Comunicación Nº 947/2000 : Australia. 27/10/2000.
CCPR/C/70/D/947/2000. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
70º período de sesiones

16 de octubre a 3 de noviembre de 2000

Anexo*
Decisión del Comité de Derechos Humanos emitida

a tenor del Protocolo Facultativodel Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos

70º período de sesiones

Comunicación Nº 947/2000

Presentada por: Sr. Barry Hart

Presunta víctima: El autor

Estado Parte: Australia

Fecha de la comunicación: 31 de enero de 2000 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 25 de octubre de 2000,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre admisibilidad

1. El autor de la comunicación es Barry Hart, ciudadano australiano, nacido el 20 de agosto de 1935. Afirma ser víctima de violaciones por Australia de los párrafos 1 y 2 y del inciso a) del párrafo 3 del artículo 2, del artículo 14, de los párrafos 1 y 2 del artículo 17, del párrafo 1 del artículo 18, de los párrafos 1 y 2 del artículo 19 y del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor en el Estado Parte el 12 de noviembre de 1980 y el Protocolo Facultativo entró en vigor el 25 de diciembre de 1991.

Los hechos expuestos por el autor

2.1. En 1973 el autor acudió voluntariamente al hospital privado de Chelmsford a una cita psiquiátrica con el Dr. Herron, destacado especialista de la cura de sueño profundo de ese nosocomio. El autor afirma que el personal de Chelmsford lo dejó inconsciente involuntariamente. Durante los diez días siguientes el autor afirma que fue sometido sin su consentimiento a un tratamiento con grandes cantidades de fármacos potencialmente tóxicos, de administración por vía nasal (incluidos barbitúricos). También se le sometió a una terapia electroconvulsiva sin relajantes. Como consecuencia de estos tratamientos el autor sufrió una neumonía doble, pleuresía, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y una lesión cerebral anóxica. El 20 de marzo de 1973 el autor fue trasladado con neumonía bilateral y una embolia pulmonar al Hornsby Public Hospital, de donde se le dio de alta el 3 de abril de 1973. Después de que se le diera de alta, el autor sufrió de convulsiones, sensibilidad al ruido, sobresaltos, pesadillas, náuseas y un estado de excitación psicológica permanente. Se le diagnosticó un estado de estrés postraumático crónico grave. Se afirma que como consecuencia de estos efectos el autor no puede emplearse, y que ahora depende de una pensión de invalidez. El autor alega que en los últimos años estos síntomas se han ido exacerbando, al punto de que ahora ya son intratables.

2.2. En noviembre de 1976 el autor entabló acción judicial, exponiendo sus reclamaciones ante el Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur. En 1979 el caso fue elevado al Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur.

2.3. En marzo de 1980 se inició un procedimiento civil contra Chelmsford y el Dr. Herron ante el juez Fisher y un jurado en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. El autor alega que en la audiencia no se observaron las debidas garantías en varios respectos. Se dice que el juez excluyó importantes pruebas por considerarlas parciales, y se sometió al jurado a presión indebida para que llegase rápidamente a una conclusión. Los acusados no presentaron testigo médico alguno para defender su posición, pero el juez se refirió al testimonio pericial médico ante el jurado en términos desfavorables para el denunciante. El autor afirma que el síndrome de estrés postraumático de que sufría no era una enfermedad reconocida a la sazón. El juez encargado del juicio ordenó al jurado que no tuviesen en cuenta cualesquiera daños ejemplares (punitivos), aduciendo que no había prueba alguna de negligencia profesional manifiesta o insensible que los justificara. El 14 de julio de 1980 el jurado pronunció un veredicto contrario a Chelmsford y al Dr. Herron, por detención ilegal y por agresión física y negligencia, respectivamente. Se otorgó al autor una indemnización de 6.000 dólares por detención ilegal contra ambos acusados, 18.000 dólares por agresión física contra el Dr. Herron y 36.000 dólares de indemnización compensatoria (por lucro cesante pasado y futuro) contra ambos acusados. En agosto de 1980 los acusados apelaron de daños y perjuicios "excesivos", y, por su parte, el autor también apeló de la cuantificación así como de la exclusión de los daños ejemplares.

2.4. En 1983 el autor se quejó ante el Comité de Investigaciones de la Junta Médica del tratamiento a que fue sometido en Chelmsford y de cuestiones conexas derivadas del juicio de 1980.

2.5. En marzo de 1986 el Comité de Investigaciones determinó que existía una presunción de conducta profesional indebida por parte del Dr. Herron que justificaba la remisión del caso a un Tribunal Disciplinario. El Dr. Herron interpuso una demanda de abuso procesal ante el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur, que remitió el asunto al Tribunal Disciplinario. En junio de 1986 el juez Ward del Tribunal sostuvo que no había habido dilación alguna por parte del autor que constituyese un caso de abuso procesal, remitiéndose a todas las actuaciones judiciales realizadas durante ese período.

2.6. En septiembre de 1986, a solicitud del Dr. Herron, el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur (McHugh CJ, Priestley y Street JJA) suspendió permanentemente el proceso disciplinario, independientemente de la decisión del juez Ward, sobre la base de que el autor había abusado del proceso al retardar por espacio de tres años una queja ante el Comité de Investigaciones de la Junta Médica. En diciembre de 1986 el Tribunal Supremo de Australia se negó a otorgar al autor permiso especial para apelar del fallo del Tribunal de Apelación.

2.7. En agosto de 1988 se encargó a una Real Comisión de Investigaciones que investigara el ejercicio de la profesión médica en Chelmsford, incluida la terapia de sueño profundo y el gran número de muertes ocurridas en ese centro. La Real Comisión examinó exhaustivamente el caso del autor, entre otros. En un informe muy crítico de diciembre de 1990 la Comisión estimó que había habido conducta dolosa y que existían pruebas de grave perjuicio psicológico. Determinó que los acusados habían conspirado para falsear la justicia, entre otras cosas, amenazando a una enfermera testigo ocular, falsificando el presunto consentimiento del autor al tratamiento, y mintiendo luego deliberadamente respecto del incidente de falsificación.

