CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES
UNDER ARTICLES 1 TO 15 OF THE COVENANT
Concluding observations of the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights
COLOMBIA
173. El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia
(E/1994/104/Add.2) sobre los artículos 1 a 15 del Pacto en sus sesiones
32ª, 33ª y 35ª, celebradas los días 21 y 22 de noviembre
y, en su 54ª sesión, celebrada el 6 de diciembre de 1995, aprobó
las siguientes observaciones finales.
A. Introducción
174. El Comité acoge complacido el tercer informe periódico presentado
por Colombia que se ajusta en gran medida a las directrices para la preparación
de los informes. Las respuestas escritas a la lista de preguntas hechas al Gobierno,
así como el informe presentado por la Defensoría del Pueblo de
Colombia (ombudsman) contienen mucha información que ha sido útil
para el Comité. También se apreció la competencia y la
franqueza de los representantes del Gobierno, así como su deseo de contestar
a todas las preguntas de los miembros del Comité. Por último,
el Comité agradece las informaciones proporcionadas por las organizaciones
no gubernamentales y se congratula por la decisión del Gobierno de mantener
el diálogo con esas organizaciones.
B. Aspectos positivos
175. El Comité observa con satisfacción la situación de
que gozan los instrumentos internacionales de derechos humanos en el derecho
interno, las disposiciones relativas a los derechos humanos contenidas en la
Constitución de 1991 y el amplio programa de reforma legislativa encaminado
a fortalecer el respeto de los derechos humanos y a asegurar procedimientos
eficaces de reparación para las violaciones de los derechos fundamentales.
También toma nota de que el Gobierno se propone ratificar el Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos, en materia
de derechos económicos, sociales y culturales, denominado "Protocolo
de San Salvador".
176. El Comité celebra la creación de la Oficina de Derechos Humanos
y de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), así como de la Comisión
de seguimiento de las recomendaciones internacionales dirigidas al Gobierno
de Colombia y espera que en el próximo informe dé cuenta detallada
de las actividades y progresos hechos por estos órganos, así como
de la función desempeñada por el mecanismo de tutela establecido
por la Constitución de 1991 para la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales.
177. El Comité acoge con satisfacción la aprobación del
Plan de Desarrollo para el período de 1994-1998 titulado "El salto
social" y en particular reconoce los esfuerzos efectuados por el Gobierno
para responder a los graves problemas sociales que afectan al país. Si
bien es consciente de la persistencia de estos problemas, encomia los programas
del Gobierno para mejorar el sistema de bienestar social, facilitar el acceso
a la educación, promover los derechos de los pueblos indígenas
y mejorar la atención para las personas sin hogar, en particular de los
niños de la calle.
178. El Comité celebra que el Gobierno está decidido a responder
al problema de la violencia contra las mujeres mediante la revisión de
las disposiciones correspondientes del derecho penal y el mejoramiento de sus
programas en favor de la mujer. También toma nota con satisfacción
de que Colombia se propone ratificar en breve la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominada
Convención de Belem do Para, de 1994.
C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto
179. El Comité observa con preocupación que persiste un ambiente
de violencia en gran escala en Colombia, particularmente en la región
de Uraba. Este factor desestabiliza gravemente el país y dificulta los
esfuerzos que realiza el Gobierno para garantizar a todos el disfrute pleno
de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité observa
que esa violencia se debe en parte a las graves desigualdades que existen en
la sociedad, tales como las enormes diferencias en la distribución de
la riqueza nacional, incluida la propiedad de las tierras.
180. El Comité señala que la frecuencia con que se ha recurrido
a la imposición del estado de urgencia repercute perjudicialmente en
el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia.
