Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
523. En su 223ª sesión, celebrada el 28 de enero (CEDAW/C/SR.223),
el Comité examinó el segundo informe periódico (véase
CEDAW/C/UK/2 y Amend.1) del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
524. En opinión del Comité, el segundo informe periódico
del Reino Unido contenía un gran volumen de valiosa información,
pero podría haber sido más analítico y haber incluido información
de más actualidad. Convendría que en los futuros informes se siguieran
las directrices generales relativas a la forma y al contenido de los informes
(CEDAW/C/7), y se hicieran observaciones en particular sobre todas las recomendaciones
generales formuladas por el Comité.
525. Presentando el informe, la representante describió el mecanismo
modificado existente en su país y expuso a los miembros del Comité
los principales progresos concernientes a los problemas de la mujer. Dijo que
el Secretario de Estado para el Empleo coordinaba las cuestiones de política
que presentaban especial interés para la mujer en un nuevo Subcomité
Ministerial de Problemas de la Mujer, compuesto por ministros de todos los departamentos
clave del Gobierno. El Subcomité estudiaba y formulaba políticas
y estrategias para la mujer y, lo que era más importante, supervisaba
la puesta en práctica de medidas en esa esfera. Se había convenido
en un marco de política para lograr que los problemas de la mujer se
tuvieran en cuenta en el proceso de elaboración de políticas por
el Gobierno. El Subcomité informaba regularmente al Comité Ministerial
de Asuntos del Interior y de Asuntos Sociales y al Primer Ministro.
526. La Comisión de Igualdad de Oportunidades, establecida con arreglo
a la Ley contra la Discriminación por Razón de Sexo, de 1975,
trataba de acabar con la discriminación, fomentaba la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, estudiaba la legislación y preparaba y presentaba
propuestas para su modificación. La Comisión era un organismo
público no ministerial financiado por el Gobierno. Su principal función
era asesorar y ayudar a los particulares que actuaban al amparo de la legislación
sobre la discriminación por razón de sexo o sobre la igualdad
de remuneración. Asimismo daba orientaciones y publicaba los resultados
de sus investigaciones para contribuir al logro de sus objetivos. Además,
la Comisión Nacional de Mujeres, compuesta por miembros de organizaciones
benéficas, partidos políticos, sindicatos y grupos religiosos
y profesionales, actuaba como órgano asesor del Gobierno. Reflejaba las
opiniones de las organizaciones de mujeres y rendía informes a los departamentos
gubernamentales para plantear los problemas existentes y, posiblemente, pasar
revista a las políticas seguidas. La representante rindió homenaje
a las organizaciones de mujeres por la activa función que desempeñaban
en el proceso de consulta.
527. Poniendo de relieve las realizaciones recientes, la representante mencionó
el aumento del número de mujeres elegidas para formar parte del Parlamento
en 1992 (se había elegido a 60 mujeres, lo que representaba un 9,2% del
total), los progresos hechos en la consecución de cargos más altos
en la administración pública y la iniciativa tomada por el Gobierno
en el sentido de aumentar los nombramientos de mujeres y de miembros de minorías
étnicas para que desempeñasen cargos públicos. En cuanto
a los problemas del empleo, dijo que las mujeres continuaban desempeñando
una función cada vez mayor en el mercado laboral: más de un 70%
de las mujeres en edad de trabajar habían estado económicamente
activas en 1991. La disparidad en los ingresos entre los hombres y las mujeres
se había reducido durante cinco años sucesivos y era actualmente
del 21%. Se iba a poner en práctica un nuevo plan de subvenciones destinado
a crear 50.000 nuevas plazas para el cuidado de los niños fuera de las
escuelas, y se ampliaría aún más el cuidado de los niños
en edad preescolar, con arreglo a la Ley de la Infancia de 1989, para que los
padres pudieran volver a trabajar y tuvieran más libertad para elegir
las horas en que deseaban trabajar.
528. En lo que se refería al estatuto y la participación de la
mujer, señaló que lo que se pretendía no era sólo
conseguir que las mujeres ocupasen cargos superiores, sino también darles
oportunidades de desempeñar toda una amplia serie de cargos y ayudarlas
a introducirse y a hacer progresos en todos los niveles de la vida privada,
pública y comunitaria. El Gobierno había dado amplia difusión
recientemente a unas publicaciones destinadas a promover la posición
de la mujer en el lugar de trabajo. Los temas de esas publicaciones incluían
la igualdad de oportunidades, los horarios de trabajo flexibles, el acoso sexual
y las medidas positivas adoptadas con arreglo a la ley.
529. En cuanto a la salud de la mujer, se daba gran prioridad a las pruebas
destinadas a diagnosticar el cáncer de mama y el cáncer cervical.
El objetivo era reducir el número de fallecimientos en al menos un 25%
y un 20%, respectivamente, para el año 2000. Por lo que hacía
a la seguridad social, la representante declaró que el Gobierno estaba
resuelto a lograr que se igualase la edad a la que los hombres y las mujeres
adquirían derecho a una pensión estatal. En los planes de jubilación
del sector privado, ya se había logrado tal igualdad. La Ley de Asistencia
a la Infancia, de 1991, tendría considerables repercusiones sobre los
progenitores sin cónyuge o compañero, el 90% de los cuales eran
mujeres. La Ley tenía por objetivo lograr que los progenitores hiciesen
una aportación financiera equitativa y coherente para los hijos. El Organismo
de Asistencia a la Infancia, que entraría en funcionamiento en abril
de 1993, estaría encargado de aplicar la Ley.
