iniciadas el año anterior con las dos actividades realizadas durante
los meses de septiembre y noviembre de 1999, juntamente con el Seminario
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en
el Umbral del Siglo XXI, también realizado en noviembre de 1999,
la Corte, como actividad complementaria al período de sesiones, celebró
dos nuevas reuniones de expertos, con el fin de reconocer sus criterios
sobre los pasos que deben darse para fortalecer el sistema interamericano
de protección de los derechos humanos.
La primera de
estas reuniones se celebró los días 5 y 6 de febrero de 2000, con asistencia de los Jueces de la Corte:
Antônio A. Cançado Trindade (Presidente); Máximo Pacheco Gómez
(Vicepresidente); Hernán Salgado Pesantes; Oliver Jackman; Alirio
Abreu Burelli; Sergio García Ramírez; Carlos Vicente de Roux Rengifo
y Julio A. Barberis, ex Juez de la Corte y Juez ad hoc; y acompañados por los expertos:
Cristián Tattenbach Yglesias, miembro del Consejo Directivo de IIDH;
Jorge Cardona Llorens, Catedrático de derecho internacional de la
Universidad Jaume I; Jaime Ruiz de Santiago, Jefe de Misión Costa
Rica - ACNUR; Manuel E. Ventura Robles, Secretario de la Corte y Renzo
Pomi, Secretario Adjunto. En la sesión del 6 de febrero no participaron,
por haber salido de Costa Rica, los Jueces Oliver Jackman y Sergio
García Ramírez, y Jaime Ruiz de Santiago.
La segunda efectuada
entre 8 y 9 de los mismos mes y año con participación de los Jueces
de la Corte: Antônio A. Cançado
Trindade (Presidente); Hernán Salgado Pesantes, Alirio Abreu Burelli
y Carlos Vicente de Roux Rengifo; y con los expertos: Helio Bicudo,
Vicepresidente de la Comisión; Claudio Grossman, Comisionado; Héctor
Fix-Zamudio, ex Presidente de la Corte; Rodolfo Piza Escalante, ex
Presidente de la Corte, Pedro Nikken, Presidente del Consejo Directivo
del IIDH y ex Presidente de la Corte; Sonia Picado Sotela, ex Vicepresidenta
de la Corte y Vicepresidenta del Consejo Directivo del IIDH; Cristián
Tattenbach Yglesias, miembro del Consejo Directivo del IIDH; Edmundo
Vargas Carreño, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión; Christophe
Swinarski, Consultor de la Cruz Roja Internacional; Viviana Krsticevic,
Directora Ejecutiva de CEJIL; Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo
de la Comisión; Roberto Cuéllar, Director
Ejecutivo del IIDH; Manuel E. Ventura Robles, Secretario de
la Corte y Renzo Pomi, Secretario Adjunto.
Ambas se celebraron en la sede de la Corte y fueron presididas
por el Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade.
Las recomendaciones
hechas por los expertos acompañan al presente informe (Anexo XLVIII).
El Grupo de Trabajo
ad hoc sobre los Derechos
Humanos, creado por los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos
en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1999, nuevamente se
reunió los días 10 y 11 de febrero de 2000, en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica, con el fin de recomendar las medidas
concretas para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección
de los derechos humanos.
En dicha reunión
participaron el Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, y el Secretario
de la Corte, Manuel E. Ventura Robles. El Presidente de la Corte, especialmente invitado para la sesión,
hizo uso de la palabra para
informar al Grupo ad hoc
sobre las actividades realizadas por la Corte para recabar criterios
sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de protección
de los derechos humanos e hizo referencia concretamente, a las conclusiones
del Seminario El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos en el Umbral del Siglo XXI (supra III.A), así como a las recomendaciones
de los expertos convocados por la Corte (supra III.A) y (Anexo XLVIII).
El Presidente
de la Corte, Juez A. Cançado Trindade, y el Secretario de la Corte,
Manuel E. Ventura Robles, visitaron Washington, D. C., del 13 al 17
de marzo de 2000, con el fin de que el Presidente hiciera uso de la
palabra en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente de la OEA, invitado por su Presidente, Embajador Claude
Heller, Representante Permanente de México ante la OEA, en el marco
del diálogo sobre el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos.
En su intervención
ante dicha Comisión el 16 de marzo de 2000, el Presidente, por espacio de cuatro horas se refirió, inter alia, a las conclusiones del Seminario
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en
el Umbral del Siglo XXI, así como a las recomendaciones de los expertos
convocados por la Corte (supra
III.A). También abordó diversos temas doctrinales e históricos en
relación con el fortalecimiento de los derechos humanos en el ámbito
de la OEA, y contestó las preguntas de los representantes de los Estados
presentes. Al finalizar su intervención dejó copia escrita
de su presentación, para que fuera circulada entre las delegaciones
acreditadas ante la OEA, como documento oficial de ésta (Anexo XLIX).
La visita fue
aprovechada por el Juez Cançado Trindade para reunirse con los Embajadores
de Centroamérica y del Caribe acreditados ante la OEA, así como con
los Embajadores de México, Brasil, Panamá y los Estados Unidos de
América y varios altos funcionarios de la OEA.
4. Donación gestionada
por el Gobierno de Costa Rica
El 3 de abril de 2000, se realizó una ceremonia en
la sede de la Corte, para recibir una donación otorgada por el Gobierno
de Costa Rica a la Corte Interamericana con fondos de cooperación
internacional. La donación mencionada es de suma importancia
para este Tribunal, porque además de contribuir a fortalecer y modernizar el sistema interamericano de promoción
y protección de los derechos humanos, permitirá la instalación de
una Biblioteca Informática en Derechos Humanos, lo cual beneficiará
a usuarios no sólo del continente americano sino a personas de todo
el mundo que deseen consultarla.
5. Visita del Presidente deL Brasil
El Presidente de la Corte,
Juez Antônio A. Cançado Trindade y el Juez Alirio Abreu Burelli, recibieron
el 4 de abril de 2000, en San José, Costa Rica, al Excelentísimo señor
Presidente de la República Federativa del Brasil, señor Fernando Henrique
Cardoso.
El Excelentísimo señor
Presidente estuvo acompañado por su señora esposa, Ruth C. L. Cardoso
y una comitiva de alto nivel que incluyó al señor Ministro de Estado
de Relaciones Exteriores, señor Luiz Felipe Palmeira Lampreia y su
señora esposa, Lenir Lampreia, al Secretario de Estado de Derechos
Humanos José Gregori, al Embajador João Carlos de Souza-Gomes, al
Embajador Osmar Chohfi, al Embajador Federico Araujo, al Embajador
Valter Pecly, al Embajador Eduardo dos Santos, al Director del Departamento
de Derechos Humanos y Temas Especiales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministro Marco Antônio Diniz Brandão, y al Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Ingeniero Roberto Rojas
López, entre otras autoridades.
En el encuentro mencionado, el Presidente de la República
Federativa del Brasil señaló su satisfacción por encontrarse frente
al primer brasileño que es Presidente de un Tribunal Internacional,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacó la gran obra
académica y profesional del Juez Cançado Trindade en el campo del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, manifestó el compromiso de su país y el suyo personal,
con la protección de los derechos humanos.
Por su parte, el Presidente
de la Corte Interamericana, Juez Cançado Trindade, enfatizó la importancia
de la visita del Presidente Cardoso, ya que el reconocimiento de la
competencia contenciosa por parte del Brasil el 10 de diciembre de
1998 realizado bajo su mandato, otorga una garantía adicional a los
habitantes del país de protección de sus derechos y fortalece institucionalmente
a la Corte.
Seguidamente, el Presidente
Cardoso dictó una conferencia magistral en la que abordó temas relacionados
con la democracia y el desarrollo y, para la cual estuvieron presentes,
además de su comitiva, jefes de misiones diplomáticas y organismos
internacionales.
Por último y, con motivo
de la visita del Presidente Cardoso, el Juez Cançado Trindade y el
Juez Abreu Burelli, recibieron el 5 de abril de 2000, en la sede del
Tribunal al Secretario de Estado de Derechos Humanos José Gregori,
al Director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Especiales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marco Antônio Diniz Brandão,
y al Diputado Ney Lopes, en representación del Parlamento Latinoamericano.
