Distr.
GENERAL
CAT/C/25/Add.6
26 de junio de 1995
ESPAÑOL
Original: INGLES
Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1994 : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 26/06/95.
CAT/C/25/Add.6. (State Party Report)
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRA LA TORTURA
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN
Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1994
Adición
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Y TERRITORIOS DEPENDIENTES
El informe inicial presentado por el Gobierno del Reino Unido figura en el documento CAT/C/9/Add.5 y 10; su examen por el Comité puede consultarse en los documentos CAT/C/SR.91, 92, 132, 133 y 133/Add.2 y en Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 44 (A/47/44), párrs. 93 a 125, y cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 44 (A/48/44), párrs. 251 a 283.
[24 de marzo de 1995]
ÍNDICE
Párrafos
PRIMERA PARTE: REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (TERRITORIO METROPOLITANO)
I. GENERALIDADES 1 - 5
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16
DE LA CONVENCIÓN 6 - 144
Introducción 6 - 8
Artículos 2 y 4 9
Artículo 3 10 - 25
Artículos 5 y 7 26 - 27
Artículo 9 28
Artículo 10 29 - 32
Artículo 11 33 - 89
Artículos 12 y 13 90 - 121
Artículo 14 122 - 127
Artículo 15 128
Artículo 16 129 - 144
SEGUNDA PARTE: DEPENDENCIAS DE LA CORONA: GUERNSEY, JERSEY Y LA ISLA DE MAN
Guernsey 145 - 175
I. GENERALIDADES 145 - 151
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16
DE LA CONVENCIÓN 152 - 175
Artículo 2 152 - 155
Artículo 3 156
Artículo 4 157 - 159
Artículo 5 160
Artículos 6 y 7 161
Artículo 8 162 - 164
Artículo 9 165
Artículo 10 166
Artículo 11 167
Artículo 12 168 - 169
Artículo 13 170 - 171
Artículo 15 173
Artículo 16 174 - 175
Jersey 176 - 214
I. GENERALIDADES 176 - 184
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16 DE LA CONVENCIÓN 185 - 214
Artículo 2 185 - 189
Artículo 3 190
Artículo 4 191 - 193
Artículo 5 194
Artículo 6 195 - 197
Artículo 7 198
Artículo 8 199
Artículo 9 200
Artículo 10 201 - 203
Artículo 11 204 - 205
Artículo 12 206 - 207
Artículo 13 208 - 209
Artículo 14 210
Artículo 15 211
Artículo 16 212 - 214
Isla de Man 215 - 255
I. GENERALIDADES 215 - 224
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16 DE LA CONVENCIÓN 225 - 255
Artículo 2 225 - 229
Artículo 3 230
Artículo 4 231 - 232
Artículo 5 233
Artículo 6 234 - 236
Artículo 7 237
Artículo 8 238 - 240
Artículo 9 241
Artículo 10 242
Artículo 11 243 - 245
Artículo 12 246
Artículo 13 247 - 249
Artículo 14 250 - 252
Artículo 15 253
Artículo 16 254 - 255
TERCERA PARTE: TERRITORIOS INDEPENDIENTES
Introducción 256
Anguila 257
Bermudas 258 - 304
I. GENERALIDADES 258 - 269
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16 DE LA CONVENCIÓN 270 - 304
Artículo 2 270 - 273
Artículo 3 274
Artículo 4 275 - 276
Artículo 5 277
Artículo 6 278 - 281
Artículo 7 282 - 284
Artículo 8 285
Artículo 9 286 - 287
Artículo 10 288 - 291
Artículo 11 292 - 293
Artículo 12 294
Artículo 13 295 - 297
Artículo 14 298 - 301
Artículo 15 302
Artículo 16 303 - 304
Islas Vírgenes Británicas 305
Islas Caimán 306 - 317
I. GENERALIDADES 306 - 308
II. NUEVOS ACONTECIMIENTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 309 - 317
Artículo 3 309 - 311
Artículo 10 312 - 314
Artículo 11 315
Artículos 12 y 13 316
Artículo 16 317
Islas Malvinas (Falkland) 318
Gibraltar 319
Hong Kong 320 - 449
I. GENERALIDADES 320 - 326
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16 DE LA CONVENCIÓN
327 - 449
Artículo 2 327 - 335
Artículo 3 336 - 353
Artículo 4 354 - 356
Artículo 5 357
Artículo 6 358 - 359
Artículo 7 360
Artículo 8 361
Artículo 9 362
Artículo 10 363 - 369
Artículo 11 370 - 389
Artículo 12 390 - 391
Artículo 13 392 - 412
Artículo 14 413 - 419
Artículo 15 420 - 421
Artículo 16 422 - 449
Montserrat 450
Pitcairn 451
Santa Elena 452
Islas Turcas y Caicos 453
Apéndices
I. LISTA DE DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL INFORME
II. LISTA DE ANEXOS
PRIMERA PARTE
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
(TERRITORIO METROPOLITANO)
I. GENERALIDADES
1. El presente documento constituye el segundo informe del Reino Unido con arreglo al artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El informe inicial del Reino Unido con arreglo a la Convención se presentó en marzo de 1991 (CAT/C/9/Add.6) y en noviembre de ese año el Comité contra la Tortura examinó a funcionarios del Gobierno del Reino Unido en relación con ese informe (CAT/C/SR.91 y 92 y CAT/C/SR.88 a 103 y correcciones).
2.El párrafo 3 del informe inicial se refería a la ratificación por el Reino Unido de la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en el Reino Unido el 1° de febrero de 1989. Una delegación del comité establecido con arreglo a esa Convención visitó Gran Bretaña en 1990; el informe del comité fue publicado en 1991, junto con una respuesta detallada al Reino Unido, a la que siguió un informe del Reino Unido sobre los progresos realizados en 1993. Una delegación del comité regresó a Gran Bretaña en mayo de 1994; el Gobierno espera recibir el informe del comité sobre esa visita a principios de 1995. Una delegación del comité visitó Irlanda del Norte en 1993; su informe fue enviado al Gobierno del Reino Unido en abril de 1994. La respuesta del Gobierno fue publicada el 17 de noviembre de 1994.
3. En los párrafos 4 a 7 del informe inicial se resumía la posición jurídica del Reino Unido con respecto a la tortura. El párrafo 4 se refería al artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988, que tipifica a la tortura como delito y deja sin lugar a dudas el compromiso del Reino Unido con la aplicación de las disposiciones del artículo 4 de la Convención; no se han realizado procesos con arreglo a esta disposición.
4. Como se observa en el párrafo 9 del informe inicial, el Reino Unido es un Estado unitario que abarca Inglaterra y el País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte; las referencias que se hacen en el presente informe a "Gran Bretaña" comprenden Inglaterra y el País de Gales y Escocia en conjunto. Inglaterra y el País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen cada uno su propio sistema jurídico, pero en todo el Reino Unido se aplican principios semejantes.
5. El informe inicial de las dependencias de la Corona del Reino Unido figura en la Parte II del presente informe. El informe periódico de los territorios dependientes figura en la Parte III, así como el informe inicial de Hong Kong y las Bermudas.
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 16
DE LA CONVENCIÓN
Introducción
6. La información que se ofrece a continuación complementa la suministrada en el informe inicial del Reino Unido de marzo de 1991 así como la suministrada por la delegación del Reino Unido en las sesiones del Comité, celebradas en noviembre de 1991, en las que se examinó ese informe.
7. Como se describe en esta parte del informe, ha habido diversas evoluciones legislativas y administrativas desde 1991 pertinentes a las obligaciones del Reino Unido con arreglo a la Convención. Entre ellas figuran:
a) La Ley relativa a las apelaciones en materia de asilo e inmigración de 1993, que entró en vigor en julio de 1993 y prevé, en la jurisdicción interna, el derecho de apelación en algún momento antes de la expulsión para todos los solicitantes de asilo rechazados, excepto para los que representan una amenaza a la seguridad nacional (véase el párrafo 2 del artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). (Véanse los párrs. 15 a 23 infra);
b) Las Órdenes de 1991 de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 (Grabación magnetofónica de entrevistas) que, desde 1992, han ordenado la grabación magnetofónica, en las comisarías de Inglaterra y el País de Gales, de las entrevistas con personas de las que se sospecha han cometido un delito procesable. (Véanse los párrs. 33 y 34 infra);
c) Los Códigos de Conducta de la Ley sobre Disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991 para la detención, el trato, el interrogatorio y la identificación de personas detenidas en Irlanda del Norte con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (Disposiciones provisionales), que entró en vigor el 1º de enero de 1994. (Véase el párr. 47 infra);
d) La designación en Irlanda del Norte, en diciembre de 1992, de un Comisionado Independiente para los Centros de Detención encargado de observar, formular comentarios e informar acerca de las condiciones en que están detenidas en las oficinas policiales las personas de las que se sospecha han cometido delitos de terrorismo. (Véase el párr. 58 infra);
e) La designación en diciembre de 1992, con arreglo a la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991, de un Asesor Independiente de los procedimientos de denuncia contra las fuerzas armadas en Irlanda del Norte a fin de establecer un examen independiente de los procedimientos que se ocupan de las denuncias no penales contra las fuerzas armadas en Irlanda del Norte. (Véanse los párrs. 119 y 120 infra); y
f) La Ley de Educación de 1993, que establece que, cuando se aplique castigo corporal a alumnos cuyos estudios son costeados de forma privada en las escuelas independientes, el castigo no deberá ser inhumano o degradante. (Véase el párr. 131 infra).
8. Los artículos respecto de los cuales no se han producido nuevas evoluciones legislativas o administrativas, o respecto de los cuales el Comité no solicitó información adicional durante su examen del informe inicial (esto es, los artículos 6 y 8) no se incluyen en el presente informe. Así como en el informe inicial, el Reino Unido ha suministrado la información más amplia posible, pero la inclusión de determinados puntos no significa necesariamente que el Reino Unido considera que corresponden al ámbito de determinados artículos de la Convención.
Artículos 2 y 4
9. Durante el examen oral del informe inicial (CAT/C/SR.92, párr. 1) la delegación del Reino Unido informó de que los textos de la legislación sobre la tortura se presentarían al Comité con el segundo informe. (Hay también varios delitos pertinentes con arreglo al common law). La legislación pertinente figura en:
La Ley de justicia penal (artículos 134, 135 y párrs. 1 a 3 del artículo 172);
La Ley de delitos contra la persona de 1861 (artículos 16, 18, 20 y 23); y la
Ley sobre los Convenios de Ginebra de 1957, y los textos se adjuntan en el anexo A.
Artículo 3
Extradición
10. El artículo 3 de la Convención estipula que "Ningún Estado Parte procederá a la . . . extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". Durante el examen oral del informe inicial (CAT/C/SR.92, párr. 51) el Comité sugirió que en los textos legislativos o en las circulares administrativas se debía incluir disposiciones concretas a fin de impedir toda extradición en tales circunstancias.
11. El Gobierno del Reino Unido ha estudiado cuidadosamente la sugerencia del Comité, pero sigue considerando que la ley y los procedimientos actuales ofrecen seguridades adecuadas de que ninguna persona será extraditada cuando exista el riesgo de tortura. El probable tratamiento que recibirá la persona solicitada al retornar, las condiciones carcelarias, la imparcialidad del juicio, las normas de justicia, la posible realización indebida del proceso, las penas pertinentes tras la condena y los motivos del Gobierno solicitante son factores que se consideran cuidadosamente antes de que el Reino Unido proceda a nuevos arreglos de extradición con cualquier Estado y que los tribunales y el Secretario de Estado tienen en cuenta cuando examinan pedidos individuales de extradición. Con arreglo al apartado c) del párrafo 1 del artículo 6, el apartado d) del párrafo 1 del artículo 6, el apartado c) del párrafo 3 del artículo 11, el párrafo 1 del artículo 12 y el inciso iii) del apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 y el apartado 2 de los párrafos 1 y 6 del anexo 1 de la Ley de extradición de 1989, se denegará la extradición si parece que la persona solicitada sufrirá malos tratos o torturas si se le devuelve. El Convenio Europeo de Derechos Humanos también brindaría protección en tal caso.
12. La decisión final sobre si se procede o no a la extradición de una persona es tomada por el Secretario de Estado. El párrafo 1 del artículo 12 y el apartado 2 del párrafo 8 del anexo 1 de la Ley de 1989 confieren al secretario de Estado discreción absoluta para negarse a devolver a toda persona cuya extradición haya sido solicitada y a quien los tribunales han ordenado que espere la decisión del Secretario de Estado sobre la solicitud. Este último tiene en cuenta todas las consideraciones pertinentes incluso, llegado el caso, las disposiciones del artículo 3 de la Convención. Dado que, en la práctica, la decisión es adoptada por el Secretario de Estado, no se han emitido circulares administrativas sobre la cuestión.
13. Además, una persona cuya extradición ha sido solicitada tiene derecho a interponer recursos contra su devolución ante el Secretario de Estado, que deben ser considerados; no hay restricción en cuanto al carácter de los recursos que puede interponer. Toda decisión del Secretario de Estado que ordene la entrega puede ser impugnada mediante la revisión judicial. A menos que los tribunales estén convencidos de que la decisión del Secretario de Estado es legítima y que ha sido debidamente formulada, será rechazada.
14. Por estas razones, la legislación del Reino Unido no ha sido enmendada en la forma que sugiere el Comité.
Asilo
15. El número de solicitantes de asilo que ingresaron al Reino Unido aumentó marcadamente de unos 4.000 en 1988 a un máximo de 45.000 en 1991. Tras la adopción de nuevos procedimientos de selección, el número de solicitantes disminuyó a 25.000 en 1992 y a 22.400 en 1993, pero esta cifra era todavía cinco veces mayor que la de 1988. El número de solicitantes ejerció gran presión sobre el sistema existente de manera que hubo mucho retraso en la tramitación de los casos y las solicitudes pueden a menudo tardar varios años en resolverse.
