Distr.
GENERAL
CAT/C/20/Add.5
15 de febrero de 1996
ESPAÑOL
Original: CHINO
Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1993 : China. 15/02/96.
CAT/C/20/Add.5. (State Party Report)
Convention Abbreviation: CAT
COMITE CONTRA LA TORTURA
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 19 DE LA CONVENCION
Segundo informe periódico que los Estados Partes
debían presentar en 1993
Adición
CHINA*
* El informe inicial y los informes adicionales presentados por el Gobierno de China figuran en los documentos CAT/C/7/Add.5 y 14 respectivamente. Para su examen por el Comité véanse los documentos CAT/C/SR.50 y 51; 143/Add.2, 144/Add.2, 145/Add.2, 146/Add.2 y Add.4, y Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto y cuadragésimo octavo períodos de sesiones (A/45/44, párrs. 417 a 502 y A/48/44, párrs. 387 a 429).
[2 de diciembre de 1995]
SUMARIO
Párrafos
INTRODUCCION
1 - 3
I.
NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PROGRESOS
REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA CONVENCION
4 - 63
II.
INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR EL COMITE
64 - 95
INTRODUCCION
1. La República Popular de China firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1986 y la ratificó en septiembre de 1988. La Convención entró en vigor para China el 3 de noviembre de 1988. En diciembre de 1989, China presentó su informe inicial al Comité contra la Tortura (CAT/C/7/Add.5), y en octubre de 1992 presentó un informe suplementario (CAT/C/7/Add.14). El Comité examinó el informe inicial y el informe suplementario los días 27 de abril de 1990, y 22 y 23 de abril de 1993 respectivamente.
2. En el informe inicial y el informe suplementario presentado por China se describía detalladamente la estructura política, el marco jurídico y las prohibiciones legales y prácticas contra la tortura en China.
3. El presente documento que constituye el segundo informe de China, respeta estrictamente las directrices sobre la forma y contenido de los informes periódicos establecidas por el Comité en 1991. A la introducción siguen dos partes. En la parte I se informa acerca de los progresos efectuados desde que se presentó el informe inicial en la aplicación de la Convención en la jurisdicción y la práctica; en la parte II se abordan principalmente algunas de las cuestiones planteadas en el Comité cuando éste examinó los informes anteriores, y se expone con más detalle la aplicación de la Convención por China.
I. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PROGRESOS REALIZADOS EN LA
APLICACION DE LA CONVENCION
Artículo 2
4. Los párrafos 64 a 71 del informe adicional presentado por China siguen teniendo vigencia.
5. Desde 1992, las instituciones legislativas, administrativas y judiciales de China no han cesado de formular nuevas medidas en sus respectivas esferas para prevenir la tortura y proteger la integridad física y los derechos democráticos de los ciudadanos contra toda violación.
6. Con este fin, el Estado promulgó el 29 de diciembre de 1994 la Ley de prisiones de la República Popular de China, en la que se definían los derechos jurídicos generales de los presos en relación con el castigo, las condiciones de encarcelamiento y la reforma educativa. En mayo de 1994, el Estado promulgó la Ley de indemnizaciones del Estado de la República Popular de China y, el 28 de febrero de 1995, la Ley de policía popular de la República Popular de China, la Ley del ministerio público de la República Popular de China y la Ley de la magistratura de la República Popular de China, con las que estableció efectivamente nuevas salvaguardias jurídicas contra el empleo de la tortura.
7. La ley considera que la tortura constituye un delito penal. No puede invocarse en caso alguno ninguna circunstancia que justifique su aplicación. El artículo 33 de la Ley de policía popular dispone "un policía del pueblo tiene el derecho a negarse a aplicar cualquier orden que sobrepase el mandato de la policía popular tal como está definido por las leyes y reglamentos correspondientes y, al mismo tiempo, tiene el derecho de comunicar esa infracción a una autoridad superior". Este artículo tiene como finalidad impedir eficazmente que nadie cite la orden de un superior como pretexto para emplear la tortura.
Artículo 3
8. Siguen teniendo vigor los párrafos 72 y 73 del informe adicional presentado por China.
Artículo 4
9. Siguen teniendo vigor los párrafos 74 a 81 del informe adicional presentado por China.
10. En China la tortura se considera un delito. El Estado, que juzga de manera muy severa todo incidente de tortura, ha adoptado medidas adecuadas por medios administrativos y judiciales para castigar legalmente a toda persona que perpetre un acto tal. Algunas leyes nuevas han impuesto nuevas restricciones explícitas contra la tortura y disponen penas adecuadas a la gravedad del delito.
11. El Estado ha adoptado legislación que prohíbe a los órganos judiciales y a sus empleados el empleo de la tortura. De este modo, el artículo 30 de la Ley de la magistratura dispone que un juez no puede aceptar sobornos, no debe practicar el favoritismo en detrimento de la ley, no debe emplear la tortura en los interrogatorios para extraer confesiones y no debe incumplir sus deberes cometiendo errores o causando daños graves a cualquiera de las partes interesadas. Toda violación de esas disposiciones será objeto de disciplina administrativa o proceso jurídico.
12. La Ley de policía popular impone estricta disciplina al ejercicio de la autoridad policial. El artículo 2 dispone que la policía popular no debe "emplear la tortura para extraer confesiones o someter a los presos a castigos corporales o malos tratos"; no debe "privar de libertad física a una persona o limitar su libertad de manera ilegal, registrar ilegalmente a las personas, las pertenencias, los hogares o los locales de otra persona"; no debe "chantajear, extorsionar, buscar trato de favor o aceptar sobornos"; no debe "golpear o instigar a otros a golpear a las personas"; no debe "imponer ilegalmente penas o exigir pagos". Toda violación de las disposiciones anteriores será sometida a disciplina administrativa o proceso jurídico.
13. El artículo 33 de la Ley del ministerio público dispone que un fiscal no podrá aceptar sobornos, no podrá practicar favoritismo en detrimento de la ley, no deberá emplear la tortura en los interrogatorios para extraer confesiones; no deberá abusar de su autoridad e infringir los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y personas jurídicas u otras organizaciones, no deberá incumplir sus deberes, cometiendo así errores o causando daños graves a alguna parte interesada. Toda violación de las disposiciones anteriores será objeto de disciplina administrativa o proceso jurídico.
14. Desde enero de 1993, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con la Fiscalía popular suprema, adoptó medidas para reforzar su coordinación de la investigación del empleo de la tortura en los interrogatorios. Las fiscalías y los órganos de seguridad pública tienen el deber de desempeñar sus funciones observando estrictamente la ley y las pruebas de hecho. Deben actuar con celeridad, concertadamente y apoyándose entre sí. Una vez que se descubre un delito, debe adoptarse la iniciativa prontamente para comunicar el caso. Quien esté encargado de él deberá aceptar voluntariamente la supervisión y la inspección. Nunca deberá tratarse de ocultar el asunto, de rehuir la responsabilidad o de obstruir la justicia. Una fiscalía deberá abordar el caso por su fondo y no deberá ser ni demasiado clemente ni demasiado dura. Todo intento por su parte de incriminar a alguien mediante la obtención de una confesión por la tortura es un delito castigado por la ley. Se someterá a una investigación penal no solamente a quienes participen directamente sino a toda persona que haya incumplido sus deberes o participado en connivencia o encubrimiento, según las circunstancias y las consecuencias. Si una persona culpable de haber empleado la tortura es absuelta privadamente o se le concede inmunidad, deberá disciplinarse a la autoridad responsable de ello. No debe haber ofuscación ninguna. Todo funcionario de la policía que trate de obtener favores o acepte sobornos, o detenga sin justificación legal, será tratado de la misma manera.