En dicha reunión los presentes dialogaron, entre otros temas,
sobre las labores actuales del Tribunal y sobre la importancia de
los recientes reconocimientos de la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana realizada por varios estados americanos, entre
los que figura la República Federativa de Brasil.
El Presidente de la Corte,
Juez Antônio A. Cançado Trindade, acompañado por el Juez Alirio Abreu
Burelli y por el Secretario, Manuel E. Ventura Robles, viajó a la
sede de la OEA en Washington, D. C., del 10 al 14 de abril de 2000,
con el propósito de presentar el Informe Anual de Labores de la Corte
correspondiente al año 1999, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos
y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, actividad que se realizó
el jueves 13 de abril en horas de la mañana y que fue presidida por
el Embajador Claude Heller, Representante Permanente de México ante
la OEA y Presidente de dicha Comisión.
Después de la exposición
del Presidente de la Corte (Anexo
L), 16 delegaciones hicieron uso de la palabra
para felicitar al Tribunal por la excelente labor realizada durante
1999, y para expresar su deseo de que la Organización continúe apoyando
a la Corte. En este sentido
se manifestaron favorables de que se reintegraran por lo menos US$100.000.00
de los US$150.500.00 recortados al presupuesto de la Corte para el
año 2000 por la Comisión de Programa-Presupuesto de la OEA, para que
el Tribunal pudiera ejecutar al menos tres sesiones durante el año
2000, y traducir y publicar su Informe Anual correspondiente a ese
año. Asimismo, expresaron
su deseo de que se incremente el presupuesto de la Corte a partir
del año 2001, ya que éste se encuentra congelado desde el año 1998.
La delegación de la Corte
se reunió también con el Secretario General de la OEA, César Gaviria
Trujillo, con su asesor en materia de derechos humanos, Peter Quilter,
así como con algunos embajadores representantes permanentes ante la
OEA. También se reunieron con varios representantes de agencias de cooperación
con sede en
la ciudad de Washington,
D. C., con las cuales la
Corte ha mantenido relaciones.
Los Jueces Cançado Trindade
y Abreu Burelli aprovecharon su estadía para asistir a la inauguración
de las Jornadas de Análisis y Reflexión sobre la Democracia Participativa,
el día 10 de abril en horas de la mañana, invitados por la Embajadora
Virginia Contreras, Representante Permanente de Venezuela ante la
OEA, y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Democracia Participativa.
7. Visita del Presidente de Colombia y del Presidente de
Costa Rica
El 29 de mayo de 2000 el
Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, recibió
al Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, Doctor
Andrés Pastrana Arango, en la sede de la Corte, en San José, Costa
Rica.
Durante su visita a la
Corte el Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia
estuvo acompañado por una comitiva de alto nivel que incluyó al Ministro
de Relaciones Exteriores de Colombia, Doctor Guillermo Fernández de
Soto y al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Costa Rica, Doctor
Julio Aníbal Riaño Velandia, entre otras autoridades.
La comitiva del Presidente Pastrana fue acompañada en la ceremonia
en la Corte por el Excelentísimo señor Presidente de la República
de Costa Rica, Doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, por el Excelentísimo
señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Ingeniero
Roberto Rojas López y el Embajador de Costa Rica ante el Gobierno
de Colombia, Doctor Luis Varela Quirós.
En sus palabras de bienvenida,
el Presidente de la Corte, Juez Cançado Trindade, señaló que esta
visita representa un acontecimiento histórico para el Tribunal y confirma
una muy saludable tendencia, de acercamiento respetuoso y diálogo
constructivo, entre los Estados que han creado el sistema interamericano
de protección de los derechos humanos y los órganos encargados de
velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la Convención
Americana y las demás normas relevantes relativas a los derechos humanos
en el hemisferio. Recordó
que, en los últimos tiempos, la Corte Interamericana se ha visto igualmente
honrada por la visita de otros mandatarios de países americanos: el
Excelentísimo señor Presidente de la República de Paraguay, Doctor
Luis Miguel González Macchi, y el Excelentísimo señor Presidente de
la República Federativa del Brasil, Doctor Fernando Henrique Cardoso.
El Presidente de la Corte
destacó la rica tradición jurídica de Colombia, la que ha significado
un gran y reconocido aporte al desarrollo del pensamiento jusinternacionalista
latinoamericano. Y recordó
que, en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, Colombia
fue sede de la Novena Conferencia Internacional Americana que en 1948
adoptara la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
primer instrumento internacional de su género, y participó activamente,
desde el inicio, en la consolidación del mismo.
Así, fue el segundo Estado americano en ratificar la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y aceptó, en 1985, la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana; además, Colombia ha sido y
es un país amigo del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, al que siempre ha rendido su valioso apoyo.
Por su parte, el Presidente
Pastrana señaló la contribución de la Corte Interamericana, a través
de su jurisprudencia y doctrina, en la defensa de la dignidad humana
y en el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos que han
sido vulnerados. También dijo
que las sentencias y opiniones consultivas de la Corte han logrado
que los países americanos fortalezcan sus leyes nacionales y las adecuen
a la normativa internacional. Asimismo,
mencionó el importante avance que ha constituido la Convención Americana,
al ser una herramienta básica en la protección de los derechos fundamentales
y el reflejo de las aspiraciones de los pueblos en materia de democracia
representativa y vigencia del Estado de Derecho. También mencionó el deber de los Estados americanos de fortalecer
el papel de la Corte en el hemisferio.
Hizo especial mención de Costa Rica, al señalar que es un país
que siempre ha ido a la vanguardia de los derechos humanos. Además, señaló que Colombia está comprometida
en una lucha por conquistar el pleno respeto de los derechos humanos,
para lo cual ha puesto en marcha un plan de acción. Expuso que la ratificación de la Convención
Americana y el reconocimiento de la competencia de la Corte debe ser
universal para consolidar el sistema.
Destacó la importancia de que los países acepten los fallos
de la Corte y enfrenten el problema del financiamiento del sistema,
en razón de lo cual reiteró el total acatamiento de Colombia a la
jurisdicción de la Corte y sus decisiones.
8. XXX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General
de la OEA
La Asamblea General de la OEA celebró, del 4 al 6 de junio
de 2000, su XXX Período Ordinario de Sesiones en Windsor, Canadá.
La Corte Interamericana estuvo representada por su Presidente,
Juez Antônio A. Cançado Trindade y por su Vicepresidente, Juez Máximo
Pacheco Gómez. Además, asistió
el Secretario de la Corte, Manuel E. Ventura Robles.
El Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade,
presentó a la Asamblea General el Informe Anual de labores del Tribunal
(Anexo LI), correspondiente al año 1999, el cual fue por ella
aprobado mediante la Resolución AG/RES. 1716 (XXX-O/00). En la ocasión, las Delegaciones de 9 Estados hicieron uso
de la palabra, en la Comisión General de la Asamblea, en apoyo a las
labores de la Corte. En la referida Resolución, la Asamblea General decidió:
1. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo
Permanente de la Organización hizo al informe anual.
2. Reiterar que los fallos de la Corte
son definitivos e inapelables y que los Estados Partes de la Convención
se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos
en que sean parte.
3. Instar a los Estados que han denunciado
la Convención Americana de Derechos Humanos o que han retirado su
reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte a que reconsideren
sus decisiones.
4. Instar a los Estados Miembros de la
OEA que aún no lo hayan hecho a que otorguen la mayor prioridad política
a la consideración de la firma, ratificación o adhesión, según el
caso, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de
San José de Costa Rica, considerando el reconocimiento de la competencia
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Encomendar al Consejo Permanente que
en los próximos ejercicios financieros promueva un aumento substancial
de los recursos asignados a la Corte, sobre la base del reconocimiento
de que la protección y promoción de los derechos humanos constituye
una prioridad fundamental de la Organización.
6. Expresar su reconocimiento a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada en el
período que comprende este informe.
Además,
la Asamblea General, mediante resolución denominada Evaluación del
Funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción
de los Derechos Humanos para su perfeccionamiento y fortalecimiento,
dispuso en su punto resolutivo número 7, lo siguiente:
7. Recomendar a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que, atendiendo su solicitud de recibir ideas
y sugerencias sobre el proceso de reforma y en el marco de las normas
que regulan sus competencias y de su autonomía reglamentaria establecida
por la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que se refiere
a los procedimientos seguidos en la tramitación de casos individuales,
considere la posibilidad de:
a.
