Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
72º período de sesiones

9 - 27 de julio de 2001

ANEXO

Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor del

párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- 72º período de sesiones -

CCPR/C/72/D/855/1999

Presentada por: Sra. M. Schmitz-de-Jong (representada por letrado, el Sr. Paul S. P. Vanderheyden)

Presunta víctima: La autora

Estado Parte: Países Bajos

Fecha de la comunicación: 25 de noviembre de 1998 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 16 de julio de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 855/1999, presentada por la Sra. M. Schmitz-de-Jong, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1. La autora de la comunicación, la Sra. M. Schmitz-de-Jong, nacida el 15 de febrero de 1949, es ciudadana holandesa y reside en Gulpen (Países Bajos). Afirma ser víctima de una violación en virtud del artículo 26 y de los artículos 3 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está representada por letrado.

Los hechos expuestos

2.1. Todo súbdito holandés de más de 65 años de edad tiene derecho a una tarjeta de jubilado (denominada PAS-65). El cónyuge del titular de la tarjeta también tiene derecho a obtenerla siempre que tenga más de 60 años. La tarjeta permite pagar tarifas reducidas por el transporte público, las actividades sociales y culturales, los servicios de biblioteca y la entrada a los museos.

2.2. La autora está casada con Wilhelm Theodor Schmitz, nacido el 4 de mayo de 1924, quien posee una tarjeta PAS-65. El 26 de febrero de 1993, solicitó una tarjeta para cónyuges. El 16 de marzo de 1993, el municipio de Gulpen se la negó por no tener la edad reglamentaria. La autora solicitó una revisión de la decisión, que fue rechazada el 25 de mayo de 1993. El Consejo de Estado desestimó su apelación el 15 de agosto de 1996. Con ello se considera que se han agotado todos los recursos internos.

La denuncia

3. Según la autora, el hecho de que no se le concediera la tarjeta de cónyuge constituye un acto de discriminación basado en la edad. Se remite al folleto de información del Gobierno en que se explica que la tarjeta tiene por objeto promover la participación activa de los jubilados en la sociedad y que con ese fin se concede también a sus cónyuges. Como el promedio de la diferencia de edad entre los jubilados y sus cónyuges es de cuatro a cinco años, se decidió que todos los cónyuges de más de 60 años también tendrían derecho a obtener la tarjeta. La autora afirma que el límite de edad es arbitrario y que el propósito de la tarjeta de cónyuge no justifica que se limite a los cónyuges de más de 60 años.

Observaciones del Estado Parte

4.1. El Estado Parte, en sus exposiciones de 16 de agosto de 1999 y 29 de febrero de 2000, informó al Comité de que la tarjeta de cónyuge se suprimió a partir del 1º de septiembre de 1999 a raíz de la conclusión a que llegó la Comisión sobre la Igualdad de Trato, según la cual en el plan para cónyuges se concedían preferencias indirectas según el estado civil de la persona. El Estado Parte sostiene que, según lo anterior, la solicitud de la autora ya no tiene fundamento.

4.2. Con respecto a la denuncia de la autora de que ha sido víctima de discriminación por motivos de edad, el Estado Parte explica que el límite mínimo se fijó expresamente en 60 años. La reducción de ese límite se consideró incompatible con los objetivos de la tarjeta para personas de avanzada edad, que están en consonancia con los objetivos de la tarjeta de cónyuges. De acuerdo con el Estado Parte, las personas menores de 60 años están muy lejos del grupo para el cual se creó la tarjeta de jubilados. El Estado Parte recuerda que la autora tenía 44 años cuando solicitó la tarjeta de cónyuge. Además, el Estado Parte aduce razones financieras para conceder la tarjeta únicamente a los cónyuges de más de 60 años.

Comentarios del letrado

5. El letrado señala en sus comentarios que la autora ha sido víctima de discriminación durante los últimos siete años y que la supresión de la tarjeta de cónyuge a partir del 1º de septiembre de 1999 no afecta esta situación. Señala además que la supresión del plan para cónyuges no tiene consecuencias para los actuales titulares de la tarjeta de cónyuges ya que pueden conservarla y seguir utilizándola. Según el letrado, si se hubiera concedido la tarjeta a la autora cuando la solicitó, ahora podría seguir utilizándola. El letrado sostiene que, teniendo en cuenta el propósito de la tarjeta de cónyuges, es decir el estímulo social y cultural de la pareja de la persona jubilada, no se puede imponer ningún límite de edad.

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

6.1. Antes de examinar las denuncias que figuran en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, si es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2. El Comité observa que la autora ha agotado todos los recursos internos disponibles y que el Estado Parte no ha formulado objeciones con respecto a la admisibilidad de la denuncia. El Comité ha verificado igualmente que el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional. Por consiguiente, el Comité declara admisible la comunicación y procede a examinar el fondo de la cuestión.

7.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación tomando en cuenta toda la información escrita facilitada por las partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2. La autora afirma que ha sido víctima de discriminación basada en la edad porque a sus 44 años (1993) no pudo obtener la tarjeta de cónyuge de jubilado, por cuanto sólo se concedía a los cónyuges de más de 60 años. El Comité recuerda que una distinción no constituye discriminación si se basa en criterios objetivos y razonables. En el presente caso, el Comité considera que el límite de 60 años para conceder el derecho a tarifas más bajas a los cónyuges de los jubilados de más de 65 es un criterio objetivo de distinción y que su aplicación en el caso de la autora de la comunicación no deja de ser razonable.

8. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí no constituyen una violación de ningún artículo del Pacto.

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* Los siguientes miembros del Comité participaron en el examen de la presente comunicación: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Louis Henkin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Eckart Klein, Sr. David Kretzmer, Sra. Cecilia Medina Quiroga, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Martin Scheinin, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen, Sr. Patrick Vella y Sr. Maxwell Yalden.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]