15. La Ley de prisiones protege los derechos legítimos de los prisioneros y prohíbe explícitamente la tortura bajo ningún pretexto. El artículo 7 de la Ley de prisiones dispone: "No se atentará contra la integridad personal de los presos. No se limitarán o infringirán sus derechos a la seguridad física y sus bienes legítimos, ni sus derechos a la defensa, a la apelación, a la acusación, a la denuncia, ni cualquier otro derecho que no se les haya suprimido o limitado legalmente". El artículo 6 dispone: "Una fiscalía popular supervisará legalmente los actos de una prisión cuando en ella se apliquen castigos para asegurarse que ello se haga de conformidad con la ley". El artículo 14 dispone que la policía popular de una prisión no debe "emplear la tortura para extraer confesiones o someter a los presos a castigos corporales o malos tratos"; no deberá "atentar contra la integridad personal de los presos"; no deberá "golpear a los presos o permitir que otros les golpeen"; y que "cualquiera de los actos mencionados cometidos por la policía popular de una prisión constituye un delito penal castigado por la ley; los actos de ese tipo que no constituyan verdaderamente un delito penal serán objeto de disciplina administrativa".
16. Además de las prohibiciones explícitas impuestas por la ley al empleo de la tortura, el Ministerio de Justicia ha promulgado asimismo una serie de reglamentos, tales como el Sistema provisional de recompensas o penalizaciones para el personal de los sistemas judicial y administrativo, en virtud de los cuales los actos de palizas, abusos o castigos corporales o malos tratos de los presos se someterán a acciones disciplinarias específicas que podrán ir desde advertencia, demérito, degradación, transferencia o prueba, hasta el licenciamiento con deshonor. Todo acto que constituya una ofensa contra la ley será sometido a investigación penal.
17. La ley exige indemnización por daños o muerte causados por la tortura. Así, el artículo 15 de la Ley de indemnizaciones del Estado dispone que cuando un organismo y su personal que participen en la inspección, el examen, el juicio o la prisión administrativa, hayan utilizado en el desempeño de sus funciones la tortura para interrogar y extraer confesiones, o hayan recurrido a una conducta violenta tal como palizas, o instigado a otros a utilizar la violencia tal como palizas, o utilizado ilegalmente armas de fuego o instrumentos de la policía, causando con ello daños físicos o la muerte de algún ciudadano, la víctima o la persona que actúe en nombre de ella tiene derecho a exigir indemnización.
Artículo 5
18. Siguen siendo válidos los párrafos 82 a 84 del informe adicional presentado por China.
Artículo 6
19. Siguen siendo válidos los párrafos 85 a 89 del informe adicional presentado por China.
Artículo 7
20. Los párrafos 90 a 98 del informe suplementario presentado por China siguen siendo válidos.
Artículo 8
21. De conformidad con la Convención, China tratará de incluir la tortura en calidad de delito extraditable cuando firme un tratado de extradición con otro país.
22. En 1993, China celebró un tratado de extradición con Tailandia, cuyo artículo 2 dispone: "A los fines del presente Tratado, se considerará delito extraditable aquél que según la ley de ambas partes firmantes se castigue con uno o más años de prisión u otra forma de detención o con una pena más grave". Por otra parte, tal como las definen los artículos 3 y 4 del Tratado, las condiciones para denegar la extradición no incluyen el delito de tortura.
23. Los tratados de extradición firmados en junio de 1985 entre China y la Federación de Rusia y Belarús, respectivamente, contienen también disposiciones análogas.
24. En la aplicación práctica de la ley, toda persona que haya cometido en el territorio de China un delito previsto por la ley será tratado como un delincuente por la judicatura. En las circunstancias adecuadas, se podrá extraditar al delincuente al país que corresponda para su castigo.
Artículo 9
25. Sigue siendo válido el párrafo 100 del informe adicional presentado por China.
Artículos 10 y 11
26. Siguen siendo válidos los párrafos 101 a 112 del informe adicional presentado por China.
27. Convencido de que debe proscribirse la tortura, el Gobierno de China, además de promulgar legislación contra la tortura, se compromete también a llevar a cabo labor de investigación.
28. Según las disposiciones pertinentes de la Ley de procedimiento penal de la República Popular de China, el personal judicial, fiscal y de investigación, de conformidad con el procedimiento prescrito legalmente, deberá obtener todos los tipos de pruebas que puedan demostrar la culpabilidad o la inocencia del reo y la gravedad del delito. Está estrictamente prohibido extraer confesiones mediante la tortura y obtener pruebas mediante amenazas, alicientes, engaños u otros medios ilegales. Todo funcionario estatal que utilice la tortura para extraer una confesión a fin de inculpar a una persona será sometido a proceso jurídico.
29. Para luchar contra el delito de tortura, los artículos 136, 143, 144 y 189 del Código Penal de la República Popular de China prohíben de manera específica la obtención de confesiones mediante la tortura, la detención ilegal y el castigo corporal de los presos. Al mismo tiempo, las Leyes de procedimiento penal de la República Popular de China, el Reglamento de administración de seguridad de la República Popular de China sobre los castigos, y el Reglamento de la República Popular de China sobre el arresto y la detención, entre otros, contienen también disposiciones específicas para la aplicación de un proceso judicial contra el empleo de la tortura.
30. En enero de 1992, el Ministerio de Seguridad Pública publicó una nota por la que se exigía que:
a) Todo el personal encargado de la seguridad pública fuera educado respecto de la prohibición legal de la tortura. La finalidad de esta medida es erradicar todo concepto equivocado en el sentido de que el empleo de la tortura en los interrogatorios puede ser muy común o difícil de evitar;
b) Se efectuaran actividades contra la tortura entre el personal encargado de la seguridad pública y se adoptaran medidas correctivas para resolver los problemas existentes;
c) Se reforzara la supervisión de la aplicación de la ley; las Juntas disciplinarias de seguridad pública y los inspectores deberían ser sometidos a una estricta supervisión interna a fin de que pueda descubrirse y castigarse rápidamente cualquier caso de interrogatorio con tortura; esta supervisión debería establecerse de manera normal y llevarse a cabo con la mayor frecuencia que fuera posible;
d) Se mejorase la formación y la capacitación de los funcionarios de policía a fin de lograr normas elevadas en la aplicación de la ley;
e) Se reforzase la jefatura y se sometiera a normas muy estrictas a la administración, exigiéndosele mayor responsabilidad.