530. En cuanto a la educación, declaró que, con arreglo al plan
nacional de estudios, las jóvenes estudiaban las mismas materias que
los jóvenes. A los 16 años de edad, las jóvenes obtenían
mejores resultados que los jóvenes en los exámenes de casi todas
las materias. Dijo que las mujeres se estaban matriculando tanto como los hombres
en establecimientos de enseñanza superior. Se preguntó si se felicitaba
a las jóvenes por sus éxitos. No se dio ninguna respuesta directa.
531. La representante concluyó diciendo que, aunque el Reino Unido todavía
tenía un largo camino que recorrer, los recientes acontecimientos positivos
que habían hecho que aumentasen las oportunidades que se abrían
a la mujer eran motivo de satisfacción.
Observaciones generales
532. El Comité dio las gracias a la representante por la información
actualizada que había proporcionado y por las respuestas detalladas y
exhaustivas que había dado a las preguntas formuladas por el Comité.
533. Señalando que el segundo informe periódico trataba de los
territorios dependientes de las Islas Malvinas (Falkland), de las Islas Turcas
y Caicos y de las Islas Vírgenes Británicas, un miembro preguntó
si se había excluido a Anguila y a Montserrat por su régimen constitucional
o porque se pensaba que iban a presentar sus propios informes. Por otra parte,
en lo que se refería a los territorios dependientes, se preguntó
si habían tenido oportunidad de participar en la preparación del
segundo informe periódico o de estudiarlo después de preparado.
Un miembro puso en tela de juicio el supuesto relativo a la soberanía
sobre las Islas Malvinas (Falkland) dado que existía una controversia
al respecto.
534. Un miembro preguntó si la Convención se aplicaba a las mujeres
de Hong Kong, dado que China recuperaría su jurisdicción sobre
Hong Kong el 1º de julio de 1997 y que tanto China como el Reino Unido
habían ratificado la Convención. Otro miembro informó al
Comité acerca del procedimiento correcto que habría que adoptar
si existiera el propósito de hacer extensiva la Convención a Hong
Kong durante el período de transición anterior al 30 de junio
de 1997 o con posterioridad a esa fecha.
535. El Comité expresó su satisfacción por el hecho de
que se hubiera consultado a organizaciones no gubernamentales tanto después
de presentarse el informe inicial como antes de prepararse el segundo informe
periódico. Ese procedimiento era un modelo que debían seguir otros
Estados partes.
Preguntas de carácter general
536. En relación con la cuestión, incluida en la declaración
recibida por el Comité de algunas organizaciones no gubernamentales de
mujeres, del nivel de vida más bajo de la mujer en el Reino Unido, la
representante contestó que la mayoría de la gente vivía
en familia y que, por consiguiente, su nivel de vida era el nivel de vida de
la familia. Hizo referencia a la reducción de la disparidad existente
en los ingresos, a la menor tasa de desempleo de la mujer y al hecho de que
la mayoría de las mujeres trabajaban en régimen de jornada parcial
voluntariamente.
537. En respuesta a una pregunta sobre el efecto de las leyes y los programas
recientemente aprobados y sobre los sectores en que se habían hecho progresos,
la representante hizo referencia ante todo a ciertos acontecimientos que podían
alentar a las mujeres a que aspirasen a ocupar puestos directivos en todos los
terrenos. Mencionó a la primera Presidenta de la Cámara de los
Comunes, a la primera Fiscal General, a la primera Directora de los Servicios
de Seguridad y a la primera mujer británica en el espacio ultraterrestre.
Después se ocupó de la participación de la mujer en la
población activa, participación que iba aumentando continuamente.
Señaló que los empleadores, tanto en el sector público
como en el privado, estaban adoptando políticas favorables a las familias,
en particular mediante los horarios flexibles, a fin de poder atraer y retener
a las mujeres trabajadoras. Por otra parte, en la Ley de la Infancia de 1989
se establecía un marco jurídico para que las autoridades locales
examinasen y planeasen las disposiciones referentes al cuidado de los niños,
lo que permitiría que un mayor número de mujeres trabajasen.
538. A continuación se refirió al papel creciente que desempeñan
las mujeres en la vida pública. Había habido un aumento del número
de mujeres nombradas en los tribunales, los órganos que examinan las
denuncias presentadas en virtud de la Ley sobre la Discriminación por
Razón de Sexo y la Ley sobre la Igualdad de Remuneración. En octubre
de 1991 el Primer Ministro había lanzado una campaña dirigida
por empresarios para aumentar la calidad y cantidad de la participación
femenina en la fuerza de trabajo. Varios importantes empresarios intervenían
en la fijación de objetivos para aumentar las oportunidades laborales
de la mujer, supervisar los progresos realizados e informar al respecto.
539. En lo relativo a los objetivos específicos del plan nacional de
acción, la representante dijo que había organizaciones que estaban
preparando planes, incluidos algunos departamentos de la administración
pública. En esos planes se fijaban objetivos relativos a la participación
de la mujer - especialmente en la adopción de decisiones - por ejemplo,
la duplicación del número de mujeres en altos cargos de la administración
pública para el año 2000 y el aumento del nombramiento de mujeres
en todos los puestos públicos hasta un nivel del 25% al 50% para 1996.
Se había dado cada vez mayor difusión a los progresos realizados
a ese respecto.