Permitir la participación directa de la víctima, en
calidad de parte, en los procedimientos seguidos, a partir del momento
que el caso es sometido a su competencia, teniendo en cuenta la necesidad
tanto de preservar el equilibrio procesal, como de redefinir el papel
de la CIDH en dichos procedimientos (locus
standi).
b.
Desarrollar disposiciones reglamentarias que prevengan
la duplicación de procedimientos, en los casos sometidos a su competencia,
en particular la producción de la prueba, teniendo en cuenta las diferencias
de naturaleza entre la Corte y la Comisión.
8.
Transmitir a la Corte
y a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos la presente resolución.
Sobre el proyecto de presupuesto de la Corte para el año 2001,
la Asamblea General dispuso, inter
alia, mediante resolución AG/RES. 1754 (XXX-O/00).
2. Encomendar al Consejo Permanente que
convoque a más tardar el 15 de octubre de 2000, un período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General para considerar y aprobar el programa
presupuesto para 2001, las
cuotas correspondientes a 2001 y otros asuntos relacionados con el
programa presupuesto y las bases de financiamiento de la Organización.
9. Reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
por parte de Barbados
Con motivo de la celebración del XXX Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General se celebró, el lunes 5 de junio, una
ceremonia en la cual Barbados reconoció la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana.
En este acto, de tanta trascendencia para la consolidación del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos, estuvieron presentes la Ministra
de Relaciones Exteriores de Barbados, Señora Billie A. Miller; el
Secretario General de la OEA, Señor César Gaviria Trujillo; el Presidente
de la Corte Interamericana, Juez Antônio A. Cançado Trindade; el Vicepresidente,
Juez Máximo Pacheco Gómez; el Secretario, Señor Manuel E. Ventura
Robles, así como varios Embajadores Representantes Permanentes de
Estados Caribeños ante la OEA.
10. Reelección de tres
Jueces de la Corte
El martes 6 de junio de 2000, la Asamblea General reeligió,
por aclamación, en sus funciones, por un período de 6 años, a los
jueces Antônio A. Cançado Trindade (Brasil),
Oliver Jackman (Barbados) y Alirio Abreu Burelli (Venezuela).
El mandato para el cual fueron reelegidos los jueces Cançado
Trindade, Jackman y Abreu Burelli, empezará el 1 de enero de 2001
y terminará el 31 de diciembre de 2006.
11. Donación del Estado del Brasil a la Corte Interamericana
En una ceremonia efectuada el día 5 de junio de 2000 en Windsor,
Canadá, durante la celebración del XXX Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores
del Brasil, Embajador Luiz Felipe Palmeira Lampreia, entregó al Presidente
de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, una contribución voluntaria
de US$50.000,00 para fortalecer las actividades institucionales del
Tribunal.
El Presidente de la Corte agradeció la donación al señor Canciller
del Brasil y destacó la importancia de la misma en un momento en que
la propia OEA, está en búsqueda de recursos adicionales para fortalecer
el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
En dicha ceremonia estuvo también presente el Embajador Carlos
Alberto Leite Barbosa, Representante Permanente del Brasil ante la
OEA, así como todos los miembros de la delegación del Brasil ante
la Asamblea General de la OEA. Por
la Corte, estuvieron presentes, además del Presidente,
el Vicepresidente, Juez Máximo Pacheco Gómez y el Secretario,
señor Manuel E. Ventura Robles.
12. Invitación a la Ceremonia de Inauguración de la sede
del Tribunal Internacional de Derecho del Mar
El 8 de junio de 2000, su Excelencia el Juez P. Chandrasekhara
Rao transmitió una invitación al Presidente de la Corte, Juez Antônio
A. Cançado Trindade, con ocasión de la ceremonia de inauguración de
la sede de dicho Tribunal. El
Presidente, Juez Cançado Trindade, en su nota de respuesta
dirigida al Juez Chandrasekhara Rao, mediante la cual le informó
que él no asistiría por compromisos previamente adquiridos, valoró
el mutuo interés en el trabajo de los tribunales internacionales contemporáneos
que contribuyen a reafirmar la aptitud que tiene el Derecho Internacional
para regular eficientemente relaciones cuya singularidad requiere
de un conocimiento especializado (Anexo LII).
13. Convenio de Cooperación
Institucional entre la Corte y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), firmado el 14 de junio de 2000
La Corte Interamericana,
representada por su Presidente, Juez Antônio A. Cançado Trindade, y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), representado
por su Representante Residente en Costa Rica, Doctora Virginia Trimarco,
celebraron un Convenio de Cooperación con el propósito de que la Corte
facilite al PNUD los fallos y opiniones consultivas que dicte y, el
PNUD a la Corte sus Informes globales, regionales y nacionales sobre
desarrollo humano, para ser utilizados por los usuarios del Centro
de Documentación ubicado en la Corte.
En dicho acto estuvieron
presentes, además del Juez Cançado Trindade y la Doctora Trimarco,
el Representante de la Oficina del Centro de Servicios del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Doctor Jaime Ruiz
de Santiago, el Doctor Rodolfo Piza Escalante, ex Presidente de la
Corte Interamericana y ex Embajador de Costa Rica en las Naciones
Unidas, el Licenciado Cristián Tattenbach Yglesias, miembro del Consejo
Directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex Embajador
de Costa Rica ante las Naciones Unidas, el Secretario de la Corte,
Manuel E. Ventura Robles y el personal de la Corte Interamericana
(Anexo LIII).
14. Acuerdo de Apoyo de
Cooperación de la Oficina del Centro de Servicios del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica y
la Corte, suscrito el 14 de junio de 2000
La Corte Interamericana
y el Centro de Servicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), representados por su Presidente, Juez
Antônio A. Cançado Trindade y por el Representante Residente en Costa
Rica, Doctor Jaime Ruiz de Santiago, respectivamente, firmaron un
Convenio mediante el cual el ACNUR se comprometió a proporcionar al
Centro de Documentación ubicado en la Corte, materiales sobre Derecho
Internacional de los Refugiados, legislaciones nacionales sobre la
materia, información sobre países de origen y otros temas relacionados
con el mandato y las actividades del ACNUR, y la Corte Interamericana
se comprometió a poner a disposición del ACNUR aquellos materiales
publicados por la Corte que sean de relevancia para los fines de esa
entidad.
En dicho acto estuvieron
presentes, además del Juez Cançado Trindade y el Doctor Ruiz de Santiago,
la Representante Residente en Costa Rica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Doctora Virginia Trimarco, el Doctor
Rodolfo Piza Escalante, ex Presidente de la Corte Interamericana y
ex Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, el Licenciado
Cristián Tattenbach Yglesias, miembro del Consejo Directivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y ex Embajador de Costa Rica ante
las Naciones Unidas, el Secretario de la Corte, Manuel E. Ventura
Robles y el personal de la Corte Interamericana (Anexo LIV).
15. Visita del Presidente
de la Corte a Estrasburgo
Con motivo de haber sido invitado
como conferencista por el Instituto Internacional de Derechos Humanos
con sede en Estrasburgo, Francia, el Presidente de la Corte, Juez
Antônio
A. Cançado Trindade,
se reunió con el Presidente y algunos de los Jueces de la Corte Europea
de Derechos Humanos, el 11 de julio de 2000. Asimismo, el 12 de julio expuso sobre la labor de la Corte Interamericana
a los jueces y personal del Tribunal Europeo, en su sede, la que produjo
un fructífero diálogo en beneficio de los sistemas tanto europeo como
interamericano de derechos humanos, sobre experiencias en materia
jurisdiccional de los dos tribunales.
Finalmente, el Presidente de
la Corte Interamericana, Juez Cançado Trindade, firmó el mismo día
12 de julio de 2000, un Convenio de Cooperación del Tribunal con el
Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo (Anexo
LV), en la sede del Instituto, con su nuevo Director, Profesor
J.-F. Flauss, mediante el cual ambas instituciones se comprometieron
a intercambiar publicaciones y documentos, y a informarse sobre sus
respectivas actividades. Asimismo,
como consecuencia de la firma de este Convenio, el Instituto Internacional
de Derechos Humanos proporcionará una beca anual de participación
y estadía para los funcionarios de la Corte Interamericana, en su
sesión anual de estudios en Estrasburgo.