Los mandos de la seguridad pública de distintos niveles deberán aplicar medidas contra la tortura como medio de crear una fuerza de policía mejor y aumentar su conciencia. En lo que respecta a la evaluación y la promoción, deberá tomarse en cuenta como criterio importante la actitud del policía acerca de esta cuestión. Todo policía que haya utilizado la tortura en los interrogatorios para resolver un caso, por muy valiosa que haya sido su contribución a esa solución, no obtendrá ningún mérito sino que será sometido a una investigación legal.
31. A fin de enterarse adecuadamente de la conducta de cualquier funcionario de la seguridad pública que viole la ley o la disciplina y para resolver esa situación, el Ministerio de Seguridad Pública estableció en diciembre de 1990 un sistema para informar sobre los casos de infracción de la ley y la disciplina para los funcionarios encargados de la seguridad pública, por el cual se requiere a todos los inspectores locales que apliquen un enfoque fáctico. Siempre que se enteren de un caso en que se haya utilizado la tortura en interrogatorio, se haya producido una detención ilegal o se hayan violado las normas sobre el empleo de armas de fuego por la policía causando daños, muertes u otra infracción grave de los derechos físicos y los intereses de un ciudadano, deberá prepararse inmediatamente un "informe sobre infracción del derecho y de la disciplina por un funcionario encargado de la seguridad pública" para presentarlo por los conductos oficiales a la Inspección Principal del Ministerio de Seguridad Pública.
32. En noviembre de 1992, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, publicó un decreto sobre la administración legal y civilizada de las prisiones:
a) Todos los departamentos interesados deberán perfeccionar más aún sus sistemas administrativos y de inspección y ponerlos en práctica; la reclusión y administración de presos se conformará estrictamente al reglamento de los centros de detención; las palizas, los abusos, el castigo corporal y los malos tratos de los presos estarán estrictamente prohibidos; no se permitirá que sucedan incidentes inhumanos o degradantes; se administrará a los presos de manera civilizada; se reforzarán las inspecciones; se castigará concienzudamente la conducta ilegal del personal penitenciario y se rectificará con rapidez.
b) Durante los interrogatorios, los juicios y la imposición de condenas, los prisioneros no estarán esposados ni con grilletes o maniatados, a menos que el prisionero pueda actuar violentamente, escaparse o cometer suicidio, y a no ser en el caso que el prisionero sea culpable de un delito castigado con la pena capital.
c) No se hará desfilar en público a ningún prisionero.
d) Se mejorarán las condiciones de alojamiento y de sanidad de los presos.
33. Las prisiones son mecanismos que el Estado utiliza para aplicar las sentencias y los castigos y para reformar a los delincuentes. Independientemente de los motivos de cada caso no se permite a nadie que torture a los presos. Si en algún caso se comprobara que se ha aplicado la tortura, los responsables serán procesados y castigados de acuerdo con la ley.
34. El Ministerio de Justicia atribuye alta prioridad a la supervisión judicial de la administración penitenciaria. Se exige que el personal de prisiones estudie seriamente la forma de mejorar su conducta profesional. No se condonará jamás la tortura, la humillación o los malos tratos de los presos. Con este fin, la Oficina de Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia publicó en marzo de 1993 un Manual sobre la reforma mediante el trabajo, en el que se reúnen para su estudio minucioso y su puesta en práctica por todo el personal penitenciario los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas: la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la Convención contra la Tortura. El 10 de septiembre de 1991, el Ministerio publicó asimismo el Código de Conducta para funcionarios encargados de la reforma y la educación mediante el trabajo, en el que se especificaban la ética adecuada, el comportamiento y la conducta para los guardianes de prisiones. En él se establecen algunas salvaguardias de los derechos legítimos de los reclusos y presos: "No se practicará ningún abuso ni castigo corporal; el alojamiento y las instalaciones sanitarias deberán estar mantenidos adecuadamente; las provisiones deberán ser regulares y deberán respetar ciertas normas; las quejas y acusaciones de los reclusos y presos deberán ser tramitadas prontamente de acuerdo con la ley; la reclusión y los instrumentos de seguridad deberán ser aplicados cuidadosamente rigiéndose por normas estrictas y sin abuso de ningún tipo". En febrero de 1990 y nuevamente en diciembre de 1992, el Ministerio envió notas a todas las prisiones del país insistiendo en que deberían reforzar su labor de administración, en particular para asegurar que no se desviaran ni estafaran los estipendios y provisiones de los reclusos y que no se privara a éstos de sus necesidades básicas bajo ningún pretexto.
35. El 11 de agosto de 1992, el Gobierno de China publicó un Documento Blanco titulado "La situación de la labor realizada en China para reformar a los delincuentes" en el que se daba una descripción amplia y detallada de las medidas legislativas, judiciales y administrativas adoptadas en China con el transcurso de los años para proscribir la tortura y salvaguardar los derechos de los delincuentes. El Documento Blanco describe plenamente la introducción de una gestión humana en las cárceles; la aplicación de las sentencias; la reforma de los delincuentes mediante el trabajo; la formación cultural y profesional de los presos; y el empleo, el reasentamiento, la rehabilitación y la protección de los ex reclusos una vez que son puestos en libertad.
36. China aplica distintos mecanismos para impedir que se den casos de tortura, a saber:
a) Presión social, incluida la supervisión por organizaciones de control; opinión pública; vigilancia por parte de particulares, incluidas las familias de los presos.
b) Inspectores destinados permanentemente por la Inspección Popular a las prisiones y centros de reforma para vigilar las actividades de aplicación de la ley; buzones instalados en estas instituciones para recibir quejas y acusaciones; y protección jurídica de los derechos de los reclusos para quejarse y hacer acusaciones.
c) Oficinas disciplinarias establecidas dentro de las prisiones y centros de reforma para escuchar los casos relacionados con la tortura e iniciar las investigaciones al respecto; y evaluación de las actividades de esas instituciones por las autoridades, asegurando que todo caso o ausencia de abusos, castigos corporales y malos tratos de los reclusos figuren prominentemente como criterio de evaluación.
d) Visitas no anunciadas de las delegaciones de distintos niveles de los congresos populares y de las conferencias consultivas políticas para inspeccionar las condiciones en que se aplica la ley en las prisiones y reformatorios.
37. La Ley de policía popular establece amplias disposiciones sobre la cuestión de la supervisión de la actuación de la policía popular y requiere en particular que la policía acepte la supervisión prevista por la ley de las fiscalías populares y de los órganos supervisores administrativos, de sus superiores y de la sociedad en general y los ciudadanos ordinarios.
Artículo 12
38. Siguen siendo válidos los párrafos 113 y 114 del informe suplementario presentado por China.
Artículo 13
39. Todo ciudadano de China tiene derecho a quejarse, criticar y hacer cargos respecto de la infracción del derecho por cualquier funcionario estatal, incluidos los actos de tortura. So pena de ser censurado por la ley, un funcionario del Estado no debe aprovecharse de su autoridad o su cargo público para sus fines privados, ni debe de tender trampas para implicar a un demandante, acusador o crítico, o vengarse de él. La ley protege a las personas que presentan denuncias, hacen una acusación o declaran respecto de intimidaciones o malos tratos. Toda persona que amenace o aterrorice a un demandante o testigo o se vengue de él será procesada.