540. Al preguntársele acerca de las intenciones del Gobierno de retirar
sus reservas, lo que era una cuestión prioritaria, la representante anunció
que el Reino Unido iba a retirar parte de sus reservas a los artículos
11 y 13. Con respecto al artículo 11, el Reino Unido podía retirar
la sección relativa al trabajo subterráneo en minas. Con respecto
al artículo 13, podía retirarse la sección referente a
las desgravaciones fiscales para los hombres casados. Otras reservas podrían
ir modificándose a la luz de los cambios que se introdujeran en la legislación
nacional. La representante subrayó que las reservas restantes servían
para preservar mayores derechos para la mujer o dejaban margen a la elección
individual. Sin embargo, se estaban examinando todas las reservas y quizás
fuese posible eliminarlas en los próximos años.
541. El Comité expresó su satisfacción por el hecho de
que iban a retirarse parte de las reservas del Estado parte. Al mismo tiempo,
tomó nota con grave preocupación de que las reservas restantes,
que no sólo eran numerosas sino también de importancia sustancial,
no constituían un buen modelo para otros Estados partes. El Comité
esperaba que en el tercer informe periódico se incluyeran mejoras a este
respecto. Preguntó también si el Gobierno había expresado
reservas similares con respecto a otros tratados de derechos humanos que hubiese
firmado.
Preguntas relativas a artículos concretos
Artículo 2
542. Refiriéndose a las preguntas acerca de qué grupos sociales
de mujeres cometían la mayor parte de los delitos, como los robos, fraudes
y falsificaciones, y de si existía algún programa encaminado a
reprimir dichos delitos, la representante lamentó el hecho de que no
se recogieran sistemáticamente datos sobre la clase social de las mujeres
delincuentes. En virtud de la Ley sobre el Código Penal de 1991, el Gobierno
estaba obligado a publicar información cada año sobre la mujer,
el delito y la justicia penal. El fraude y la falsificación constituían
tan sólo un 7%, y los robos un 69% de los delitos cometidos por mujeres.
Los programas para todos los delincuentes preveían centros de asistencia,
sanciones de supervisión o libertad vigilada y prestación de servicios
comunitarios.
543. A la pregunta de cuáles eran las condiciones en que se mantenía
encarceladas a las mujeres con hijos de corta edad, la representante señaló
que había tres dependencias maternoinfantiles, que ofrecían unos
servicios de alto nivel. El Cuerpo de Inspectores de Servicios Sociales había
realizado inspecciones en 1990 y 1992 y su asesoramiento práctico había
contribuido a la creación de esas dependencias. También habían
mejorado las condiciones en lo relativo a un alojamiento más espacioso,
con posibilidad de hacer ejercicio al aire libre y disponer de zonas de recreo.
En otra cárcel, había puericultoras entre el personal y se había
adoptado una política nutricional basada en el asesoramiento de expertos.
Se habían impartido nuevas orientaciones y las mujeres que no tenían
con ellas a sus hijos podían recibir su visita durante todo el día
y disfrutar de días familiares de puertas abiertas.
544. En lo que respecta a la nueva legislación y a los cambios habidos
en la práctica desde la presentación del informe inicial, la representante
indicó algunas medidas recientes, por ejemplo la tributación independiente
de maridos y mujeres, y la clarificación de la ley que establecía
que la violación dentro del matrimonio era delito. Además, el
Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra había votado a favor
del ingreso de las mujeres en el sacerdocio, situación que, una vez aprobada
por las dos Cámaras del Parlamento, adquiriría el carácter
de ley; se había declarado ilegal la discriminación en las pensiones
profesionales; también se había declarado ilegal la discriminación
contra las mujeres en lo referente al servicio en las fuerzas armadas; y el
procedimiento de denuncias anónimas se había hecho extensivo a
los casos de violación o abusos sexuales.
545. En otra pregunta, los miembros pidieron información sobre el aumento
del presupuesto de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, su personal
y objetivos principales. La representante anunció que el presupuesto
se había aumentado, también en términos reales, en los
últimos años. Su plantilla era aproximadamente de 160 empleados
destacados en Mánchester. En cuanto a los objetivos de la Comisión,
la representante se remitió a su presentación.
Artículo 3
546. En relación con la recomendación general No. 18 (décimo
período de sesiones)14, los miembros pidieron estadísticas sobre
las mujeres discapacitadas. Además, preguntaron si las mujeres discapacitadas
disfrutaban de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, la educación
y las actividades públicas. La representante dijo que tanto la legislación
como todos los programas positivos eran igualmente aplicables a las mujeres
discapacitadas. Asimismo, existía un sistema de cupos según el
cual los empleadores que tuvieran 20 empleados o más tenían que
emplear a un cupo de personas discapacitadas oficialmente registradas de un
3% como mínimo. Se reconocía que este sistema de cupos no funcionaba
como se pretendía, ya que no todos los empleados que podían acogerse
a él estaban registrados como discapacitados. Ahora bien, tras celebrar
amplias consultas sobre el empleo y la capacitación de las personas discapacitadas
en 1990, los ministros habían decidido mantener el sistema de cupos por
el momento.
547. Algunos miembros preguntaron si el Gobierno se replantearía su postura
respecto del protocolo adicional sobre política social del Tratado de
Unión Europea (Tratado de Maastricht), ya que esas cuestiones sociales
tenían también una considerable repercusión en los asuntos
relativos a las mujeres. Se podría ser más eficaz para promover
el adelanto de todas las mujeres en Europa si la Comunidad Europea actuara al
unísono. La representante respondió que esa cuestión no
hacía al caso, ya que los temas que giraban en torno del protocolo sobre
política social del Tratado de Maastricht iban mucho más allá
de los relacionados con las mujeres y afectaban al principio de subsidiariedad
y a asuntos institucionales. No obstante, la adhesión del Gobierno a
las directivas europeas recientemente aprobadas, que ayudaban a la mujer en
asuntos como los de los derechos de maternidad, era firme.