16. En el total de decisiones adoptadas en relación con las solicitudes de asilo se ha registrado una marcada disminución del porcentaje de personas reconocidas como refugiados según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; la tasa de reconocimiento a principios del decenio de 1980 era del 60% pero disminuyó al 23% en 1990 y sólo al 3% en 1992. Sin embargo, pese a que se determinó que la mayoría no eran refugiados, a muchos de ellos (el 44% en 1992) se les permitió permanecer en el país de manera excepcional, principalmente debido a los retrasos en tramitar sus solicitudes y las consiguientes dificultades prácticas para dar efecto a la salida. Se demostró también que un número apreciable de solicitudes eran fraudulentas y múltiples. A lo largo de este período, el Reino Unido continuó evaluando las solicitudes teniendo siempre en cuenta los criterios establecidos en la Convención de 1951; por lo tanto, las variaciones en las tasas de reconocimiento no se debieron a que los criterios de la Convención se aplicaban de manera más restrictiva o estricta, sino, más bien, a cambios en la naturaleza de los solicitantes.
17. El Gobierno respondió a la situación en diversas formas. En especial, se aumentaron apreciablemente los recursos, se simplificaron los procedimientos y en julio de 1993 entró en vigor un nuevo texto legislativo, la Ley relativa a las apelaciones en materia de asilo e inmigración de 1993. La Ley de 1993, y los cambios concomitantes en el Reglamento de Inmigración introducidos con arreglo a la Ley de Inmigración de 1971 y el Reglamento (procedimiento) de apelaciones en materia de asilo de 1993, aplican un criterio equilibrado: el objetivo es garantizar que las solicitudes sin fundamento se resuelvan rápidamente y de manera definitiva, mientras que se sigue protegiendo a los refugiados auténticos. Los párrafos siguientes explican brevemente las disposiciones de la legislación.
18. Un cambio fundamental debido a la Ley de 1993 es la introducción, en la jurisdicción interna, del derecho de apelación en algún momento antes de la expulsión, con una audiencia oral ante un Juez Especial independiente, para todos los solicitantes de asilo rechazados, independientemente de su condición con respecto a la inmigración, excepto para los que representan una amenaza a la seguridad nacional (véase el párr. 2 del art. 32 de la Convención de 1951). (Anteriormente, los derechos de apelación en materia de asilo eran limitados.) Existen plazos estrictos dentro de los cuales toda apelación debe ser resuelta y hay una tramitación especialmente rápida para toda apelación relativa a casos en que el Secretario de Estado ha certificado que la solicitud "carece de fundamento" -es decir, que la solicitud no plantea ninguna cuestión en cuanto a las obligaciones asumidas por el Reino Unido con arreglo a la Convención de 1951 (porque el solicitante llegó al país a través de un tercer país seguro) o es en alguna otra forma trivial o enfadosa. Todas las apelaciones en los casos declarados "sin fundamento" se tramitan con un procedimiento acelerado de apelación y, cuando el solicitante está detenido y se cumplen algunos otros criterios, se trata de resolver la apelación dentro de los siete días a partir de su recepción por la Autoridad de Apelación.
19. En casos distintos a los declarados "sin fundamento", un solicitante cuya apelación ha sido desestimada por un Juez Especial independiente puede solicitar licencia para apelar ante un Tribunal de Apelaciones en materia de Inmigración. La Ley de 1993 establece también el derecho de apelación ante el Tribunal de Apelaciones o, en Escocia, el Tribunal de Sesión en cuanto a una cuestión de derecho con respecto a un fallo definitivo del Tribunal. Se puede presentar una solicitud al Alto Tribunal para la revisión judicial de una decisión del Secretario de Estado o del Juez Especial.
20. La Ley de 1993 permite al Secretario de Estado recortar cualquier permiso existente para ingresar o permanecer en el Reino Unido al denegar a una persona su solicitud de asilo. Ello llevaría normalmente a la institución de un procedimiento de deportación, y un aviso de propósito de deportación daría lugar al derecho de apelación ante un Juez Especial independiente y luego ante el Tribunal de Apelaciones en materia de Inmigración. Se puede también intentar la revisión judicial. Entre otras medidas introducidas por la Ley de 1993 figura la facultad de tomar las huellas digitales de todos los solicitantes de asilo para identificarlos con objeto de impedir solicitudes múltiples y reclamaciones fraudulentas conexas de seguro social.
21. La introducción del derecho a apelar antes de la expulsión para todos aquellos a quienes se les ha denegado el asilo, independientemente de su condición con respecto a la inmigración, representa un fortalecimiento considerable de los derechos de los solicitantes de asilo en el Reino Unido. La Ley de 1993 contiene además importantes salvaguardias para los solicitantes de asilo. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley de 1993 declara que "Ninguna disposición del Reglamento de Inmigración... establecerá ninguna práctica que sea contraria a la Convención de [1951]". (Ello tiene por efecto, en cuanto a la Ley de Inmigración se refiere, garantizar la supremacía de la Convención de 1951 y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 en el derecho interno). El artículo 6 declara que "Durante el período que comienza cuando una persona presenta una solicitud de asilo y que termina cuando el Secretario de Estado le notifica la decisión sobre la solicitud, el interesado no podrá ser expulsado del Reino Unido ni solicitársele que abandone el país". El anexo 2 de la Ley de 1993 incorpora específicamente las disposiciones de la Ley de Inmigración de 1971 que prohíben la expulsión de un solicitante mientras se resuelve una apelación.
22. Existe una autoridad gubernamental central en el Reino Unido para decidir sobre los casos de asilo y todas las solicitudes son examinadas por funcionarios debidamente capacitados. Cada caso se evalúa individualmente teniendo en cuenta los criterios de la Convención, las cuestiones a que se refiere el Reglamento de Inmigración y cualesquiera otros factores pertinentes. Es práctica normal entrevistar a un solicitante de asilo y se tienen en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluso si, en el país de origen, existe "un cuadro persistente de violaciones manifiestas, flagrantes o masivas de los derechos humanos". Existe un conocimiento detallado de los países desde los que se solicita el asilo o que de otra forma violan los derechos humanos: los funcionarios especializados son asesorados por diplomáticos británicos y reciben las evaluaciones ordinarias por país del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth. Se dispone también de un servicio de recortes de periódicos, así como de los informes y análisis de determinados países realizados por organismos externos, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Amnistía Internacional, y los funcionarios especializados asisten a diversos seminarios, incluso charlas dictadas por expertos en derechos humanos y por abogados expertos en inmigración.
23. Los solicitantes de asilo disponen de asistencia jurídica limitada, siempre que satisfagan los requisitos financieros de elegibilidad, y el Gobierno financia una organización independiente, el Centro Jurídico para Refugiados, que suministra a los solicitantes de asilo asesoramiento gratuito con respecto a sus solicitudes y, cuando es necesario, los representa en las audiencias de apelación.
24. Como se observa en el párrafo 26 del informe inicial, así como a los solicitantes reconocidos como refugiados de acuerdo con los términos de la Convención de 1951 se les concede el asilo, se puede conceder permiso excepcional para permanecer en el Reino Unido a una persona que, no siendo refugiado con arreglo a la Convención de 1951 ni teniendo ningún otro motivo para permanecer en el Reino Unido, existen razones humanitarias apremiantes para no devolver a la persona a su país de origen. Ello puede presentarse, por ejemplo, cuando existen motivos importantes para creer que la persona podría ser sometida a tortura o a trato inhumano o degradante, aunque ello no constituya persecución en el estricto sentido de la Convención de 1951.
25. Por tanto, el Reino Unido está convencido de que cumple con sus obligaciones en virtud del artículo 3 de la Convención: las personas comprendidas en los términos del artículo 3 y a quienes, de otra forma, se les exigiría que abandonasen el Reino Unido serán reconocidos como refugiados o recibirán permiso excepcional para permanecer en el país.
Artículos 5 y 7
26. Como se describe en el párrafo 35 del informe inicial, con arreglo al artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988 el delito de tortura se comete tanto si el acto tiene lugar en el Reino Unido como en otro lugar, e independientemente de la nacionalidad del perpetrador y de la víctima.
27. El Reino Unido nunca se ha negado a extraditar a una persona cuya devolución se ha solicitado respecto de un delito de tortura. (En efecto, nunca se ha recibido tal solicitud). Como cuestión de derecho interno, la extradición de nacionales del Reino Unido por cualquier delito no está excluida; como cuestión de política, los nacionales del Reino Unido son tratados exactamente de la misma forma en que los nacionales de otros países. La extradición de un nacional del Reino Unido nunca se negaría únicamente por motivos de nacionalidad.
Artículo 9
28. La Ley de justicia penal de 1991 (cooperación internacional), a la que se refería el párrafo 58 del informe inicial, ha sido ahora plenamente aplicada. Ello ha permitido al Reino Unido ratificar la Convención Europea de Asistencia Recíproca en Cuestiones Penales el 27 de noviembre de 1991 y participar plenamente en los arreglos en virtud del Plan relativo a la Asistencia Jurídica Mutua en el Commonwealth. Sin embargo, la Ley es aplicable en relación con pedidos de asistencia de tribunales o autoridades de procesamiento del extranjero aun cuando el Reino Unido no tenga obligaciones de este tipo asumidas en virtud de tratados concertados con el país de que se trate.
Artículo 10
29. Todos los programas de capacitación para el personal encargado de hacer cumplir la ley, ya sea civil o militar, personal médico, funcionarios públicos u otras personas que pudieran intervenir en la detención, interrogatorio o trato de toda persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o encarcelamiento continúan destacando la necesidad de tratar a todos como a una persona y con humanidad y respeto, y de actuar en el marco de la ley en todo momento.
30. Por ejemplo, la formación para los miembros del servicio policial continúa abordando las disposiciones estatutarias y de common law que rigen los derechos de la persona. En particular, se ha introducido un programa de capacitación en entrevistas de investigación para todos los funcionarios de policía en Inglaterra y el País de Gales; los conceptos y métodos que figuran en este programa reconocen plenamente la dignidad y los derechos de la persona y se basan en principios éticos proclamados. Un segundo programa de capacitación, dirigido a las necesidades de las personas que supervisan las entrevistas, está en proceso de introducción.
31. Todos los nuevos funcionarios de prisiones en Inglaterra y el País de Gales reciben un curso de capacitación de nueve semanas, en el que se les enseña el alcance de su autoridad y se les brinda orientación detallada en cuanto al comportamiento apropiado para tratar con los detenidos; reciben también instrucción sobre la manera de controlar y reprimir a los detenidos en forma sancionada. Las recientes evoluciones en materia de capacitación se concentran en mejorar las relaciones entre los detenidos y el personal; se da cada vez más importancia al desarrollo del aspecto de la atención en el doble papel del funcionario de prisiones de atención y control y la capacitación inicial de los funcionarios de prisiones destaca, por lo tanto, la importancia de las experiencias interpersonales. Todos los médicos, enfermeros y farmacéuticos que trabajan en las prisiones están sujetos a los mismos códigos de conducta que los que trabajan en la comunidad y reciben capacitación adicional tras ser contratados por el Servicio de Prisiones.
32. Los funcionarios del servicio de inmigración que participan en la labor de hacer cumplir la ley y en la detención de personas con arreglo a las disposiciones de la Ley de Inmigración de 1971 reciben capacitación en la medida y el ejercicio adecuado de sus facultades y en concientización racial. Igual capacitación recibe el personal privado de seguridad que trabaja para el Departamento de Inmigración y que participa en la detención o escolta de los detenidos por motivos de inmigración.
Artículo 11
Facultades de la policía en Inglaterra y el País de Gales
33. Tal como se describe en el párrafo 64 del informe inicial, las facultades de la policía en Inglaterra y el País de Gales en cuanto a la investigación del delito y a las salvaguardias para el sospechoso están contenidas en la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 y en los cuatro Códigos de Conducta (A a D) publicados con arreglo al artículo 66 de la Ley de 1984, que abarcan la detención y el registro; el allanamiento de locales y la incautación de bienes; la detención, el trato y la interrogación de los sospechosos; y la identificación de sospechosos.
34. Además de lo expresado en el párrafo 64 del informe inicial, la Orden de 1991 de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 (Grabación magnetofónica de entrevistas) entró en vigor el 1º de enero de 1992. Esta orden dispone la grabación magnetofónica en las comisarías de Inglaterra y el País de Gales de las entrevistas con personas de las que se sospecha que han cometido un delito procesable (esto es, un delito juzgable por el jurado en el Tribunal de la Corona) (con excepción de ciertos delitos procesables relativos al terrorismo o a los secretos oficiales) de conformidad con el Código de Conducta sobre grabación magnetofónica publicado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 60 de la Ley de 1984. La disposición se aplica a todas las fuerzas policiales con excepción de una en Inglaterra y el País de Gales; la Orden de 1991 de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 (grabación magnetofónica de entrevistas) (No. 2) que aplica la disposición a esa fuerza entró en vigor el 9 de noviembre de 1992. El código exige la grabación magnetofónica de las entrevistas efectuadas con un sospechoso en una comisaría en condiciones estrictamente controladas para garantizar la integridad de la grabación. Una cinta maestra sellada para ser utilizada en cualesquiera actuaciones penales posteriores se prepara en presencia del sospechoso y se hacen copias de la cinta que se ponen a disposición de la defensa y de la parte acusadora antes de cualquier audiencia en el tribunal.