40. El artículo 41 de la Constitución de la República Popular de China dispone que: "El órgano estatal interesado deberá tramitar las quejas, denuncias o revelaciones presentadas por ciudadanos de manera responsable después de haber averiguado la realidad de los hechos. Nadie podrá suprimir esas denuncias, quejas o revelaciones o vengarse de los ciudadanos que las hayan hecho".
41. El artículo 146 de la Ley de procedimiento penal dispone: "Todo funcionario estatal que abuse de sus atribuciones, aprovechándose de su cargo público para obtener ganancias, a fin de vengarse de un demandante, un peticionario o un crítico, vengarse de él o hacer falsas acusaciones será condenado a una pena de prisión firme que no será inferior a dos años o a detención penal; si las circunstancias son graves, se le condenará a una pena de prisión firme que no será inferior a dos años y no superior a siete años".
42. El artículo 46 de la Ley de policía popular dispone: "Todo ciudadano u organización tiene derecho a quejarse o formular cargos ante un órgano de la policía popular o una fiscalía popular, o un órgano supervisor administrativo, respecto de la conducta de la policía popular que viole la ley o de disciplina. El órgano que reciba las quejas o cargos deberá tramitarlos prontamente después de haber averiguado los hechos e informará al acusador o demandante de los resultados de sus deliberaciones. Nadie podrá suprimir las quejas o cargos formulados de conformidad con la ley o vengarse de los ciudadanos que los presenten".
43. Las quejas, acusaciones o revelaciones hechas por presos recibirán las mismas salvaguardias en virtud del derecho. Así, el artículo 23 de la Ley de prisiones dispone que: "La información contenida en la queja, acusación o revelación de un prisionero no podrá ser suprimida por las autoridades carcelarias y deberá ser transmitida prontamente". El artículo 47 de la misma ley dispone que: "un preso podrá mantener correspondencia con otras personas mientras cumple su sentencia... Las cartas dirigidas por un prisionero a un órgano superior de las autoridades de su prisión o a un judicial no deberán ser inspeccionadas". Una vez más, el artículo 21 dispone que: "Las quejas de los presos deberán recibir atención prontamente de la fiscalía popular o del tribunal popular".
Artículo 14
44. Siguen siendo válidos los párrafos 117 y 118 del informe adicional presentado por China.
45. El artículo 41 de la Constitución dispone que: "Los ciudadanos que han sufrido pérdidas a causa de una infracción de sus derechos cívicos por un órgano o un funcionario del Estado tendrán derecho a indemnización según lo dispuesto por la ley". Los artículos 2 y 67 de la Ley de procedimiento administrativo de la República Popular de China dispone que todo ciudadano, persona jurídica u otra organización cuyos derechos e intereses legítimos se consideren perjudicados por un acto administrativo concreto de un órgano administrativo y su personal, tiene derecho a presentar cargos ante un tribunal popular y a exigir indemnización de conformidad con dicha ley. El artículo 68 de la Ley de procedimiento administrativo dispone que cuando un órgano administrativo y su personal hayan cometido un acto administrativo concreto que infrinja los derechos e intereses legítimos de un ciudadano, una persona jurídica u otra organización, causando con ello daños, dicho órgano administrativo será responsable de pagar indemnización de acuerdo con la ley.
46. El artículo 50 de la Ley de la policía popular dispone que: "Cuando, en el desempeño de sus funciones, la policía popular infrinja los derechos e intereses legítimos de un ciudadano o una organización, deberá pagar indemnización de acuerdo con la Ley de indemnizaciones del Estado y otras leyes y reglamentos del caso".
47. El artículo 42 del Reglamento de sanciones de los servicios de seguridad pública dispone también que: "Todo órgano de seguridad pública que, en la administración de la seguridad haya castigado a un ciudadano por equivocación admitirá su error ante la víctima, anulará toda pena impuesta, devolverá los bienes confiscados y, cuando se hayan perjudicado los derechos e intereses legítimos del ciudadano, pagará indemnización por los daños que pudiera haber causado".
48. La Ley de indemnizaciones del Estado promulgada el 12 de mayo de 1994 ha definido ampliamente los límites de las indemnizaciones administrativas y penales, el demandante y el órgano responsable, y cuestiones tales como el procedimiento y la forma de la indemnización y las normas para calcularla.
49. El artículo 2 de la Ley de indemnizaciones del Estado dispone que: "Cuando un órgano estatal y su personal hayan actuado de manera ilegal en el desempeño de sus funciones e infringido los derechos e intereses legítimos de un ciudadano, persona jurídica u organización, causando con ello daños, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización del Estado".
50. En cuanto a la cuestión de la indemnización administrativa, el artículo 3 de la Ley de indemnizaciones del Estado dispone que cuando en el desempeño de sus funciones administrativas u órgano administrativo y su personal hayan infringido los derechos de una persona física en una de las formas que se exponen a continuación, la víctima tendrá derecho a reclamar indemnización:
a) detención ilegal de un ciudadano o adopción ilegal de medidas administrativas obligatorias para limitar la libertad física del ciudadano;
b) encarcelamiento ilegal de un ciudadano o cualquier otra forma de privación de la libertad física de un ciudadano;
c) comisión de un acto violento, tal como una paliza, que cause daños corporales o la muerte de un ciudadano, o instigación a que otros lo cometan;
d) utilización ilegal de armas de fuego o de instrumentos de policía para causar daños corporales o la muerte de un ciudadano;
e) comisión de otros actos ilegales que causen daños físicos o la muerte de un ciudadano.
El artículo 6 de la Ley dispone: "El ciudadano y la persona jurídica u otra organización que hayan sido víctimas tienen derecho a exigir indemnización".
51. En cuanto a la cuestión de indemnización penal, el artículo 15 de la Ley de indemnizaciones del Estado dispone que cuando un órgano y su personal que participen en una investigación, examen, juicio o detención administrativa hayan infringido en el desempeño de sus funciones los derechos de una persona física en una de las formas que se enumeran a continuación, la víctima tendrá derecho a exigir indemnización:
a) detención injusta de una persona sin pruebas de que haya cometido un delito o sin que las prueban indiquen una sospecha grave de que haya cometido un delito;
b) arresto ilegal de una persona sin pruebas de que haya cometido un delito;
c) después de haberse aplicado una sentencia original, ordenar un segundo juicio bajo el proceso de supervisión judicial para decir entonces que el acusado había sido inocente;
d) extracción de una confesión mediante la tortura o cometiendo actos de violencia tales como palizas que causen daños físicos o la muerte de un ciudadano, o instigar a otros a cometer dichos actos;
e) empleo ilegal de armas de fuego o instrumentos de policía para causar daños físicos o la muerte de un ciudadano.