Artículo 4
548. El Comité dijo que las medidas especiales de carácter temporal,
previstas en el artículo 4, seguían siendo una cuestión
pendiente. Refiriéndose a otra pregunta acerca de la posibilidad de introducir
el denominado sistema flexible o "blando" de cupos para mujeres, la
representante dijo que en el Reino Unido se utilizaba la palabra "objetivo"
en vez de "cupo". Se trataba de fijar unos objetivos numéricos
para ampliar la representación de las mujeres, pero el Gobierno no era
partidario de cupos fijos, que podían llegar a tener un carácter
meramente simbólico.
Artículo 5
549. Cuando se le preguntó si el Gobierno creía que lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley contra la Discriminación por Razón
de Sexo era eficaz para impedir la publicidad discriminatoria, la representante
dijo que tanto los periódicos como los centros de ocupación se
negaban a aceptar anuncios de empleos que fueran discriminatorios y que, cuando
alguien intentaba publicarlos, informaban a la Comisión de Igualdad de
Oportunidades. Al preguntársele cuál era el número de tales
casos denunciados a los tribunales y el número de los casos que llevaban
a declaraciones de ilegalidad, la representante señaló que en
1991 esa Comisión había recibido 4.650 comunicaciones, que incluían
191 denuncias.
550. En relación a las preguntas de por qué los medios de comunicación
se ocupaban tan poco de los problemas de la mujer, por qué la mujer no
ocupaba cargos superiores en el sector de la radiodifusión y la televisión
y por qué no recibía formación para ocupar esos cargos,
la representante respondió que la responsabilidad del contenido y organización
de los programas incumbía a las emisoras, que eran independientes de
los poderes públicos. Según la Ley de Radiodifusión y Televisión
de 1990, los órganos independientes que reglamentaban ese sector tenían
el cometido de imponer condiciones al conceder licencias de emisión,
exigiendo que sus titulares favoreciesen la igualdad de oportunidades.
551. En cuanto a los casos de violencia contra las mujeres, a la aplicación
de las recomendaciones destinadas a hacer frente a esa violencia, y al enjuiciamiento
de los delitos de violencia, la representante observó que más
de la mitad de todos los casos de agresión contra la mujer ocurrían
en el hogar. Se refirió a los servicios locales de apoyo a las víctimas,
al programa Ciudades más Seguras y a las normas aplicadas por todas las
fuerzas de policía para reprimir los casos de violencia en el hogar.
Señaló que se estaba estudiando la legislación pertinente
con miras a modificarla para proporcionar a la mujer recursos y salvaguardias.
Además, mencionó la supuesta disparidad de tratamiento que daba
la ley a la mujer y al hombre culpables de homicidio, disparidad que recientemente
había recibido considerable publicidad. Habían prosperado algunas
apelaciones en las que se había alegado como circunstancia atenuante
la violencia en el hogar. Se mencionó la interpretación de la
ley por los tribunales en el sentido de que la violación en el matrimonio
constituía delito, así como el mejoramiento de la protección
del anonimato de las víctimas de violación.
552. Encomiando la aclaración, hecha por los tribunales, de las disposiciones
legales sobre la violación en el matrimonio, un miembro preguntó
si era más frecuente que las víctimas de violación pidieran
ayuda y se pusieran en contacto con la policía. En su respuesta, la representante
observó que había una alentadora tendencia de las víctimas
a recurrir más a la policía. Dijo que la policía empleaba
muchas técnicas de asesoramiento basadas en la comprensión para
hacer frente a esos casos de violencia. Por otra parte, había aumentado
el número de mujeres en la policía. En cuanto a la pregunta sobre
los violadores de menos de 14 años, la representante se refirió
al proyecto de ley sobre la práctica de buscar prostitutas desde un coche,
con arreglo al cual se suprimiría la presunción de que los niños
no pueden cometer violación.
553. Algunos miembros preguntaron si el Gobierno consideraba la actual legislación
suficiente en lo que se refería a la violación y la pornografía
a la luz de la persistente explotación de la imagen de la mujer. Se respondió
que la legislación era suficiente; no obstante, la persistente explotación
de la mujer en los medios de difusión a través de imágenes
explícitamente sexuales causaba grave preocupación y era preciso
poner remedio a tal situación. Un miembro, nacional de un país
en el que los fallos de los tribunales del Reino Unido tenían cierto
peso, acogió con satisfacción la sentencia por la que se consideraba
como delito la violación en el seno del matrimonio. Se hizo alusión
a un estudio en el que se había examinado la relación entre la
pornografía y los delitos violentos y se había llegado a la conclusión
de que no podía demostrarse fehacientemente la existencia de ese vínculo.
El Gobierno estaba firmemente decidido a hacer respetar las leyes de forma que
quedaran excluidas las publicaciones impropias, se impusieran normas de corrección
y se salvaguardara la honestidad.
Artículo 6
554. En respuesta a la pregunta de por qué el Parlamento no había
aprobado un proyecto de ley por el que se habría tipificado como delito
la búsqueda de prostitutas desde un coche, la representante dijo que
se había impedido que se aprobase ese proyecto, pero que el Gobierno
estaba buscando una ocasión propicia para que se aceptase esa tipificación.
Respondiendo a la pregunta de cuántos hombres habían sido declarados
culpables del acoso de mujeres en la calle y a qué penas se los había
condenado, la representante mencionó el número 1.132.