35. Además, entre el 1º de diciembre de 1992 y diciembre de 1994 todas las entrevistas realizadas en las comisarías de Inglaterra y el País de Gales con las personas sospechosas de delitos de terrorismo fueron, de manera experimental, registradas magnetofónicamente de manera muy semejante a los casos sujetos al Código de Conducta E. El Gobierno está considerando, a la luz de los resultados de este ensayo, ampliar el ámbito del Código de Conducta a los casos de terrorismo.
36. En febrero de 1993 se impartió a las fuerzas policiales de Inglaterra y el País de Gales orientación sobre la grabación en vídeo de entrevistas celebradas con los sospechosos. Se informó a las fuerzas policiales de que, en vista de las importantes consecuencias financieras para todo el sistema de justicia penal, no había el proyecto de introducir de manera general la grabación en vídeo de las entrevistas con los sospechosos en forma análoga a la grabación magnetofónica. El uso de equipo de grabación de vídeo a nivel de fuerzas es un asunto que compete al oficial jefe de policía de que se trate. Actualmente, sólo un número limitado de fuerzas realizan grabaciones de vídeo de las entrevistas y éstas generalmente están limitadas a casos graves y complejos.
37. Todas las autoridades policiales de Inglaterra y el País de Gales han hecho arreglos a fin de que particulares sean designados visitantes no profesionales de las comisarías. Los visitantes no profesionales efectúan visitas no anunciadas a los locales de detención policial donde hablan con los detenidos y supervisan la aplicación de las disposición del Código de Conducta C publicado con arreglo al artículo 66 de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 relativo a la detención, trato e interrogatorio de sospechosos. Los visitantes no profesionales informan sobre sus visitas a la policía, a la autoridad policial local y a los grupos de comunidad.
Facultades de la policía en Escocia
38. En relación con el párrafo 65 del informe inicial, que describía la forma en que las facultades de la policía en Escocia y las salvaguardias para el sospechoso estaban establecidas principalmente con arreglo al common law se ha impartido a todas las fuerzas policiales de Escocia orientación no estatutaria sobre la grabación magnetofónica de las entrevistas con sospechosos en casos que no entrañen el terrorismo; todas las fuerzas policiales escocesas graban por lo menos las entrevistas realizadas por su Departamento de Investigación Penal como cuestión de rutina. El Gobierno está asimismo considerando, en consulta con la policía y con la Oficina de la Corona, las cuestiones relacionadas con la grabación magnetofónica en Escocia de entrevistas con sospechosos de actos de terrorismo con miras a determinar qué arreglos serían los pertinentes.
39. Se considera que no es necesaria la presencia de visitadores no profesionales en las comisarías de Escocia pues los reclusos no están detenidos en celdas policiales y generalmente sólo pasan una noche en la comisaría para presentarse al día siguiente ante el tribunal; se considera que los arreglos actuales, que permiten visitas a las comisarías por miembros de las autoridades policiales y por la Inspección Escocesa de Prisiones, proporcionan una salvaguardia adecuada.
Facultades de la Policía y el Ejército en Irlanda del Norte
40. Como se describe en el párrafo 66 del informe inicial, las facultades de la policía en Irlanda del Norte en el trato con los delincuentes no terroristas son semejantes a las de Inglaterra y el País de Gales; el Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1989 para Irlanda del Norte contiene disposiciones equivalentes en gran medida a las de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984. De manera análoga, los procedimientos policiales para tratar con ese tipo de delito están regidos por Códigos de Conducta reglamentarios; estos códigos entraron en vigor a principios de 1990. La grabación magnetofónica de entrevistas con sospechosos de delitos no relacionados con el terrorismo se ha introducido de forma no reglamentaria; se encuentra en preparación un Código de Conducta reglamentario. Además, se ha designado visitantes no profesionales de las comisarías de Irlanda del Norte a particulares, que efectúan visitas no anunciadas a los locales de reclusión policial donde se encuentran detenidos en virtud del Decreto de 1989 e informan sobre sus visitas a la Autoridad de Policía de Irlanda del Norte.
41. Como es de conocimiento del Comité, en el Reino Unido, y en especial en Irlanda del Norte, se han seguido llevando a cabo campañas de terrorismo organizado relacionado con los asuntos de Irlanda del Norte. La principal organización terrorista republicana, el IRA Provisional (Ejército Republicano Irlandés), ha tratado de imponer el cambio político para crear una Irlanda unida, lo que entraña el retiro de Irlanda del Norte del Reino Unido. A lo largo de los años, el IRA Provisional ha asesinado y lesionado a muchos civiles así como a miembros de la policía y las fuerzas armadas. Ha tratado también de destruir la regeneración económica de Irlanda del Norte bombardeando periódicamente el centro de ciudades o de pueblos, y practica una intimidación generalizada, incluso ataques malignos al cuerpo (tales como el "rodilleo" y otras formas de "disparos de castigo"), contra miembros de la comunidad católica romana. Como indicación de la medida de su actividad criminal, en el cuadro que aparece a continuación figuran cifras relativas a la indemnización pagada en años recientes respecto del daño a la propiedad en Irlanda del Norte:
Pagos efectuados por el Organismo de Indemnización
1990-199122 771 159 libras esterlinas
1991-199233 096 467 libras esterlinas
1992-199375 727 801 libras esterlinas
42. El IRA Provisional ha obtenido algunos fondos de actividades tales como el contrabando y la piratería de vídeos, que privan de dinero al comercio legítimo en Irlanda del Norte y en otros lugares. Sin embargo, de manera general, ha recaudado fondos explotando a la comunidad local mediante, por ejemplo, la extorsión y beneficiándose de las ganancias obtenidas en clubes registrados, máquinas de juego y taxis. Ha hecho ingresar armas y explosivos al país mediante el contrabando y ha desarrollado su propio armamento, incluso morteros para atacar a los vehículos y a las bases de las fuerzas de seguridad. El 31 de agosto de 1994 el IRA declaró lo que describió como "cesación completa de las operaciones militares". Pese a que el IRA no ha confirmado todavía que esta cesación del fuego es permanente, el Gobierno del Reino Unido ha decidido suponer, para fines prácticos, que se tiene la intención de que sea permanente.
43. Entre las llamadas organizaciones terroristas "leales" figuran la Fuerza de Voluntarios del Ulster y los Luchadores por la Libertad del Ulster que, tal como el IRA Provisional, están proscritos en Irlanda del Norte con arreglo a la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991. Han participado principalmente en tiroteos contra católicos romanos en Irlanda del Norte, ya sea porque creían que las víctimas estaban relacionadas con grupos republicanos o, a menudo, simplemente porque eran católicos romanos. Así como el IRA Provisional, han intimidado a la comunidad local mediante "disparos de castigo" y otras formas de violencia y han obtenido ingresos de la extorsión y del fraude organizado. En el cuadro que figura a continuación aparecen cifras que indican el número de asesinatos reconocidos por las organizaciones terroristas republicanas y leales en los últimos años:
Republicanos
Leales
1991
44
40
1992
34
40
1993
37
47
El 13 de octubre de 1994 las organizaciones terroristas "leales" anunciaron que ellas también suspenderían las hostilidades operacionales, pero dejaron en claro que ello dependía de que continuase la cesación del fuego republicano.
44. El Gobierno hace frente al terrorismo, independientemente de su procedencia, por medio del proceso normal de la justicia. En particular, se procesa a los terroristas únicamente por los delitos penales que han cometido, no por sus creencias. No hay presos políticos ni encarcelamiento sin juicio en un tribunal abierto. Sin embargo, en respuesta a la amenaza terrorista, el Gobierno ha promulgado y sancionado desde 1973 determinadas facultades y delitos adicionales, que actualmente figuran en la Ley de prevención del terrorismo (Disposiciones provisionales), de 1989 que se aplica tanto en Gran Bretaña como en Irlanda del Norte, y la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991. Estas son leyes provisionales cuyo funcionamiento es revisado cada año por un examinador independiente, actualmente el Sr. J.J Rowe QC, cuyos informes se publican, y la continuidad de ambas leyes está sujeta a la renovación anual por ambas Cámaras del Parlamento. Además de estar sujeta a la renovación anual por el Parlamento, la Ley de 1991 tiene una duración máxima de cinco años. El Sr. Rowe está realizando actualmente un examen fundamental de la Ley, que será publicado y examinado cuidadosamente por el Gobierno para determinar si dicha legislación sigue siendo necesaria y, de ser así, el contenido de la Ley sustitutoria. El Gobierno de Su Majestad ha aclarado en el pasado que, si se llegara a una cesación auténtica y establecida de la violencia, toda la gama de respuestas para hacer frente a esa violencia será revisada nuevamente. Si bien la necesidad de proteger a los ciudadanos del Reino Unido sigue siendo lo más importante, la cesación del fuego ha permitido ya que las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte respondan a la amenaza decreciente.
45. Pese a que ha sido necesario introducir varias modificaciones en los procedimientos jurídicos de Irlanda del Norte debido al carácter del terrorismo, se aplican los principios básicos de la justicia británica: corresponde a la parte acusadora probar la culpabilidad fuera de toda duda razonable y el acusado tiene derecho a ser representado, de ser necesario con cargo al gasto público, por un abogado de su propia elección.
46. Existe una amplia gama de salvaguardias reglamentarias y administrativas para asegurar que los detenidos en Irlanda del Norte con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales) son tratados de manera plenamente coherente con las obligaciones asumidas por el Reino Unido en materia de derechos humanos; muchas de estas salvaguardias fueron examinadas en el memorando adjunto a la carta del 28 de abril de 1992 dirigida al Presidente del Comité, Sr. Voyaume, por el jefe de la delegación del Reino Unido en el examen oral del informe inicial. A continuación aparecen las salvaguardias principales.
Códigos de Conducta
47. Todas las personas detenidas en Irlanda del Norte en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales) bajo sospecha razonable de haber participado en delitos de carácter terrorista son tratados en estricto acuerdo con los Códigos de conducta reglamentarios sobre la detención, trato, interrogatorio e identificación de tales personas que figuran en el artículo 61 de la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991. El propósito de los Códigos es garantizar que los funcionarios de policía actúen en todo momento con el debido respeto de los derechos de las personas detenidas, teniendo en cuenta cualesquiera necesidades especiales, cumpliendo al mismo tiempo con sus obligaciones de impedir las fugas e investigar el delito. Los Códigos de Conducta, cuya copia se adjunta al anexo B, reemplazaron a anteriores directrices no estatutarias y entraron en vigor el 1º de enero de 1994. Todo funcionario de policía que no cumpla con las disposiciones de los Códigos puede ser sometido a actuaciones disciplinarias y los Códigos de Conducta se admiten al presentar pruebas en todas las actuaciones penales y civiles. Se están examinando Códigos de Conducta relacionados con las facultades de detención, registro e incautación con arreglo a la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991 y la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales).
Tratamiento médico
48. En virtud del artículo 9 del Código de Conducta sobre detención, trato e interrogatorio, una persona detenida en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales) será sometida a un examen médico lo más pronto posible tras su llegada a una comisaría u oficina policial (las últimas se llaman también centros de detención). Si se le traslada a otra comisaría u oficina, al ser puesta en libertad y por lo menos cada 24 horas, la persona será sometida a un nuevo examen médico.
49. Si una persona detenida solicita que se le practique un examen médico, se debe informar al respecto a un funcionario médico a la brevedad posible y efectuar los arreglos necesarios para realizar el examen; además una persona detenida puede ser examinada, pagándose ella misma sus gastos, por un médico de la especialidad en la que esté registrada. El examen médico debe realizarse a la brevedad posible y sólo puede ser retrasado por el oficial de policía encargado de la detención en determinadas circunstancias especificadas y únicamente con el acuerdo del oficial encargado de la investigación y el médico. Un examen por el propio médico de la persona detenida sólo puede retrasarse cuanto sea necesario y en ningún caso más de 48 horas después del momento de la detención; sin embargo, la facultad de retrasar los exámenes médicos no se ha utilizado en años recientes.
50. Si una persona debe tomar medicamentos cumpliendo instrucciones del médico, el oficial encargado de la detención es responsable de la custodia de estos medicamentos y de garantizar que la persona tenga la oportunidad de aplicárselos o administrárselos en los momentos indicados. Determinados medicamentos sólo pueden ser administrados bajo la supervisión personal de un médico.
51. Aunque el detenido no lo solicite, el funcionario médico será llamado si el detenido parece, por una enfermedad o por daños físicos o mentales, o por otra causa, necesitar atención médica.
Acceso a contacto externo y asesoramiento jurídico
52. Con arreglo a los artículos 44 y 45 de la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991, una persona detenida en virtud de la Ley prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales) tiene derecho a que se informe a otra persona de su paradero, y de consultar a un abogado lo más rápido posible tras su detención. El ejercicio de estos derechos no puede ser negado pero puede ser
retrasado en determinadas circunstancias, definidas por la ley. El retraso puede ser autorizado únicamente por un funcionario de la categoría de inspector o de una categoría superior y sólo por el tiempo que sea necesario y hasta un máximo de 48 horas desde el momento de la detención.
Revisión de la detención
53. En virtud del anexo 3 de la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales), cuando una persona es detenida en virtud de la Ley, su detención debe ser revisada periódicamente por un funcionario que no haya intervenido directamente en el caso. La primera revisión debe realizarse tan pronto como sea posible tras el inicio de la detención. Revisiones posteriores deberán realizarse a intervalos de no más de 12 horas. Las revisiones deben ser realizadas por un funcionario de la categoría de inspector o, después de 24 horas, por un superintendente. Debe estar convencido de que es necesario continuar con la detención y que la investigación se está realizando en forma diligente y expedita. El funcionario debe ofrecer al detenido la oportunidad de hacer declaraciones sobre su detención, y debe anotar las razones para autorizar la continuación de la detención en el registro de detención.