52. El artículo 16 de la Ley dispone que la víctima tiene derecho a exigir indemnización cuando un órgano o su personal participen en una investigación, examen, juicio o detención administrativa e infrinjan en el ejercicio de sus funciones los derechos de propiedad de una persona en alguna de las maneras que se dispone a continuación:
a) adopción ilegal de medidas para precintar, retener, congelar o confiscar bienes;
b) cuando se haya impuesto una multa o se haya llevado a cabo una confiscación, y en un segundo juicio ordenado en virtud del proceso de supervisión judicial se declare que el acusado es inocente.
53. Según las disposiciones del artículo 25 de la Ley de indemnizaciones del Estado, el Estado hará las indemnizaciones principalmente en forma de desembolso financiero. Cuando sea posible la restitución, se devolverán o restituirán todos los bienes confiscados. Cuando la víctima haya muerto a causa de la tortura, sus herederos u otros parientes adoptivos tendrán derecho a indemnización. El apartado c) del artículo 23 de la Ley de indemnizaciones del Estado dispone que cuando se haya violado el derecho a la vida y a la salud de un ciudadano, con el resultado de la muerte de la víctima, se pagará indemnización para el entierro de la persona, así como una indemnización vitalicia a toda persona que dependiera del muerto y que no tenga capacidad para trabajar.
54. Para garantizar el pago de la indemnización a las víctimas de la tortura, el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de indemnizaciones del Estado dispone que: "Las decisiones de pagar indemnización adoptadas por la Comisión de Indemnizaciones son válidas ante la ley y se aplicarán debidamente." Así pues, la ley garantiza plenamente el derecho de indemnización a las víctimas de la tortura.
Artículo 15
55. Se reitera lo señalado en los párrafos 120 a 122 del informe adicional presentado por China.
56. El 21 de marzo de 1994, el Tribunal Popular Supremo publicó las normas especiales sobre el procedimiento aplicable en las causas penales. El artículo 45 de esas normas dice así: "Se prohíbe la obtención de pruebas por medios ilícitos. No se admitirá como prueba ninguna declaración hecha por un testigo o por una víctima, o la confesión hecha por un acusado que hayan sido obtenidas por medios ilícitos, como la tortura en el interrogatorio o la amenaza, las falsas promesas o el engaño".
Artículo 16
57. Se reitera lo señalado en los párrafos 123 a 129 del informe adicional presentado por China.
58. China ha aprobado una ley que prohíbe a todo funcionario público o persona que desempeña funciones oficiales cometer actos, o instigar, consentir o aprobar que se cometan actos que constituyan tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
59. El artículo 14 de la Ley de prisiones dispone que los funcionarios de las cárceles del pueblo no deben "utilizar tortura para obtener confesiones de los presos ni someter a los presos a castigos o maltrato físico"; no deben "atentar contra la integridad de los presos" y no deben "golpear o permitir que se golpee a los presos".
60. El artículo 22 de la Ley de policía popular dispone que esa policía no debe "utilizar tortura para obtener confesiones o someter a los presos a castigo o maltrato físico; no debe privar ilícitamente a las personas de su libertad física ni restringirla; practicar registro ilícito en la persona, los bienes, el hogar u otros recintos" y no debe "golpear o instigar a otros a que golpeen a las personas".
61. El artículo 33 de la Ley del Ministerio Público dispone que los fiscales no deben utilizar la tortura en el interrogatorio para obtener confesiones; no deben abusar de su autoridad ni violar los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos y las personas jurídicas u otras organizaciones.
62. El artículo 30 de la Ley de la magistratura dispone que los jueces no podrán utilizar la tortura en el interrogatorio para obtener confesiones.
63. El artículo 41 del Reglamento de sanciones de los servicios de seguridad dispone que: "En la aplicación de la presente reglamentación, el personal de seguridad pública deberá ajustarse estrictamente a la ley y a la disciplina. Deberá actuar con justicia en la aplicación de la ley, sin favoritismo ni fraude. Queda prohibido golpear, insultar, maltratar o humillar a los infractores de las normas de seguridad. La violación del presente reglamento dará lugar a medidas disciplinarias administrativas; toda violación que constituya delito será punible con arreglo a la ley".
II. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR EL COMITE
Garantías relativas a la detención preventiva
64. La detención con fines penales es una medida de apremio que, con arreglo al Código de Procedimiento Penal, puede ser legítimamente aplicada por los órganos de seguridad pública en situaciones de emergencia con el fin de restringir la libertad física de cualquier delincuente o sospechoso. El párrafo 1 del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal dispone que: "Los órganos de la seguridad pública están facultados para efectuar investigaciones, detenciones e indagaciones preliminares en los casos penales". El Código de Procedimiento Penal y el reglamento sobre detención y arresto contienen disposiciones expresas sobre la detención penal.
65. El artículo 41 del Código de Procedimiento Penal dispone que los órganos de seguridad pública están facultados para detener a los delincuentes o a los principales sospechosos, en las siguientes condiciones:
a) si la persona está haciendo preparativos para cometer un delito, lo está cometiendo o es descubierta inmediatamente después de cometido un delito;
b) si la persona es identificada como el autor del delito por alguna víctima o testigo;
c) si se encuentran pruebas de su culpabilidad en la persona del sospechoso o en su lugar de residencia;
d) si la persona trata de cometer suicidio o de huir tras cometer el delito, o si es un prófugo;
e) si existe la probabilidad de que destruya o falsifique pruebas o se concierte con otros para prestar declaraciones falsas;
f) si se desconoce su identidad y existen fuertes sospechas de que haya cometido delitos en otro lugar;
g) si la persona comete actos como golpear a otros, destruir y saquear bienes y amenaza gravemente el trabajo, la producción y el orden público.
66. El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal dispone que en el momento de detener a una persona el órgano de seguridad pública debe mostrar una orden de detención. Dentro de las 24 horas de la detención, se debe notificar a la familia del detenido o a la unidad a la que pertenece las razones y el lugar de la detención, salvo en el caso de que esa notificación obstaculice la investigación o de que no exista ninguna posibilidad de efectuarla.
67. El artículo 44 del Código de Procedimiento Penal dispone que el órgano de seguridad pública deberá interrogar al detenido dentro de un plazo de 24 horas. En el caso de que se establezca que la persona no debió haber sido detenida, se la pondrá en libertad de inmediato y se le otorgará el certificado de liberación. Si el órgano de seguridad pública considera necesario mantener detenida a una persona porque todavía no dispone de las pruebas suficientes, podrá autorizar al detenido para que presente una fianza mientras el juicio esté pendiente o podrá ordenar su arresto domiciliario.