555. En cuanto a la eliminación de la prostitución, la representante
mencionó leyes encaminadas a disuadir a las mujeres para que no se dedicasen
a esa ocupación y a penalizar a quienes se lucrasen con ella. Según
cifras recientes, el número de mujeres condenadas por prostitución
era todavía considerablemente superior al de personas condenadas por
mantenimiento de burdeles y por proxenetismo. Añadió que las políticas
preventivas del Gobierno se concentraban en las mujeres más vulnerables,
entre ellas las muy jóvenes.
556. En una pregunta adicional se solicitaron aclaraciones sobre la prostitución
en las Islas Malvinas (Falkland) por considerarse que el informe contenía
contradicciones. La representante dijo que aún no se disponía
de información sobre los territorios dependientes y que esa información
se facilitaría posteriormente.
Artículo 7
557. La representante explicó la causa del número desproporcionadamente
bajo de mujeres en puestos directivos afirmando que los cambios requerirían
tiempo y que en un sistema equitativo los puestos se cubrían únicamente
con las personas que poseían la competencia y la experiencia adecuadas.
El aumento del porcentaje de mujeres en la administración pública
era tan pequeño que no podía calificarse de progreso notable,
y eso preocupaba al Comité. Se había fijado un objetivo consistente
en que para el año 2000 hubiera un 15% de mujeres en las tres categorías
superiores. La representante subrayó la importancia de la infraestructura
- posibilidades de capacitación, flexibilidad en los horarios de trabajo,
guarderías infantiles - para lograr una mejora duradera. Añadió
que aún no se habían eliminado enteramente las actitudes tradicionales.
558. Con respecto a los cambios del número de parlamentarias, señaló
que en las elecciones generales de 1992 se había elegido a 60 mujeres,
lo que constituía una cifra sin precedentes. Al preguntársele
sobre la intervención de candidatas y electoras en programas de televisión,
respondió que ello incumbía a los partidos y a los organismos
rectores de la televisión. En cuanto al puesto que ocupaba el Reino Unido
en la CEE por el porcentaje de parlamentarias, dijo que era el séptimo
de los 12 Estados miembros.
559. Respondiendo a una pregunta sobre el acceso de la mujer a cargos públicos
y sobre los planes de acción afirmativa pertinentes, hizo referencia
a un nuevo programa de acción iniciado por el Primer Ministro. La legislación
del Reino Unido no permitía que se establecieran cupos, y se hacía
hincapié en que los procedimientos fueran equitativos y en que se dieran
oportunidades a las mujeres calificadas. En respuesta a otra pregunta sobre
las mujeres con formación universitaria contratadas en la administración
pública, dijo que había mujeres contratadas en puestos profesionales
y administrativos.
560. Con respecto a la igualdad de oportunidades para la mujer en las fuerzas
de policía y en el servicio de libertad vigilada, la representante reconoció
que en la policía seguía predominando el sexo masculino, si bien
se habían producido notables mejoras. En 1991, el porcentaje de mujeres
en la policía era del 12,1%, y en los nuevos contratos el número
de mujeres era de más del 25% del total. En las categorías de
oficiales principales se había duplicado el número de mujeres
en dos años. La Comisión de Igualdad de Oportunidades prestaba
asistencia a las fuerzas de policía para elaborar las normas básicas
y decidir las prácticas que se debían seguir, y todas las fuerzas
habían adoptado normas sobre la igualdad de oportunidades. La evolución
se había vinculado a la prestación de servicios a la comunidad
de forma representativa y, por tanto, con éxito. Además, todos
los servicios de libertad vigilada estaban obligados a tener normas sobre la
igualdad de oportunidades, y el 45% de los agentes de esos servicios eran mujeres.
561. Se solicitó información sobre la cooperación entre
las organizaciones femeninas y los partidos políticos, especialmente
con miras a lograr que los intereses de la mujer estuvieran representados en
la política. La representante respondió que las organizaciones
femeninas presionaban activamente a los partidos políticos para que permitieran
que las mujeres participasen en sus actividades. Además, se preguntó
cuál era la distribución de las 60 parlamentarias por partidos
políticos y si los partidos tenían planes específicos para
inducir a más mujeres a participar. No se proporcionó información
inmediata sobre la primera pregunta; por lo que se refiere a la segunda, la
representante dijo que tenía entendido que todos los partidos tenían
planes de ese tipo.
Artículo 9
562. Algunos miembros hicieron preguntas sobre la nueva Ley de Inmigración,
sobre sus objetivos y sobre si representaba una legislación progresista
que pudiera mejorar la situación de la mujer. La representante respondió
que las nuevas disposiciones se habían promulgado para simplificar y
acelerar la adopción de decisiones en vista del creciente número
de solicitudes de asilo. Alrededor del 20% de los solicitantes eran mujeres
y estaban amparadas por la legislación sobre la igualdad de oportunidades.
563. Los miembros estimaron que no se había abordado adecuadamente el
problema de las mujeres migrantes en el segundo informe periódico y opinaron
que se debería prestar más atención al tema en el próximo.
Artículo 10
564. Respondiendo a las preguntas hechas sobre los planes de estudios en las
escuelas primarias y sobre si esos planes tenían en cuenta la igualdad
de derechos de ambos sexos, la representante señaló que la introducción
de un plan nacional de estudios en las escuelas aseguraba la igualdad de acceso
de las mujeres a todas las materias. También se tenía en cuenta
el plan nacional de estudios en las escuelas privadas. Según la representante,
la decisión de que los niños asistieran o no a escuelas mixtas
incumbía a los padres.
565. En cuanto a si en las escuelas se proporcionaba suficiente información
acerca de la planificación familiar y de la prevención del SIDA,
la representante dijo que el plan nacional de estudios comprendía ciertas
cuestiones sanitarias, en particular sobre la educación sexual y el VIH.