54. Se requiere también al funcionario de revisión que informe al detenido de su derecho a que se informe a una tercera parte de su detención, y de su derecho de acceso al asesoramiento jurídico. Cuando hay retrasos en este sentido de conformidad con circunstancias definidas por la ley, se exige al funcionario de revisión que informe si siguen aplicándose las razones de tal retraso. La continuación de la detención sin acusación más allá de 48 horas (y hasta el máximo reglamentario de siete días) sólo puede ser autorizada por el Secretario de Estado, pero la gran mayoría de los detenidos con arreglo a la Ley de 1989 son puestos en libertad o acusados en el plazo de dos días.
55. El cuadro que figura a continuación indica (por longitud de la detención) el número de personas detenidas en Irlanda del Norte en 1993 en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales) y acusadas de un delito penal o puestas en libertad sin acusación:
Longitud de la detención
Número de acusados
Número de puestos en libertad
Menos de 2 horas 0 1
2 horas y menos de 4 0 5
4 horas y menos de 8 4 23
8 horas y menos de 12 8 45
12 horas y menos de 24 37 138
24 horas y menos de 36 97 574
36 horas y menos de 48 119 201
Total de menos de 48 horas 265 987
2 días y menos de 3 22 49
3 días y menos de 4 35 103
4 días y menos de 5 32 86
5 días y menos de 6 8 9
6 días y menos de 7 17 25
Total de más de 48 horas 114 272
Total general 379 1 259
Vigilancia por televisión de circuito cerrado
56. El Gobierno ha llegado a la conclusión, tras celebrar consultas con el Jefe de la Real Policía del Ulster, que es el principal asesor en materia de seguridad del Secretario de Estado para Irlanda del Norte, de que la introducción de grabaciones de audio o de vídeo en las oficinas policiales de Irlanda del Norte no favorecerían los intereses generales de la justicia. En las circunstancias particulares imperantes en Irlanda del Norte, la grabación electrónica de las entrevistas inhibiría las oportunidades de obtener legalmente información que conduciría a la condena de terroristas o a salvar la vida de otras personas.
57. La situación sigue siendo esencialmente la descrita en el Informe del Comité de Investigación de los procedimientos para el interrogatorio policial en Irlanda del Norte (Informe Bennett), que llegó a la conclusión de que no se debían introducir las grabaciones en vídeo, pero recomendó que las entrevistas de la policía con sospechosos de terrorismo fuesen vigiladas por un inspector o inspector jefe uniformado mediante televisión de circuito cerrado. Se remite al Comité a la página 3 del memorando adjunto a la carta de 28 de abril de 1992 dirigida a su Presidente por el jefe de la delegación del Reino Unido durante el examen oral del informe inicial.
58. Todas las entrevistas con sospechosos de terrorismo celebradas en las oficinas policiales en Irlanda del Norte, donde se encuentran los detenidos en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 1989 (disposiciones provisionales) son continuamente vigiladas por televisión de circuito cerrado por un inspector o inspector jefe uniformado no relacionado con la investigación.
Comisionado Independiente para los Centros de Detención
59. En diciembre de 1992 el Secretario de Estado para Irlanda del Norte designó a Sir Louis Blom-Cooper QC Comisionado Independiente para los Centros de Detención (llamados también oficinas policiales). El papel del Comisionado es observar, hacer comentarios e informar acerca de las condiciones en las que se encuentran los detenidos y garantizar que tanto las salvaguardias reglamentarias como las administrativas se apliquen adecuadamente. El Comisionado puede inspeccionar todas las zonas donde se encuentran los detenidos y las instalaciones y arreglar hechos para la vigilancia por televisión de circuito cerrado. Puede también revisar los registros de detención y, con el consentimiento de los detenidos, puede entrevistarlos acerca de su bienestar y del trato que reciben. El primer informe anual del Comisionado al Secretario de Estado se publicó en marzo de 1994; se adjunta una copia en el anexo C. En el informe, el Comisionado llegó a la conclusión de que no encontraba absolutamente nada que pudiera causar la menor preocupación en cuanto a la atención y al trato dados a los detenidos por oficiales uniformados de la Real Policía del Ulster.
Detención por las fuerzas armadas
60. En virtud del artículo 18 de la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991, todo miembro de las Fuerzas de Su Majestad en servicio puede detener en Irlanda del Norte a una persona de la que tenga motivos razonables para sospechar que está cometiendo, ha cometido o va a cometer algún delito. Siempre que sea posible, esas detenciones deben ser realizadas por la policía en virtud de sus propias facultades y, en casos en que sea necesario que un soldado efectúe la detención, la persona detenida debe ser entregada a la policía a la brevedad posible. Por ley, las personas detenidas por el ejército deben ser entregadas a la policía en un plazo de cuatro horas o, en su defecto, ser puestas en libertad. Las personas detenidas no son interrogadas por el ejército, excepto para el fin de establecer su identidad o movimientos, o para averiguar lo que saben respecto de cualquier explosión reciente u otro incidente reciente que ponga en peligro la vida humana o de cualquier persona asesinada o herida en dicha explosión o incidente. Ninguna otra pregunta ni interrogatorio adicional de personas detenidas es realizada por el ejército. Para ilustrar el pequeño número de ocasiones en que el ejército utiliza su facultad de detención, se dan las siguientes cifras:
Año
1990
1991
1992
1993
Detenciones
con arreglo al artículo 18 de la Ley de 1991 (o su facultad predecesora)
63
108
55
87
Derecho al silencio
61. Durante el examen oral del informe inicial, el Comité formuló preguntas acerca del derecho al silencio en el Reino Unido y, en especial, acerca de la legislación promulgada en Irlanda del Norte en 1988 que permite que los tribunales saquen conclusiones del silencio de una persona acusada cuando la policía le hace determinadas preguntas o por el hecho de no presentar pruebas en el tribunal estando sometida a juicio. Las investigaciones iniciales realizadas en 1990 acerca de los efectos de las disposiciones del decreto sobre el derecho al silencio fueron sólo de valor limitado por la falta de datos anteriores a 1988. En consecuencia, se ha encargado la preparación de un programa más amplio de investigación sobre los efectos del decreto. Proporcionará un análisis más completo del funcionamiento y el efecto de los artículos 3 a 6. La investigación debe completarse en 1995.
62. Desde entonces se ha promulgado en Inglaterra y en el País de Gales reglamentación semejante en la Ley de justicia penal y orden público que pasó a formar parte de la legislación el 3 de noviembre de 1994. El objeto de la legislación es ayudar a la investigación y al procesamiento de delitos permitiendo a los tribunales sacar conclusiones apropiadas del silencio de una persona en circunstancias en que razonablemente se podría esperar que ofreciera una explicación -por ejemplo, cuando se le pide que dé cuenta de determinados objetos, marcas o sustancias encontrados en su persona o alrededor de ella en el momento de la detención. La legislación no obligará a una persona sospechosa de haber cometido un delito a que responda a preguntas, y toda persona detenida por la policía o que comparezca ante los tribunales podrá permanecer en silencio si así lo desea. No se podrán sacar conclusiones del silencio de una persona salvo que haya sido advertida, al interrogársele, del riesgo de comentario adverso y ninguna persona podrá ser procesada o condenada salvo que existan otras pruebas de su culpa, además del silencio.
63. La legislación no constituye un cambio en las normas de la prueba y no afecta las salvaguardias existentes para las personas detenidas e interrogadas por la policía. El único cambio sustancial en la práctica policial en Inglaterra y el País de Gales será la introducción de una nueva forma de advertencia, para asegurarse de que las personas interrogadas por la policía conocen las posibles consecuencias de permanecer en silencio. El texto propuesto de la nueva advertencia es el siguiente:
"Usted no tiene que decir nada. Sin embargo, puede ir en detrimento de su defensa si usted no menciona en su interrogatorio alguna cosa que posteriormente le favorecerá en el tribunal. Todo lo que usted diga podrá ser presentado como prueba."
64. El Gobierno cree que este cambio en las normas de la prueba ayudará a los tribunales a llegar a conclusiones racionales sobre los hechos del caso y a reducir el actual énfasis en la confesión como medio de prueba. Por lo tanto, fortalecerá las iniciativas actuales de fomentar técnicas de entrevista policial destinadas más a descubrir la verdad que a ejercer presión sobre los sospechosos para que respondan a preguntas.
65. Estas disposiciones no se aplican en Escocia, donde la cuestión de sacar conclusiones del silencio de una persona acusada es regida principalmente por el common law derecho común. El Gobierno está considerando modificar la ley existente sobre el derecho al silencio en Escocia.
Centros de detención para la inmigración
66. Las disposiciones que rigen la detención de personas sujetas al control de inmigración y los procedimientos pertinentes de apelación figuran en la Ley de Inmigración de 1971 y en la Ley relativa a las apelaciones en materia de asilo e inmigración de 1993. La facultad de detención es utilizada como último recurso, cuando existen motivos claros y positivos para creer que la persona no cumplirá voluntariamente con los requisitos de presentarse a la autoridad y después de haber tenido en cuenta todas las circunstancias conocidas de la persona de que se trate. El examen de los casos de los detenidos recibe la más alta prioridad y la necesidad de continuar con la detención es revisada regularmente.
67. Como se observa en el párrafo 75 del informe inicial, las disposiciones para el trato y custodia de personas detenidas en locales dedicados a la inmigración y las normas relativas a las entrevistas y otros procedimientos se revisan periódicamente. Además, se han designado comités visitadores en los dos centros de detención dedicados a la inmigración donde los detenidos permanecen por más de unos pocos días. Los miembros son designados por el Secretario de Estado y son de procedencia diversa, habiéndose buscado anteriormente candidaturas en organizaciones tales como el Council of Churches for Britain and Ireland, los Samaritans y las autoridades encargadas del gobierno local. Además de tratar de tener representación de ambos sexos, se hacen esfuerzos por reclutar a miembros de las minorías étnicas.
68. La función de los comités es ocuparse del bienestar de los detenidos y ofrecer asesoramiento para el funcionamiento de los centros. Los miembros del comité tienen derecho a ingresar en los centros en cualquier momento, a ir solos donde quiera que deseen dentro de los centros y a hablar con cualquiera que desee hablar con ellos o con quien ellos deseen hablar, pudiendo ser tales entrevistas en privado, si así lo desean. Los comités designan cada semana un visitador o visitadora rotativo de quien se espera que visite el centro por lo menos una vez durante ese tiempo y que se ocupe de asuntos de interés para el Servicio de Inmigración en el centro. Los comités se reúnen una vez al mes y deben presentar un informe anual al Secretario de Estado sobre el funcionamiento de los centros; tales informes incluyen cualesquiera asesoramiento o sugerencias que consideren apropiados.
69. Además, se invita al Inspector Jefe de Prisiones de Inglaterra y el País de Gales (véase el párr. 78 infra) a realizar inspecciones de estos centros de detención dedicados a la inmigración donde los detenidos permanecen largo tiempo. Tales inspecciones ya se han realizado en el Centro de Detención de Harmondsworth y en el Centro de Detención de Campsfield House, que se inauguraron en noviembre de 1993.
Salud mental
70. En relación con los párrafos 83 a 95, 103 y 137 a 139 del informe inicial, el trato de las personas detenidas en Inglaterra y el País de Gales en virtud de la Ley sobre la salud mental de 1983 y en Escocia en virtud de la Ley sobre la salud mental (Escocia) de 1984 sigue siendo supervisado, respectivamente, por la Comisión de la Ley sobre la salud mental y la Comisión de Bienestar Mental para Escocia, que son órganos reglamentarios independientes. Todos los pacientes detenidos tienen la oportunidad de celebrar una entrevista en privado cuando los comisionados visitan los hospitales. Disposiciones similares se aplican en Irlanda del Norte; el Decreto sobre salud mental (Irlanda del Norte) establece que la Comisión de Salud Mental para Irlanda del Norte debe mantener en examen el cuidado y tratamiento de todas las personas con problemas de salud mental.
Condiciones de la prisión
71. El Gobierno sigue comprometido con ofrecer condiciones adecuadas de vida para los presos y eliminar el hacinamiento en las cárceles. El mayor programa de construcción de cárceles en Inglaterra y en el País de Gales desde la época victoriana se ha completado con 21 nuevas cárceles que se han inaugurado desde 1985.
La más reciente, en Doncaster, se inauguró en junio de 1994 con lo que el número de nuevas plazas proporcionadas desde 1985 ascendió a un total de 11.285, a un costo superior a los 1.200 millones de libras esterlinas. Además, desde 1979 se han habilitado 7.500 plazas en establecimientos existentes. Otras seis nuevas cárceles serán diseñadas, construidas, administradas y financiadas por el sector privado. Se espera que las dos primeras se inauguren en 1997-1998.
72. Como consecuencia del programa de construcciones, a fines de octubre de 1994 el 83% de los detenidos en Inglaterra y el País de Gales se encontraban en condiciones de no hacinamiento. En 1987-1988 más de 5.000 reclusos se encontraban en grupos de tres en celdas destinadas a una persona. Esta práctica ha sido eliminada, mientras que el número de reclusos en que dos ocupan una celda para uno ha disminuido a la mitad, de más de 17.800 en enero de 1987 a unos 8.600 en octubre de 1994.