D. Principales motivos de preocupación
181. El Comité está gravemente preocupado por la persistencia
del elevado nivel de pobreza que afecta a la mayoría de los habitantes
del país. En particular el Comité observa con preocupación
que la tasa de mortalidad infantil de Colombia es una de las más elevadas
de América del Sur. Al tiempo que reconoce los esfuerzos efectuados por
el Gobierno para resolver la situación, el Comité insiste en que
es una anomalía que tales niveles de pobreza persistan en un país
con una economía en constante expansión. El Comité expresa
su preocupación por los resultados decepcionantes logrados en la mayoría
de los programas de lucha contra la pobreza y de mejoramiento en las condiciones
de vida, especialmente dado que los fondos presupuestarios asignados para gastos
sociales no se han utilizado plenamente con esos fines.
182. El Comité subraya la gran importancia del problema de las personas
desplazadas, que se estima en unas 600.000 aproximadamente. Se ha desarraigado
a cientos de miles de campesinos obligándoles a emigrar a las ciudades,
donde aumentan los números de habitantes de las barriadas y en efecto
no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades más elementales. La
razón fundamental de estos desplazamientos es el elevado nivel de violencia
en algunas de las regiones del país.
183. El Comité subraya su preocupación por la existencia de un
gran número de niños abandonados, o niños de la calle,
privados de todos sus derechos (ambiente familiar, educación, sanidad,
vivienda,...). Preocupa al Comité el hecho de que el "Programa de
madres comunitarias" destinado a ayudar a los niños no cuente con
fondos suficientes, habida cuenta de la importante labor social que llevan a
cabo esas mujeres sin la formación adecuada y en malas condiciones de
trabajo.
184. Preocupa al Comité la tímida acción del Gobierno para
erradicar la odiosa práctica de la denominada "limpieza social"
por la que ciertos grupos criminales amenazan y matan a personas que consideran
prescindibles, incluidos niños.
185. El Comité también señala con preocupación que
el imperio del derecho parece haber quedado destruido en la región de
Uraba y, en particular, que el Estado ya no puede garantizar a la comunidad
la prestación de los servicios sociales, educacionales y sanitarios más
elementales.
186. El Comité expresa su preocupación por la difundida discriminación
contra la mujer. Por ejemplo, se señala que los sueldos de las mujeres
son por término medio inferiores en un 30% a los de los hombres.
187. El Comité observa con preocupación el descenso del valor
real de los salarios. Según un informe de la Defensoría del Pueblo,
en marzo de 1995, el 23,8% de la población activa en las siete ciudades
principales del país recibió el salario legal mínimo (aproximadamente
135 dólares de los EE.UU.) y el 64,2% recibió menos de dos salarios
legales mínimos. Así pues, aproximadamente el 75% de los trabajadores
no puede permitirse el lujo de llenar la "cesta familiar" que cuesta
dos salarios y medio mínimos legales.
188. El Comité se preocupa gravemente por la violación del derecho
de muchos trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos y a participar
en la negociación colectiva y en acciones de huelga. El Comité
considera que las restricciones impuestas por la ley al derecho de huelga son
muy excesivas y no se pueden justificar por motivos de seguridad nacional u
orden público. El Comité lamenta que la actual Comisión
tripartita para el desarrollo sindical no cuente con un mandato para considerar
estas graves cuestiones.
189. El Comité está preocupado por la gran incidencia de trabajo
infantil, en particular en ocupaciones arduas y poco sanas (tales como fabricación
de ladrillos, minería) y por la acción insuficiente adoptada por
el Gobierno para combatir esa práctica.
190. El Comité observa que la aplicación y vigilancia de las medidas
de salud y seguridad en el trabajo no ha llegado al nivel conveniente debido,
entre otras cosas, a la insuficiencia de inspectores laborales.
191. El Comité observa con preocupación que hay un considerable
déficit de vivienda por un total de 3,7 millones de unidades, y que muchos
inquilinos viven en condiciones precarias en viviendas que no corresponden a
la definición de vivienda adecuada de conformidad con el artículo
11 del Pacto y tal como lo ha detallado el Comité.