La Corte Interamericana y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron
una actividad conjunta el 7 de agosto de 2000, en la cual se presentó
el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000, para todo Centroamérica. En la
mesa principal estuvieron presentes la señora Elizabeth Odio Benito,
Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica y Ministra de
Ambiente y Energía; el señor Rodolfo Piza Escalante, Presidente de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica;
Sakiko Fukuda Parr, Directora del Informe de Desarrollo Humano; el
Juez Antônio A. Cançado Trindade, Presidente de la Corte Interamericana
y la señora Virginia Trimarco, Representante Residente del PNUD.
Fueron asimismo invitados miembros
de los Supremos Poderes de la República de Costa Rica, del Cuerpo
Diplomático, de instituciones académicas, del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos y del sistema de Naciones Unidas, así como funcionarios
de ambas instituciones.
En el marco del evento, el
Presidente de la Corte Interamericana, Juez Cançado Trindade dictó
la conferencia titulada: El
desarrollo humano y los derechos humanos en la agenda internacional
del Siglo XXI.
17. Inauguración de las
nuevas instalaciones del anexo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
El 18 de agosto de
2000 se realizó la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de
la Corte que ocupan la Biblioteca Conjunta Corte-IIDH, el Centro de
Documentación del IIDH y la Unidad Editorial del Tribunal.
En ella estuvieron presentes, como invitados de la Corte el
Presidente de la República de Costa Rica, Doctor Miguel Ángel Rodríguez
Echeverría; la Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica,
señora Elizabeth Odio Benito; el Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto, Ingeniero Roberto Rojas López; la Ministra de Justicia, Licenciada
Mónica Nagel; la Vicepresidenta del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Licenciada Sonia Picado; el Director Ejecutivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Doctor Roberto Cuéllar, así como
varios miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno
de Costa Rica y personal de la Corte Interamericana y del IIDH.
Hicieron uso de la palabra
el Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade (Anexo LVI) y el Presidente de la República
de Costa Rica (Anexo LVII).
Finalmente se develó una
placa de agradecimiento de la Corte a la República de Costa Rica por
haber conseguido, de la cooperación internacional, los fondos necesarios
para adquirir el edificio y, posteriormente, los presentes hicieron
un recorrido por las instalaciones de la nueva Biblioteca.
18. Firma de un Convenio
de Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R.)
El 18 de agosto de 2000
se firmó, en la sede de la Corte, un Convenio de Cooperación entre
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Internacional
de la Cruz Roja. En el acto,
en el cual hicieron uso de la palabra el Presidente, Juez Antônio
A. Cançado Trindade, y el Delegado Regional de la Cruz Roja para Centroamérica
y el Caribe, señor Jean-Marc Bornet, se intercambiaron publicaciones
de las dos instituciones, como muestra de lo que será una colaboración
fructífera en el futuro. En él estuvieron presentes los jueces de la
Corte, sus Secretarios y personal, así como personal de la Oficina
Regional de la Cruz Roja para Centroamérica, el Consultor Jurídico
del CICR, señor Christophe Swinarski, además de otros distinguidos
invitados.
De acuerdo con el Convenio firmado, la Corte se comprometió
a: poner a disposición del
CICR los dictámenes y compilaciones de jurisprudencia, así como los
artículos y opiniones publicados al respecto; autorizar y facilitar
al CICR el libre acceso a la información pública y al Centro de Documentación;
capacitar a sus abogados y demás personal profesional de apoyo en
materia de Derecho Internacional Humanitario y contribuir dentro de
su mandato en la formación del personal del CICR en el Continente
en materia de protección de derechos humanos.
Por su parte el Comité
Internacional de la Cruz Roja, se comprometió a: compartir con la Corte y proporcionar al Centro de Documentación,
el siguiente material: documentos
relacionados con el desarrollo, la interpretación y la aplicación
del Derecho Internacional Humanitario publicados por la institución,
tales como: libros, artículos, ensayos, textos de estudio
en todas formas, incluso en forma electrónica (CD-ROM), estadísticas
sobre la participación de los Estados del Continente en los tratados
de derecho humanitario, información sobre la legislación y otras medidas
nacionales de aplicación, así como la jurisprudencia nacional correspondiente,
información, documentos y declaraciones
públicas sobre actividades de la institución dentro del cometido
de sus actividades y prestar apoyo a sus jueces o asesores jurídicos
y demás personal de la Corte en materia de Derecho Internacional Humanitario.
Además, ambas partes se
comprometieron a mantener una comunicación continua sobre la realización
de eventos tales como seminarios, conferencias, debates y exposiciones
sobre temas de interés común (Anexo
LVIII).
19. Reunión de Presidentes
de los Países de América del Sur
El 31 de agosto de 2000
se inauguró, en el Palacio Itamaraty del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Brasil, la Reunión de los Presidentes de todos los
países de América del Sur. La
Corte Interamericana estuvo representada por su Presidente, Juez Antônio
A. Cançado Trindade, invitado como Observador a la Sesión de Apertura
de dicha reunión. Al día siguiente, los Presidentes de la República de los países
suramericanos adoptaron el Comunicado
de Brasilia, en el cual, inter
alia, incluyeron la exigencia de la democracia como factor de
integración de los países de la región, y la realización de consultas
en caso de amenazas o ruptura del orden democrático en los países
de América del Sur, así como singularizaron la erradicación de la
pobreza como una de las prioridades.
El 12 de septiembre de
2000, el Juez Antônio A. Cançado Trindade, Presidente de la Corte
Interamericana, recibió al Excelentísimo señor Presidente de Costa
Rica, Doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, al Excelentísimo señor
Presidente de la República Dominicana, Doctor Hipólito Mejía Domínguez,
al Excelentísimo señor Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos,
Doctor Vicente Fox Quesada, acompañados por autoridades de sus ilustres
comitivas, así como de altas autoridades costarricenses.
En sus palabras de bienvenida
el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Cançado Trindade, manifestó
como acontecimiento histórico dicha visita, que confirma una saludable
tendencia de acercamiento respetuoso y diálogo constructivo entre
los Estados que han creado el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos y los órganos encargados de velar por el fiel
cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana y las
demás normas relativas a los derechos humanos en el hemisferio.
Asimismo, el Presidente de la Corte se refirió a la trayectoria
de ambos Estados - México y La República Dominicana - en materia de
derechos humanos.
Para finalizar, manifestó que
con el respaldo de la República de Costa Rica, de la República Dominicana
y de los Estados Unidos Mexicanos, junto con el de los demás Estados
Miembros de la OEA, el fortalecimiento del sistema interamericano
de derechos humanos se hará realidad, la labor de la Corte se perfeccionará
y de esta forma, todos los habitantes de la región gozarán de una
más eficaz protección de sus derechos a niveles tanto nacional como
internacional.
Los Presidentes
en sus alocuciones hicieron referencia a la trayectoria de los países en materia de derechos humanos.
Es así que la República Dominicana ha ratificado varios instrumentos
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y
en otros se ha constituido como signatario, y el 25 de marzo de 1999,
reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.
Por su parte, los Estados Unidos Mexicanos igualmente ha ratificado
la mayoría de los instrumentos de protección y, el 16 de
diciembre de 1998, reconoció la competencia contenciosa de este Tribunal. Asimismo, el Presidente de Costa Rica fue enfático
en la necesidad de fortalecer el sistema de protección integralmente,
y motivó a los visitantes a constituirse en promotores y aliados en
esta lucha para lograr tal objetivo.
21. Visita a la Corte Europea
de Derechos Humanos en Estrasburgo
El Presidente
de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, el Vicepresidente,
Juez Máximo Pacheco Gómez y el Secretario, Manuel E. Ventura Robles,
fueron invitados por la Corte Europea de Derechos Humanos y por su
Presidente, Juez Luzius Wildhaber, a una visita de trabajo a la sede
de dicha institución en Estrasburgo, Francia, la cual se realizó los
días 30 y 31 de octubre de 2000, en la sede del Tribunal Europeo,
con el fin de analizar con los jueces europeos y personal de la Secretaría
el funcionamiento actual de la Corte Europea, a partir de la entrada
en vigor del Protocolo No. 11, el 1 de noviembre de 1998.