73. La restauración y modernización de los establecimientos existentes continúa constituyendo una parte importante del programa de construcciones, ofreciendo medidas de seguridad y control más eficaces e instalaciones y servicios mejorados, incluso el acceso a los servicios higiénicos en todo momento. A fines de 1994, el 95% de los reclusos tenía acceso a los servicios higiénicos en todo momento; y se prevé que todos los reclusos tengan ese acceso para febrero de 1996. En 1994/95, el Servicio de Prisiones de Inglaterra y el País de Gales completará la modernización de 14 pabellones en antiguas cárceles victorianas y comenzará los trabajos en otros 8 establecimientos.
74. Durante el examen oral del informe inicial (CAT/C/SR.91, párr.9), la delegación del Reino Unido dio a conocer la publicación, en septiembre de 1991, de un Libro Blanco titulado "Custody, Care and Justice" (Cm 1647), a raíz del informe de Lord Woolf sobre los disturbios registrados en las cárceles de Inglaterra y el País de Gales en 1990. El Libro Blanco establece un programa de trabajo para el Servicio de Prisiones hasta el siglo venidero. De acuerdo con un compromiso asumido por el Gobierno en el Libro Blanco, el Servicio de Prisiones introdujo en abril de 1994 un código de normas de funcionamiento que abarca esferas tales como los alimentos, la vestimenta, la salud, la disciplina, los regímenes, el alojamiento, la seguridad y la preparación para la puesta en libertad. El código representa las normas nacionales del Servicio de Prisiones, que, con el tiempo, deberán aplicarse en todas las cárceles.
75. En Greenock (Escocia) se comenzará a construir en 1995 un nuevo pabellón o salón de alojamiento para presos y se proyectan nuevos pabellones en Dumfries y Polmont. En abril de 1994, el 56% de las plazas de las prisiones tenía acceso a diversas formas de servicios higiénicos nocturnos. El programa para suministrar acceso a los servicios higiénicos en todo momento continúa; actualmente se realizan trabajos importantes en la prisión de Dumfries y se prevé que más trabajos comenzarán en 1995 en Edimburgo y Barlinnie.
76. En Escocia se realizó una encuesta de las cárceles en 1990/91 en la que se pidió a los reclusos su opinión acerca de algunos aspectos de la administración, los servicios, las condiciones y las relaciones en las prisiones; la encuesta se repitió en 1993/94 y los resultados se compararon con miras a determinar los cambios que ocurrían en los establecimientos. A fines de 1994 se distribuyó material informativo para los reclusos; es aparente para todas las categorías de reclusos y proporciona información útil en cuestiones relativas a los derechos y el bienestar de los reclusos.
77. En Irlanda del Norte, el sistema carcelario es pequeño; existen cuatro prisiones y un centro para delincuentes menores de edad. Con excepción de la Cárcel de Belfast, ninguna sección del sistema carcelario tiene más de 20 años de antigüedad. Se ha proyectado una restauración importante de la Cárcel de Belfast con miras a dotarla de servicios higiénicos integrales y otras mejoras. Sin embargo, la cárcel sufrió daños considerables durante los violentos disturbios ocurridos allí en julio de 1994. En consecuencia, todos los reclusos paramilitares fueron trasladados a la Cárcel de Su Majestad de Maze, y se decidió que estos reclusos no regresarían a la Cárcel de Su Majestad de Belfast en un corto plazo. Con estos antecedentes, y en vista de los fuertes gastos que entrañaba el plan de restauración de la Cárcel de Su Majestad de Belfast, el Director de Prisiones designó un grupo de trabajo que realizó un examen amplio para considerar la mejor manera en que se podían utilizar las instalaciones carcelarias y considerar opciones para el futuro despliegue de los reclusos dentro del sistema, tomando al mismo tiempo en cuenta el mejor uso de los recursos humanos y de capital. El costo de restaurar los actuales locales de la Cárcel de Belfast para que alcancen las normas requeridas se calcula en 34 millones de libras esterlinas y la opción preferida será cerrar la cárcel de Belfast y ampliar los servicios en el local de la cárcel de Maghaberry. Sin embargo, se están evaluando detalladamente las inversiones que entrañan las opciones antes de que se adopte una decisión definitiva sobre el futuro de la cárcel de Belfast.
Inspección de las prisiones
78. La Inspección de Prisiones independiente de Inglaterra y el País de Gales, cuyo Inspector Jefe es el juez Stephen Tumim, continúa realizando inspecciones de los distintos establecimientos del Servicio de Prisiones e informando al Gobierno sobre el trato que reciben los reclusos y las condiciones en que viven; el informe de cada inspección se publica. La Inspección realiza también revisiones de los aspectos generales de la labor del Servicio de Prisiones e investiga incidentes particulares a solicitud del Gobierno. Además, el informe anual de la Inspección se presenta al Parlamento.
79. La Inspección de Prisiones de Inglaterra y el País de Gales está también invitada a realizar inspecciones en Irlanda del Norte mientras que, en Escocia, existe una Inspección de Prisiones más pequeña y separada que tiene su propio Inspector Jefe. Sus obligaciones son semejantes a las de la Inspección de Inglaterra y el País de Gales: inspecciones cíclicas de los distintos establecimientos e informes sobre ellos, estudios de los aspectos generales de la labor del Servicio de Prisiones de Escocia y cualesquiera investigaciones particulares que el Gobierno pudiera solicitar. Además, se encarga de la inspección trienal de las celdas policiales utilizadas en zonas aisladas para albergar a los prisioneros en espera de juicio local o que serán trasladados a una prisión principal.
Prevención del suicidio
80. El cuadro que figura a continuación indica el número de suicidios ocurridos en las cárceles de Inglaterra y el País de Gales en años recientes:
Hombres
Mujeres
Total
1988 37 - 37
1989 46 2 48
1990 49 1 50
1991 42 - 42
1992 39 2 41
1993 46 1 47
1994* 40 1 41
* Al 30 de septiembre de 1994.
81. Estas cifras desglosadas por edad de los reclusos aparecen en el cuadro que sigue:
1988
1989
1990
1991
1992
1993
15-16 - - 2 (4%) 1 (2%) 1 (2%) -
17-20 9 (24%) 12 (25%) 8 (16%) 4 (10%) 6 (15%) 3 (6%)
21-25 8 (22%) 14 (29%) 7 (14%) 10 (24%) 15 (37%) 10 (21%)
26-30 7 (19%) 10 (21%) 13 (26%) 8 (19%) 7 (17%) 12 (26%)
31-35 2 (5%) 5 (10%) 5 (10%) 7 (17%) 3 (7%) 6 (13%)
36-40 4 (11%) 1 (2%) 8 (16%) 4 (10%) 5 (12%) 8 (17%)
41-45 2 (5%) 2 (4%) 1 (2%) 5 (12%) 2 (5%) 5 (11%)
46-50 2 (5%) 1 (2%) 2 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
51-55 2 (5%) 2 (4%) 3 (6%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
56-60 - 1 (2%) 1 (2%) - - 1 (2%)
60 + 1 (3%) - - - - -
Edad media 28,8 27,3 30,9 31,0 28,9 31,3
82. Durante el examen oral del informe inicial (CAT/C/SR.92, párr. 53) se invitó al Reino Unido a que vigilase las condiciones de detención de las personas que mostraban tendencias suicidas. El Reino Unido desea señalar a la atención del Comité el hecho de que el Servicio de Prisiones de Inglaterra y el País de Gales ha dedicado considerables esfuerzos a identificar y a vigilar a los reclusos que estén en peligro de suicidarse. En febrero de 1994 se dieron a conocer una instrucción nacional y un conjunto de orientaciones que se adjuntan al anexo D. Allí se revisan y actualizaban las políticas y procedimientos, que incluyen la selección al momento de la recepción, la referencia para la evaluación médica y el suministro de una amplia gama de servicios de asesoramiento y apoyo, tales como los "amigos" voluntarios. El sector voluntario Fideicomiso para el Estudio de la Adolescencia prestó asistencia a la formulación de las nuevas políticas y procedimientos a fin de garantizar que fuesen adecuados a los jóvenes.
83. La responsabilidad de ejecutar la instrucción corresponde al director de cada establecimiento, que es apoyado por un grupo local multidisciplinario de toma de conciencia sobre el suicidio. El grupo examina los procedimientos, vigila los incidentes de daños autoinfligidos y desarrolla prácticas convenientes para la atención de los que se encuentran en peligro de suicidarse. Todo el personal del Servicio de Prisiones recibe capacitación en toma de conciencia sobre el suicidio y está en marcha una importante iniciativa de capacitación para incorporar los nuevos procedimientos.
84. Una Unidad de Apoyo a la Toma de Conciencia sobre el Suicidio, de carácter central, asesora a los establecimientos en cuanto a todos los aspectos de hacer frente al suicidio y está evaluando las políticas revisadas. Además, como se observa en el párrafo 78 supra, todos los establecimientos están sujetos a inspección independiente por la Inspección de Prisiones, cuyos informes hacen comentarios sobre las medidas de prevención del suicidio. Las condiciones de detención son también regularmente vigiladas por la Junta de Visitadores en cada establecimiento.
85. Entre 1981 y 1992 se registraron 67 casos de suicidio en las cárceles escocesas; 18 de los reclusos eran delincuentes menores de edad. El Servicio de Prisiones comenzó su estrategia de prevención del suicidio en abril de 1992, cuando publicó un manual de orientación destinado al personal que establecía la política del Servicio para ayudar a los reclusos a superar las tendencias suicidas e impartía detalladas instrucciones sobre los procedimientos que debían seguirse. Todo el personal es capacitado en materia de prevención del suicidio como parte de su capacitación inicial y la estrategia es revisada anualmente para determinar si se necesita introducir modificaciones como resultado de la experiencia operacional.
86. El cuadro que figura a continuación señala el número de suicidios en las cárceles de Irlanda del Norte en años recientes:
Hombres
Mujeres
Total
1988
2
-
2
1989
1
-
1
1990
1
-
1
1991
1
-
1
1992
-
-
-
1993
-
-
-
1994*
2
-
2
* Al 22 de agosto de 1994.
87. Estas cifras desglosadas por edad de los reclusos aparecen en el cuadro que sigue:
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
16-20 1 (50%)
-
-
-
-
-
-
21-25 1 (50%)
-
-
-
-
-
1 (50%)
26-30
-
-
-
-
-
-
1 (50%)
31-35
-
1 (100%) 1 (100%) 1 (100%)
-
-
-
Edad media 20,5 31 31 32 - - 25,5
88. En 1991 el Servicio de Prisiones de Irlanda del Norte publicó un manual de toma de conciencia sobre el suicidio y su prevención que, entre otras cosas, proporciona orientación en la forma en que se puede identificar y ayudar a los reclusos que hacen frente a una crisis personal. Cada establecimiento carcelario y el Centro para Delincuentes Menores de Edad de Irlanda del Norte tienen un grupo de gestión de prevención del suicidio, que se reúne en forma regular, y las necesidades del personal en materia de capacitación son revisadas regularmente. Para este año se planifican una revisión general de la toma de conciencia sobre el suicidio y de la política de prevención.
89. El suicidio más reciente en un centro de detención para la inmigración ocurrió en 1990, pero ha habido varios intentos de suicidio en los últimos años. Los funcionarios del Servicio de Inmigración y el personal privado de seguridad que trabaja para el Departamento de Inmigración reciben capacitación y orientación escrita en materia de toma de conciencia sobre el suicidio y de prevención del suicidio. Además, un miembro de los Samaritans, organización para la prevención del suicidio, figura en los comités de visita que han sido designados en los dos centros de detención para la inmigración donde se mantiene a los reclusos por más de unos pocos días y que se describen en los párrafos 66 y 67 supra. En los centros se publica información sobre los Samaritans y los detenidos utilizan los servicios que proporciona la organización. Ambos centros están tratando de establecer una línea telefónica directa y confidencial que los detenidos puedan usar para ponerse en contacto con las organizaciones locales de los Samaritans.
Artículos 12 y 13
90. Por comodidad, todos los asuntos relacionados con la disciplina del personal penitenciario, los funcionarios de la policía y los miembros de las fuerzas armadas, así como las denuncias contra ellos, se abordan en relación con estos artículos.
Disciplina del personal penitenciario y denuncias de los presos en Inglaterra
y en el País de Gales
91. En los párrafos 80 y 81 y 97 a 101 del informe inicial se da cuenta del procedimiento para formular e investigar denuncias contra miembros del Servicio de Prisiones en Inglaterra, el País de Gales y Escocia. Una modificación en la tramitación de las denuncias oficiales de los presos ha sido la designación de un Ombudsman de Prisiones por el Gobierno en abril de 1994. El Ombudsman de Prisiones examina las quejas de los presos, incluso las relativas a delitos disciplinarios, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos internos. El Ombudsman tiene la facultad de formular recomendaciones al Servicio de Prisiones y, cuando sea necesario, al Secretario del Interior. El ámbito de las obligaciones del cargo incluye las prisiones contratadas al sector privado, los servicios contratados para las prisiones en el exterior y la conducta del personal penitenciario que no está empleado por el Servicio de Prisiones.
92. El Ombudsman de Prisiones examinará el fondo de los distintos casos así como el funcionamiento de los procedimientos. Todos los asuntos que afecten a los presos corresponderán a la competencia del Ombudsman, excepto los que sean motivo de actuaciones penales y la conducta personas u órganos que no pertenezcan al Servicio de Prisiones (por ejemplo, los tribunales, la policía, el Servicio de Inmigración, el Departamento de Seguridad Social y la Junta de Libertad Provisional –pero se incluirán las juntas de visitantes). Sin embargo, la inclusión en la competencia del cargo del dictamen clínico de los médicos de las prisiones deberá examinarse con el funcionario médico jefe y con órganos profesionales médicos. El ejercicio por los ministros de su función de examinar la puesta en libertad de reclusos sentenciados a cadena perpetua no corresponde a la competencia del Ombudsman de Prisiones, pero el Ombudsman podrá revisar las medidas administrativas conexas del Servicio de Prisiones. Habrá plazos estrictos para todas las etapas principales de la labor del Ombudsman al tramitar las denuncias.