566. Interrogada sobre la respuesta del Gobierno al bajo porcentaje de mujeres
en la enseñanza superior, la representante contestó que la proporción
de mujeres estudiantes había aumentado en la mayoría de las materias
y que en la actualidad el número de mujeres y de hombres que ingresaban
en la enseñanza superior era igual. Las mujeres representaban el 40%
de la totalidad de los estudiantes de posgrado en 1990 y alrededor de tres cuartas
partes del incremento del número de estudiantes matriculados en cursos
de educación complementaria de 1980 a 1990. Entre el personal académico
a tiempo completo en las universidades, la proporción de mujeres era
del 21%.
Artículo 11
567. Refiriéndose al continuo aumento de la proporción de mujeres
en la población activa del país, algunos miembros preguntaron
si el impulso dado por el Gobierno reflejaba un cambio radical de actitud sobre
la función de las mujeres en la sociedad. La representante contestó
que la política del Gobierno respondía a la evolución de
la sociedad y que los empleadores estaban atrayendo y conservando cada vez más
personal femenino para lograr una eficiencia económica máxima.
Las mujeres también optaban en mayor medida por el trabajo por cuenta
propia. Unos servicios de guardería mejores y más asequibles contribuirían
aún más a que aumentara el número de mujeres que ingresaran
y progresaran en el mercado laboral.
568. En cuanto a las consecuencias sociales de la conversión de instalaciones
de producción militar en instalaciones de producción civil, la
representante dijo que, en general, las mujeres estaban insuficientemente representadas
en esas ramas de la actividad económica y que, por lo tanto, la disminución
del empleo afectaría más a los hombres que a las mujeres.
569. En respuesta a una pregunta sobre la aplicación efectiva de la Ley
sobre la Igualdad de Remuneración, la representante mencionó la
continua reducción de la disparidad de los salarios de hombres y mujeres.
Señaló que entre 1986 y 1991 se habían resuelto a favor
del demandante el 80% de las 3.300 demandas sobre igualdad de remuneración
que se habían presentado. En cuanto al sistema de evaluación del
trabajo, dijo que la legislación era compleja - era claro que la legislación
tenía que ser compleja - y que los procedimientos requerían informes
de expertos independientes. Podría llevar tiempo el comparar los trabajos
correctamente sobre la base de la capacidad, el esfuerzo y otros criterios.
Al pedírsele información sobre los ingresos de ambos sexos en
distintas profesiones, dijo que las cifras de que se disponía sobre los
salarios relativos desglosados por categorías generales no eran comparables
más que hasta 1990. De 1984 a 1990 el salario de las mujeres había
aumentado en comparación con el de los hombres en la mayoría de
las profesiones.
570. Al mencionarse la reducción de la disparidad de los ingresos entre
hombres y mujeres, algunos miembros preguntaron si el Gobierno tenía
la intención de ampliar su legislación, ya que el principio de
la igualdad de remuneración por trabajo igual sólo se aplicaba
hasta el momento al nivel del mismo empleador, pero no cuando se comparaba a
distintos empleadores o distintas ramas de actividad, lo que era el verdadero
origen de la discriminación. La representante respondió que la
comparación se había hecho no sólo entre trabajos exactamente
iguales sino también entre trabajos de igual valor para el mismo empleador;
ahora bien, como las escalas de salarios se negociaban con cada empleador, no
era posible realizar una comparación completa de las escalas de salarios
en todos los niveles de trabajo entre distintas empresas. El Comité declaró
que sería conveniente realizar una comparación de esa índole.
571. Respecto de las causas por las cuales las mujeres elegían trabajos
a jornada parcial, la representante respondió que la carga representada
por los trabajos domésticos era sólo uno de los motivos, aunque
era evidente que las mujeres hacían una parte mucho mayor de las tareas
domésticas. Sólo el 22% de las parejas compartían por igual
las tareas, pero se trataba de una cuestión que debían discutir
las propias parejas y en la que no debía intervenir el Gobierno. Las
mujeres podían optar por trabajar a jornada parcial para participar en
otras actividades. En cuanto a la reglamentación del trabajo a jornada
parcial, dijo que esas normas conferían a todos los empleados importantes
derechos que incluían la igualdad de remuneración, el derecho
a no ser objeto de discriminación por razón de sexo o de raza,
derechos en materia de sanidad y de seguridad y derecho a licencias para cuidados
prenatales.
572. Se formuló otra pregunta relativa a las madres que trabajaban, en
especial a jornada parcial. El Comité quería obtener, posiblemente
en el tercer informe periódico, más información sobre la
división del trabajo y las obligaciones familiares; la razón por
la que las mujeres tendían a trabajar a jornada parcial; cuántos
hombres trabajaban a jornada parcial; cuánto tiempo dedicaban hombres
y mujeres a las tareas domésticas y al cuidado de los niños, y
cómo se compartía la responsabilidad del cuidado de los ancianos
y adultos discapacitados que no podían manejarse solos. La representante
respondió que las encuestas de opinión habían revelado
que los hombres, aunque creían que los trabajos domésticos debían
compartirse por igual, en la práctica no los compartían. Dijo
que, si esas tareas se repartieran por igual, las mujeres tendrían más
oportunidades de trabajar a jornada completa. Agregó que muchas políticas
favorables a la familia adoptadas por el Gobierno habían hecho que aumentase
aún más el número de mujeres que trabajaban a jornada parcial.
Las políticas no se limitaban al cuidado de los niños sino que
tenían en cuenta también otros grupos de población. Además,
la demanda del mercado laboral había contribuido al fenómeno del
trabajo a jornada parcial.