La delegación
de la Corte Interamericana se reunió el día 30, después de haber sido
oficialmente recibida por el Presidente de la Corte Europea, con el
señor Wolfrgang Strasser, Secretario Adjunto para la organización
de la Corte y la evaluación del período de transición, para discutir
materias relativas a la nueva estructura y a la organización de la
Corte Europea bajo el Protocolo No. 11 y la consolidación del nuevo
sistema en el período de transición que vive con motivo de haberse
convertido en un tribunal permanente.
A continuación,
la delegación de la Corte Interamericana se reunió con los Secretarios
Adjuntos Paul Mahoney y Maud de Boer-Busquicchio, de la Corte Europea,
así como con la señora Sally Dollé, Secretaria de Sección, con quienes
intercambiaron ideas sobre los problemas administrativos y de procedimiento
que se derivan de la creación de una corte permanente.
El día 31,
los Jueces Cançado Trindade y Pacheco Gómez y el Secretario Ventura
Robles, celebraron por la mañana una sesión de trabajo con el Presidente
de la Corte Europea, Juez Luzius Wildhaber, con la Vicepresidenta
Jueza Elizabeth Palm, con el Juez Georg Ress, Presidente de Sección
y el Juez Jean-Paul Costa, con quienes intercambiaron informaciones
sobre el funcionamiento de ambas Cortes regionales.
Además, el Presidente Cançado Trindade mantuvo conversaciones
privadas con el Presidente Luzius Wildhaber y con los Jueces Benedetto
Conforti y Lucius Caflish.
Por la tarde
del mismo día, los Jueces Cançado Trindade y Pacheco Gómez y el Secretario
Ventura Robles, participaron en una mesa redonda con los Jueces José
Antonio Pastor Ridruejo, Irineu Cabral Barreto y Josep Casaderall,
y con varios abogados de la Corte, sobre aspectos relativos a la admisibilidad
de demandas y determinación de los hechos (fact-finding)
en ambos sistemas regionales. Posteriormente,
la delegación de la Corte Interamericana se reunió con el señor Gunther
Nagel, Jefe de División del Directorio General de Derechos Humanos
del Consejo de Europa, así como con algunos de sus asesores, para
discutir aspectos de la cuestión de la ejecución de las sentencias
de ambas Cortes regionales.
22. Participación en la
Conferencia conmemorativa de Roma sobre los 50 años de la firma del
Convenio Europeo de Derechos Humanos
El Presidente
de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, el Vicepresidente,
Juez Máximo Pacheco Gómez y el Secretario, Manuel E. Ventura Robles,
participaron, por invitación del Consejo de Europa, los días 3 y 4
de noviembre de 2000 en Roma, Italia, en la Conferencia Ministerial
de Roma sobre Derechos Humanos, que se celebró en la capital de Italia
con motivo de cumplirse 50 años de la adopción del Convenio Europeo
de Derechos Humanos en esa ciudad. En dicha conferencia las delegaciones de todos los Estados Miembros
del Consejo de Europa expusieron sus posiciones sobre las medidas
que deben tomarse para fortalecer el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Esta conferencia tuvo lugar en el Palazzo della Farnesina, sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Italia.
El Presidente
de la Corte Interamericana, Juez Antônio A. Cançado Trindade, fue
recibido en audiencia especial por Su Santidad el Papa Juan Pablo
II, en la Sala Clementina, ciudad del Vaticano, el día 3 de noviembre,
a las 11:45 horas.
Por la tarde,
los Jueces Cançado Trindade, Pacheco Gómez y el Secretario Ventura
Robles, participaron en la recepción oficial que ofreció el Presidente
de la República Italiana en el Palazzo
del Quirinale, así como en la ceremonia de la firma del Protocolo
No. 12 a la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohibe todas
las formas de discriminación, celebrada el día 4 de noviembre en el
Campidoglio.
23. Ciclo de Conferencias
celebrado en Sevilla, España, sobre el 50 aniversario del Convenio
Europeo de Derechos Humanos
El Presidente
de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, el Vicepresidente,
Juez Máximo Pacheco Gómez y el Secretario, Manuel E. Ventura Robles,
fueron invitados por la Fundación El Monte y la Universidad de Sevilla
para participar en el Ciclo de Conferencias programado con motivo
del 50 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se
celebró del 6 al 9 de noviembre en la ciudad de Sevilla, España.
La noche del
jueves 9 de noviembre, el Presidente de la Corte Interamericana, Juez
Cançado Trindade, dictó una conferencia sobre La Experiencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la Protección Internacional de los Derechos
Humanos.
El día anterior,
el miércoles 8 de noviembre de 2000, tanto el Presidente como el Vicepresidente
y el Secretario de la Corte Interamericana participaron en una mesa
redonda sobre el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos con todos los catedráticos, profesores y asistentes del Departamento
de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, cuyo
Director es el Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, ex Juez de
la Corte Europea de Derechos Humanos.
El Presidente de la Corte,
Juez Antônio A. Cançado Trindade, acompañado por el Vicepresidente,
Juez Máximo Pacheco Gómez y por el Secretario, Manuel E. Ventura Robles,
firmó el 8 de noviembre de 2000 en la Universidad de Sevilla, España,
un Convenio de Cooperación Interinstitucional (Anexo
LIX) con el señor Antonio Tirado Jiménez, Presidente de la Fundación
Caja Castellón Bancaja, quien estuvo acompañado por el Profesor Jorge
Cardona Llorens, Catedrático de Derecho Internacional Público de la
Universitat Jaume I, de Castellón, España.
De acuerdo
con este Convenio, la Corte Interamericana se compromete a: informar
al Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo de los
fallos judiciales y opiniones consultivas que produzca la Corte y
facilitar el acceso a esta jurisprudencia, y facilitar al Centro Internacional
Bancaja para la Paz y el Desarrollo, a sus investigadores y colaboradores,
el acceso al Centro de Documentación ubicado en la Corte.
Por su parte, el Centro Internacional Bancaja para la Paz y
el Desarrollo se compromete a: facilitar a la Corte las publicaciones
que se generen como resultado de las actividades realizadas en el
Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo, y brindar
a la Corte las facilidades para el acceso al Centro de Documentación
ubicado en Castellón, además de donar a la Corte los tomos sucesivos
de la colección de los cursos Euromediterráneos de Derecho Internacional.
También, ambas instituciones se comprometen a buscar mecanismos
que contribuyan a una estrecha y eficaz cooperación para la promoción
y protección de los derechos humanos y el desarrollo humano.
25. Reunión de los Presidentes
y Vicepresidentes de la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos
Humanos
El día 18
de noviembre de 2000 se reunieron, en la sede de la Corte Interamericana
en San José, Costa Rica, el Presidente y Vicepresidente de la Corte,
Jueces Antônio A. Cançado Trindade y Máximo Pacheco Gómez, con el
Presidente y Primer Vicepresidente de la Comisión, Comisionados Hélio
Bicudo y Claudio Grossman.
La Reunión
puso de manifiesto las estrechas y armónicas relaciones de coordinación
que inspiran a ambos órganos de protección de los derechos humanos
del sistema interamericano, y estableció la temática de la próxima
reunión conjunta a celebrarse entre la Corte y la Comisión en el año
2001, de conformidad con el mandato de la Asamblea General de la OEA.
Al final de
la reunión, el Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade
y el Presidente de la Comisión, señor Hélio Bicudo, enviaron una carta
conjunta al Secretario General de la OEA, señor César Gaviria Trujillo,
informándole de los temas acordados para consideración por ambos órganos,
los cuales se incluyen: 1. Búsqueda conjunta de mejor financiación
para la operación de ambos órganos. 2. Cumplimiento de las sentencias
de la Corte y recomendaciones de la Comisión. 3. Fortalecimiento del
sistema interamericano de protección. 4. Coordinación continua entre
los dos órganos del sistema para el desempeño de sus funciones. 5.
Agilización del proceso de reforma de sus reglamentos (admisibilidad
de los casos, envío de casos a la Corte, determinación de los hechos,
pruebas, entre otros).
Asimismo,
la referida carta agregó que se hizo énfasis en dar particular atención
a los cambios en los Reglamentos tanto de la Corte como de la Comisión,
así como a la obtención de los recursos económicos adicionales que
van a necesitar ambos órganos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones
convencionales en los próximos años (Anexo
LX).