93. El Ombudsman de Prisiones tendrá acceso ilimitado a los documentos, establecimientos y personas relacionados con el Servicio de Prisiones. En casos excepcionales, el Ombudsman tendrá que abstenerse de divulgar información a los denunciantes y al público en interés de la seguridad nacional para proteger determinadas medidas de seguridad o a una tercera persona, o proteger la salud mental o física de un preso.
94. La oficina del Ombudsman de Prisiones será independiente de la sede del Servicio de Prisiones. Estará integrada por tres ombudsman auxiliares, designados por contrato, y nueve miembros de personal de apoyo destacados del Ministerio de Interior. El Ombudsman de Prisiones informará anualmente al Secretario de Interior y se publicará una versión resumida del informe. La designación del Ombudsman no afectará en forma alguna el derecho de los presos de dirigirse al Comisionado Parlamentario de Administración, ni restringirá su libertad de presentar denuncias en cualquier otra forma.
95. El párrafo 157 del informe inicial observaba que todo el personal que prestaba servicios en cárceles, centros de custodia e instituciones para delincuentes menores de edad estaba sometido al derecho penal. Cuando existan pruebas prima facie de que se ha cometido un delito contra la persona o los bienes de un recluso, puede invitarse a la policía a que lleve a cabo una investigación. La condena por tal delito normalmente llevaría a la destitución, además de cualquier otra pena impuesta por el tribunal.
96. El personal está también sujeto a medidas disciplinarias internas. Esas medidas se revisaron ampliamente en julio de 1993 y sus principales características son las siguientes:
a) Se ha establecido una norma común de conducta para todo el personal que trabaja en establecimientos penitenciarios y en los servicios centrales y dependencias del Servicio de Prisiones;
b) Todo miembro del personal podrá ser sometido a actuaciones disciplinarias si no cumple con esa norma;
c) La norma de la prueba en las actuaciones disciplinarias es el equilibrio de las probabilidades.
La norma de conducta con respecto a los reclusos exige que todos los miembros del personal penitenciario deben ser "corteses, razonables y justos en sus tratos con los reclusos ... independientemente de la raza, religión, sexo, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro factor que no sea pertinente".
97. El Código de Disciplina del Servicio de Prisiones confiere a los directores de prisiones la facultad de imponer diversas penas disciplinarias, destinadas principalmente a mejorar el desempeño de los funcionarios. Las penas de que se dispone actualmente incluyen advertencias, restitución financiera, pérdida del derecho al aumento de sueldo, eliminación de la lista de ascensos, disminución de categoría y destitución. En caso de que no se observe una mejora, o en caso de que se produzcan nuevos actos de indisciplina, los directores tienen la facultad (sujeta al derecho de apelación), de destituir a los funcionarios. Pueden también destituir a los funcionarios por un acto único de mala conducta grave.
Disciplina del personal penitenciario y denuncias de los presos en Escocia
98. En los párrafos 80 y 81 y 97 a 101 del informe inicial se establece el procedimiento para formular e investigar las denuncias contra miembros del Servicio de Prisiones de Inglaterra, el País de Gales y Escocia. En febrero de 1994 el Servicio de Prisiones de Escocia introdujo un nuevo sistema interno de denuncias para tramitar las peticiones y las denuncias de los reclusos. Los objetivos del nuevo procedimiento son garantizar que:
a) Las peticiones y denuncias se resuelvan lo más cerca posible a la fuente del asunto de que se trate;
b) Los que adoptan decisiones sean responsables de ellas;
c) Los reclusos reciban respuestas razonadas en un plazo establecido; y
d) Se mantengan registros exactos detallados.
99. Cuando las acusaciones de conducta criminal del personal penitenciario contra los presos se comunican al Procurador Fiscal, éste debe investigar la denuncia y tomar las medidas necesarias para que el detenido sea entrevistado. Las peticiones y las denuncias son tratadas inicialmente en el pabellón de la prisión donde se encuentra el detenido. Las cuestiones que no puedan arreglarse en el pabellón son remitidas a un comité interno de denuncias. Los presos tienen derecho a aparecer en persona ante el Comité y a procurarse la asistencia de un funcionario o de una persona relacionada con la prisión, tal como un trabajador social o un miembro del comité visitador de personas no profesionales independientes. Siempre que sea posible, el comité comunica su decisión al detenido en la audiencia. Si no se toma una decisión en ese momento, el detenido recibe una respuesta por escrito dentro de los dos días siguientes a la audiencia. Los presos tienen la oportunidad de apelar contra la decisión del comité ante el director encargado, quien normalmente se ocupará de esas apelaciones dentro de los siete días siguientes. Si, después de que el director ha dado a conocer su decisión, el preso desea seguir adelante con el asunto, tendrá la oportunidad de apelar ante el Comisionado de Denuncias de Detenidos de Escocia. Los detenidos recibirán decisiones escritas razonadas en cada etapa de las actuaciones. Los detenidos continuarán teniendo acceso a todas las vías externas de denuncia de que se dispone actualmente.
100. En el párrafo 98 del informe inicial se decía que en Escocia se estaba llevando a cabo una amplia revisión del Reglamento Penitenciario. Dicha revisión ya se ha terminado y el nuevo Reglamento se presentó al Parlamento en julio de 1994; la gran mayoría de sus disposiciones entraron en vigencia el 1° de noviembre de 1994. El nuevo Reglamento abole los delitos disciplinarios de hacer una acusación falsa y maliciosa contra un funcionario y de formular repetidas denuncias sin fundamento. También invalida la llamada "norma de ventilación simultánea", que exigía que los detenidos ventilasen sus quejas en el sistema interno de denuncias, al mismo tiempo que escribían a personas u servicios ajenos al sistema penitenciario.
Disciplina del personal penitenciario y denuncias de los presos en Irlanda del Norte
101. En agosto de 1993 se empezó a efectuar una revisión del Reglamento Penitenciario en Irlanda del Norte y en abril de 1994 se publicó un proyecto de reglamento para ser sometido a la consulta del público. El período de consulta terminó en junio de 1994 y el Reglamento de Prisiones y de Menores de Edad de 1995 para Irlanda del Norte entrará en vigor en marzo de 1995. Este texto reemplaza el Reglamento para Delincuentes Menores de Edad de 1982 para Irlanda del Norte y el Reglamento de Prisiones de 1982 para Irlanda del Norte que fueron revocados en esa fecha. En marzo de 1995 se dictarán nuevas instrucciones que darán efecto al nuevo reglamento.
Disciplina policial y denuncias contra la policía en Inglaterra y el País de Gales
102. En los párrafos 141 a 143 y 146 a 152 del informe inicial se describía el procedimiento establecido con arreglo a la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 para tramitar las denuncias formuladas contra la policía en Inglaterra y el País de Gales y considerar la aplicación de medidas disciplinarias. Este procedimiento continúa vigente y la Autoridad de denuncias contra la policía sigue ejerciendo la supervisión independiente de los distintos casos.
103. Cifras detalladas de las denuncias formuladas contra la policía se publican todos los años en un Boletín Estadístico del Ministerio del Interior y en el informe anual del Comisionado de la Policía Metropolitana de Londres. Pese a que el número de denuncias formuladas en años recientes ha mostrado un pequeño aumento -del 6,5% en cuatro años, parte del cual se debe a modificaciones en las prácticas de registro- el número de denuncias fundamentadas ha seguido siendo aproximadamente el mismo:
1989
1990
1991
1992
1993
Casos de denuncias recibidos 20 956 21 284 20 688 21 733 22 327
Denuncias fundamentadas 765 847 813 760 756
104. Como se explica en el párrafo 152 del informe inicial, las medidas adoptadas tras completar la investigación de una denuncia contra la policía está sujeta a revisión por la Autoridad de denuncias contra la policía, que puede recomendar o pedir la adopción de medidas disciplinarias si considera que eso es lo correcto y la fuerza policial interesada no ha propuesto dichas medidas. El cuadro que figura a continuación da cifras tomadas de los informes anuales de la Autoridad para los últimos años:
Año
Denunciasa
Cargos disciplinariosb
1989
1990
1991
1992
1993
9 014
13 679
13 945
13 234
10 907
193 (54)
219 (69)
245 (73)
252 (56)
236 (45)
a Denuncias en que la posterior acción disciplinaria propuesta fue revisada por la Autoridad de denuncias contra la policía tras haber investigado plenamente las denuncias.
b Total de cargos disciplinarios a raíz de estas denuncias. Las cifras correspondientes a las recomendaciones de la Autoridad de denuncias contra la policía o los pedidos de que se formulen cargos disciplinarios figuran entre paréntesis.
105. En 1993 se recopilaron, por primera vez en varios años, estadísticas en las que el número de funcionarios de policía condenados por un delito penal fue desglosado según el delito. Seis policías fueron condenados por violencia contra la persona (dos como consecuencia de una denuncia), y dos fueron encarcelados. Dos policías fueron condenados por perjuros; uno fue encarcelado (condenado como consecuencia de una denuncia). No hubo otras condenas de funcionarios de policía por violencia o mala conducta.
106. La Ley sobre la policía y los tribunales de magistrados de 1994, que debe entrar en vigor a finales de 1995, introduce determinadas modificaciones en el procedimiento disciplinario de la policía. El papel de la Autoridad de denuncias contra la policía variará muy poco con arreglo al nuevo procedimiento, pese a que las denuncias sobre asuntos menos graves (por ejemplo, que no entrañen acusaciones de agresión o corrupción pero abarquen cuestiones tales como la descortesía o la impuntualidad) serán tratadas en el futuro como parte de la responsabilidad normal de administración del jefe de la policía con respecto a la fuerza policial.
107. Grave mala conducta por parte de un funcionario de policía hacia un particular entrañará generalmente un delito penal y continuará siendo tratado como tal. La cuestión principal por resolverse en otras acusaciones de mala conducta es si un funcionario ha actuado en forma adecuada al cargo que ocupa. El nuevo procedimiento disciplinario se concentrará en determinar si un oficial es idóneo para seguir perteneciendo al servicio policial.
Disciplina policial y denuncias contra la policía en Escocia
108. En relación con el párrafo 153 del informe inicial, en 1993 se tramitaron 364 casos de disciplina policial con arreglo al código que figura en el suplemento 1 del Reglamento de disciplina de la policía de 1967, para Escocia; 73 de estos casos dieron lugar a audiencias disciplinarias, en las que 72 policías fueron declarados culpables de un delito disciplinario.
109. De los casos que no dieron lugar a una audiencia disciplinaria, la mayoría se resolvió con actividades de asesoramiento por un funcionario superior; se determinó que varios no estaban bien fundamentados; y en algunos casos el funcionario renunció antes de que se completase el procedimiento disciplinario.
110. La Ley sobre la policía y los tribunales de magistrados de 1994 introducirá cambios al procedimiento disciplinario policial en Escocia semejantes a los que se efectuarán en Inglaterra y en el País de Gales. Sin embargo, seguirá siendo responsabilidad del jefe de la policía interesado informar acerca de cualquier conducta criminal penal sospechosa por parte de uno de sus funcionarios al Procurador Fiscal, quien decidirá si se deben iniciar actuaciones contra este funcionario. La Ley facultará también a los inspectores de policía en Escocia a examinar declaraciones de denunciantes que no estén satisfechos con la manera en que la policía ha tramitado su denuncia y, cuando convenga, a pedir al jefe de la fuerza policial interesada que reexamine el caso.
Disciplina policial y denuncias contra la policía en Irlanda del Norte
111. En los párrafos 155 y 156 del informe inicial se describió la forma en que el procedimiento para tramitar las denuncias contra la policía en Irlanda del Norte estaba establecido con arreglo al Decreto sobre la policía de 1987 para Irlanda del Norte y la forma en que la vigilancia independiente de las denuncias y del sistema de disciplina es ejercida la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía para Irlanda del Norte.
112. Cifras detalladas de las denuncias formuladas contra la policía se publican todos los años en el informe anual del Jefe de la Real Policía del Ulster y en el informe anual de la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía. El número de denuncias ha aumentado en un 10% en los últimos años, pero el número de denuncias fundamentadas ha seguido más o menos igual:
1989
1990
1991
1992
1993
Denuncias recibidas 3 989 4 132 4 364 4 663 4 455
Denuncias fundamentadas 56 61 48 46 42
113. La Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía debe supervisar la investigación de todas las denuncias que aleguen muerte o daños graves y puede decidir supervisar la investigación de cualquier otra denuncia. En 1993, la Comisión completó la supervisión de 248 casos.
114. Las medidas adoptadas después de que se completa la investigación de una denuncia contra la policía están sujetas a revisión por la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía, que puede recomendar o pedir la adopción de medidas disciplinarias si considera que ese es el curso correcto y la policía no ha propuesto dichas medidas. A continuación se dan detalles de los casos de cargos disciplinarios:
Año
Denuncias a Denuncias en que la acción disciplinaria propuesta fue revisada por la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía.
Cargos disciplinarios b Total de cargos disciplinarios a raíz de estas denuncias. Las cifras correspondientes a las recomendaciones o pedidos de la Comisión Independiente a efectos de que se formulen cargos disciplinarios figuran entre paréntesis.