68. El artículo 48 del Código de Procedimiento Penal dispone que si un órgano de seguridad pública considera necesario detener a una persona, deberá, en el plazo de tres días contado desde la detención, presentar una solicitud a la fiscalía popular para que examine y apruebe la detención. En circunstancias especiales, ese plazo podrá ampliarse hasta cuatro días más. El fiscal popular deberá decidir si aprueba o rechaza la detención en un plazo de tres días contado desde la recepción de la solicitud hecha por el órgano de seguridad pública. Si la fiscalía popular no aprueba la detención, el órgano de seguridad pública deberá, al recibir la notificación de esa decisión, poner de inmediato en libertad al detenido y otorgarle el certificado de liberación. Si el órgano de seguridad pública o la fiscalía popular no dan cumplimiento a las disposiciones señaladas, el detenido y su familia tendrán derecho a pedir que se lo ponga en libertad y el órgano de seguridad pública o la fiscalía popular deberán ponerlo inmediatamente en libertad.
Investigación de casos de tortura, especialmente de los ocurridos en Tibet, según lo señalado por organizaciones no gubernamentales
69. El material sobre casos de tortura recibido por China de organizaciones no gubernamentales se divide generalmente en dos categorías. La primera consiste en comunicaciones de organizaciones no gubernamentales transmitidas por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. Una parte considerable de esas comunicaciones se refiere a la región autónoma de Tibet, de China. La segunda categoría consiste en denuncias o en información presentada por víctimas y transmitida directamente en nombre de éstas por organizaciones no gubernamentales chinas a los servicios judiciales, de orden público o administrativos. En lo que respecta a la primera categoría, el Gobierno de China generalmente pide a la Oficina Jurídica y Disciplinaria de la Fiscalía Popular Suprema que inicie la investigación pertinente. En ciertos casos el Gobierno también mantiene una vigilancia de la situación por conducto de otros medios, a fin de verificar los resultados de la investigación. En la debida oportunidad, se notifican los resultados a las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas. En lo que respecta a la segunda categoría de comunicaciones, las investigaciones son practicadas en la mayor parte de los casos por las oficinas de correspondencia y visitas de los servicios a los que se han dirigido esas reclamaciones. La investigación también puede encomendarse a investigadores especiales. Algunas de esas comunicaciones han ayudado a aclarar casos de violaciones de la ley y la disciplina de parte de funcionarios estatales.
Detención administrativa
70. La detención administrativa, según se define en la ley china, es un tipo de sanción administrativa impuesta por comportamientos que violan el Reglamento de sanciones de los servicios de seguridad. Ese reglamento contiene disposiciones estrictas sobre duración de la detención administrativa, sobre las personas a las que puede aplicarse esa medida y sobre la forma de adoptarla y ejecutarla.
71. Los artículos 19, 20, 22 a 24, 26, 27 y 30 a 32 de ese Reglamento establecen las condiciones en las que se puede proceder a esa detención. Cuando la violación de una disposición reglamentaria es de carácter relativamente grave pero no llega a constituir delito punible por ley, la detención podrá durar de 1 día a 15 días como máximo.
Garantías de un pronto contacto entre el detenido y su familia, abogado o médico
72. El artículo 48 de la Ley de prisiones dispone que: "Todo preso que esté cumpliendo una condena podrá, con arreglo a la presente disposición, tomar contacto con los miembros de su familia o tutor".
73. El artículo 28 del Reglamento de los centros de detención dispone que: "Todo preso podrá, con autorización del órgano encargado de su caso y aprobación de un órgano de seguridad pública, mantener correspondencia y entrevistarse con algún miembro cercano de su familia". El artículo 32 dispone que: "Cuando la fiscalía popular decida formular la acusación, el detenido podrá, tras recibir copia de la acusación, entrevistarse y mantener correspondencia con el abogado defensor de su elección o el que haya sido designado por el tribunal popular".
Garantías sobre examen médico de los reclusos
74. El artículo 17 de la Ley de prisiones dispone que: "Se deberá someter a examen médico a toda persona que ingrese a la prisión para el cumplimiento de su condena". El artículo 53 dispone que: "Las celdas para reclusos deberán ser sólidas, con buena ventilación e iluminación, limpias y temperadas". El artículo 54 dispone que: "Toda prisión deberá disponer de una instalación médica así como de servicios de atención diaria de salud. Se deberá establecer un régimen de vida para los reclusos y servicios de higiene. La atención médica de los reclusos deberá integrarse en el sistema de salud y prevención de epidemias de la localidad vecina a la prisión".
75. El artículo 26 del Reglamento de los centros de detención señala que: "Todo centro de detención deberá disponer del instrumental médico necesario y los medicamentos comunes. Se deberá proporcionar atención oportuna a los reclusos enfermos y los que requieran hospitalización deberán ser tratados con prontitud en el hospital local; los reclusos gravemente enfermos deberán ser puestos en libertad bajo fianza durante el juicio, de conformidad con la ley".
76. El Decreto 16, que establece el régimen de vida e higiene de las personas sometidas a reeducación por el trabajo, expedido por el Ministerio de Justicia el 12 de agosto de 1991, contiene 31 disposiciones sobre personal médico, servicios médicos, atención diaria de salud, alojamiento, higiene y condiciones físicas de los reclusos internados en los centros reformatorios.
Supervisión y vigilancia de los procedimientos de investigación, interrogatorio, detención administrativa y detención con fines de interrogatorio
77. Tanto el artículo 135 de la Constitución como el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal disponen que en los procesos penales los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública se dividen las responsabilidades, coordinan sus acciones y se controlan mutuamente para asegurar una aplicación correcta y eficaz de la ley. Por su parte, el artículo 96 del Código de Procedimiento Penal dispone que: "Al examinar un caso, la fiscalía popular deberá comprobar la legalidad de la investigación. Por su parte, el artículo 52 dispone que: "Si al examinar y aprobar una detención, la fiscalía popular comprueba la existencia de ilegalidades en las actividades indagatorias del órgano de seguridad pública, deberá señalar a ese órgano la necesidad de corregir esas irregularidades y el órgano de seguridad pública deberá notificar a la fiscalía popular las correcciones hechas".
78. En 1987 el Ministerio de Seguridad Pública aprobó el Reglamento sobre el procedimiento aplicable por los órganos de seguridad pública en casos penales, cuyo párrafo 1 del artículo 3 dispone que: "En la conducción del procedimiento penal, los órganos de seguridad pública deben basarse en las masas, en los hechos, y guiarse por los criterios de la ley. Deben reunir las pruebas con arreglo a los procedimientos y requisitos establecidos por ley. Se prohíbe estrictamente obtener confesiones mediante tortura". El párrafo 1 del artículo 8 dispone que todo órgano de seguridad pública que en un procedimiento penal "reciba información sobre ilegalidades cometidas durante la investigación, deberá tomar medidas para corregir esas ilegalidades y notificar prontamente la situación a la fiscalía popular".