26. Celebración del 50
aniversario de ACNUR en la sede de la Corte Interamericana
El miércoles
22 de noviembre de 2000 se celebró, en la sede de la Corte Interamericana,
una mesa redonda titulada El
Refugio del Mundo Contemporáneo: Experiencias y Perspectivas , en conmemoración
del 50 aniversario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR). El
referido acto académico contó con la presencia del Cuerpo Diplomático
acreditado ante el Gobierno de Costa Rica, altos dignatarios gubernamentales
y expertos en la materia, además de los Jueces y el personal de la
Corte.
Participaron
como expositores el señor Jaime Ruiz de Santiago, Jefe de Misión de
ACNUR en Costa Rica; el Excelentísimo señor Luiz Fernando de Oliveira
y Cruz Benedini, Embajador de la República Federativa del Brasil en
Costa Rica; el Excelentísimo señor Carlos Pujalte Piñeiro, Embajador
de los Estados Unidos Mexicanos en Costa Rica; el Juez Antônio A.
Cançado Trindade, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Excelentísima señora Elayne Whyte Gómez, Viceministra
de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Moderó la mesa redonda el Secretario de la
Corte, Manuel E. Ventura Robles.
En la ocasión, el Presidente de la Corte, Juez Cançado Trindade,
disertó sobre El Desarraigo como Problema de Derechos Humanos
Frente a la Conciencia Jurídica Universal .
27. Visita a la Corte de
una Delegación del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario
La tarde del
día 29 de noviembre, el Presidente de la Corte Interamericana, Juez
Antônio A. Cançado Trindade, recibió la visita de una delegación de
28 personas del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario, de Lund, Suecia, encabezada por su Director, Profesor
Gudmundur Alfredsson. En la ocasión, el Presidente de la Corte agradeció
el interés del Instituto Raoul Wallenberg en la jurisprudencia reciente
de la Corte Interamericana, y felicitó al Instituto por su labor académica
en el campo de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
28. Visita del Presidente de Argentina y del Presidente de
Costa Rica
El 5 de diciembre de 2000
el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Antônio A. Cançado
Trindade, recibió al Excelentísimo señor Presidente de la República
Argentina, Doctor Fernando de la Rúa, en la sede de la Corte, en San
José, Costa Rica.
Durante su visita a la
Corte el Excelentísimo señor Presidente de la República Argentina
estuvo acompañado por una comitiva de alto nivel que incluyó al Ministro
de Relaciones Exteriores de Argentina, Doctor Adalberto Rodríguez
Giavarini y al Embajador de Argentina ante el Gobierno de Costa Rica,
Doctor Manuel María Pinto, entre otras autoridades.
La comitiva del Presidente de la Rúa fue acompañada en la ceremonia
en la Corte por el Excelentísimo señor Presidente de la República
de Costa Rica, Doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, por el Excelentísimo
señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Ingeniero
Roberto Rojas López y el Embajador de Costa Rica ante el Gobierno
de Argentina, Doctor Eduardo Francisco Otoya Boulanger
.
En sus palabras
de bienvenida el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Cançado
Trindade, manifestó como acontecimiento histórico dicha visita, que
confirma una saludable tendencia de acercamiento respetuoso y diálogo
constructivo entre los Estados que han creado el sistema interamericano
de protección de los derechos humanos y los órganos encargados de
velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la Convención
Americana y las demás normas relativas a los derechos humanos en el
hemisferio.
El Presidente de la Corte
se refirió a la rica tradición jurídica de Argentina, la que ha significado
un gran y reconocido aporte al desarrollo del pensamiento jusinternacionalista
latinoamericano. Y recordó
que, en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, Argentina
fue sede de la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria que
se efectuó en 1967, en la cual se reformó la Carta de la OEA. En esta
Conferencia se constituyó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como un órgano de la OEA y además se convocó a una conferencia
especializada interamericana sobre derechos humanos, que determinaría
la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados
de esta materia. Esta Conferencia adoptó, el 22 de noviembre de 1969,
la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, la cual
a su vez crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, la República Argentina ratificó dicha
Convención y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana
el 5 de septiembre de 1984. Además,
Argentina ha sido y es un país amigo del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, al que siempre ha rendido su valioso
apoyo.
Recordó que, en los últimos
meses, la Corte Interamericana se ha visto igualmente honrada por
la visita de otros mandatarios de países americanos: el Excelentísimo
señor Presidente de la República de Paraguay, Doctor Luis Miguel González
Macchi, el Excelentísimo señor Presidente de la República Federativa
del Brasil, Doctor Fernando Henrique Cardoso, el Excelentísimo señor
Presidente de la República de Colombia, Doctor Andrés Pastrana Arango,
el Excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, Doctor
Hipólito Mejía Domínguez y el Excelentísimo señor Presidente Electo
de los Estados Unidos Mexicanos, Doctor Vicente Fox Quesada.
Por su parte, el Presidente de la Rúa reiteró su
consideración y apoyo, sin condicionamientos, a la labor de la Corte
cuya contribución al Estado de Derecho en la región, a través de sus
sentencias y opiniones consultivas, representan uno de los logros
más significativos y trascendentes del sistema interamericano de protección
de los derechos humanos. Resaltó
que a partir de 1994 con la reforma constitucional, los instrumentos
internacionales de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional
y fueron incorporados a la Constitución argentina. Además, manifestó
que una de las responsabilidades básicas de los gobiernos de la región
es emplear todos sus esfuerzos para proveer los medios que fortalezcan
el sistema jurídico interno, respetando su independencia ya que este
es el marco esencial en el cual se procesan y resuelven los conflictos
conforme a derecho. Destacó
la labor de la Comisión Interamericana, pero señaló que es necesario
que este perfeccione su funcionamiento y en particular sus criterios
de admisibilidad y procedimientos. Reiteró el interés de Argentina
de favorecer una mayor presencia de las víctimas en los procesos ante
la Corte y el acceso directo de estos a la Corte, una vez agotado
el procedimiento ante la Comisión, como parte del proceso progresivo
de consagración del individuo como sujeto pleno del Derecho Internacional.
Agregó que, las sentencias de la Corte deben ser cumplidas
y que no se discute su carácter obligatorio y que una contribución
trascendente al mejoramiento del sistema interamericano, es que todos
los Estados acepten sin restricciones la competencia contenciosa de
la Corte, e instó a un mayor involucramiento de los órganos políticos
de la OEA en el cumplimiento de las sentencias de la Corte.
IV. ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE LOS JUECES
El Juez Antônio
A. Cançado Trindade dictó un curso de cuatro conferencias sobre "L'État Actuel et Perspectives du Système Interaméricain
de Protection des Droits de l'Homme / Current State and Perspectives
of the Inter-American System of Protection of Human Rights"
("El Estado Actual y Perspectivas del Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos"), en la XXXI Sesión de
Estudios del Instituto Internacional de Derechos Humanos, realizada
en Estrasburgo, Francia, del 10 al 13 de julio de 2000; el 11 de julio
de 2000, en la sede del Consejo de Europa en la misma ciudad de Estrasburgo,
hizo una exposición a los Jueces y personal de la Corte Europea de
Derechos Humanos sobre la labor de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
El Juez Antônio
A. Cançado Trindade dictó tres conferencias, sobre "El Acceso Directo de los Individuos a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos", en el XXVII Curso de
Derecho Internacional organizado por el Comité Jurídico Interamericano
de la OEA, en Rio de Janeiro, Brasil, los días 02-04 de agosto de
2000.
El Juez Antônio
A. Cançado Trindade dictó dos conferencias sobre "La Corte Interamericana de Derechos Humanos"
en el XVIII Curso Interdisciplinario del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH), en San José de Costa Rica, los días 07
y 09 de agosto de 2000. Posteriormente, dictó una conferencia sobre
"El Fortalecimiento y Perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos", en el Curso para Entidades de la Sociedad Civil
del IIDH, en San José de Costa Rica, el 14 de noviembre de 2000.
El Juez Antônio
A. Cançado Trindade dictó la conferencia de apertura, sobre "El Acceso Directo de los Individuos a los Tribunales
Internacionales de Derechos Humanos", en la V Conferencia
Nacional de Derechos Humanos, en el Auditorio del Congreso Nacional
del Brasil, en Brasilia, el día 25 de mayo de 2000. Además, dictó
la conferencia de clausura, sobre "Funciones
y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos",
del Curso para Procuradores de la República realizado en la ciudad
de Salvador de Bahia, Brasil, el 15 de diciembre de 2000.