1989
1990
1991
1992
1993
803
888
971
1 105
1 209
14 (12)
29 (14)
27 (19)
39 (27)
25 (15)
115. Si, tras la investigación de una denuncia, hay acusaciones de posible conducta criminal, se remiten al Director Independiente de Fiscalías para Irlanda del Norte, quien decide si se deben formular cargos penales. En 1993, el Director de Fiscalías decidió que se debían formular cargos penales motivados por denuncias contra seis oficiales de la Real Policía del Ulster.
116. En el informe de Amnistía Internacional correspondientes a 1991 se mencionaron varios casos especificados de presuntos malos tratos. Varios de éstos siguen investigándose o están sujetos a actuaciones legales. Se espera proporcionar próximamente un informe completo de cada caso.
Disciplina militar y denuncias contra el ejército en Irlanda del Norte
117. La Real Policía del Ulster se encarga de mantener el orden público en Irlanda del Norte. Las fuerzas armadas operan en Irlanda del Norte apoyando a la Real Policía del Ulster para derrotar al terrorismo en el marco de la ley.
118. Toda denuncia contra un miembro de las fuerzas armadas que alegue comportamiento criminal es investigada por la policía y no por las propias fuerzas armadas. Es política de las fuerzas armadas cooperar plenamente con cualquier investigación de ese tipo. Además, toda persona particular tiene derecho a interponer una acción civil contra un miembro de las fuerzas armadas respecto de cualquier acto criminal.
119. Se han tomado medidas para facilitar a las personas particulares la formulación de una denuncia contra un miembro de las fuerzas armadas. Se ha publicado un folleto revisado, de amplia difusión, que indica la forma de hacer una denuncia (se adjunta una copia en el anexo E). Además, cada grupo de cuatro hombres de las fuerzas armadas que operan en apoyo de la policía tiene una "tarjeta de identificación de patrulla", que identifica de manera única a la patrulla, y se pone a disposición de los particulares que deseen formular una denuncia. Así se facilita cualquier investigación posterior que pueda ser necesaria, ya sea por la policía civil (si la acusación es penal) o por las autoridades militares (si es no penal).
120. Para que se pueda realizar un examen independiente del procedimiento de tramitación de las denuncias no penales contra las fuerzas armadas en Irlanda del Norte, el artículo 60 y el anexo 6 de la Ley sobre disposiciones de excepción para Irlanda del Norte de 1991 establecen la designación por el Secretario de Estado para Irlanda del Norte de un Asesor Independiente de procedimientos para las denuncias contra las fuerzas armadas en Irlanda del Norte; el Sr. David Hewitt fue designado por el Secretario de Estado en diciembre de 1992. El Asesor Independiente revisa y formula las recomendaciones relativas al procedimiento adoptado por el Oficial General Comandante de Irlanda del Norte para recibir, investigar y responder a las denuncias pertinentes. Está obligado a recibir y a investigar declaraciones relativas a este procedimiento y puede investigar su funcionamiento. El Asesor Independiente puede también solicitar al Oficial General que revise cualquier caso particular en que considere que cualquiera de esos procedimientos se ha utilizado inadecuadamente y puede formular recomendaciones al Oficial General en relación con tales deficiencias, sea de manera general o en relación con una denuncia determinada.
121. El primer informe anual del Asesor Independiente al Secretario de Estado fue publicado en mayo de 1994. En él, el Asesor expresó su creencia de que los procedimientos para las denuncias contra las fuerzas armadas en Irlanda del Norte eran tan completos como los de cualquier parte del mundo y reconoció que esos procedimientos habían ayudado a establecer y mantener buenas y cada vez mejores relaciones entre las fuerzas armadas y el pueblo de Irlanda del Norte. También formuló varias sugerencias para ulteriores mejoras; estas sugerencias han sido examinadas cuidadosamente por el ejército y todas las recomendaciones, con excepción de dos, se han aplicado. Una copia del informe, que contiene estadísticas completas, se adjunta al anexo F.
Artículo 14
122. En los párrafos 107 a 120 del informe inicial se describían las disposiciones estatutarias y de common law que regían en el Reino Unido la indemnización y el pago de daños y perjuicios para las víctimas de un delito o de un agravio civil y las medidas que existían para la rehabilitación de las víctimas. Se proporciona la siguiente información complementaria.
Indemnización
123. En el párrafo 107 del informe inicial se describía la legislación vigente en Inglaterra y el País de Gales en virtud de la cual los tribunales podían ordenar a los delincuentes que habían sido declarados culpables que pagasen una indemnización a sus víctimas. La Ley de justicia penal de 1991 aumentó la cifra máxima de indemnización que podía ordenarse en una condena sumaria por un delito único de 2.000 a 5.000 libras esterlinas.
124. En el párrafo 109 del informe inicial se describían las disposiciones vigentes en el Reino Unido para la indemnización de las víctimas de crímenes de violencia, o de sus familiares a cargo, con arreglo al Plan de Indemnización por Lesiones Delictivas. Dicha indemnización se sigue pagando en virtud de arreglos que son de los más generosos en el mundo, pues conceden más indemnización que el resto de Europa combinada y más que los Estados Unidos, que tienen un alto nivel de delincuencia.
125. Un plan separado, descrito en el párrafo 110 del informe inicial, continúa funcionando en Irlanda del Norte.
Medidas de rehabilitación
126. En el párrafo 119 del informe inicial se describía la ayuda puesta a disposición de las víctimas de delitos a través de la entidad Apoyo a las Víctimas, organización voluntaria que recibe importante financiación gubernamental. Las actividades de Apoyo de las Víctimas se han ampliado y existen ahora unos 370 planes locales en Inglaterra y el País de Gales, que ayudan a más de 900.000 víctimas al año. La financiación del Gobierno para Apoyo a las Víctimas fue de 8,4 millones de libras esterlinas en 1993/1994 y será de 10 millones de libras esterlinas en 1994/1995. Esta financiación ayuda a mantener la sede nacional de la organización y sufraga los sueldos de los coordinadores de los planes locales y el recientemente introducido Servicio de Testigos del Tribunal de la Corona. Este servicio, establecido ahora en casi 30 centros de Tribunales de la Corona en Inglaterra y el País de Gales, proporciona ayuda práctica y emocional a los testigos que asisten a los tribunales.
127. Existen también unos 70 planes locales de apoyo a las víctimas en Escocia, que ayudan a más de 40.000 víctimas al año. La financiación del Gobierno a la entidad Apoyo a las Víctimas para Escocia en 1994/1995 será de 878.000 libras esterlinas de las que 622.000 serán asignadas a un grupo de financiación, independiente de la Oficina Escocesa y de la entidad Apoyo a las Víctimas para Escocia, que resuelve las solicitudes de subsidios presentadas por los planes locales de apoyo a las víctimas. Se intenta alentar el crecimiento de los planes locales afiliados a la Asociación Escocesa de Planes de Apoyo a las Víctimas mediante la concesión de subsidios para la designación de coordinadores o para sufragar los gastos de funcionamiento.
Artículo 15
128. En los párrafos 121 a 123 del informe inicial se describía la forma en que con arreglo al derecho estatutario y al common law, una confesión que podría haberse obtenido por coacción era inadmisible en el Reino Unido como prueba contra la persona que hizo la confesión; durante el examen oral del informe inicial (CAT/C/SR.92, párrs. 13 y 14) la delegación del Reino Unido amplió esta descripción y explicó la forma en que se aplicaba el artículo 15 con respecto a las declaraciones de los testigos.
Artículo 16
129. Las cuestiones relacionadas con la disciplina del personal penitenciario, los funcionarios de policía y los miembros de las fuerzas armadas, así como las denuncias presentadas contra ellos se tratan en los acápites correspondientes a los artículos 12 y 13.
Castigo corporal
130. La Ley de Educación No. 2 de 1986 y un Decreto del Consejo para Irlanda del Norte abolieron el uso del castigo corporal en todas las escuelas estatales. La Ley exime también del castigo corporal a los alumnos cuyos estudios son costeados por fondos públicos en las escuelas independientes.
131. En la práctica, muy pocas escuelas independientes aplican ahora el castigo corporal, pero el Gobierno se preocupa por garantizar que, en las escuelas que lo aplican, el castigo no conlleve una contravención del artículo 16 o de otras obligaciones internacionales asumidas por el Reino Unido. La Ley de Educación de 1993, que entró en vigor el 1º de octubre de 1993, establece por lo tanto que, cuando se aplique el castigo corporal a alumnos cuyos estudios son costeados en forma privada en las escuelas independientes, el castigo no deberá ser "inhumano o degradante". La legislación estipula que, al determinar si el castigo es inhumano o degradante, es preciso tener en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso la razón para aplicar el castigo; cuánto tiempo después de los hechos se aplicó; su naturaleza; la manera y circunstancias en las que se aplicó; las personas que intervinieron; y sus efectos mentales y físicos en el alumno de que se trate.
132. En septiembre de 1992 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos oyó el caso de Costello-Roberts contra el Reino Unido, que se refería a la utilización del castigo corporal en una escuela independiente. El Tribunal dictaminó que el Reino Unido no estaba violando el artículo 3 (tortura y trato o castigo inhumano o degradante) ni el artículo 8 (derecho a la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Cuidado y protección de los niños
133. Como describiera la delegación del Reino Unido durante el examen oral del informe inicial (CAT/C/SR.91, párr. 11), la Ley de Educación de 1989, que entró en vigor en octubre de 1991, revisó y aclaró la legislación que regía en Inglaterra y el País de Gales con respecto al cuidado y la crianza de los niños. Basándose en el principio de que el bienestar del niño debe ser siempre la primera consideración de las decisiones adoptadas por los tribunales y las autoridades encargadas del gobierno local, la Ley incluye nuevas medidas para ayudar a proteger a los niños de los malos tratos y exige el establecimiento de un procedimiento de vigilancia y de denuncias para los hogares infantiles.
134. El funcionamiento de la Ley de 1989 es supervisado por medio de una red nacional de comités de asuntos y servicios familiares, que informan a un órgano central multidisciplinario, el Comité Asesor sobre la Ley de la Infancia. El Comité informa anualmente al Gobierno sobre el funcionamiento de la Ley y formula recomendaciones sobre las modificaciones que se pudieran necesitar. Además, en virtud de la Ley de 1989 se pide al Gobierno que presente anualmente al Parlamento información sobre las funciones de las autoridades locales en relación con los niños, y sobre determinados servicios para los niños proporcionados por el sector voluntario.
135. En Escocia, la Ley de asistencia social de 1968 para Escocia consagra principios semejantes a los que se aplican en Inglaterra y el País de Gales en relación con los derechos del niño; en agosto de 1993, el Gobierno publicó el Libro Blanco titulado "Scotland's Children: proposals for Child Care Policy and Law" (CM 2286), que se espera promueva la promulgación de nueva legislación relativa a los niños y a las familias. En Irlanda del Norte, el Gobierno dio a conocer un nuevo marco para el derecho en materia de cuidado de los niños que fue consultado al público en 1993 y a principios de 1995 se espera promulgar legislación que reunirá el derecho civil relativo al cuidado y la protección de los niños en un código único y amplio de acuerdo con lo estipulado en la Ley de la Infancia de 1989 en Inglaterra y el País de Gales.
136. Con arreglo a la Ley de la Infancia de 1989, las autoridades locales de Inglaterra y el País de Gales tienen ahora la obligación estatutaria de realizar investigaciones si reciben información que sugiere que un niño pudiera necesitar protección o servicios de apoyo familiar. Una obligación semejante corresponde a las autoridades locales de Escocia con arreglo a la Ley de asistencia social de 1968 para Escocia mientras que, en Irlanda del Norte, las juntas y los fideicomisos de salud y servicios sociales tienen la responsabilidad estatutaria del cuidado y la protección de los niños que pudieran estar en peligro de ser maltratados.
137. En octubre de 1991, coincidiendo con la aplicación de la Ley de la Infancia de 1989, se publicó una versión revisada de la orientación interorganizacional del Gobierno para la protección del niño en Inglaterra y el País de Gales titulada Working Together under the Children Act 1989 y, en 1992, el Gobierno publicó una versión revisada de la orientación profesional para enfermeras y ha proporcionado también orientación práctica para los trabajadores sociales que intervienen en la evaluación de casos de malos tratos a los niños y orientación para todos los médicos sobre el diagnóstico del abuso sexual infantil. En Irlanda del Norte, la publicación del Gobierno titulada Co-operating to Protect Children, proporciona orientación sobre la prevención, detección y gestión del maltrato infantil.
138. Como se menciona en el párrafo 132 del informe inicial, en octubre de 1986 el Gobierno lanzó una iniciativa central de capacitación en Inglaterra y el País de Gales para la formación de administradores y profesionales médicos en el trabajo sobre los malos tratos sufridos por los niños. Se han concedido subsidios por un total de más de 3,5 millones de libras esterlinas para la producción de equipo de capacitación en materia de protección del niño destinado a las personas que trabajan en diferentes disciplinas profesionales y material para fomentar la toma de conciencia destinado al público en general. El Gobierno ha financiado también un estudio para establecer el carácter y la gama de los servicios necesarios de terapéutica para los niños víctimas de malos tratos y para los menores perpetradores de estos malos tratos, que dio a conocer el despliegue de recursos desde 1990, en una iniciativa de terapéutica financiada centralmente. A fines de 1993/1994, se habían suministrado casi 1,1 millones de libras esterlinas en subsidios para diversos proyectos de terapéutica para los malos tratos infligidos a los niños. Además, como parte del programa general de puericultura del Gobierno, existe una amplia gama de proyectos de investigación en relación con los malos tratos infligidos a los niños. En Irlanda del Norte, una iniciativa especial de capacitación, lanzada en septiembre de 1988 para el personal de las juntas de salud y de servicios sociales que intervienen en casos de malos tratos a los niños, provee fondos de 100.000 libras esterlinas al año.