2.8. El autor afirma que en 1993 se le diagnosticó por primera vez una enfermedad psiquiátrica debilitante. En junio de 1993 el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur rechazó la solicitud del Dr. Herron de que se desestimara la apelación del autor del fallo de 1980 por falta de acusación.

2.9. En agosto de 1995 el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur atendió la apelación del autor del fallo de 1980, en relación con la cuantificación inadecuada de la indemnización compensatoria y la orden del juez de que el jurado excluyese cualesquiera daños ejemplares. No se insistió en la apelación del Dr. Herron. El 6 de junio de 1996 el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur (Priestley, Clarke y Sheller JJA) desestimó la apelación, imputando las costas al autor. El Tribunal determinó, entre otras cosas, que los informes sobre las pruebas psicológicas realizadas en 1972 revelaban "muchos de los síntomas" atribuidos posteriormente al tratamiento aplicado en Chelmsford. El Tribunal estimó que las conclusiones de la Real Comisión de Investigaciones, amén de otras pruebas, sólo apoyaban la conclusión de que el Dr. Herron había "actuado equívocamente" en concierto con otros. En una comunicación dirigida al Tribunal, Priestley JA señaló que "a mi parecer los nuevos elementos de juicio aducidos por el solicitante no habrían contribuido en nada a los elementos de que ya se disponía en el juicio". El Tribunal sostuvo que no podía encontrar falta alguna en la conducta del juez encargado del juicio.

2.10. En abril de 1997 el Tribunal Supremo de Australia rechazó una solicitud de permiso especial para apelar (Brennan, Dawson y Toohey JJ), imputándose nuevamente las costas al autor. El Tribunal sostuvo que el autor no podía pretender daños ejemplares tanto tiempo después del juicio. El autor afirma que la actividad dolosa de que se trata sólo se hizo del conocimiento de la Comisión en 1990 y que desde entonces ha estado enfrascado en prolongados procedimientos judiciales.

La denuncia

3. El autor sostiene que el Estado no ha cumplido con fiscalizar debidamente el nivel y el ejercicio de la profesión médica en Chelmsford ni con investigar una serie de quejas del personal de enfermería y de los inspectores públicos. El autor denuncia también que los jueces y abogados estaban predispuestos contra él y lo estigmatizaban sobre la base de su tratamiento psiquiátrico, en particular en el juicio civil de 1980 contra el Dr. Herron. Además, el autor dice que, según parece, el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur ha desestimado pruebas pertinentes, ha forjado hechos y pruebas y ha formulado juicios infundados y erróneos tanto al suspender el procedimiento disciplinario en 1986 como la apelación sustantiva de 1996. El autor afirma que el Estado Parte no ha dispuesto ni aplicado mecanismos regulatorios o de investigación apropiados respecto del poder judicial y de los abogados. Los tribunales tampoco le han otorgado una indemnización justa y adecuada en su calidad de víctima del abuso y la tortura psicológicos señalados. El autor afirma que éstos constituyen violaciones de los artículos 2, 14, 17, 18, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

4.1. De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en la comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

4.2. Como el Protocolo Facultativo entró en vigor para Australia el 25 de diciembre de 1991, el Comité no puede ratione temporis tener en cuenta denuncias relativas a acontecimientos ocurridos antes de esa fecha, salvo que tuvieran efectos permanentes que en sí constituyeran una violación del Pacto. Así, las denuncias del autor en relación con su tratamiento en Chelmsford, el juicio civil contra el Dr. Herron y la decisión del Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur por la que se suspendió el proceso disciplinario contra el Dr. Herron, que datan de antes del 25 de diciembre de 1991, deben considerarse inadmisibles.

4.3. Por lo que respecta a las denuncias del autor en relación con las decisiones del Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur y el Tribunal Supremo de Australia, el Comité recuerda que en general no incumbe al Comité sino a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas en determinado caso, salvo que se determine que la evaluación fue evidentemente arbitraria o equivalente a una denegación de justicia. Además, no incumbe al Comité examinar la interpretación de la legislación nacional por los tribunales nacionales. En el presente caso el Comité observa que tanto el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur como el Tribunal Supremo de Australia examinaron las denuncias del autor y, sobre la base de las pruebas que tuvieron ante sí, se negaron a alterar las conclusiones del tribunal a quo en cuanto a los hechos y la ley. Las denuncias del autor y la información de que dispone el Comité no confirman la conclusión de que las decisiones del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo fueron manifiestamente arbitrarias o equivalentes a una denegación de justicia. En las circunstancias, esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

4.4. En relación con las demás denuncias del autor, el Comité considera que éste no las ha fundamentado para los fines de la admisibilidad. Por lo tanto, también son inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

5. En consecuencia, el Comité decide:

a) Que la comunicación es inadmisible;
b) Que se comunique la presente decisión al autor y al Estado Parte para su información.

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* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sra. Christine Chanet, Lord Colville, Sra. Pilar Gaitán de Pombo, Sr. Louis Henkin, Sr. Eckart Klein, Sr. David Kretzmer, Sr. Martin Scheinin, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen, Sr. Roman Wieruszewsky, Sr. Maxwell Yalden y Sr. Abdallah Zakhia. De conformidad con el artículo 85 del reglamento del Comité, la Sra. Elizabeth Evatt no participó en el examen del caso.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se traducirá al árabe, al chino y al ruso, como parte del Informe Anual del Comité a la Asamblea General.]