En ceremonia
realizada la noche del 20 de octubre de 2000 en la ciudad de Curitiba,
Brasil, el Juez Antônio A. Cançado Trindade recibió el Premio "Heleno Fragoso por los Derechos Humanos 2000",
otorgado por el Orden de Abogados de Brasil (OAB/Estado del Paraná),
por su valiosa contribución a la evolución del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
El Juez Antônio
A. Cançado Trindade dictó la conferencia de clausura sobre "La Experiencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la Protección Internacional de los Derechos Humanos",
en el Seminario de la Universidad de Sevilla, conmemorativo del 50
aniversario de la Convención Europea de Derechos Humanos, en Sevilla,
España, la noche del 09 de noviembre de 2000.
El Juez Antônio
A. Cançado Trindade dictó una conferencia magna sobre la Evolución
de la Protección Internacional de los Derechos Humanos, la noche del
28 de noviembre de 2000, en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio,
en las cercanías de la Catedral de La Habana, Cuba, copatrocinada
por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Conferencia
de los Obispos Católicos de Cuba (la Conferencia Episcopal), y la
Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC); el día anterior, 27 de
noviembre, participó de una mesa redonda con juristas miembros de
la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, en la sede del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en La Habana, Cuba.
Durante el
año de 2000, el Juez Antônio A. Cançado Trindade recibió el homenaje
de su elección como Patrono de los Graduados de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Brasília, el 01 de septiembre de 2000; dictó
dos cursos (Derecho Internacional Público y Derecho Internacional
de los Derechos Humanos) en la misma Universidad de Brasília, Brasil
(segundo semestre), en la cual inauguró el Seminario del ACNUR sobre
Derecho Internacional de los Refugiados, el día 29 de agosto de 2000;
dictó, asimismo, un curso de Derecho Internacional Público en el Instituto
Diplomático Rio-Branco, en Brasilia (primer semestre).
Durante el
primer semestre del año 2000, el Juez Antônio A. Cançado Trindade
integró el Panel Consultivo Externo de Eminentes Expertos del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la elaboración
del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD relativo al año 2000.
El Juez Máximo Pacheco
Gómez, en el marco de sus actividades académicas del año 2000 desarrolladas
en su país, dictó el curso anual de Introducción al Estudio del Derecho
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
En la Escuela de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica impartió el curso semestral
de Derechos Humanos.
Sobre el mismo tema, dictó
el curso semestral de Derechos Humanos en la Academia de Ciencias
Policiales de Carabineros de Chile.
Asimismo, este año fue
elegido Vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad Andrés
Bello de Chile.
El señor Presidente de
la República de Chile, Ricardo Lagos, designó al Juez Pacheco Gómez
en su representación como:
a. Miembro de la Junta Directiva de la Universidad
de Talca de Chile; y
b. Miembro del Consejo Directivo de la Editorial
Jurídica de Chile.
En el año 2000, el Juez
Hernán Salgado Pesantes, participó en el Curso Especializado en Derechos
Humanos, dirigido a jueces y fiscales, organizado por el Consejo Nacional
de la Judicatura, Ministerio Público y ALDHU, del 2 al 4 de mayo.
El Tribunal Constitucional
del Ecuador lo designó, en su representación, para participar en los
actos y seminario conmemorativos del XX aniversario del Tribunal Constitucional
de España, realizados del 3 al 5 julio.
En representación del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, participó en el seminario Las
Defensorías del Pueblo y Políticas Públicas en América Latina, que
tuvo lugar en la sede de FLACSO en Quito,
el 20 y 21 de septiembre.
Participó, en representación
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Seminario sobre
Derecho de los Refugiados y Derechos Humanos, organizado por ACNUR
y la Asociación Internacional de Jueces para los Refugiados, en Ginebra
Berna, del 21 al 26 de octubre.
Finalmente, y como representante
del Instituto Interamericano, asistió a la Septième Session du Comité
Internationale de Bioéthique de l`Unesco, celebrada en Quito, Ecuador,
del 7 al 9 de diciembre.
El Juez Sergio García Ramírez es autor de los siguientes
libros publicados durante el año 2000: Estudios jurídicos (Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, primera edición, 997 páginas),
Moradas del poder (Seminario de Cultura Mexicana, México, primera
edición, 342 páginas), Elementos de Derecho procesal agrario (Editorial
Porrúa, México, tercera edición, 516 páginas) y Delincuencia organizada.
Antecedentes y regulación penal en México (Editorial Porrúa-Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, segunda edición, 306 páginas).
Asimismo, el folleto Admisión de la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de México (Comisión
Nacional de Derechos Humanos, México, primera edición, 51 páginas);
y el estudio introductorio Beccaria: el hombre, la circunstancia,
la obra correspondiente a la edición facsimilar de Beccaria, César,
De los delitos y de las penas (Fondo de Cultura Económica, México,
primera edición, estudio introductorio: páginas 7-97). Igualmente,
numerosos artículos jurídicos y prólogos a diversas obras de Derecho
y otras disciplinas, publicados en México y en otros países. Profesor
de la licenciatura en Derecho de la UNAM y del postgrado en Derecho
de la Universidad Iberoamericana-Puebla (cursos del año 2000). Expositor
en cursos o seminarios, sobre temas relacionados con derechos humanos,
organizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto Latinoamericano
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento
al Delincuente (ILANUD), entre otras organizaciones.
V. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA SECRETARÍA
El 22 de marzo de 2000 se recibió la visita de un grupo de
aproximadamente quince personas, entre las que estaban: profesionales
adjuntos suecos, que trabajan en diferentes organismos de derechos
humanos en Latinoamérica -entre otros, la OEA en Nicaragua, la Defensoría
del Pueblo en Perú, la Comisión Andina de Juristas en el Perú y el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica-, y representantes
de la cooperación sueca. Todos ellos recibieron una charla sobre el
trabajo diario de la Secretaría de la Corte y los desafíos del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos, que fue dictada por el Secretario
de la Corte, señor Manuel E. Ventura Robles y asistido por las abogadas
de este Tribunal. Dicha conferencia se enmarcó en un seminario de
capacitación sobre los derechos humanos y el sistema interamericano
que recibían dichos funcionarios.
El 22 de marzo de 2000,
el Secretario de la Corte, Manuel E. Ventura Robles, con la asistencia
de las abogadas del Tribunal, impartió en la sede de la Corte una
charla sobre la Corte Interamericana, sus funciones consultiva, contenciosa
y medidas provisionales a la luz de la jurisprudencia del Tribunal,
a un grupo de estudiantes de la Universidad de Orange Coast Community
College de California, que asistían a un curso de Ciencias Políticas
impartido por el doctor Roberto de la Ossa en el Instituto Centroamericano
de Asuntos Internacionales.
El 30 de marzo de 2000 el Secretario de la Corte, señor Manuel
E. Ventura Robles, dictó una conferencia en la Asociación Nacional
de Fomento Económico de Costa Rica sobre El
proceso de reforma y fortalecimiento del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos.
En dicha conferencia el Secretario se refirió a todos los actos
relacionados con la evaluación del funcionamiento del sistema interamericano
de promoción y protección de los derechos humanos tendientes a su
perfeccionamiento y fortalecimiento.
Mencionó la importancia de un diálogo iniciado por la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos en el que participaron los Estados
miembros de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos
Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y representantes
de organizaciones no gubernamentales. Asimismo, señaló que en febrero de 2000 se
reunió en San José, Costa Rica, un Grupo de Trabajo ad hoc sobre Derechos Humanos, creado por los Ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA o sus representantes, que también emitió recomendaciones
sobre la materia.
El señor Renzo Pomi, Secretario
Adjunto de la Corte, participó durante
los días 22 a 29 de marzo de 2000, invitado por el Instituto de Derechos
Humanos de Cataluña, en Barcelona, España, en el XVIII Curso de Derechos
Humanos 2000. Esta es una
actividad que el mencionado Instituto, con el cual la Corte Interamericana
tiene una estrecha relación generada a partir de un convenio de cooperación
oportunamente firmado entre ambas instituciones, realiza anualmente
y que reúne a connotados profesores de España y Europa.