79. La Ley de policía popular contiene un capítulo especial sobre la "vigilancia de la aplicación de las leyes", que dispone concretamente que la policía popular, además de aceptar que las fiscalías públicas y los órganos de control administrativo vigilen el ejercicio de sus funciones, debe aceptar la vigilancia de la sociedad en su conjunto y de los ciudadanos. Un órgano superior de la policía popular debe vigilar la forma en que aplican la ley sus órganos subordinados. Todo ciudadano u organización tiene el derecho de presentar reclamaciones o formular cargos ante un órgano de la policía popular, una fiscalía popular o un órgano de control administrativo en el caso de cualquier comportamiento de la policía popular que viole la ley o la disciplina. El artículo 47 de la Ley de policía popular dispone lo siguiente: "El órgano de seguridad pública deberá establecer un sistema de inspección para vigilar la forma en que la policía popular aplica las leyes y reglamentos y acata la disciplina". El 11 de mayo de 1995 el Ministerio de Seguridad Pública promulgó un reglamento provisional para la tramitación de quejas y reclamaciones por los órganos de seguridad pública, en el que se define la competencia y el procedimiento aplicable por los órganos de seguridad pública para la tramitación de quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos, las personas jurídicas u otras organizaciones, de conformidad con la Ley de represión de ilegalidades y delitos por los órganos de seguridad pública y la policía popular.
80. En lo que respecta a la vigilancia de la detención administrativa, cabe señalar que cualquier ciudadano que desee apelar contra una sanción de detención administrativa podrá, con arreglo a la ley china, pedir la revisión de esa medida por un órgano administrativo o entablar una acción administrativa ante un tribunal popular. El artículo 9 del Reglamento de revisión de medidas administrativas de la República Popular dispone que todo ciudadano y persona jurídica u otra organización que apele contra una sanción administrativa, por ejemplo, detención, multa, revocación de autorización o licencia, orden de cesación o clausura o confiscación de bienes, podrá pedir la revisión de esa medida por un órgano administrativo. El artículo 11 de la Ley de procedimiento administrativo dispone que un tribunal popular deberá conocer de la apelación entablada por un ciudadano, persona jurídica u otra organización contra una sanción administrativa, como detención, multa, revocación de autorización o licencia, orden de cesación o clausura o confiscación de bienes. El artículo 39 del Reglamento de sanciones de los servicios de seguridad establece que: "Cualquier persona a la que se aplique una sanción administrativa por razones de seguridad o cualquier persona que considere que se han infringido sus derechos y desee apelar contra la decisión de un órgano de seguridad pública o del gobierno popular de una ciudad o circunscripción rural podrá, dentro de los cinco días de recibida la notificación, presentar su apelación ante un órgano de seguridad de nivel superior. Ese órgano deberá adoptar una decisión dentro de los cinco días de recibida la apelación. Si la persona desea apelar contra la nueva decisión, podrá, dentro de los cinco días de recibida la notificación, entablar una acción ante un tribunal popular local".
81. La detención de una persona para interrogarla es una medida de apremio aplicada por los órganos de seguridad pública con arreglo a los reglamentos pertinentes del Consejo de Estado contra personas con antecedentes penales y procedencia dudosa y que ocultan su verdadero nombre y dirección o de las cuales se sospecha que han cometido delitos en otro lugar, son delincuentes habituales o miembros de bandas, por lo cual han de ser detenidos para interrogarlos. La aplicación de esta medida debe hacerse con arreglo a un procedimiento estricto y bajo la vigilancia de una fiscalía pública. La ley y los reglamentos disponen que toda persona detenida para ser interrogada que desee apelar puede pedir una revisión de la medida por un órgano de seguridad pública de nivel superior o entablar una acción administrativa ante un tribunal popular.
82. El 31 de marzo de 1990 el Tribunal Popular Supremo aprobó el reglamento provisional sobre atribuciones de los tribunales populares en materia de vigilancia, en el que se definen el papel, las atribuciones y los métodos y procedimientos de los mecanismos de vigilancia que han de establecerse en los tribunales populares. Se espera así establecer una vigilancia mayor sobre las políticas de los órganos judiciales del Estado, hacer más estricta su disciplina, asegurar la integridad de los tribunales y de su personal y un estricto cumplimiento de la ley y ejercicio del poder judicial del Estado.
Aprobación de disposiciones legislativas para asegurar que no se perjudique ni amenace a los testigos y asegurar el derecho de los detenidos a presentar reclamaciones
83. El Estado ha aprobado disposiciones legislativas para brindar mayor protección a los testigos. El artículo 146 del Código Penal dispone que: "Todo funcionario del Estado que abuse de su poder, utilizando sus funciones públicas para obtener beneficios personales, para vengarse de alguien o para hostigar a denunciantes, peticionarios o críticos o acusarlos falsamente" deberá recibir el castigo correspondiente. El artículo 32 del Código de Procedimiento Penal dispone que el personal del poder judicial, de las fiscalías y de los servicios de investigación deberán reunir las pruebas con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos. "Se prohíbe estrictamente obtener confesiones mediante tortura y reunir pruebas mediante amenaza, falsas promesas, engaños u otros medios ilícitos. Se debe asegurar a todos los ciudadanos involucrados en un caso o que tengan información sobre las circunstancias en que se produjo las condiciones necesarias para que presten declaración de manera objetiva y completa". El artículo 46 de la Ley de policía dispone que: "Todo ciudadano u organización tiene derecho a presentar reclamaciones o cargos ante un órgano de la policía popular o una fiscalía popular o un órgano de vigilancia administrativa respecto de cualquier acto de la policía popular que viole la ley o la disciplina. El órgano receptor de las reclamaciones o cargos deberá examinarlos con prontitud tras la determinación de los hechos e informar al acusador o reclamante acerca de los resultados de su labor. Nadie podrá echar tierra a las reclamaciones o los cargos hechos de conformidad con la ley ni tomar medidas de represalia contra los ciudadanos que los formulen".
84. Los tratados de asistencia judicial y de extradición firmados por China con muchos otros países contienen disposiciones especiales destinadas a proteger a los testigos contra toda medida de represalia o perjuicio y brindarles las condiciones para que presten declaración y proteger sus derechos. Por ejemplo, en los tratados se dispone que el firmante del tratado no podrá castigar ni utilizar la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza respecto de cualquier persona que se niegue a prestar declaración o declarar bajo juramento en su territorio de conformidad con las disposiciones del tratado. Independientemente de su nacionalidad, no se podrá pedir a ningún testigo citado a comparecer ante un determinado órgano judicial que responda por cualquier acto delictual cometido antes de su entrada en el territorio, ni se le podrá exigir responsabilidad penal por su declaración, ni podrá ser detenido o privado de cualquier otro modo de su libertad.
85. El Estado también ha tomado medidas en otros ámbitos para proteger a los testigos. Así, el artículo 59 del Reglamento sobre el procedimiento aplicable por los órganos de seguridad pública en las causas penales dispone que: "Se debe asegurar a todos los ciudadanos involucrados en un caso o que tengan información sobre las circunstancias en que se produjo condiciones necesarias para que presten declaración de manera objetiva y completa". Por su parte, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema han adoptado medidas concretas de protección de los testigos, según las circunstancias del caso.