139. En el plano local, y en relación al párrafo 133 del informe inicial, cada departamento de la autoridad local de servicios sociales en Inglaterra y el País de Gales mantiene un registro central en el que figuran todos los niños de la zona a quienes se considera en peligro de ser maltratados y que, por tanto, son objeto de un plan interorganizacional para protegerlos. (El registro es resultado de una conferencia de protección de los niños, que decide si un niño está en peligro de ser maltratado y si el nombre del niño debe incluirse en el registro. Si el nombre del niño aparece en el registro, la conferencia establece también un plan interorganizacional para proteger al niño.) Desde 1989 el Gobierno ha publicado estadísticas anuales sobre los niños y jóvenes que figuran en los registros de protección a los niños en Inglaterra, de alcance nacional y local. Disposiciones semejantes rigen en el País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte.
Hogares para niños
140. En el párrafo 159 del informe inicial se describía la forma en que todos los hogares para niños en Inglaterra y el País de Gales estaban sujetos a la inspección de los Servicios Sociales. De conformidad con la Ley de la Infancia de 1989 se han emitido nuevas normas y orientaciones sobre la administración de los hogares para niños, destacando la necesidad de promover el bienestar del niño y la protección contra los malos tratos. Tales hogares deben tener un procedimiento de denuncias público con un elemento independiente y al que los niños puedan tener acceso por su propio derecho. Los niños deben también tener acceso a un teléfono pagado que pueden utilizar para hacer y recibir llamadas en privado.
141. En abril de 1993 el Gobierno emitió orientaciones para las autoridades locales sobre las formas permisibles de control en los hogares para niños; en ellas se aclaran las circunstancias en que es apropiado utilizar la restricción física para proteger a un niño de sí mismo o de otros, o de causar daños a la propiedad. Es política del Gobierno proscribir el castigo corporal en el cuidado de niños, trátese de hogares para niños, guarderías diurnas o familias de adopción. Debido a la particular vulnerabilidad de los niños que se encuentran en hogares, se aplican normas de orientación más amplias y detalladas en cuanto al control y la disciplina; sólo se pueden utilizar las medidas disciplinarias aprobadas por la autoridad responsable y debe mantenerse un registro de los castigos administrados.
142. En 1994/1995 se está asignando la suma de 4,5 millones de libras esterlinas para la iniciativa especial de hogares para niños, que comenzó en 1992, y tiene por objeto ayudar a las autoridades locales a garantizar que todos los hogares para niños estén administrados por personal profesionalmente calificado. Con arreglo al Programa de Apoyo a la Capacitación se dispondrá de otros 11,4 millones de libras esterlinas para todo el personal de la autoridad local que trabaje con niños, en los hogares y en la comunidad. Este programa apunta a mejorar la calidad del suministro de los servicios sociales aumentando la disponibilidad de capacitación para el personal pertinente. Se pide a las autoridades locales que contribuyan con por lo menos el 30% de los gastos de ambas iniciativas.
143. Todos los hogares para niños en Escocia están sujetos al registro y la inspección de la autoridad local mientras que, en Irlanda del Norte, donde las juntas de servicio social tienen la responsabilidad de proporcionar hogares para los niños a su cuidado, tal alojamiento está sujeto al examen de la Inspección de Servicios Sociales.
Alojamiento seguro para los niños
144. La legislación fundamental que rige el abastecimiento y uso en el Reino Unido de alojamiento seguro para los niños figura en la Ley de la Infancia de 1989; la Ley de asistencia social de 1968 para Escocia y la Ley de procedimiento penal de 1975 para Escocia; y la Ley para niños y jóvenes de 1968 para Irlanda del Norte. Todo alojamiento seguro está sujeto a la aprobación del Gobierno y a una inspección independiente, en la que se informa acerca de la calidad de la atención brindada y de la condición de los locales.
SEGUNDA PARTE
DEPENDENCIAS DE LA CORONA: GUERNSEY, JERSEY Y LA ISLA DE MAN
Guernsey
I. GENERALIDADES
145. Guernsey es una dependencia internamente autónoma de la Corona con una población aproximada de 59.000 habitantes. El Gobierno del Reino Unido es directamente responsable de las relaciones internacionales y de la defensa de Guernsey, y la Corona es en última instancia responsable de su buen gobierno. El derecho penal de Guernsey es, en general, análogo al de Inglaterra y el País de Gales.
146. La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes fue ratificada por el Reino Unido en nombre de Guernsey, y entró en vigor respecto de Guernsey, en cumplimiento del artículo 27, el 8 de diciembre de 1992.
147. El artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988, que entró en vigor en el Reino Unido el 29 de septiembre de 1988, tipificó como delito la tortura infligida a una persona en las circunstancias allí descritas. La Ley de Administración de Justicia para el Distrito de Guernsey de 1991, que entró en vigor el 20 de marzo de 1991, contiene disposiciones análogas, y, por lo tanto, permitió ratificar la Convención en nombre de Guernsey.
148. El Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos ha estado en vigor en Guernsey desde el 29 de agosto de 1976. El artículo 7 del Pacto estipula que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
149. El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha estado en vigor en Guernsey desde el 23 de octubre de 1953. En declaraciones sucesivas, el Reino Unido ha aceptado respecto de Guernsey el derecho de petición individual con arreglo al artículo 25 y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 46 de ese Convenio.
150. Es también un delito en virtud del artículo 1 de la Ley sobre los Convenios de Ginebra de 1957 cometer una infracción grave de cualquiera de los cuatro Convenios de Ginebra sobre los conflictos armados. Una de esas infracciones graves es torturar a una persona protegida o someterla a un trato inhumano. En virtud del Decreto de 1966 de la Ley sobre los Convenios de Ginebra para Guernsey, esa Ley se aplica también a Guernsey.
151. Según convenga, estos asuntos se tratan más concretamente cuando aparecen en la parte II del presente informe.
II.INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS
2 A 16 DE LA CONVENCIÓN
Artículo 2
152. Con arreglo al derecho vigente en Guernsey, la conducta que constituya un acto de tortura entrañaría varios posibles delitos graves. Tal conducta sería un delito con arreglo a la Ley de Administración de Justicia para el Distrito de Guernsey de 1991. Podría también constituir homicidio, intento de homicidio o un grave delito de violencia.
153. Una grave infracción de cualquiera de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 que constituya tortura es también un delito grave con arreglo al derecho de Guernsey.
154. Las agresiones a la persona son también procesables con arreglo al derecho civil de Guernsey. Ninguna circunstancia excepcional ni cualesquiera órdenes superiores pueden, con arreglo al derecho vigente en Guernsey, ser invocados para justificar la tortura.
155. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que proscriben la tortura y otras formas de malos tratos, tienen fuerza obligatoria en Guernsey.
Artículo 3
156. Las leyes de extradición del Reino Unido se aplican en Guernsey con arreglo a la Ley de Extradición de 1989. La legislación es generalmente la misma que la del Reino Unido y existen facultades adecuadas para extraditar a presuntos torturadores. Además, las autoridades interesadas tendrán discreción para no expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado cuando existan motivos fundamentados para creer que esa persona estaría en peligro de ser sometida a tortura. La discreción se ejercerá de conformidad con las disposiciones de este artículo.
Artículo 4
157. Como se indica más arriba, los actos que constituyen tortura definidos en la Convención son delitos en virtud de la Ley de Administración para el Distrito de Guernsey de 1991, y tales actos pueden constituir también otros delitos graves. No tiene importancia si el dolor o sufrimiento es físico o mental ni si es causado por un acto o por una omisión. El delito es castigable con cadena perpetua. Graves violaciones de los Convenios de Ginebra conllevan una pena máxima de 14 años de prisión a menos que la conducta entrañe una muerte, en cuyo caso la pena máxima es de cadena perpetua.
158. El intento de cometer un delito estatutario o de common law es también un delito con arreglo al common law. Una persona declarada culpable de haber intentado cometer un delito será pasible de una pena no mayor que la que se le podría imponer por el delito consumado, así como una persona que ayude, incite, aconseje o negocie la comisión de un delito.
159. No existe el delito estatutario de conspiración en Guernsey, pero se pueden formular cargos de conspiración en el marco del common law respecto de un acuerdo concertado entre dos o más personas para cometer un delito.
Artículo 5
160. Con arreglo a la Ley de Administración de Justicia para el distrito de Guernsey de 1991, se comete el delito de tortura cuando el acto se realiza en Guernsey o en otro lugar, independientemente de la nacionalidad del delincuente o de la víctima. El artículo 1 de la Ley sobre los Convenios de Ginebra, que se aplica a Guernsey, contiene disposiciones similares en lo que se refiere a las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que incluyen la tortura y el trato inhumano.
Artículos 6 y 7
161. Guernsey no ha promulgado legislación paralela a la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984. Sin embargo, los artículos 88 y 89 del Decreto sobre la administración de prisiones para Guernsey de 1959 establece que un recluso que no haya sido juzgado y está detenido en la prisión del Estado, acusado por un oficial de policía de la categoría de sargento o categoría superior, será puesto en libertad si dentro de las 72 horas posteriores a su ingreso en la prisión no ha sido presentado ante un tribunal. En segundo lugar, la Ley de disposiciones generales sobre aduanas y aranceles para el Distrito de Guernsey de 1972 (enmendada por la Ley de 1991 del mismo título) confiere concretamente a los funcionarios de aduanas la facultad de registrar a las personas cuando existan motivos razonables para sospechar que una persona que llega al país o sale de él lleva consigo artículos por los que no se han pagado los derechos correspondientes o cuya importación o exportación está prohibida (por ejemplo, drogas). Las disposiciones figuran en el artículo 72 y confieren al sospechoso el derecho, si ha de ser sometido o sometida a un registro íntimo, de solicitar que toda autorización al respecto provenga de un jurado del Tribunal Real o un funcionario de categoría superior; todos esos registros deben ser realizados por una persona del mismo sexo del sospechoso o sospechosa. No obstante, muchas de las disposiciones de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 son observados como cuestión de práctica administrativa. Existen códigos de conducta vigentes, a los que se atienen la policía, los funcionarios de prisiones y los trabajadores sociales, que rigen la detención de personas (adultos o menores) antes de la acusación, antes de se presentados al tribunal, o que se encuentren en prisión o en una dependencia segura. Estos códigos, si bien estipulan que puede utilizarse una medida de fuerza razonable para asegurar el cumplimiento de instrucciones razonables, o para impedir la fuga, las lesiones, el daño a la propiedad o la destrucción de pruebas, establecen procedimientos estrictos que deberán seguirse cuando se ha de utilizar la fuerza. Los registros íntimos sólo se permiten de conformidad con claros criterios que deben ser estrictamente seguidos y anotados, y en todos los casos se estipula la presencia de personal médico adecuado. Hay procedimientos para la investigación de denuncias contra la policía y los funcionarios de prisiones. El Reglamento Judicial, que se aplicaba en Inglaterra antes de la promulgación de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984, está vigente en Guernsey y, en especial, una persona acusada no puede por lo general ser interrogada por la policía después de la acusación.
Artículo 8
162. Se da efecto a este artículo en virtud de las leyes de extradición del Reino Unido que se aplican a Guernsey. El artículo 136 de la Ley de justicia penal de 1988, cuyo efecto es protegido por el párrafo 4 del artículo 38 de la Ley de Extradición de 1989, garantiza que en los arreglos concertados con un Estado que es también parte de la Convención, una persona puede ser extraditada cuando el delito por el que se le requiere es un delito de tortura en contravención del artículo 134 de la Ley de 1988.
163. Las secciones I a V de la Ley de Extradición de 1989 se aplican a Guernsey en virtud del artículo 29 de esa Ley y disponen la extradición de Guernsey de una persona acusada del delito de tortura en contravención del artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988, o del intento de cometer un delito, en el caso de Estados Partes en la Convención.
164. El párrafo 6 del artículo 22 de la Ley de Extradición de 1989 y el párrafo 15 del anexo 1 de esa Ley revalidan el párrafo 2 del artículo 136 de la Ley de justicia penal de 1988, que establece que todo acto u omisión, independientemente del lugar en que se cometa, que constituya tortura y un delito correspondiente contra la ley de cualquier Estado con el que se haya concertado un tratado de extradición, será considerado un delito cometido dentro de la jurisdicción de ese Estado.
Artículo 9
165. El artículo 5 de la Ley de Extradición de 1989 se aplica directamente a Guernsey y, además, el artículo 5 de la Ley sobre los medios de prueba (procesos en otras jurisdicciones) de 1975 se aplica ahora en la isla. Se está examinando la cuestión de la ratificación de la Convención Europea de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales y la promulgación de legislación paralela a la Ley de justicia penal (cooperación internacional) de 1990.
Artículo 10
166. La posición de Guernsey es semejante a la del Reino Unido. Los programas de formación del personal de represión y de otras personas que pueden participar en la detención, el interrogatorio o el trato de toda persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión destacan la necesidad de tratar a todos como personas y con humanidad y respeto, y de actuar en el marco de la ley en todo momento. Tales personas pueden estar también sujetas a códigos de disciplina interna, así como a actuaciones legales, si utilizan violencia innecesaria contra cualquier detenido u otra persona con la que entren en contacto en la ejecución de sus obligaciones.
Artículo 11
167. La posición de Guernsey es análoga a la de Escocia en cuanto a que las facultades de que dispone la policía est