573. Al preguntársele si el Estado otorgaba subsidios para períodos
de readiestramiento profesional, la representante dijo que había una
serie de planes para contribuir a esa capacitación. La capacitación
financiada por el Gobierno se centraba en los egresados de las escuelas y en
quienes habían estado desempleados por largo tiempo. Había normas
especiales en virtud de las cuales los que habían estado fuera de la
fuerza de trabajo durante algunos años podían beneficiarse de
los planes de capacitación; el 95% de los que se reintegraban al mercado
laboral eran mujeres y recibían subsidios durante la capacitación
gratuita. Las mujeres también podían reunir los requisitos establecidos
para obtener subvenciones obligatorias en función de los resultados de
un examen de sus medios, así como préstamos para asistir a cursos
de educación superior a tiempo completo con un elemento de formación
profesional.
574. En respuesta a la petición del Comité en el sentido de que
se proporcionasen estadísticas sobre las mujeres empleadas sin remuneración
en empresas familiares, la representante dijo que era difícil medir ese
fenómeno de manera fiable. En la habitual encuesta sobre la mano de obra
(1992) figuraban 126.000 trabajadoras no retribuidas, que representaban alrededor
del 70% de la totalidad de los trabajadores no remunerados en empresas familiares.
Cuando se le preguntó si esos trabajos estaban incluidos en el producto
nacional bruto, contestó que el Reino Unido seguía las convenciones
y definiciones internacionales pertinentes y reconoció las dificultades
que encerraba la evaluación del trabajo no retribuido.
575. En cuanto al hostigamiento sexual, algunos miembros preguntaron qué
medidas había tomado el Gobierno para proteger la dignidad de las mujeres.
La representante dijo que el hostigamiento sexual podía constituir discriminación
con arreglo a la Ley sobre la Discriminación por Razón de Sexo.
El Gobierno había publicado un folleto sobre la ley aplicable, las medidas
para prevenir el hostigamiento y la tramitación de las denuncias.
576. Al preguntársele qué porcentaje de las mujeres que trabajaban
y de las que deseaban trabajar podían utilizar los servicios de las guarderías,
la representante contestó que no se habían recopilado datos en
la forma solicitada. Los servicios de las guarderías se prestaban en
función de la necesidad y teniendo como objetivo el bienestar del niño.
Alrededor del 70% de los niños de menos de 5 años se habían
acogido a alguna forma de atención infantil. La Ley de la Infancia debería
impulsar la expansión para satisfacer las necesidades locales. Además,
el número de guarderías privadas y benéficas venía
aumentando rápidamente. Era evidente que la mayoría de las mujeres
que no trabajaban tomaban con gran dedicación el cuidado de sus hijos
en casa.
577. Cuando se le preguntaron qué excepciones había al principio
de la igualdad de trato en algunas cuestiones relativas a la seguridad social,
la representante dijo que la legislación solía discriminar a favor
de las mujeres y que esas medidas iban a mantenerse. En consonancia con las
obligaciones que le imponían los tratados de la CEE, el Reino Unido había
puesto en práctica el principio de la igualdad en relación con
los planes de jubilación del sector privado. En cuanto a la edad a la
que se adquiría derecho a una pensión estatal, el Gobierno estaba
considerando la cuestión.
578. En respuesta a una nueva pregunta sobre el desempleo oculto y la tasa irrealmente
baja de desempleo de la mujer, la representante dijo que era evidente que algunas
mujeres que deseaban trabajar no se inscribían como desempleadas. Ahora
bien, su número era muy difícil de calcular. En cuanto a la pregunta
de si los subsidios eran demasiado bajos para sobrevivir, dijo que, además
de las prestaciones de desempleo, que eran un puro mecanismo de sustitución
de ingresos, había otras prestaciones relacionadas con los ingresos,
que eran suficientes cuando se combinaban.
579. Algunos miembros preguntaron si la Comisión de Igualdad de Oportunidades
tenía disposiciones especiales acerca de los inmigrantes, que solían
ser más vulnerables y tenían menos acceso al mercado del trabajo
que los demás. La representante del Ministerio del Interior declaró
que el Gobierno era muy consciente del problema y de las barreras culturales
con que se enfrentaban esas personas. Había programas especiales para
los inmigrantes, que muchas veces sufrían dobles desventajas. Además
de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, existía la Comisión
para la igualdad racial, que se encargaba de hacer cumplir la Ley sobre relaciones
raciales y de promover aún más la igualdad de derechos. Por otra
parte, había actividades en el plano local, subvenciones para la capacitación,
la educación y la enseñanza del inglés y programas urbanos,
como el de Ciudades más Seguras, que estaban destinados a los inmigrantes.
580. En relación con la participación de la mujer, varios miembros
preguntaron si el Gobierno pensaba plasmar en leyes distintos programas de acción
afirmativa. La representante respondió que se estaban controlando minuciosamente
los resultados de los programas, y que mucho dependía de la buena voluntad
de los empleadores y de su capacidad para reconocer las ventajas de aprovechar
plenamente el talento de la mujer. La cooperación era el objetivo primordial,
y se estimaba que las medidas legislativas sólo eran útiles si
no se obtenían resultados positivos por otros medios.
581. A la pregunta de si estaba prohibida la discriminación contra las
personas portadoras del VIH/SIDA, la representante respondió que el mandato
de la Comisión de Igualdad de Oportunidades sólo permitía
a ésta prestar atención a la discriminación basada en el
sexo, si bien el Gobierno era muy consciente de esos grandes obstáculos
para ingresar en el mercado de trabajo.