192. El Comité señala que pese a una serie de iniciativas gubernamentales,
el acceso eficaz a la educación sigue siendo reducido en Colombia. Preocupa
especialmente al Comité que no se haya logrado todavía la educación
primaria universal tal como se dispone en el Pacto. También le preocupa
el descenso de la calidad de la educación secundaria y la situación
laboral de los maestros.
E. Sugerencias y recomendaciones
193. El Comité recomienda que el Gobierno, por medio de sus programas
de desarrollo económico y una modificación del sistema impositivo
y fiscal, que se está examinando actualmente, aborde el problema de la
distribución poco equitativa de la riqueza con objeto de combatir eficazmente
la pobreza que caracteriza al país. El Comité también recomienda
que se realicen esfuerzos concertados para mejorar la eficacia de los programas
de desarrollo económico y social de Colombia.
194. El Comité recomienda que el Gobierno siga dando prioridad a los
esfuerzos para aliviar la situación de las comunidades indígenas,
las personas desplazadas, las personas sin hogar y otras personas que viven
al margen de la sociedad. El Comité insta al Gobierno a que garantice
que se atiendan las necesidades más básicas de esas personas,
independientemente de cualquier otra estrategia a largo plazo.
195. El Comité opina que el fenómeno de la denominada "limpieza
social" no ha sido erradicado y recomienda la mayor vigilancia a este respecto
y, en particular, el castigo de las personas que perpetran esos delitos. El
Comité recomienda también que se estudien las causas fundamentales
de este fenómeno y se resuelvan por todos los medios de que disponga
el Gobierno.
196. El Comité insta a que se preste mayor atención al problema
de la discriminación contra la mujer y que se apliquen programas para
erradicar las desigualdades entre el hombre y la mujer. Al mismo tiempo, esos
programas deberían destinarse a aumentar la conciencia pública
y el interés por los derechos económicos, sociales y culturales
de la mujer.
197. El Comité recomienda que el Gobierno de Colombia adopte todas las
medidas necesarias para armonizar en la práctica su legislación
sobre la libertad sindical y la negociación colectiva con sus obligaciones
internacionales a este respecto.
198. El Comité recomienda también que el Gobierno adopte todas
las medidas necesarias para asegurar el derecho a la educación primaria
gratuita para todos. El Comité recomienda asimismo que el Gobierno adopte
medidas para mejorar la calidad de la educación secundaria y las condiciones
materiales del personal docente.
199. El Comité recomienda que se imparta educación sobre derechos
humanos en todos los niveles de la enseñanza, en particular en la enseñanza
primaria, así como en la formación de los funcionarios de policía,
miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, magistrados y
jueces.
200. El Comité considera también que el Gobierno de Colombia debería:
a) mejorar la formación de las "madres comunitarias" y regularizar
su situación laboral, tratándolas a todos los fines como trabajadores
empleados por una tercera persona;
b) combatir la práctica de no utilizar las partidas presupuestarias asignadas
a gastos sociales en el presupuesto general del Estado y garantizar que esas
asignaciones se utilicen a los fines para los que se previeron;
c) mejorar la oferta de vivienda, en particular de viviendas económicas
para los sectores más pobres, tanto en zonas urbanas como rurales, y
asignar recursos para suministrar a toda la población agua potable y
servicios de alcantarillado.
201. El Comité considera que sería conveniente mejorar el sistema
de estadísticas sociales basado en los indicadores pertinentes, para
lograr que el Gobierno y todas las instituciones interesadas puedan evaluar
objetivamente los problemas y los progresos efectuados en la esfera de los derechos
económicos, sociales y culturales.
202. El Comité recomienda que Colombia utilice de la mejor manera posible
la asistencia técnica que le facilita el Centro de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en cooperación con los órganos de las Naciones
Unidas y los órganos especializados correspondientes, con miras a promover
el disfrute y la protección de los derechos económicos, sociales
y culturales para todos.