Convoca como alumnos a estudiantes de derecho y funcionarios
del sector justicia. Durante su estadía en la mencionada ciudad, el
señor Pomi participó en una mesa redonda con asistentes en el Curso
en la cual se debatieron temas relacionados con el sistema interamericano
de protección de los derechos humanos y, en particular, con la labor
de la Corte Interamericana.
El Secretario de la Corte,
Manuel E. Ventura Robles, fue invitado por el Departamento de Derecho
Internacional Público de la Universidad de Sevilla, España, del 8
al 12 de mayo de 2000, para dictar tres clases, un seminario para
profesores y una conferencia en el Ilustrado Colegio de Abogados de
Sevilla, sobre el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos. Los temas sobre los que versaron las clases fueron: La función contenciosa de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, La
función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y El Proceso de Reforma y Fortalecimiento del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La conferencia en el Colegio de Abogados fue
sobre La Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el seminario para profesores fue sobre
El Proceso de Reforma y Fortalecimiento del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
El 22 de junio de 2000 un grupo de doce estudiantes de segundo
año de derecho de Nova Southern University (Florida) y de Pennstate
University (Pennsylvania), ambas instituciones de los Estados Unidos
de América, recibieron una charla sobre el funcionamiento del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, dictada por
las abogadas de este Tribunal. Dicha conferencia se enmarcó en un
seminario sobre los derechos humanos recibido por estos estudiantes
durante un mes en una universidad costarricense.
El Secretario de la Corte, señor Manuel E. Ventura Robles,
dictó la conferencia Lactancia
Materna: un Derecho Humano el 1 de agosto de 2000, en el acto
de inauguración de la actividad de Apertura de la Semana de la Lactancia
Materna: un Derecho Humano, cita que se realizó en
la sede de la Corte. Esta
disertación se sustentó en el marco de la normativa vigente en los
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos -desde
la perspectiva del ámbito universal para puntualizar en la esfera
específica de Costa Rica. Las instituciones promotoras y asistentes a
la jornada fueron: UNICEF, OPS, Ministerios de Salud y Educación,
CCSS, PANI: así como Organizaciones
No Gubernamentales involucradas con dicho tema.
El Secretario de la Corte,
Manuel E. Ventura Robles, dictó una conferencia en San José, Costa
Rica, el 7 de septiembre de 2000 sobre Los
Alcances de los Derechos Humanos, en el Seminario Los Derechos Humanos organizado por la Federación Costarricense de
Trabajadores de la Salud y la Union Network International.
VI. ACTUALIZACIÓN DE LAS
PUBLICACIONES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
Durante el año 2000, fue enteramente
actualizada la serie de publicaciones de jurisprudencia de la Corte,
mediante la impresión y divulgación de los fascículos referentes a
las siguientes decisiones de la Corte:
Serie A
Corte I.D.H., El Derecho a la Información sobre la Asistencia
Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre
de 1999. Serie A No. 16.
Serie B
Corte I.D.H., El Derecho a la Información sobre la Asistencia
Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre
de 1999. Serie B No. 16.
Corte I.D.H., Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de
1998. Serie C No. 36.
Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia
de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37.
Corte I.D.H., Caso Benavides Cevallos. Sentencia de 19
de junio de 1998. Serie C No. 38.
Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia
de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39.
Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides, Excepciones Preliminares.
Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40.
Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi, Excepciones Preliminares.
Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art.
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27
de noviembre de 1998. Serie C No. 42.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Reparaciones (art.
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27
de noviembre de 1998. Serie C No. 43.
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art.
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20
de enero de 1999. Serie C No. 44.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo. Solicitud de Revisión de
la Sentencia de 29 de enero de 1997. Resolución de la Corte de
13 de septiembre de 1997. Serie C No. 45.
Corte I.D.H., Caso El Amparo. Solicitud de Interpretación
de la Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Resolución de la Corte de 16 de abril de 1997. Serie C No.
46.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 17 de septiembre de 1997.
Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47.
Corte I.D.H., Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48.
Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado, Excepciones Preliminares.
Sentencia de 26 de enero de 1999. Serie C No. 49.
Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte, Excepciones Preliminares.
Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50.
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero. Interpretación de la Sentencia
sobre Reparaciones. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 29 de mayo de 1999. Serie C No. 51.
Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No.
52.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Interpretación de la Sentencia
sobre Reparaciones (art.
67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de
junio de 1999. Serie C No. 53.
Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia
de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54.
Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Competencia.
Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55.
Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de
septiembre de 1999. Serie C No. 56.
Corte I.D.H., Caso Blake. Interpretación de la Sentencia
sobre Reparaciones (art.
67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 1 de
octubre de 1999. Serie C No. 57.
Corte I.D.H., Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de noviembre
de 1999. Serie C No. 58.
Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros. Cumplimiento
de sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 1999. Serie C No.
59.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Cumplimiento
de sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 1999. Serie C No.
60.
Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros, Excepciones Preliminares.
Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C No. 61.
Corte I.D.H., Cesti Hurtado. Solicitud de Interpretación.
Resolución de la Corte de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 62.
Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros. Sentencia
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
Medidas Provisionales No.
2
COMPENDIO: julio 1996
junio 2000
Documentos Básicos en Materia
de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano
(Actualizado a diciembre
de 1999)
VII. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS
Se practicó una auditoría
a los estados financieros de la Corte Interamericana para el período
fiscal de 1999 por parte de la firma de Auditores Externos Independientes
Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., Contadores Públicos Autorizados, representantes
en Costa Rica de la firma HLB International.
La auditoría comprendió tanto
los fondos provenientes de la OEA como del aporte del Estado de Costa
Rica para el mismo período. Los estados financieros son responsabilidad
de la administración de la Corte Interamericana y la auditoría se
hizo con el propósito de obtener una opinión para determinar la validez
de las transacciones financieras ejecutadas por la Corte tomando en
cuenta los principios de contabilidad y auditoría generalmente aceptados.
Según el informe del 28
de febrero de 2000 de la firma de Contadores Públicos Autorizados,
los estados financieros de la Corte expresan adecuadamente la situación
financiera y patrimonial de la institución, así como los ingresos,
desembolsos y flujos de efectivo para el período de 1999, los cuales
se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, propios de entidades no lucrativas (como es el caso de
la Corte) y aplicados sobre bases consistentes.
Se desprende del informe
presentado por los auditores independientes que el sistema de control
interno contable utilizado por la Corte es adecuado para el registro
y control de las transacciones y que se utilizan prácticas comerciales
razonables para asegurar la más efectiva utilización de los fondos
proporcionados.
Copia de este informe fue
enviado al Departamento de Servicios Financieros de la OEA y al Inspector
General de la Organización.
En el área de
Cooperación Internacional, durante el presente año, se llegó a la
conclusión satisfactoria de tres proyectos que se implementaron con
fondos provenientes de organismos internacionales que apoyaron la
labor de la Corte, especialmente en el equipamiento y compra de libros
para la Biblioteca, así como en el área de publicaciones. Se presentaron
oportunamente los informes financieros y técnicos para los proyectos
de Apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, III Etapa,
con la Unión Europea; Convenio de Cooperación con la Agencia Española
de Cooperación Internacional y el Convenio de Cooperación con el Centro
Danés para los Derechos Humanos.
Aprobación del presupuesto de la Corte para el año 2001
La Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos aprobó en su XXVII Período
Extraordinario de Sesiones realizado en la Ciudad de Washington D.C.,
el 12 de octubre de 2000, el presupuesto de la Corte para el año 2001
por un monto de US$1,284,700.00 (un millón doscientos ochenta y cuatro
mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América).
Aunque el presupuesto
de la Corte Interamericana es financiado por la OEA, también existe
una partida que dona el Gobierno de Costa Rica a la Corte por un monto
anual de US$100,000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de
América), como parte de su compromiso al firmar el Convenio de Sede
en 1983. Este monto ya ha sido aprobado por el Gobierno de Costa Rica
en el presupuesto del año 2001.
[1] El Perú, por comunicación
del 9 de julio de 1999 presentó un documento
en la Secretaría General de la OEA en Washington, D. C., mediante
el cual comunicó que retira la declaración de reconocimiento de
la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 31 de enero de 2001 el Perú depositó en la Secretaría General de la
OEA el instrumento mediante el cual deja sin efecto la comunicación
de 9 de julio de 1999 anterior y restablece a plenitud para el
Estado peruano la competencia contenciosa de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
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