Artículo 12
582. A la pregunta sobre las consideraciones sociales relativas a la fijación
de un límite de 24 semanas en la nueva Ley de Interrupción del
Embarazo, la representante respondió que ese límite era médico,
no social. Para interrumpir un embarazo se requería un juicio clínico
de dos médicos colegiados. Algunos miembros formularon preguntas sobre
la reacción de las organizaciones femeninas a la reforma de la asistencia
sanitaria. La representante dijo que las reformas efectuadas en el Servicio
Nacional de Salud habían aclarado la responsabilidad de cada autoridad
local de prestar la debida asistencia sanitaria a las personas de su jurisdicción.
La reacción había sido a la vez favorable y no tan favorable.
Además, el Gobierno había adoptado una estrategia consistente
en la adopción de cinco esferas clave para medidas preventivas encaminadas
a mejorar la salud del país. No se respondió a la pregunta de
si las instituciones de tratamiento se mantenían del mismo modo que anteriormente.
En cambio, se facilitó información sobre la planificación
familiar.
583. En relación con una pregunta sobre los efectos del VIH/SIDA en la
mujer y sobre las medidas tomadas, la representante dijo que, según las
últimas cifras, de septiembre de 1992, se habían notificado 2.174
(12%) casos de mujeres portadoras del VIH (en comparación con 15.887
casos notificados de hombres) y 579 (5%) casos notificados de mujeres contagiadas
de SIDA (en comparación con 9.940 casos notificados de hombres). Aunque
la proporción de mujeres era inferior, la situación era alarmante,
pues la tasa de aumento correspondiente a la mujer, en lo que se refería
tanto al VIH como al SIDA, era superior a la del hombre en los años anteriores.
En 1992 y 1993 se había asignado una cantidad de 200 millones de libras
para los servicios preventivos y de tratamiento. En lo tocante a la labor preventiva,
había un folleto destinado a las personas que trabajaban con el VIH/SIDA
y en investigaciones sobre prostitutas toxicómanas. Se había sugerido
que las autoridades sanitarias ofreciesen ensayos de anticuerpos a todas las
mujeres que recibían asistencia prenatal. El VIH/SIDA era una de las
cinco esferas prioritarias de actividades que figuraban en el programa de promoción
sanitaria del Gobierno.
Artículo 14
584. En respuesta a una pregunta sobre el problema del trabajo no remunerado
en negocios familiares de las zonas rurales, la representante declaró
que había ido aumentando la proporción de trabajadoras remuneradas
en la agricultura. La capacitación de la mujer en la agricultura tenía
en cuenta la función de los miembros no remunerados de la familia en
los aspectos administrativos y financieros de la gestión agrícola.
En Irlanda del Norte, se estaba financiando un programa tendiente a ayudar a
la mujer a establecer negocios rurales.
585. En cuanto a las conclusiones de la investigación financiada por
la Comisión de desarrollo rural sobre el empleo femenino en las zonas
rurales, la representante dijo que en ese estudio se habían puesto de
relieve los problemas - escasa remuneración, falta de servicios, transporte
y vivienda deficientes - y se habían sugerido soluciones locales innovadoras.
El transporte se había liberalizado y se habían concedido subvenciones
para los servicios que constituían una necesidad social. La capacitación
para el trabajo en las zonas rurales contaba con el apoyo de la Comisión
de desarrollo rural a través de los consejos empresariales y de capacitación
y los consejos comunitarios establecidos en esas zonas.
Artículo 16
586. En respuesta a una pregunta sobre las medidas tomadas por el Gobierno para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, teniendo en cuenta
el gran número de familias uniparentales, se informó al Comité
de que el 17% de las familias con hijos a cargo eran familias uniparentales.
La Ley de Protección al Menor de 1991 y una disposición equivalente
en Irlanda del Norte tenía por objeto establecer un criterio constante
y justo para el mantenimiento del niño mediante procedimientos administrativos
y sin tener que recurrir a los tribunales. Esa ley proporcionaría ingresos
a los padres sin cónyuge o compañero.
587. En lo que se refería a los efectos que tenían en los niños
los muchos casos de uniones libres y separaciones, la representante dijo que
se estaba pensando en reformar la legislación sobre el divorcio para
exigir la conciliación antes de la concesión del divorcio. La
transición sin tropiezos y la garantía de continuidad de las obligaciones
para con los niños eran los principales objetivos de la conciliación,
que podría llevar también a la reconciliación. El Gobierno
apoyaba la labor de los consejos de orientación matrimonial.
588. El Comité señaló la tendencia a la disolución
de la familia e indicó que deseaba saber si era una tendencia deliberada,
si se habían realizado estudios sobre ella y cuál era la posición
del Gobierno. En su respuesta, la representante dijo que parecía existir
una tendencia al aumento del número de hogares formados por una sola
persona y que ello reflejaba la libre decisión del interesado. En el
próximo informe periódico se podría facilitar más
información sobre ese tema si el Comité lo pidiera.
Observaciones finales
589. El Comité observó que, independientemente de la fase de desarrollo
de un país, la mujer parecía tropezar con obstáculos para
el pleno goce de sus derechos. Algunos miembros declararon que la mujer de los
países desarrollados se enfrentaba con nuevos tipos de problemas, relacionados
con su ingreso en el mercado de trabajo, con los conocimientos profesionales,
con el trabajo a jornada parcial y con la violencia, lo cual era motivo de honda
preocupación. Por tanto, aunque en el Reino Unido se había logrado
mucho, cabían aún nuevos mejoramientos.