86. El Estado también ha aprobado una serie de disposiciones legislativas para la salvaguardia de los derechos jurídicos de los detenidos. El artículo 23 de la Ley de prisiones dispone que: "Las autoridades carcelarias no pueden ocultar la información proporcionada por un preso en una reclamación, acusación o declaración sino que deben transmitirla con prontitud". El artículo 21 dispone que: "La reclamación de un preso deberá ser examinada con prontitud por la fiscalía popular o el tribunal popular". El artículo 46 del Reglamento de los centros de detención establece lo siguiente: "Las autoridades de los centros de detención no deben ocultar ninguna apelación ni reclamación presentada por un preso sino que deben transmitirla con prontitud". "La información contenida en una declaración o acusación hechas por un preso sobre ilegalidades cometidas por el personal de orden público deberán señalarse con prontitud a la atención de la fiscalía popular".
Aprobación de disposiciones legales y procedimientos específicos para asegurar que las órdenes impartidas por los superiores no invoquen la aplicación de torturas
87. El artículo 33 de la Ley de policía popular dispone que: "Los miembros de la policía popular tienen derecho a negarse a obedecer cualquier orden que exceda las atribuciones de la policía popular con arreglo a las leyes y los reglamentos y tienen también derecho a comunicar esa violación a la autoridad superior". Esta disposición permite impedir efectivamente que se invoque una orden superior para la aplicación de tortura.
Formación jurídica general para el personal militar, el personal de orden público y el personal médico, especialmente en lo que respecta a la necesidad de limitar el uso de armas
88. Para los órganos judiciales y administrativos de China la formación jurídica general es muy importante. El Ministerio de Justicia hace hincapié en la formación del personal de prisiones y de los centros reformatorios para asegurar una mejor aplicación de la ley. Un aspecto esencial de esta formación del personal de esos establecimientos es la estricta prohibición de torturar, humillar, golpear, insultar y maltratar a presos y reclusos.
89. En junio de 1992, el Ministro de Justicia estableció un programa nacional de formación de funcionarios superiores de los servicios judiciales y administrativos, para el período 1992-1995. El sistema penal chino ha emprendido la formación de su personal sobre la base de ese programa, y con este fin se creó una red de formación de tres niveles, desde el centro hasta la base. El Ministerio de Justicia creó la Academia Central de Funcionarios de Policía Judicial y estableció un plan de estudios especial sobre el tema de la justicia penal en las universidades de Política y Derecho de las regiones sudoccidental y noroccidental. Existen también 31 institutos de policía judicial y 370 cursos de formación permanente para el personal carcelario en las provincias. Se ha clasificado al personal de los servicios de represión del sistema penal chino en tres categorías -a nivel del Ministerio de Justicia, a nivel de los servicios penales provinciales y a nivel de las propias prisiones- a fin de impartirle formación en materias como los aspectos teóricos, el derecho, la capacitación profesional y los instrumentos de las Naciones Unidas contra la tortura. Sólo pueden ser asignados a los puestos las personas que han recibido esa formación.
90. En 1994 se organizaron en el sistema penal nacional unos 2.092 cursos de formación de diverso tipo para el personal de prisiones; en ellos participaron 177.353 personas, lo que representa un aumento de 16.950 respecto de 1993.
91. La Ley de policía popular contiene disposiciones sobre el uso de armamento e instrumentos policiales. El artículo 10 dispone que: "En situaciones de emergencia, como la resistencia a la detención, los disturbios, las fugas de cárceles, el decomiso de armas de fuego u otros actos de violencia, la policía de los órganos de seguridad podrá hacer uso de armas de conformidad con los reglamentos pertinentes del Estado". El artículo 11 dispone que: "A los efectos de reprimir actos de violación grave de la ley, la policía popular de los órganos de seguridad pública podrá hacer uso de instrumentos policiales de conformidad con los reglamentos pertinentes del Estado". Para impedir la infracción de estas disposiciones, el artículo 49 de dicha Ley dispone que: "La utilización de armas o instrumentos policiales por la policía popular en violación de los reglamentos constituye delito punible por ley; todo acto de esa naturaleza que no llegue a constituir delito será sancionado con una medida disciplinaria de carácter administrativo".
92. La Ley de policía contiene disposiciones que restringen la utilización de armas de fuego y otras armas. El artículo 45 dispone que las autoridades carcelarias podrán utilizar armas de fuego cuando se deban adoptar medidas para impedir que un delincuente se fugue o recurra a la violencia o cuando deba viajar bajo escolta o sea peligroso. Sin embargo, cuando esas condiciones dejen de existir, las autoridades deberán cesar el uso de armas. Por su parte, el artículo 46 dispone que la policía popular y los guardias policiales populares armados podrán utilizar armas de conformidad con los reglamentos del Estado sólo cuando se trate de reprimir a delincuentes sublevados o en caso de fuga de un delincuente, de resistencia a la detención o de actos de violencia o destrucción con armas mortales u otros objetos peligrosos que amenacen la vida, los bienes o la seguridad de otros, o en caso de robo o decomiso de armas, y siempre que el recurso a las armas sea indispensable.
Adopción de medidas para prevenir los casos de tortura y castigar a los culpables
93. Los órganos de seguridad pública de China han adoptado algunas medidas para prevenir la tortura. Por ejemplo, se imparte a los miembros de la policía popular nociones sobre legalidad y respeto de las masas, para elevar su nivel de conciencia jurídica y alentarlos a servir lealmente al pueblo, aplicar estrictamente las leyes, los reglamentos y las normas del Estado y prevenir actos de tortura. Se han adoptado medidas prácticas para solucionar algunos problemas existentes, en particular el problema de la tortura en los interrogatorios para obtener confesiones. Se ha reforzado la vigilancia e impuesto graves castigos en caso de tortura en los interrogatorios. No sólo se castiga a los culpables de conformidad con la ley penal sino que se hace personalmente responsables a los superiores.
94. En esta labor participan tanto los departamentos operacionales como los servicios de vigilancia, de manera coordinada, a fin de abordar los aspectos materiales y las causas del problema, establecer un contexto de legalidad que impida la tortura y los mecanismos para su vigilancia y represión.
95. Al mismo tiempo se han adoptado medidas prácticas para castigar a los responsables de torturas. A título de ejemplo cabe señalar que el 22 de julio de 1994, Yu Liehai, Director Adjunto de la Oficina de Seguridad Pública y Comandante en Jefe de la Policía de la ciudad de Changzhi, provincia de Shanxi, y dos funcionarios policiales del segundo escuadrón, Yu Luhai y Yan Deming se valieron de un falso testimonio de una persona obtenido mediante tortura para interrogar a un maestro de escuela media, Shen Fenggi. La tortura aplicada para obtener la confesión produjo la muerte de la víctima. En el juicio por lesiones tramitado por el tribunal popular de categoría intermedia de Changzhi, Yu Leihai fue condenado a muerte y privado de sus derechos políticos; Yu Luhai fue condenado a prisión perpetua y privado de sus derechos políticos de por vida; Yan Deming fue condenado a diez años de prisión y He Tukuan, Director de la Oficina de Seguridad Pública, fue condenado a cinco años de prisión por su responsabilidad directa en el caso.